Iniciado por Prensa Libre

“Los inversionistas nos preguntan: ‘qué han construido con alianza público-privada’, y les respondemos: ‘Nada’”

Ante la falta de historial en Guatemala para construir obra pública con capital mixto, los empresarios piden certeza para activar proyectos de un portafolio que asciende a más de Q11 mil millones.

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Iniciado por La Hora

Finanzas presentará iniciativa para modificar Ley de Alianzas Público-Privadas

Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

El titular del Ministerio de Finanzas, Víctor Martínez, indicó hoy que estarán presentando una iniciativa en el Congreso de la República para modificar la Ley de Alianzas Público-Privadas, esto luego de que ayer fracasara en el Legislativo el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.

Martínez dijo que se debe analizar y repensar el modelo que se tiene en alianzas público-privadas, por lo que presentarán una iniciativa de ley para modificar esta normativa, asegurando que si bien el capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2020 que aborda esta temática fue aprobado por la Comisión de Finanzas, aunque con cambios, no se preaprobaron los proyectos.

Dijo que con modificar la Ley vigente, se busca que el Congreso preapruebe los proyectos antes de una licitación o que se traslade esa competencia a un consejo de alianzas público-privadas.

Martínez también mencionó que se buscaría dar un resarcimiento a empresas que hayan participado e invertido previamente en un proceso de licitación.

Por su parte, el Ministro de Economía, Acisclo Valladares, dijo que tras el fracaso del primer proyecto ayer en el Congreso, es necesario revisar la normativa vigente sobre alianzas público-privadas.

Iniciado por bm1 (Mensaje 14290105)

tomando en cuenta el nivel de corrupcion que existe actualmente, lo mas probable es que esas "alianzas" publico privadas se vuelvan eternas y se le siga dando de comer a "empresarios" como a una familia famosa, con su autopista palin enscuintla que lleva años de estar repagada y siguen cobrando peaje.

eso es perpetuar el envio de dinero del estado a los bolsillos de familias completas que durante años han tenido ya dinero o sea hacerlos mas ricos aún.

:toma:

Iniciado por elPeriodico

Hasta siempre, carretera Escuintla-Puerto Quetzal

Aquí yace lo que quedó del proyecto de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal y el Programa Umbral del Millenium Challenge Corporation (MCC). Su muerte fue causada por la furia de 50 diputados que truncaron su vida.

Por: Salvador Paiz
Durante la jornada del pasado martes, a lo largo de un proceso de votación de tercera lectura altamente cuestionado en donde se rompió el quorum (tanto de Junta Directiva como de las mismas bancadas), los diputados Delia Bac, Sergio Leonel Celis, Oscar Armando Escribá, Mirma Figueroa, Sofía Hernández Herrera, Daniel Portillo, Francisco Tambriz y Tambriz del bloque Alianza Ciudadana; Juan Carlos Bautista de Creo; Alicia Beltrán y Aracely Chavarría del bloque Legislativo Reformador; Edin Leonel, Byron Chacón, Víctor Manuel Cruz, Laura Alicia Franco, Juan Manuel Giordano, Javier Hernández, Julio César Longo, Joel Martínez, Herber Melgar, Marco Aurelio Pineda, María Cristina Quinto, Sandra Patricia Sandoval, Marcos Fernando Yax y Luis Antonio Alonzo del FCN-Nación; Walter Félix de URNG-Maíz; Eugenio González de Todos; Gabriel Heredia, Francisco Lam, Carlos Nájera, Karina Paz, Edgar Reyes Lee, Juan Carlos Salanic, Lucrecia Samayoa Reyes, Luis Fernando Sachinel, Lesly Valenzuela de Paz, Jorge Vargas de la UNE; Julio Lainfiesta de la UCN; Eduardo Zachrisson del PAN; Amílcar Pop de Winaq; y los independientes María Stella Alonzo, Alejandra Carrillo, Edgar Córdova, Boris España, Marco Antonio Lemus, Gustavo Medrano, Augusto César Reyes, German Estuardo, Roberto Villate, le vedaron la posibilidad a Guatemala de ejecutar uno de los proyectos más ambiciosos que teníamos como nación.

Estos diputados votaron en contra de la iniciativa 5506, Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), para la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje. Esta era una carretera emblemática que ayudaría al crecimiento económico de nuestro país. Además de crear 1,500 empleos directos, le iba a dar la oportunidad a seis comunidades y a cuatro municipios de salir adelante, generar nuevas fuentes de trabajo y conectarse a nuevos mercados en la región de la costa sur.

Lamentablemente las acciones de estos 50 diputados van más allá de imposibilitar la construcción de esta carretera. Anadie era parte fundamental del Programa Umbral del MCC. Este suponía la inyección de US$28 millones de capital, para estimular nuestra economía al crear más oportunidades de empleo y al hacer realidad la ejecución de grandes obras de infraestructura que conectarían todos los rincones de nuestro país. La improbación de esta obra obliga al Estado guatemalteco a pagar una penalización del cinco por ciento del monto de inversión comprometida. Además, estas decisiones tan retrógradas por parte de este grupo de legisladores afecta gravemente nuestra imagen ante el mundo.

El Programa Umbral del MCC era solo el comienzo. Esto, de alguna manera, habría sido una prueba para demostrar el potencial de este modelo de alianzas público-privadas y poder optar a un programa compacto de mucho mayor escala. En cambio, hemos perdido esta gran oportunidad y a los diputados que votaron en contra de esta iniciativa, parece no importarles eso. Parece que el desarrollo de nuestra nación no es prioridad para ellos. Parece que su única prioridad es defender intereses oscuros, y no los de la nación entera.

Contrario a lo que muchos han dicho, este proyecto no buscaba beneficiar a un sector particular de nuestro país. Los modelos de alianzas público-privadas, cuando son bien implementados, son sumamente exitosos. En economías en donde los recursos son limitados y la inversión es baja, su potencial es aún más alto. Se convierten en una fuente alternativa de financiamiento adicional para cubrir los déficits de financiación. Lamentablemente existe una aberración hacia este tipo de alianzas, pero en la práctica sacan adelante proyectos de gran impacto. Es una relación contractual que busca el beneficio de todas las partes.

Me pregunto entonces, ¿por qué vedarle a nuestro país la oportunidad de construir esta importante carretera? ¿Por qué truncar tan valiosas oportunidades para salir adelante? Es lamentable que este grupo de legisladores haya decidido sepultar tan importante iniciativa, como lo es la construcción de esta carretera. ¿Acaso no entienden las implicaciones de sus acciones? De perder al apoyo del MCC, sepultaremos este tipo de oportunidades para siempre. Ojalá la próxima legislatura pueda ver más allá. Si queremos tener un mejor país, debemos implementar estrategias diferentes para avanzar.

Iniciado por Prensa Libre

Conadie: Hubo lecciones y errores en primer proceso de alianza público privado

Guatemala no tiene mayor experiencia en sistema de concesiones de megaobras con la Ley de Alianzas Público-Privadas y funcionarios reconocen factores.

Por Urías Gamarro

A casi 10 años de vigencia y pese a las expectativas para los agentes económicos, la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica —decreto 16-2010— no se ha adjudicado ningún proyecto con este modelo, y el más avanzado —la autopista Escuintla-Puerto Quetzal— no fue aprobado por el Congreso el martes recién pasado.

Guatemala aún está en la curva de aprendizaje sobre el desarrollo de estas iniciativas, que se enfocan en grandes obras como transporte masivo de personas, carreteras y aeropuertos.

Aunque ya está definido un portafolio de proyectos e inversiones como el Metro Riel, Modernización del Aeropuerto La Aurora, Centro Administrativo del Estado, Vía Exprés Nororiente y Puerto Intermodal Tecún Umán II, en San Marcos, aún están en desarrollo las propuestas.

La oficina encargada de administrar los proyectos es la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), que desde el 2013 a octubre del 2019 ha recibido un presupuesto acumulado de Q67.5 millones.

Reflexiones

Varias son las reflexiones del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) ante la decisión del Congreso de no avalar el primer contrato de Alianza Público-Privada (APP).

El Conadie reconoce que hubo lecciones aprendidas, así como “errores” en el actual modelo.

Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, indicó que la principal lección es tomar en cuenta al Congreso en proyectos futuros, y valorar sus opiniones y resoluciones, para consolidar un sistema de alianzas público privadas o concesiones de gran envergadura y que necesitan grandes inversiones.

“Debe haber un involucramiento permanente del Congreso en la discusión de los proyectos en fases como la licitación. Es mejor que el Legislativo se involucre desde un principio y que se aclare cualquier cuestionamiento, y no hasta el final del proceso, que se vuelve desgastante”, señaló Valladares Urruela.

“La lección es que hay muchos diputados que tienen dudas sobre si se quieren desarrollar estos proyectos”, dijo.

Los beneficios

Víctor Martínez, ministro de Finanzas y presidente del Conadie, resaltó que es importante dar a conocer cómo se trasladan los beneficios a la población. Citó como ejemplo que para los alcaldes, en el caso de la autopista, las inversiones en transporte y logística se convierten en prosperidad; es decir, más empleo, comercio, impuestos y mayor actividad.

“Hay que evaluar los beneficios a la población y solo nos quedamos con el beneficio económico y la rentabilidad, capital de trabajo e infraestructura”, dijo el funcionario.

En el plano político y la potestad del Congreso se deben conocer las iniciativas —portafolio— para aprobarlas o desaprobarlas, y así lograr consensos.

Eso significa que se debe pasar un proceso antes de que llegue a la fase de licitación y llamado a inversionistas, a fin de lograr la evaluación vinculante del Congreso, señaló.

Víctor Manuel Asturias, comisionado del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), dijo que en otros países el Legislativo conoce antes un listado de proyectos y da su aval, y ese modelo puede funcionar en la ejecución.

Érick Uribio, director interino de Anadie, opina que se debe mejorar la socialización de las iniciativas APP, mecanismo que ya se está incorporando en próximos proyectos.

Conadie conoció el proyecto para el estudio del metro subterráneo, a fin de determinar los destinos, que podrían ser San Juan Sacatepéquez-carretera a El Salvador, o San Lucas Sacatepéquez-carretera a El Salvador.

Iniciado por Prensa Libre

Alianzas público-privadas y mafias políticas

Por Pedro Trujillo

En torno a los Q15,000 millones es la deuda nacional; alrededor del 17% del presupuesto del Estado para 2020. Millones que usted y yo, sus hijos y nietos, y los míos, aún sin haber nacido, deberemos asumir y pagar en el futuro próximo. Los niños hace rato que no vienen con “un pan bajo el brazo”, sino con una impresionante deuda estatal que les hipoteca su futuro. Esa odiosa y falaz idea de “la gratuidad de la cosa pública” se enmascara bajo un pago diferido que obligadamente asumen los gobiernos sin pedir opinión a generaciones venideras ausentes del debate político; una suerte de timo de la democracia. El Estado nunca tiene el dinero que necesita para atender las múltiples funciones que se eroga y, lo peor: no sabe cuánto dinero necesita, porque siempre es escaso, especialmente cuando grupos de presión, sindicatos, políticos mafiosos o asociaciones fantasmas se dedican a ver cómo extraen recursos que deberían servir para atender necesidades generales básicas.

Para paliar esa falta de liquidez, y poder contar con servicios adecuados, se aprobó —en 2010— lo que se ha denominado coloquialmente: ley de alianzas público-privadas, un marco legal que permite al gobierno autorizar la construcción de infraestructura y que la empresa privada pueda explotarla en un marco de ganancia mutua. El Estado consigue “un préstamo” a precio negociable, la empresa un beneficio limitado y pactado y el servicio es pagado por quienes exclusivamente lo utilizan —peaje— y no por todos los ciudadanos, como ocurre actualmente. A pesar de eso, el marco legal citado no se ha utilizado jamás, esto es: no ha servido para nada, algo que ocurre con otras normas que se publican y que simplemente no se cumplen. El formalismo —y la estupidez, y el interés de algunos— nos deja huérfanos de realidades y seguimos igual o peor que cuando se adoptó aquella medida. El único proyecto que existía y que fue legal y transparente adjudicado: la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, fue dinamitado por la mesa directiva del Congreso al someterlo a votación cuando apenas había 80 diputados inscritos para la sesión, aunque no todos estaban presentes y, evidentemente, se votó en contra.

Este país no supera la envidia, la ideologización o la falta de conocimientos básicos de economía. Bajo argumentos como: “el sector privado va a lucrar”, “el Estado debe construir gratuitamente” o no entender que se puede conseguir un mejor interés negociando con empresas privadas para un fin concreto que pidiendo créditos que endeuden el futuro, seguimos sumidos en el subdesarrollo y la ignorancia más supina. Hay otro factor que no debemos descartar: el interés de ciertos políticos. Al igual que hay diputados asociados con la ganadería, y de ahí la probación reciente de una ley que los beneficia fiscalmente, otros muchos —demasiados diría yo— cuentan con intereses en empresas constructoras —uno de los sectores principales de depredación de fondos públicos, el otro es el de la compra de medicamentos— y prefieren seguir chapuceando y obteniendo pingües beneficios en lugar de que contemos con la infraestructura necesaria en el país. Esos políticos de quienes los medios de comunicación presentan a diario perfiles y contrataciones amañadas, son lastre del que hay que desprenderse inmediatamente, y sus turbios negocios la razón por la que ingresan en política para entrampar, dilatar y destruir el desarrollo de esos hijos y nietos que deberán, a pesar de todo, pagar la deuda contraída.

¿Qué interés tenía la mesa directa del Congreso para hundir el proyecto citado? ¡Las mafias de siempre haciendo lo habitual!, nada nuevo que no hayamos visto antes.

Iniciado por elPeriodico

Las carreteras de peaje y la dotación patrimonial ciudadana

Entraron al patio felices porque habían conseguido pelota con qué jugar. La mayoría sugirió colocar las porterías (dos ladrillos en cada extremo) de manera que los “shutazos” no pusieran en peligro las ventanas que daban al corredor, pues no querían ser castigados. Pero unos cuantos objetaron que hacerlo así implicaba una lenta y cansada recuperación de la pelota “cada vez que saliera fuera”. Entre estos últimos estaba Jacobito, un canchito de anteojos que apretando entre sus brazos su pelota nueva y con una sonrisa sarcástica, dijo: “si no lo hacen como yo digo, nadie juega…”.

Por: Lionel Toriello

Desde tiempos de la antigua Roma, las carreteras principales y los caminos secundarios, junto a las rutas marítimas, han sido reconocidas como indispensables para el desarrollo económico. Tanto como la creación de una clase media dotada de un modesto patrimonio inicial (los veteranos, convertidos en modestos granjeros), fueron los puertos, los barcos, la seguridad que proveían las legiones, y las carreteras romanas, las que crearon el primer “milagro económico mundial”.

Por eso tienen razón quienes procuran que Guatemala salga pronto de esa absurda situación en la que la velocidad a la que nos transportamos en nuestro territorio sea apenas tres o cuatro veces la de una carreta de bueyes. De San Antonio, Texas, a Laredo, en la frontera norte de México, hay 252 km y se hacen normalmente (respetando “límites máximos de velocidad”) menos de dos horas y media. De la ciudad de Guatemala, a Ayutla, en la otra frontera de México, hay 256 km, pero aquí se hacen entre cinco (¡con mucha suerte!) y hasta ocho horas (lo más probable) para recorrer en vehículo esa distancia. El problema es que tanto como cuando los sucesores de Justo Rufino Barrios quisieron hacer sus “caminos de hierro” y traer a estas tierras “el progreso ferrocarrilero”, no está claro “de dónde va a salir el pisto” para construir la moderna red vial que necesitamos. Una de las propuestas que más terreno ha ganado aquí recientemente, es la de que “sin que le cueste un centavo al contribuyente” se hagan concesiones para habilitar carreteras de peaje, al amparo de la ya vieja pero aún no estrenada ley de “alianzas público-privadas” (Decreto 16-2010). El asunto no deja de tener “sus bemoles”, sin embargo. En primer lugar, a muchos “interesados en invertir” les apetecen las rutas “rentables” en las que a la condición cuasi monopólica de las rutas, se añade la de un comprobable volumen de tránsito que garantiza amplios márgenes financieros, como por ejemplo, el trayecto Escuintla-Puerto Quetzal. Pero poco se indica en estas propuestas cómo va el país a garantizar la conexión a rutas que aunque menos transitadas, son indispensables para que la red vial tenga la cobertura que la economía nacional realmente necesita y que en sistemas “balanceados” se logra mediante un subsidio implícito de las rutas más transitadas a las menos transitadas. Además, se habla aún menos de qué pasaría, cuando como está ocurriendo en España con nueve grandes autopistas ahora mismo, esos emprendimientos quiebran.

En España, el Estado está viéndose forzado a “absorber” las carreteras en quiebra, y si los empresarios se salen con la suya en las Cortes, hasta a “pagar una indemnización” a los inversionistas fracasados. ¿Dónde queda aquello, entonces, de “sin que le cueste un centavo al contribuyente”…?

El asunto viene a cuento porque la semana pasada hubo todo un tango legislativo: primero los prolegómenos, luego el propio baile y finalmente, los berrinches. El asunto empezó con una casi inexplicable alianza entre el pensamiento conservador y los representantes de la cleptocracia en el actual Legislativo, expresada a través de vehementes declaraciones de las más venerables instituciones del patriciado (el CEDECON, el CACIF, etcétera) “asustando con el petate del muerto” en relación a la negativa de la CC para dejar que la actual legislatura nos impusiera a los magistrados de las más altas Cortes de los próximos cinco años. Molestos muchos diputados con que “se les fue de las manos” el proceso de asegurarse jueces “comprensivos” para juzgar acerca de sus inminentes sindicaciones cuando estén otra vez “en la llanura”, castigaron a sus ineficaces aliados de ocasión, negando la esperada aprobación de la iniciativa 5506, que otorgaría en concesión “la rehabilitación, administración, operación y otras actividades complementarias” para la deliberadamente abandonada autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que ahora sería “de peaje”, como el trayecto Palín-Escuintla, a pesar de que ya fue construida por el Estado. El CACIF montó en cólera, encontrando ahora novedosas limitaciones en el comportamiento de los mismos diputados a los que hasta hace poco, estaba apoyando, de facto, en su búsqueda de impunidad. “Ahora me la pagan”, dijeron, pues “se están contemplando acciones legales” para penalizar “con el cinco por millar de la inversión comprometida” a este Estado guatemalteco que tiene un organismo Legislativo “tan antipatriótico”, por sus decisiones soberanas… Las objeciones de un par de alcaldes, que se quejaron de que sus comunidades se verían “forzadas” a pagar peaje, pues no hay caminos alternos; el sospechoso abandono del mantenimiento de la carretera actual, “que huele a chucho muerto”; pero sobre todo, el hecho de que una vez más, se esté entregando un valioso activo republicano a un puñado de inversionistas, sin beneficio tangible para la mayoría de los ciudadanos, no se ha tomado en cuenta. Eso le pasa al “Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica” (CONADIE) por no compartir el negocio con nadie (o casi con nadie). Otro gallo les cantara, si previamente hubiesen impulsado la Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana y entonces, todos los ciudadanos fueran socios del 49 por ciento del nuevo negocio…

América Latina es un continente en el que un capitalismo atrasado agota sus posibilidades de contener la frustración de sus mayorías sin esperanza, permanentemente amenazado por la posible aparición de la próxima dictadura mesiánica, como lo evidencian los sucesos recientes en el Cono Sur. Diputados de la próxima legislatura: Guatemala podría romper ese terco dilema histórico, entre los que quieren que las cosas no cambien y los que quieren repartir lo ajeno, si construimos un capitalismo incluyente y moderno, mediante la dotación patrimonial ciudadana que debimos pero no instauramos cuando se fundó la República, hace ya casi dos siglos. Un sistema de ferrocarriles, un sistema vial integrado, la explotación de nuestro subsuelo y de otros activos republicanos, deben desarrollarse haciendo partícipes a todos los ciudadanos. Eso generará inversión de largo plazo, un auténtico mercado de capitales, empleo formal y nos acercará a niveles de consenso que hagan posible el destierro de nuestros hoy ya absurdos niveles de polarización. Guatemala, pionera de un inesperado y novedoso “despegue económico”, alumbraría, aunque solo fuese fugazmente, la actual oscuridad del mundo…

Iniciado por Prensa Libre

¿Se puede “revivir” el proyecto de autopista Escuintla – Puerto Quetzal?

Convía, el consorcio al que fue adjudicado el proyecto de la autopista Escuintla – Puerto Quetzal, manifestó su rechazo a la decisión de congresistas de no aprobar el proyecto. Ellos piden regresar el proceso a tercera lectura, pero diputados señalan que eso es ilegal.

Por Paula Maria Ozaeta Y Manuel Hernández

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En dicha sesión, el diputado Oliverio García Rodas se había pronunciado en favor de que se verificara el quorum, pues en el hemiciclo había menos diputados de los que aparecían registrados y de los que son requeridos para una votación. Sin embargo, la petición fue ignorada.

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Las acciones no fueron detalladas por el abogado de Convía, pues el Congreso aún no ha emitido el acta de la sesión plenaria de ese día.

“En relación con las acciones que se van a tomar, principalmente se está enfocando en regresar el proceso a la tercera lectura. La intención de Convía es que se cumpla el debido proceso de la lectura para la aprobación o no del proyecto”, indicó el abogado Manuel Pérez.

La acción, según Pérez, sería de amparo o de inconstitucionalidad y, por ende, se debería promover en la Corte de Constitucionalidad.

Sin embargo, según la diputada electa del Partido Winaq, Sonia Gutiérrez, sería ilegal volverla a discutir. “Ya el Congreso desaprobó ese tercer debate. Ahí ya carecería de legalidad si vuelven a tomar la misma iniciativa. Obviamente, el camino sería volver a presentar una nueva iniciativa, a lo cual ya las organizaciones acá han manifestado que se van a constituir como vigilantes”, opinó Gutiérrez.

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Gutiérrez indicó que los empresarios están en todo su derecho de presentar los recursos que consideren, pero al momento de la votación estaban presentes los diputados según lo señaló el tablero.

Otros diputados consideran que por el momento no sería factible ese punto, ya que no se podría comprobar en un 100 por ciento la presencia o no de los 82 diputados que marcaba el tablero en ese momento, ya que las cámaras no captan todo el hemiciclo.

Iniciado por Prensa Libre

Estados Unidos critica el portazo del Congreso al proyecto vial Escuintla-Puerto Quetzal

Embajada norteamericana reafirma las APP son un método probado que ayuda al crecimiento económico y a la ampliación de la infraestructura de los países.

Por Irving Escobar

Estados Unidos lamentó que Guatemala haya rechazado la rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal mediante alianza público privada (APP), en el cual brindaría apoyo financiero y técnico, y avisó que echar adelante el proyecto mediante un contrato tradicional frenaría el crecimiento económico y disminuiría la transparencia del gobierno.

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Para el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, quien a su vez es director de la Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), la decisión del Congreso es preocupante y pone en aprietos el proyecto porque ahora habrá que buscar fondos públicos para la construcción, cuando el decreto permitiría que lo hiciera un privado -alrededor de US$80 millones-.

En ese contexto, un vocero de la embajada de Estados Unidos en Guatemala dijo este 6 de noviembre que ese proyecto “habría permitido a Guatemala construir infraestructura esencial mediante el método comprobado, transparente y económico de las APP”.

Además, alertó que cambiar el proyecto de APP por uno de contrato tradicional, específicamente con un proveedor único por emergencia “podría frenar el crecimiento económico de Guatemala y disminuir la transparencia del gobierno”.

El portavoz expresó que las APP “son un modelo comprobado que ha ayudado a países a lo largo de América Latina a mejorar su infraestructura y crecer económicamente” cuando se seleccionan mediante un proceso abierto y competitivo.

“Es por eso que Estados Unidos apoya en gran medida su uso aquí en Guatemala”, puntualizó la fuente.

El Legislativo liquidó el proyecto Escuintla-Quetzal a pesar de que días antes se hizo público que la Millennium Challenge Corporation (MCC) había comunicado a Acisclo Valladares, ministro de Economía, que Guatemala tenía hasta el 31 de octubre para aprobar el proyecto o de lo contrario quitaría su apoyo al Metrorriel, otro proyecto de APP.

La MCC es una agencia estadounidense de apoyo financiero y técnico para países pobres y en vías de desarrollo, y con la cual Guatemala ha suscrito programas para mejorar la administración tributaria y aduanera, más fondos privados para infraestructura y ayudar a que jóvenes adquieran capacidades para insertarse en el mercado laboral.

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Iniciado por rio63 (Mensaje 14291364)

... En otros lados las empresas estatales compiten en el mercado y logran beneficios, los cuales después se usan para pagar los servicios públicos ...

Iniciado por Prensa Libre

Alianzas Público Privadas a la tórtrix*

Por José María Magaña

De la publicación en Google de Public-Private-Partnership Legal Resource Center (PPPLRC), extraigo que no existe una definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada (APP). En líneas generales se refiere a acuerdos entre el sector público y el sector privado en los que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio o de la infraestructura públicos.

El número de países que incluyen una definición de APP en sus leyes va en aumento y cada uno lo hace de manera que se adecue a sus instituciones y particularidades de su legislación. Para que esta modalidad funcione, debe entenderse que es competencia de las políticas públicas proyectar y suministrar servicios para el bienestar de los ciudadanos; al tiempo que a los empresarios importan las utilidades. En otras palabras, las APP son la herramienta que facilita la privatización de los servicios públicos, sacrificando el bien común para favorecer la rentabilidad empresarial.

A pesar de eso, hay ejemplos exitosos. Puerto Madero, en Buenos Aires (1989-2001). Su realización requirió del Estado la inversión de cerca de mil millones de dólares. Contempló la restauración de la infraestructura histórica, abrir nuevas calles, construir el puente peatonal, Puente Mujeres; se crearon parques, plazas y colocaron monumentos conmemorativos. Planificación y desarrollo del proyecto Madrid-Río (2006-11), que creó el Eje Medio Ambiental del río Manzanares. Se trata de un parque longitudinal de 1.170,000 m2 que va del Monte de El Prado hasta el límite con Getafe, desarrollando y urbanizando el espacio público existente en las riberas del río.

En Guatemala, en cambio, las cosas no son así, particularmente a partir de nuestra joven vida en democracia, iniciada en 1985, cuando individuos inescrupulosos instauraron el mal uso del poder político como fuente de enriquecimiento ilícito, tanto para quien accede al poder como para su partido político y sus financistas.

Para eso fue necesario hacer parecer ineficiente al Estado, desmantelando las instituciones públicas, al tiempo de glorificar al empresariado como el único capaz de hacer las cosas bien, desde la tarea más simple a la más compleja. Así, en 2010 el Estado oficializó su incapacidad y delegó la obra pública en empresas privadas mediante la creación de la Agencia Nacional de Alianzas Público-Privadas (Anadie) como una institución estatal descentralizada.

Los proyectos emprendidos hasta ahora, desde luego, no responden a necesidades planteadas ni planificadas desde la Autoridad para beneficio colectivo, sino que están destinados a satisfacer intereses particulares. La mayoría afortunadamente limitados a estudios de factibilidad y anteproyecto o el simple enunciado de ideas absurdas.

Destacan el Centro Administrativo del Estado (CAE), en los patios de Fegua, que atenta contra la Ley para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación. Los túneles de entrada y salida a La Antigua Guatemala, ¡a 70 metros de profundidad!, para evitar tocar vestigios precolombinos. Centro de convenciones y hotel en el Parque de La Industria. Planes de Ordenamiento Territorial para La Antigua Guatemala y municipios aledaños, con un costo de US$3.5 millones, entregados a la municipalidad e ignorados por esta; es decir, desperdicio de dinero. Y más recientemente, el intento de conceder al Cacif la carretera al Pacífico para su mantenimiento, en condiciones leoninas, que 50 diputados del Congreso, peleándoles el negocio, se los echaron a perder.

*a la tórtrix: expresión peyorativa que toma el nombre de un sabroso producto guatemalteco hecho de maíz frito.

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Autopista Puerto Quetzal: “Lo que el Congreso hizo no tiene lógica”, dice especialista de Alianzas Público Privadas

La no aprobación del primer proyecto público privado en Guatemala, genera un clima de incertidumbre a los potenciales inversionistas y se debe empezar a trabajar en un clima de generar confianza, según experto mexicano.

Por Urías Gamaro

El abogado mexicano Francisco Javier Treviño Moreno, quien se especializa en proyectos de Alianza Público Privado (APP), aseguró que estos programas económicos son muy complejos y que en el caso particular de la autopista de Escuintla-Puerto Quetzal, fue un éxito y no un fracaso al cumplirse las diferentes fases.

Explicó que, si bien se faculta al Congreso para su aprobación de las APP como lo indica la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, es necesario hacer las diferentes correcciones.

No dudó en decir que la no aprobación del primer proyecto público privado en Guatemala, genera un clima de incertidumbre a los potenciales inversionistas y se debe empezar a trabajar en un clima de generar confianza, ahora que viene un nuevo gobierno.

Treviño Moreno participó en el grupo técnico-jurídico que elaboró el reglamento de la referida ley en Guatemala y conversó con Prensa Libre.

A su entender, ¿qué fallo en este primer proyecto de APP?

Este proyecto de la autopista fue un caso de éxito, ya que la etapa del proceso cumplió con los estándares, con las características de APP, la participación de firmas muy reconocidas y la mejor oferta fue la ganó en un proceso transparente y competitivo.

Hasta esta etapa el proyecto fue exitoso, ya que hubo alguien quien puso en riesgo sus recursos; luego viene el proceso de afinar que la oferta la transforma a un contrato de APP que es muy complejo, y son contratos que van a operar por largo tiempo.

En la aprobación, el Congreso toma una decisión que todos conocemos.

¿Entonces que falló?

Nada. Fue una decisión que no sé si ha sido explicada o no, que adoptó una autoridad que tiene que ejercer esa facultad y esa decisión echa por tierra un trabajo que la sociedad guatemalteca ha desarrollado durante años para poder conceptualizar, armar, promover, adjudicar un proyecto y ahí se frenó.

Habría que ver cuáles son las razones de los diputados que votaron y aquellos que no votaron y que impidieron que este proyecto continúe.

¿Por qué dice que fue exitoso, pero no hubo una aprobación?

Hay diez razones por las cuales el proyecto hay que hacerlo, pero quisiera conocer cuales son las otras diez razones, quién decidió que no se hiciera.

Ese proyecto se va a hacer, porque la sociedad y la economía lo necesita. En esa ruta se necesita un tramo de calidad y estándares altos.

¿Qué errores hubo?

No lo veo por ningún lado.

Hablaría más de cuales son las causas por las cuales este órgano decide no aprobarlo que en todo el mundo ya se aprobó, la Anadie, los bancos, el Ministerio de Comunicaciones y otras instancias, que es quien pide el proyecto.

¿Cuál es su lectura sobre este caso?

Yo no veo que el sector privado ponga en riesgo su capital, su reputación y su negocio para proveer de mejor infraestructura para el país y en México existen más de cien concesiones de carreteras, con más de 10 mil kilómetros operando en autopistas y el valor de usar un tramo seguro y eficiente las personas lo reconocen mucho.

Todas empresas generan impacto económico, el pago de impuestos, consumo y generan empleo.

¿Qué hay más allá?

En países como México, Honduras, Chile, Perú, Colombia, se están haciendo APP y no hay problemas, pero hacer estos proyectos son muy complejos.

Yo diría que en Guatemala se debe hacer una revisión, (ver) qué está sucediendo para que este proceso no esté concluyendo como se esperaba.

¿Habrá conflictos de interés de consorcios por disputarse este proyecto?

En 1980, cuando las APPs empezaron, las primeras empresas que hicieron los proyectos fueron constructoras y eso no funcionó.

Hoy en día quien hace esas obras no son constructoras, si no desarrolladores de proyectos.

La razón es que la naturaleza del negocio de la construcción es distinta a la naturaleza de las APPs.

¿Algún ejemplo?

Un constructor quiere ganar un contrato y hacer la obra, gastar lo menos posible, hacer el negocio e irse a otro y no digo que esté bien o mal, pero así es.

Pero como funciona la naturaleza de las APPs, el desarrollador se va a quedar 20 años a operar su proyecto y no le interesa hacer la construcción rápida, barata e irse. Lo que le interesa es hacer un buen proyecto para quedarse, porque si no lo hace, lo van a penalizar.

¿Cree que hay intereses de grupos en este proyecto?

No lo sé. Pero me parece y me da pena que se preparó bien un proyecto y alguien dice que no.

Eso se hubiera dicho antes que no se autorizaría desde el día uno y ahí se moría. En este momento detener ese proceso el costo es alto, en el sentido de pararlo y hacerlo.

¿Quién sale perjudicado? El consorcio va a seguir buscando otros proyectos, pero los afectados son los usuarios, los buses de transporte de pasajeros, los camiones de carga y la población que son los afectados.

¿Qué reflexiones tiene?

No es común que el Congreso de cualquier país que emite la ley y establece las reglas para hacer ciertas cosas y no parece razonable que un Congreso emita la normativa y que los resultados de la aplicación de esa normativa puedan ser detenidos por el mismo órgano que creó en una etapa de culminación del proceso, en la cual se llevaron todas las acciones que se establecieron.

Esto no tiene lógica.

¿Qué se debe hacer?

En otros países, la aprobación final del Congreso no corre nunca, y la legalización de un proyecto surge antes. Entonces esa disposición no está permitiendo que se desarrolle infraestructura y se debe promover una pequeña modificación.

¿Cómo se debe recuperar la confianza de los inversionistas?

En muchos países la base es la confianza. ¿Cómo se gana? Eso es muy sencillo. Tiene que ser predecible lo que va a hacer la otra persona. Si no hay previsibilidad de lo que va a ocurrir no hay confianza y se genera lo contrario: desconfianza.

Hay que actuar con las reglas que son claras y cumplirlas.