Fiscal del MP: “El ejército nos niega información para enjuiciar a guerrilleros”
Hay una reforma de ley que ronda en el Congreso que permitiría que al menos 41 criminales de guerra guatemaltecos abandonen la prisión y gocen de libertad. Los eventuales cambios a la Ley de Reconciliación Nacional pondrían en reversa el curso de la justicia en el país. Una fiscal del MP explica por qué.
POR JAVIER ESTRADA TOBAR
—¿Qué opina de dar una amnistía a quienes cometieron crímenes en el conflicto armado?
—Estamos preocupados. Sabemos que es improcedente una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional porque existen tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, que establecen que no es aplicable la amnistía en este tipo de procesos. También hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan que el Estado de Guatemala continúe con estas investigaciones. Una amnistía sería un obstáculo a la persecución penal. Y el Estado está obligado a remover todos esos obstáculos que impiden que las víctimas tengan acceso a la justicia. Existe un total desconocimiento de los señores diputados en ese sentido. O una renuencia para acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con estas obligaciones del Estado.
(...)
—Pero, ¿por qué avanzan más los casos contra militares?
—Una diferencia es que
el ejército tenía registros de los operativos militares durante el conflicto armado interno. Y esa información documentada ha sido clave para sustentar los procesos. Además, hay informes históricos y archivísticos que son útiles para establecer quienes han sido responsables en los casos. A pesar de eso, no ha sido fácil obtener la información. El Ministerio de la Defensa ha sido renuente a darla; no ha colaborado con la Fiscalía. Incluso hemos tenido que solicitar autorizaciones judiciales para tener los documentos. A veces, cuando se dan cambios de mando dentro del Ministerio de la Defensa, alguien facilita información.
—Y contra la guerrilla solo hay una condena. ¿Cómo se explica eso?
—
En cuanto a los casos que involucran a la guerrilla no hay ningún archivo. Recordemos que eran fuerzas no estatales, totalmente clandestinas y sin registros de sus actividades. La investigación se nos hace más complicada. No tenemos un lugar específico en donde podamos buscar información documental.
En la estructura del ejército hubo fuerzas de inteligencia que estudiaron a los grupos guerrilleros. Ellos estudiaron a su enemigo, su contraparte. Sin embargo, el mismo ejército nos ha negado información de los grupos guerrilleros. Es una cuestión política por parte del Ministerio de la Defensa. Yo así lo considero.
No quieren facilitar información para que estos casos no avancen y así poder tener el argumento de decir que “solo se nos está persiguiendo a nosotros y a ellos no”.
Pero el interés va mucho más allá.
El interés es tener un argumento para pedir una amnistía total. Si de verdad quieren cumplir con la justicia, entonces el Ministerio de la Defensa nos debería facilitar todos sus archivos y sus procesos de información. Lo que requerimos es información de su enemigo, de cómo estaban las estructuras guerrilleras. Eso lo tienen ellos. Ellos pueden decir que no, pero sabemos que sí.
—¿Es vital que el ejército abra sus archivos para perseguir a los excombatientes insurgentes que cometieron excesos contra civiles?
—Exacto. Pero como ellos no abren sus archivos, entonces no hay forma de obtener información. Y lo que hemos logrado es por otro tipo de investigación.
Tengo que decir que a veces sí nos han provisto de alguna otra información, pero es porque no saben hacia dónde vamos con la investigación. Aunque a veces nos dan la información tergiversada. Y por eso tenemos que corroborar.
(...)
—¿Qué pasaría si se reformase la Ley de Reconciliación y tuviera que excarcelar en 24 horas a criminales de guerra?
—Eso sería complicado. Yo esperaría que no llegáramos a ese punto, sería el peor escenario.
Esto representa un grave riesgo para los testigos y las víctimas que han participado en los procesos; también para los investigadores, fiscales y jueces. Primero habría que tomar acciones inmediatas de seguridad en favor de todas las personas involucradas.
En una situación así esperaríamos una inconstitucionalidad para dejar sin efecto la reforma. Pero a las personas que queden en libertad creo que ya no nos logramos capturar. No han tenido voluntad de someterse a los procesos y tratan de escapar de la justicia.
—¿Tiene un ejemplo concreto?
—Tenemos el caso del exdiputado Justino Ovalle Maldonado, que compareció en la audiencia en donde pidió que se le levantara la medida de arraigo, la jueza accedió a su petición y nosotros nos opusimos. Pero al final la jueza le dio el beneficio y él se fugó. No tiene ningún interés de enfrentar a la justicia. Y eso que está sindicado a graves violaciones a derechos humanos.
(...)
—¿Cómo enfrentarían las víctimas esta reforma a la Ley de Reconciliación?
—Para las víctimas es frustrante ver un panorama como este. Ellos han confiado en el Estado y le han dado a las instituciones del Estado la oportunidad para que se haga justicia a través de los tribunales. Y esto, a pesar de que en el pasado el Estado violentó sus propios derechos, acabó con sus proyectos de vida y desapareció a sus seres queridos.
Con esta Ley quedarían en un estado de indefensión total. Fueron víctimas de violencia estatal. Y ahora serían víctimas de la impunidad. Eso es gravísimo. Guatemala de reflexionar sobre este punto y el derecho de las personas a la justicia.
—¿Qué pasa con los militares que dicen que se han violado sus derechos?
—
Tenemos que entender que ahora a nadie se las ha violado sus derechos. Los condenados son personas que tuvieron poder y actuaron de manera totalmente desproporcionada y que abusaron de ese poder que se les dio.