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Cadena presenta documentación para definir al Pacto de Corruptos

Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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El abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), se presentó esta mañana a la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público para ampliar la documentación que señala cómo funciona el llamado Pacto de Corruptos en el país.

Cadena explicó que tras una reunión con la fiscal general, María Consuelo Porras, la jefa del MP les solicitó que ampliara la información de lo que se conoce como el Pacto de Corruptos.

A decir de Cadena es muy importante estudiar y definir en qué consiste el pacto, que algunos definen que surgió cuando el Congreso aprobó dos reformas al Código Penal que beneficiaban a los políticos, en temas de financiamiento electoral ilícito.

“Otros, donde nos incluimos nosotros, consideramos que el Pacto de Corruptos es un pacto entre los tres Organismos del Estado y que tiene sus inicios desde que el Presidente de la República declaró persona non grata a Iván Velásquez”, dijo Cadena, en referencia al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Según dijo, la CIJ entregó una carta a la Fiscal General el 14 de mayo, en donde le señalaban bajo qué puntos trabaja el referido pacto.

“Ya le entregamos una carta a la Fiscal General, con información de lo qué es el Pacto de Corruptos, ahora vengo con el fiscal anticorrupción para brindar más información sobre esto para que puedan hacer una investigación rápida”, dijo.

Cadena además indicó que le pediría información a la Fiscalía Anticorrupción sobre los casos que se tienen en contra del presidente Jimmy Morales, ya que a decir de la CIJ, el mandatario también forma parte de este pacto.

CARTA PRESENTADA A PORRAS

En la misiva que la CIJ envió a la Fiscal General mencionaban que el MP debería iniciar procesos penales o iniciar una investigación en contra de determinados funcionarios públicos, por incumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad o “por pertenecer a ese Pacto de Corruptos”.

El primer punto que señalaban de cómo funciona ese pacto, según la CIJ, es el protegerse de la acción de la justicia “los actos del Gobierno implementados al más alto nivel por el Presidente de la República, tiene el objetivo principal de proteger a otros y protegerse a sí mismo, de la acción de la justicia”.

En el segundo punto indicaban que “evitaban que las instituciones del Sector Justicia se sigan fortaleciendo”.

También mencionaron en la carta como tercer punto que el objetivo de dicho pacto era “incrementar las oportunidades para una conducta corrupta por parte de altos funcionarios ligados a organizaciones criminales”.

Por último, el abogado hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan acercarse a la Fiscalía para aportar toda la información que tengan sobre el mismo.

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Mingob disuelve Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia

POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Ministerio de Gobernación (Mingob) disolvió la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, la cual era una instancia derivada de los Acuerdos de Paz, creada para dar seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la justicia, por medio de la coordinación interinstitucional y multisectorial.

Este día fue publicado en el Diario de Centro América, el Acuerdo Gubernativo 97-2019, que ordena la disolución de la Comisión.

“Mediante Acuerdo Gubernativo Número 221-97, en cumplimiento al Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y función el Ejército, en una sociedad democrática, se creó la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia a que se refiere el numeral 15 del Acuerdo mencionado y dicha Comisión presentó oportunamente su informe final y recomendaciones por lo cual, mediante Acuerdo Gubernativo Número 576-98 se instituyó la Comisión Ad Hoc para el apoyo del Fortalecimiento de la Justicia en Guatemala, con el objeto de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas y prestar asesoramiento”, se explicó.

Por otro lado, se acordó disolver la Comisión e instruyó a la Secretaría de la Paz “llevar a cabo las acciones y gestiones tendientes a la liquidación de las actividades y compromisos de la Comisión Nacional”, para lo cual no debe excederse 30 días de entrada en vigencia del Acuerdo.

Además, debe emitir el plan de liquidación que atenderá: operaciones y compromisos financieros pendientes de la Comisión Nacional, inventario de bienes inmuebles, contratar y/o designar al personal necesario para concluir con las operaciones de liquidación, la atención de las obligaciones contraídas, requerir a la Contraloría General de Cuentas (CGC) las auditorías necesarias y la elaboración del cronograma respectivo.

El Acuerdo entra en vigencia inmediatamente, después de su publicación en el Diario oficial, se informó.

¿QUIÉNES INTEGRABAN LA COMISIÓN?

Según la página de esa Comisión, estaba integrada por diferentes instituciones de seguridad y justicia, entre estas: Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación (Mingob), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Policía Nacional Civil (PNC), Colegio de Abogados y Notarios, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos y Rafael Landívar, ciudadanos notables como Rosalina Tuyuc, Helen Mack, entre otros.

NO ES SORPRESA

A criterio de Mack, no sorprende que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, haya disuelto la Comisión porque se ha caracterizado en destruir la institucionalidad y los procesos para que no existan “pesos y contrapesos”.

“Ese ministro se ha encargado de destruir toda la institucionalidad y más si es proveniente de los Acuerdo de Paz, no es de sorprenderse”, reiteró Mack.