[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

¿Arbitraje?

José Miguel Argueta

Si la Corte Penal Internacional requiriera candidatos para jueces, debería buscar en Guatemala.

En los últimos cinco años, estudiantes de Derecho de universidades del país han competido en los más prestigiosos concursos y ganado alegatos simulados, incluso a universidades con larga trayectoria jurídica.

Sin embargo, el arbitraje internacional, cuya práctica ha cobrado vigencia en las facultades de Derecho de Guatemala, no se hace en la defensa del Estado de Guatemala, pues a sí mismo se deteriora, ya que la intencionalidad de las acciones está manifiestamente dirigida a intereses no nacionales.

El empleo de la negación en todo caso jurídico juzga a contrario dentro de la racionalidad de la intencionalidad y no dentro de la acción social que deba legitimarse.

Para manifestarlo con palabras claras, la racionalidad nunca dará ventaja a la decrepitud e ineptitud.

Las acciones internacionales funcionan cuando la comisión mixta entre las partes, en este caso Belice y Guatemala, tiene conocimiento y puede recrear la acción que en 1942 fijó los límites entre Guatemala y El Salvador, participando en su dirección y ejecución el ingeniero Florencio Santizo, en representación de Guatemala, y el ingeniero Jacinto Castellanos, como delegado de El Salvador.

Con todo el respeto que se merece la profesión jurídica, ese asunto se ventiló el 31 de octubre de 1940, sin que tal negociación rompiera la paz y armonía entre los dos países, que son los socios comerciales más importantes de Centroamérica.

Guatemala y El Salvador, cuyos presidentes eran para ese entonces don Jorge Ubico Castañeda y don Maximiliano Martínez, consiguieron resolver las diferencias por sus límites territoriales.

Guatemala y El Salvador pactaron en noviembre de 1935, sin que hubiera necesidad de llevar a cabo una consulta popular, la Comisión Mixta de Límites que supuso la celebración del Tratado de Límites Territoriales entre ambos países y que fue suscrito en la ciudad de Guatemala, el 9 de abril de 1938, acto en el cual intervinieron únicamente don Jacinto Castellanos y don Florencio Santizo, y fue aprobado por las asambleas legislativas el 27 de abril de 1938.

Luego de amojonar el confín, se verificó la posición geográfica, lo cual requiere un trabajo científico, ubicando de ambos lados de la línea fronteriza aldeas, caseríos, vías de comunicación, orografía, realizada en cuatro años y diez meses desde los últimos días de noviembre de 1935 hasta el 30 de septiembre de 1940.

Ambos ingenieros llevaron a cabo su trabajo con el salario ordinario obtenido por sus actividades cotidianas en sus respectivos Estados y mostrando la mayor muestra de civismo.

El trabajo de dos personas constó de tres partes: la primera fueron los antecedentes históricos; la segunda consistió en los estudios topográficos iniciados el 4 de febrero de 1936, para concluir con la tercera, que fue el amojonamiento de las fronteras e impresión de los mapas actuales.

Los límites territoriales entre Guatemala y Belice no deben ser un problema político ni jurídico, sino de mutua conveniencia económica.

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Iniciado por La Hora

Se hizo la Consulta y…

Francisco Cáceres Barrios
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Rodeada de sinnúmero de vicisitudes la Consulta Popular que buscaba el Sí o el No para que Guatemala pudiera acudir a la Corte Internacional de Justicia y así poder decidir sobre el diferendo territorial, insular y marítimo que el país todavía mantiene con Belice, no con Brasil ni con México, como equivocadamente citaron algunos políticos mal informados. El evento finalmente se llevó a cabo el pasado domingo 15 de abril, con los resultados que la gran mayoría de chapines esperábamos, los que se resumen en que ganó el Sí y el abstencionismo de los electores, fuera porque no hubo suficiente información con antelación, como que habiéndose entrometido la politiquería, encabezada por el mismo primer mandatario quien, sabiendo de su baja popularidad trató vanamente de ganar adeptos, lo que no solo no pudo lograr, sino enredó todavía más los criterios de votar a favor de una ponencia que, hasta el más experto en derecho internacional sabe bien que los buenos resultados todavía se ven cuesta arriba. Ese es mi criterio, seguramente contrario al de los influenciados por el gobierno de turno.

No cabe duda que la consulta costó un dineral, lo que muy bien pudo haber sido utilizado para resolver asuntos vitales que la población viene demandando con tonos cada vez más fuertes, si se hubiera aprovechado racionalmente el costo de la infraestructura y demás cuantiosos gastos que de todos modos van a cometerse con motivo de las elecciones generales que se avecinan pero, está visto que lamentablemente no contamos con estadistas, ni con políticos capaces de conjuntar o planificar el uso de nuestros recursos de manera lógica y racional. Más grave resultó la actitud tomada por muchos de mis conciudadanos, incluso apoyada por algunos medios de comunicación que no quisieron ver la escasa concurrencia de electores, al punto, que a la hora de dar los resultados finales intencionalmente no se proporcionaron los relativos al abstencionismo, cuando ello era todavía más sensible en el interior del país.

De ahí que estoy planteando en el titular de este comentario la interrogante: ¿Qué va a pasar en cuanto al diferendo con Belice? ¿Nos vamos a quedar esperando hasta que San Juan baje el dedo para que su gobierno realice la Consulta Popular que le corresponde? ¿Seguiremos creyendo en la palabra empeñada por el mandatario y sus colaboradores para que efectivamente podamos lograr avances de los que tanto y engañosamente se anunciaron en la campaña para convencer a la población, para que una vez logrado el Sí mejore la economía, el turismo, las transacciones y en especial, las condiciones de vida de los chapines que viven en los puntos limítrofes con Belice?

Iniciado por elPeriodico

Los gastos de la Consulta Popular

Una inspección preliminar de la ejecución de los Q300 millones asignados al TSE deja ver discrecionalidades y premura en las contrataciones. Al menos Q21.7 millones fueron adjudicados por excepción.

Para llevar a cabo la Consulta Popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso de un presupuesto de Q300 millones.

El magistrado del TSE, Jorge Mario Valenzuela, aseguró ayer que esa entidad no solicitó ese monto, y que el Congreso aprobó el presupuesto sin previa consulta. Agregó que hoy verificarán el monto no gastado para reintegrarlo a donde corresponda.

elPeriódico realizó una inspección preliminar del portal de Guatecompras para verificar qué adquisiciones realizó el TSE previo a la realización de dicho evento. Hasta el cierre de la edición se encontró la ejecución de compras, mediante la modalidad de excepción, por Q21 millones 778 mil 139.80.

Valenzuela especificó que las compras por excepción se realizaron debido a que no hubo participación de los oferentes o porque se cayeron los eventos.

Las compras por excepción consisten en un mecanismo de adquisición contemplado en el Artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Si bien está regulado, representa una vulnerabilidad para la transparencia pues evade mecanismos como los concursos, los cuales pueden abaratar los costos en las compras.

Según la inspección, el gasto más elevado que se hizo mediante excepción fue la contratación de una empresa de publicidad para la producción de materiales audiovisuales y la implementación de una campaña de información masiva. Dicha compra se hizo a la empresa Klaro Comunicación por un monto de Q9 millones 364 mil 466.16.

La impresión de las papeletas tuvo un costo de Q991 mil 250 y el servicio también fue contratado bajo la modalidad por excepción. La empresa beneficiada fue Ohio Print and Paper.

Otro gasto considerable fue el realizado para adquirir 600 impresoras de matriz de puntos de impacto, el valor de la compra fue de Q1 millón 524 mil gastados. Según la descripción, estas fueron utilizadas para la implementación de los centros de información en los centros de votación. La empresa beneficiada fue Servicomp de Guatemala.

El TSE también dispuso contratar por excepción el alquiler de 137
vehículos picop, doble cabina y doble tracción por un monto de Q711 mil 450. La empresa adjudicada fue Interamerican de Guatemala, S.A.

Pago a voluntariado

El TSE también contempló el pago de un estipendio de Q350 para cada uno de los integrantes de las mesas receptoras de votos. De acuerdo con datos proporcionados por el TSE, se habilitaron 2 mil 782 centros de votación y 19 mil mesas receptoras de votos. Cada mesa receptora cuenta con cuatro integrantes. Se estima que el TSE erogara más de Q26.6 millones en ese rubro.

Adicionalmente, los integrantes de la Cruz Roja Guatemalteca, Bomberos Voluntarios y Municipales y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que se concentren en el Centro Nacional de Información recibieron una cuota diaria de Q100 por concepto de gastos de alimentación por cada día de servicio.

El portal de Guatecompras muestra que los trabajadores permanentes y temporales del TSE también recibieron Q100 para gastos de alimentación los días 14, 15 y 16 de abril.

Empleados favorecidos

A los gastos publicados se suman los establecidos en el Pacto Colectivo del TSE, según el mismo, los trabajadores permanentes de dicha entidad tienen derecho a un salario completo cada vez que se realiza un evento electoral. Fuentes internas al TSE confirmaron que este incentivo empezó a ser acreditado a los trabajadores desde hace cuatro meses.

Oneroso presupuesto para el Distrito Central

Los acuerdos de Tribunal también cuentan de la holgura del TSE para este evento. Según el Acuerdo 103-2018 del TSE, la Junta Electoral del Distrito Central tiene autorizado el manejo de Q10 millones 949 mil 131.62 en concepto de fondo rotativo interno para el evento de la consulta popular. Este presupuesto es distinto al de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, la cual manejó un presupuesto de Q3 millones 397 mil 493.40.

Por otra parte, el acuerdo 102-2018 del TSE autorizó para el resto de juntas departamentales –ubicadas en el resto del país– un presupuesto total de Q3 millones 783 mil 976.26.

¿En qué se pudieron invertir Q300 millones?

Guatemala es uno de los países del continente con los peores índices de Desarrollo Humano. El último Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), da cuenta que Guatemala está en el puesto 125, Honduras 130 y Haití 163.

La falta de inversión en educación, salud y seguridad es en parte lo que provoca el retraso del país en el desarrollo humano. elPeriódico llevó a cabo un ejercicio para evidenciar en qué se pudieron haber invertido los Q300 millones de presupuesto que se destinaron para la Consulta Popular y en la cual las autoridades esperaban poder superar –difícilmente– el 18.5 por ciento de participación de la última consulta.

Las medidas de compensación aprobadas en contra de los recientemente condenados en el caso Corrupción y Construcción dan parámetros sobre los costos reales de una escuela, un kilómetro de asfalto o concreto y el bacheo.

> 162 escuelas a un costo de Q1 millón 842 mil 974 cada una.

> Un tramo de 100 kilómetros de concreto, que equivale a una carretera de dos carriles a Escuintla u otra a El Rancho, El Progreso.

> Construcción de una carretera de 115 kilómetros de cuatro carriles de 3.60 metros cada uno con arriate central.

> 195 mil 970 toneladas de bacheo diurno colocado y compactado.

> 100 millones de refacciones escolares a un costo establecido por el Congreso de Q3 cada una.

> 50 centros de salud a un costo cada uno de Q5 millones 970 mil.

> Contratación de 2 mil 142 médicos durante un año con salarios de Q10 mil mensuales más Bono 14 y Aguinaldo.

> Contratación de 4 mil 559 policías durante un año con un salario mensual de 4 mil 700 más Bono 14 y Aguinaldo.

Contratación de 3 mil 296 maestros durante un año con un salario mensual de Q6 mil 500 más Aguinaldo y Bono 14.