¿Serán posibles los cambios al sector justicia sin el involucramiento social?
POR REDACIÓN LA HORA
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A un año del fallido intento de iniciar un diálogo nacional para reformas al sector justicia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acompañará un nuevo esfuerzo para generar cambios legales que permitan el fortalecimiento de las instituciones de justicia.
Los problemas del sector justicia no se reducen a un presupuesto insuficiente; la configuración del propio sistema de justicia impide el fortalecimiento de las instituciones que lo conforman, por lo que para generar cambios en dicho sentido es necesario cambiar las leyes que regulan su funcionamiento.
Dicha situación fue planteada por el comisionado Iván Velásquez hace un año, cuando la CICIG convocó a un diálogo nacional denominado “Hacia la reforma de la justicia en Guatemala”; sin embargo, la convocatoria no pasó de ser eso: una invitación, ya que el expresidente Otto Pérez Molina, a través de la Cancillería, advirtió que una convocatoria de ese tipo estaba fuera del mandato de la CICIG.
Tras el llamado de atención, la CICIG anunció que las mesas de diálogo serían lideradas por el Ejecutivo, pero Pérez Molina jamás dio seguimiento al tema.
Un año después, el expresidente enfrenta proceso penal y permanece en prisión preventiva por un caso de defraudación aduanera, otro Gobierno inicia su gestión y el Congreso se compromete con las reformas al sistema que demanda la ciudadanía. Es el tiempo de retomar el diálogo.
NUEVA CONVOCATORIA
El nuevo diálogo será liderado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque; la fiscal general, Thelma Aldana, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo Rojas, quienes tendrán apoyo de la CICIG, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Guatemala.
Las reformas retomarán algunas propuestas ya presentadas y plantearán otras nuevas sobre cambios en las leyes del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, el Instituto de la Defensoría Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además, se plantearán reformas a la Ley de Amparo y Ley de Antejuicio y algunas reformas constitucionales para fortalecer a dichas instituciones.
Según indicó De León Duque, en las próximas semanas se convocará a organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales e instituciones académicas para integrar mesas de trabajo.
Los equipos a formarse serán tres, uno trabajará en los cambios a las leyes ordinarias, otro en las leyes de orden constitucional y reformas a la Constitución, y un tercero discutirá reformas específicas referentes a temas como el pluralismo jurídico y el acceso a la justicia.
La propuesta se planteó ante los jefes de bloque del Congreso, la instancia que deberá aprobar los cambios legales solicitados. “
Este es el momento preciso en la historia para promover cambios al sector justicia”, dijo Iván Velásquez durante la presentación del plan y agregó que en las manos de los diputados “está el destino del país”.
REFORMAS SON IMPRORROGABLES
Jorge Santos, de la Convergencia por los Derechos Humanos, señaló que las reformas al sector justicia son una discusión que no puede prorrogarse por más tiempo, ya que, a su criterio, el sector justicia pasa por una de sus peores crisis desde los Acuerdos de Paz.
Tan solo el año pasado, tres juezas y un magistrado fueron señalados de actos de corrupción por el MP y la CICIG. Asimismo, se reveló una estructura de corrupción en la Policía.
Las deficiencias de las instituciones de justicia tienen un resultado directo sobre los índices de impunidad y corrupción, explicó Santos.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, considera que la columna vertebral de las reformas debe ser la independencia judicial, ya que de ella depende que la justicia se administre de forma imparcial a todos los ciudadanos.
La entrevistada indicó que
será importante hacer un buen trabajo de sistematización de las propuestas de reformas presentadas en los últimos 20 años y que hasta hoy permanecen engavetadas en el Congreso por la falta de voluntad de los diputados para conocerlas.
En este sentido, los entrevistados resaltaron la importancia del papel que jugará el Congreso para impulsar el debate de las reformas propuestas y su aprobación.
El analista Luis Chávez, de la Red Nacional por la Integración, considera que este año es “ideal” para la aprobación de las reformas al sector justicia por parte del Congreso, ya que el contexto de las demandas ciudadanas por reformas al sistema genera una presión importante sobre los diputados.
Chávez espera que en los próximos meses los congresistas puedan dar luz verde a la agenda de justicia, apartando los intereses gremiales y políticos. Esto, antes de que los parlamentarios inicien con su reacomodamiento y con su prematura campaña electoral con miras a su reelección que podría iniciar a partir de 2017.
¿PERO ES POSIBLE SIN EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL?
El jefe de la CICIG hizo ver en una entrevista con La Hora que para que Guatemala cambie es necesario el involucramiento social y la participación activa de los ciudadanos. En editorial de este medio hacía ver que si el enojo, la frustración no se canalizan en acciones concretas que permitan materializar los cambios, cualquier reforma al sistema no solo es muy difícil sino casi imposible.
PROPUESTAS DE LA CICIG
El año pasado, la CICIG impulsó cuatro reformas para el sector justicia, de las cuales solo la propuesta para reformas Ley Orgánica del MP ha avanzado en el proceso de aprobación. A continuación, un resumen de los elementos más importantes de cada iniciativa.
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