El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años
Los guatemaltecos han pagado un alto costo para financiar al Estado que, por ley, tiene como principal objetivo garantizar el bienestar.
En los últimos diez años el Estado de Guatemala ha manejado presupuestos por Q535 mil 898 millones; sin embargo, los indicadores apuntan a un aumento en la pobreza extrema, mientras que los avances en educación, salud e infraestructura son mínimos.
Para financiar los presupuestos estatales de la última década, según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), los guatemaltecos han pagado Q374 mil 505 millones en tributos y otros Q25 mil 207 millones a través de otro tipo de contribuciones.
Además,
las finanzas se han comprometido, solo en diez años, con una deuda de Q74 mil 455 millones.
En suma, el Estado ha recibido Q474 mil 168 millones en diez años.
¿En dónde se encuentran esos recursos? ¿Qué ha pasado con el estado de bienestar que se ha financiado con el esfuerzo de los contribuyentes?
Expertos y analistas consultados consideran que el costo de la corrupción pesa cada vez más en el país y se evidencia directamente.
RETROCESOS O AVANCES MÍNIMOS
Las estadísticas del Minfin revelan que cada año los presupuestos se incrementan, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística no son alentadores en torno a la calidad de vida de los guatemaltecos.
Con un salario promedio de Q2 mil 200 mensuales, los guatemaltecos deben cubrir el costo de la Canasta Básica que ronda los Q5 mil y financiar a un Estado que no cumple con proporcionar los servicios de calidad que la población paga y que necesita para desarrollarse en la sociedad.
Servicios como el transporte público, carreteras, seguridad social, educación, salud y justicia tienen una asignación presupuestaria anual, que según analistas, es insuficiente con relación al Producto Interno Bruto (PIB), del país pero que además se pierde en un porcentaje a través de actos de corrupción, derivando en la mediocre o nula satisfacción de las necesidades de la población.
Según un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización no gubernamental internacional Oxfam,
de Q70 mil millones aprobados como presupuesto para el año en curso, 20 mil millones estuvieron en riesgo de perderse en actos de corrupción.
Enrique Maldonado, economista del Icefi, comentó que aproximadamente
un 29 por ciento de los recursos del Estado no están sujetos a una fiscalización efectiva, ni tampoco transparentados. El analista destacó los fondos manejados por Municipalidades y Consejos de Desarrollo, donde el secretismo (fideicomisos) y opacidad en la distribución del presupuesto facilita su pérdida por culpa de la corrupción.
Para Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos,
ese 29 por ciento de los recursos perdido en corrupción es un peso muy grande, que de ser evitado, podría traducirse en mejores indicadores en infraestructura, medicamentos, hospitales, educación y seguridad.
De la misma manera, al continuar el desvío ilícito de los fondos, la calidad de los servicios cae en picada.
En las últimas semanas varios hospitales cesaron actividades por falta de insumos, debido a que el Minfin no ha cumplido con las cuotas financieras correspondientes. En este contexto, Mariano Rayo, ministro de Salud Pública, hizo una denuncia pública sobre el hallazgo de 23 estructuras paralelas en la cartera de Salud, que obtenían fondos a través de plazas duplicadas.
Los fondos más difíciles de transparentar, según el economista Enrique Maldonado, son los invertidos en la compra de medicinas e insumos médicos, y en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) tiene el trabajo de auditar todas las transacciones, pero según Maldonado “ha sido la gran ausente”, desde los escándalos de corrupción en el que surgieron el pasado abril como producto de las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad.
“
Actualmente es la fiscalía quien investiga los casos de corrupción que la CGC debiera identificar. Esto pasa porque las investigaciones de la CGC no van a donde se encuentran los verdaderos problemas de corrupción”, dijo.
Sin embargo, la impunidad es un obstáculo no superado del todo por el MP. Un estudio realizado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), reveló que
solo el 20 por ciento de las denuncias interpuestas en la Fiscalía contra la Corrupción prosperaron entre 2012 y 2014. En el otro 80 por ciento de los casos se dictaron absoluciones o los casos dejaron de investigarse.
DEUDA SIN RESULTADOS VISIBLES
Desde el 2006 Guatemala ha contraído una deuda total de Q74 mil 455 millones para financiar el funcionamiento del Estado, la mayor parte de este monto fue adquirido como préstamo de diferentes bancos internacionales.
Para el economista Enrique Maldonado, Guatemala está cerca de alcanzar la capacidad máxima de adquirir deuda y las entidades internacionales ya no darán más crédito a Guatemala hasta que el país presente una agenda de transparencia creíble y verificable.
Para completar el presupuesto de este año,
el 85 por ciento de la deuda será adquirida en emisión de bonos en el mercado nacional, los cuales son más caros y a menor plazo de pago que los bonos internacionales.
Según los expertos en economía, por cada Q1 que se tenga como fondos públicos se puede adquirir Q2.5 de deuda pública.
En este momento, Guatemala debe Q2.40 por cada quetzal que tiene, lo que significa que el margen del límite de crédito de la tarjeta de crédito del país ya está casi topado.
LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS NEGOCIOS
Los presupuestos han contemplado fuertes inversiones en infraestructura a través del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera –conocido como Listado Geográfico de Obras–, que en los últimos diez años ha tenido asignados Q132 mil 501 millones.
Sin embargo, la calidad en el gasto público está fuertemente relacionada a la transparencia, menciona el economista Maldonado. “
El país ha retrocedido en términos de labores de infraestructura, por ejemplo la densidad de kilómetros de carreteras no es acorde al indicador del PIB per cápita del país, y el déficit habitacional va en aumento año con año”, indicó.
En 2011 existía un déficit cercano a 1.6 millones de viviendas en el país, y según la Asociación Centroamericana de la Vivienda (Acenvi), aproximadamente 1 millón 600 mil residencias ponen en riesgo a sus habitantes al no estar construidas adecuadamente.
Para Joram Gil, presidente del Colegio de Ingenieros, la corrupción en los LGO está en la mala calidad de las obras y en las construcciones sobrevaloradas. “
Las construcciones se hacen, pero vemos las calles llenas de baches y paredes agrietadas al poco tiempo de ser construidas”, comenta Gil.
Según Gil,
esto sucede por no tener estándares de calidad, ni una correcta supervisión de las obras. Un claro ejemplo para el ingeniero es el de casas construidas en San Marcos, luego de un fuerte sismo hace unos años. “
La mayoría de esas casas ya presenta algún fallo y lo mismo puede suceder en las viviendas que entregarán a las víctimas del Cambray, es necesaria una estricta supervisión”, acotó.
Otro problema en la calidad de las obras construidas para el Estado, es que muchas veces son sobrevaloradas. “
Deben existir estándares en la obra pública y privada, el Ministerio de Comunicaciones debe velar porque se cumplan estas normativas”, dijo.
Para el ingeniero, también hay mucho trabajo que hacer para fortalecer a la Contraloría General de Cuentas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Ambos analistas destacaron, desde sus especialidades, la importancia de la fiscalización y de la implementación de políticas de transparencia.
Maldonado advirtió que
no se debe satanizar la administración pública pensando que solo lo privado funciona. Para ilustrar su opinión mencionó el caso de Chile, un país considerado ejemplo de libre mercado, pero con un Estado fuerte que regula su economía.
LAS SOLUCIONES
Según Enrique Maldonado existen dos tareas pendientes para que los guatemaltecos obtengan resultados visibles respecto a la mejora de la infraestructura del país. Estas son: la mejora del presupuesto con relación al PIB, y la formulación de un plan serio para lograr transparentar procesos que incluya el fortalecimiento de la CGC y la reevaluación de beneficios fiscales.
Para conseguirlos es esencial que las personas recuperen la confianza en el sistema tributario y que la banca internacional dé crédito al país nuevamente. Además es necesario un aumento del presupuesto y una mejor fiscalización para combatir la corrupción.
Maldonado recomienda fortalecer la legislación para que la Contraloría pueda auditar fideicomisos públicos y eliminar el secreto bancario cuando sea solicitado por un ente competente con fines de investigación.
Para el analista Jorge Santos,
la disminución de la corrupción podría iniciar por mejorar los recursos con los que cuentan las entidades de investigación y fiscalización del país. El activista citó los ejemplos de Colombia y Uruguay, donde impuestos temporales fueron implementados para mejorar la fiscalización y justicia, tal como propuso Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En Colombia, cuando se alcanzó la estadística de 70 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, el Estado pidió recursos extraordinarios para combatir el crimen y los índices mejoraron drásticamente.
En Uruguay se implementó un impuesto por transacciones que superaran cierto monto; y esto además de ayudar con la recaudación, sirvió como una forma de control de movimientos monetarios sospechosos, tanto del dinero defraudado al Estado, como el obtenido por otros medios ilegales.
“No se pueden esperar servicios del primer mundo pagando impuestos del cuarto mundo”, agrega Santos.
DATOS
* Según un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización no gubernamental internacional Oxfam, de Q70 mil millones aprobados como presupuesto para el año en curso, 20 mil millones estuvieron en riesgo de perderse en actos de corrupción.
* Según cifras del Banco Mundial, en 2014 el PIB de Guatemala fue de Q444 mil 12 millones, mientras que el presupuesto de ese año tuvo un techo presupuestario de 66 mil 985 millones 400 mil.
* En 2011 existía un déficit cercano a 1.6 millones de viviendas en el país, y según la Asociación Centroamericana de la Vivienda (Acenvi), aproximadamente 1 millón 600 mil residencias ponen en riesgo a sus habitantes al no estar construidas adecuadamente.
* Un 29 por ciento de recursos públicos no están bien fiscalizados o transparentados. Especialmente en Municipalidades y Consejos de Desarrollo.
