jueves violento en la cumbre de alaska
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el 7 de septiembre la jueza ordenó que el caso fuera a un tribunal de sentencia y cambió los delitos por los que eran sindicados a “homicidio en grado de emoción violenta”, con pena de 2 a 8 años de prisión. La sala la respaldó. Aída granillo, fiscal del ministerio público, apeló la resolución ante la corte de constitucionalidad. “esperamos que esta entidad otorgue la resolución definitiva en cuanto al cambio de calificación jurídica, para que en el tribunal de sentencia permanezca el delito inicial”, explica la fiscal. La audiencia está fijada para el 15 de octubre.
De los ofrecimientos solo se construyeron 40 casas para las seis viudas y los 39 heridos, gestionadas por el desaparecido fondo nacional para la paz (fonapaz). “ofrecieron construcciones de 8 por 8, pero las edificaron de 6 por 6”, dice pedro ixchiu, abogado de los 48 cantones, querellantes adhesivos en el caso.
Algunos heridos prepararon el terreno para la construcción, pero los encargados nunca se acercaron. Solo se construyeron 30 viviendas, explica cayetano alvarado, gerente municipal. Algunas permanecen cerradas, las llaves nunca fueron entregadas a los dueños. Armando paniagua, director de fonapaz, dijo en su momento que cada construcción ascendería a q35 mil, sin embargo la comuna ignora el monto ejecutado a la fecha.
La semana pasada antonio arenales forno, secretario de la paz, se acercó a la junta directiva de los 48 cantones,
encargados de acompañar a las víctimas para iniciar un proceso de negociación con el gobierno. Pero será el juicio a celebrarse el 15 de octubre el que definirá el rumbo.