Reportar que su teléfono celular fue robado tendrá un costo. A partir de enero próximo la víctima podrá informar por un mensaje de texto o una llamada el robo de su aparato al número 1508. La cantidad a pagar todavía no se ha definido, “esto dependerá de cada empresa de telefonía”, indicó el superintendente de Telecomunicaciones, Eddy Padilla.
Según el funcionario se ha arrendado un software que administrará una base de datos de números de celulares robados. “La misma plataforma se comunicará en línea con organismos internacionales para evitar que estos se comercialicen en otros países o sean flasheados”, dijo.
El representante de la Superintentendencia de Telecomunicaciones (SIT) afirmó que el objetivo del arrendamiento del software por un monto de Q11.8 millones, con opción de compra, es para desmotivar este ilícito. Refirió que el proyecto fue consensuado con las tres principales telefónicas del país, las cuales avalaron la adquisición del programa.
No saben de la adquisición
Ricardo Sagastume, director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, manifestó que la SIT tendrá que explicar el beneficio del software adquirido. El empresario cuestionó el monto del programa y dijo estar en contra de la propuesta de la entidad de cobrar el servicio.
Calificó la renta como innecesaria, ya que el mes pasado el presidente Otto Pérez Molina suscribió un convenio con el sector privado para emprender acciones y evitar que un teléfono robado se reactive. Recordó que el compromiso fue compartir una base de datos a nivel latinoamericano con cero costos al usuario.
“Desconozco el proyecto”, fue la respuesta del director regional de interconexión y relación con operadores de Claro a nivel centroamericano, José Cervantes. Se buscó la opinión de las otras dos empresas ( Tigo y Telefónica) pero no contestaron.
En tanto Óscar Chinchilla, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo) tildó como irresponsable al actual Superintendente por obtener un servicio que ya prestan las telefónicas en 16 países.
Mientras que Sagastume afirma que el registro de celulares robados ya se realiza, Chinchilla pide declarar nulo el contrato adjudicado el 11 de octubre. La respuesta del Superintendente es que todo el proceso se hizo conforme a la ley y no existe ninguna anomalía.
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