Comisión anti-CICIG: Por exculpar a Sperisen, diputados recuerdan el pasado de Giammattei
Erwin Sperisen fue el nombre inesperado de la más reciente audiencia de la comisión anti-CICIG, un espacio donde han asistido los enemigos de la CICIG para seguir el espectáculo montado por diputados que, contrario a lo ordenado por la CC, recopilan argumentos para elaborar un informe al que han llamado: comisión de la verdad.
POR JODY GARCÍA
Una hora antes de que iniciara el trabajo de la comisión creada por el diputado Alvaro Arzú Escobar para investigar a la CICIG, los técnicos del Congreso hacían pruebas de sonido de una videollamada.
De un lado estarían los diputados y del otro el exjefe de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen. Todo estaba planificado, aunque, como en un espectáculo, a veces pasan cosas que se salen del libreto.
—¿Me escuchan? ¿me escuchan?.
Erwin Sperisen quería asegurarse de que la llamada vía skype desde Berna no tuviera interferencia. El exdirector de la PNC vive en la capital suiza con libertad condicional por una condena de 15 años de prisión por la complicidad en siete ejecuciones de reos de la cárcel Pavón, en 2006.
—La voz de usted se escucha clara pero no el audio de los videos, le respondieron los técnicos del Congreso, momentos antes de que empezara la sesión de audiencias de la comisión anti-CICIG.
Los técnicos pasaron una hora tratando de que se escucharan los videos que Sperisen iba a utilizar para argumentar sus quejas contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En algunos momentos se oía, pero la señal de internet del Legislativo no fue suficiente. No obstante, los diputados ya tenían preparado un disco con los videos de soporte para el exdirector de la PNC.
Juan Ramón Lau, Luis Hernández Azmitia y Manuel Conde, integrantes de la comisión anti-CICIG, ingresaron puntuales al Salón del Pueblo del Congreso, un espacio que históricamente ha sido utilizado por pueblos indígenas, campesinos, y sociedad civil para que los congresistas escuchen sus demandas. Fue en ese mismo lugar que en 2015, en la plena efervescencia de las manifestaciones contra la corrupción del gobierno del Partido Patriota, la diputada Nineth Montenegro se instaló con todo y maleta y exigió que se reuniera la pesquisidora que conocería el antejuicio para retirarle la inmunidad a Otto Pérez Molina.
Con la expulsión de la CICIG, un grupo de diputados convirtió ese salón en el centro de denuncias de los enemigos de la CICIG, la mayoría procesados, otros condenados, algunos voceros de prófugos y familiares de implicados en los casos que el ente internacional investigó.
Una declaración conocida, un detalle olvidado y un cruce de miradas
El 30 de septiembre pasado en una conferencia de prensa, los diputados Aníbal Rojas (Viva), Luis Hernández Azmitia (Podemos), Juan Ramón Lau (Todos), Manuel Conde (PAN) y Luis Pedro Álvarez (independiente) arrancaron con las actividades de la comisión para investigar el trabajo de la CICIG en sus 12 años de funcionamiento, pero principalmente los últimos 6, cuando Iván Velásquez estuvo al mando.
Las audiencias públicas para recibir a las personas que se consideran afectadas por la CICIG iniciaron el 3 de octubre. El objetivo de ese grupo de diputados es recabar la mayor cantidad de relatos para redactar un informe final sobre “la verdad” de la CICIG y aunque la Corte de Constitucionalidad les ordenó que se detuvieran, los legisladores crearon un nuevo acuerdo y cambiaron el nombre de la comisión, aunque en el fondo es lo mismo.
Incluso los testimonios recabados antes de la suspensión de la comisión anti-CICIG de parte de la CC serán incluidos en el informe final de la Comisión de la Verdad, como fue renombrada, aseguró Juan Ramón Lau.
—Señores diputados, el día de hoy escucharán algo que para ustedes ya es conocido, pues a estas alturas ya conocen al cansancio la forma de actuar de la CICIG. Lo que hoy será diferente son los ingredientes, pero la receta es la misma, es la misma forma de actuar en casi todos los casos, así se presentó Sperisen ante la comisión anti-CICIG.
Pese a las pruebas de sonido, en el Salón del Pueblo se escuchaba su voz distorsionada, leyendo palabras inentendibles. Así pasó 25 minutos hasta que Juan Ramón Lau lo detuvo y pidió que reiniciara la llamada por skype.
Entre lo que se le alcanzó a escuchar había frases como: “persecución política”, “juicio mediático”, “presión a testigos”, “la lucha contra la corrupción sirvió para destruir grupos familiares”, “la verdad fue tergiversada”.
La parte medular del relato de Sperisen fue la entrevista que un periodista francés realizó a María del Socorro Vásquez, madre de Carlos René Barrientos, una de las víctimas de ejecución extrajudicial en el caso Pavón. El exdirector de la PNC habló del video con la intención de demostrar que supuestamente ella fue manipulada para denunciarlo de ser el responsable de la muerte de su hijo.
Cuando se reprodujo desde la llamada de skype el video no corría, ni se escuchaba. En ese momento los técnicos del Congreso sacaron un reproductor de CD externo y un sobre con un disco que contenía la grabación de esa entrevista. El diputado Juan Ramón Lau pidió que fuera reproducido ese.
—Entrevistadores: ¿Usted firmó aquí?
—María Vásquez: Sí, está mi firma. Yo firmé, pero a uno con los años todo se le olvida, mi amor.
—Entrevistadores: Ese documento, que supuestamente usted firmó, es una denuncia contra el señor Erwin Sperisen que usted supuestamente hizo por los hechos que pasaron. ¿Usted sabe eso? (sic)
—María Vásquez: Pues la verdad, no, porque
yo le eché la culpa solo a Giammattei, yo no sabía que estaba allí el otro también. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo me lo dijo antes de morir. Tuvieron una reunión en el penal y como que no llegó a convocarse de acuerdo con él y allí vinieron las malas vistas.
Esa declaración hizo que los diputados se voltearan a ver entre sí. Primero fue Luis Hernández Azmitia buscando la mirada de Alvaro Arzú Escobar, después la de Juan Ramón Lau, quien finalmente se acercó para decirle algo al oído.
El video seguía.
—Entrevistadores: ¿Usted piensa que el señor Sperisen es responsable de la muerte de su hijo?
—María Vásquez: Pues la verdad yo no le sé decir, porque como le vuelvo a repetir, no puedo mentir.
Yo solo sabía lo que mi hijo me contó y lo que dijeron las voces en el momento que ocurrió el asunto, que el causante de todo había sido Giammattei (…) Yo solo enfocaba mi cólera contra Giammattei, que por qué había hecho eso, que si él no era padre de hijos, en ese tiempo él era el jefe de Pavón, él era el director.
Las audiencias de esta comisión parecieran estar controladas. Los argumentos se repiten y los asistentes se quejan de los supuestos abusos que cometió la CICIG en las investigaciones. En la sesión donde Sperisen abonaba más argumentos para los diputados, pareciera que hubo un giro en el libreto.
En el 2010, la CICIG y el Ministerio Público vincularon a Giammattei con una red criminal que ejecutó extrajudicialmente a reos en un plan que inició como una “recuperación de cárceles”. Por ese caso Giammattei estuvo en prisión preventiva por 10 meses, hasta que un juzgado cerró el caso por considerar que no había suficientes pruebas en su contra para continuar con la investigación.
Fue su último trabajo en el Estado, hasta ahora, que asumirá la presidencia el 14 de enero de 2020.
La Comisión de la Verdad no se pronunció por la mención al presidente electo.
En la fase de preguntas a Sperisen los diputados le cuestionaron si la CICIG había abusado de sus derechos humanos; su abogado respondió que se violó su derecho al debido proceso. También le pidieron una copia de una carta donde la Organización de las Naciones Unidas le responde que la CICIG era un ente independiente de ese organismo. Otra de las preguntas fue si la CICIG cometió algún abuso de autoridad contra su familia. Sperisen respondió que no y que su familia salió de Guatemala cuando inició la persecución penal en su contra.
Una familia y la búsqueda de los aliados de la CICIG
En la última de las sesiones de la comisión anti-CICIG declaró Alejandra Moreno, viuda de Estuardo Valdés Paiz, quien fue acusado junto a su hermano, Francisco Valdés, de estar implicado en el caso Rosenberg. Estuardo falleció este año.
—Gracias a Dios la CICIG ya no existe, pero sí existen las personas que nos hicieron tanto daño. Mi lista de culpables es enorme, pero por mencionar algunos están los papás de CICIG, que nunca le pusieron límites a este hijo y crearon un monstruo. Los tres comisionados de la CICIG, Carlos Castresana, quien inició este circo, Francisco Dall’Anese Ruiz e Iván Velásquez, sus secuaces, Luis Fernando Orozco, Pedro Díaz (…), Juan Francisco Sandoval, Ruben Herrera, José Domingo Santos, Verónica Ponce, Rotmann Pérez, entre muchos otros. Todos los jueces que se volcaron a la CICIG, la gente que le dio el poder a la CICIG, los medios de comunicación que bailaron el son y también a los guatemaltecos que por el pánico que inculcó CICIG se callaron o se vendieron, dijo Alejandra Moreno.
En su intervención acusó a la comisión internacional de provocar que el cáncer de su esposo se acelerara por el estrés de ser parte de un proceso penal, ser acusado y enviado a prisión preventiva. También señaló a la Embajada de los Estados Unidos por negarle una visa humanitaria para que su pareja pudiera viajar a ese país a recibir tratamiento especializado.
A Moreno la acompañó su hija de 18 años, quien relató que tenía ocho cuando su papá fue detenido. Contó que sufrió traumas “que ningún niño puede superar” y que a partir de lo que sufrió su familia decidió dedicarse a buscar justicia.
Esta comisión comenzó a recibir a personas el pasado 3 de octubre. Los primeros en hablar fueron la viuda y la hermana de Jesús Oliva Leal, quien se quitó la vida dentro de la cárcel Mariscal Zavala. Él fue acusado dentro del caso IGSS-Pisa, un fraude que afectó a más de 530 pacientes renales, de los cuáles según documentó la PDH fallecieron más de 50.
Se presentó además Enrique Zimeri, padre de Andrés Zimeri, un joven que fue golpeado durante una riña en un partido de futbol entre el equipo de Zimeri y un equipo de guardaespaldas de la CICIG.
También se quejaron de la CICIG los hermanos de Kamilo Rivera, ex viceministro de Gobernación, prófugo de la justicia desde octubre de 2018, cuando fue señalado de ser parte de un escuadrón que ejecutó a privados de libertad de la cárcel El Infiernito, en 2005.
La comisión anti-CICIG lleva cinco sesiones y todavía espera recibir el testimonio de unas 40 personas más.
Nómada le preguntó a Juan Ramón Lau por qué desacatan la resolución de la CC que ordenó que suspendieran esas entrevistas. Esta fue su respuesta:
—Eso lo tendrían que resolver los jueces. Si la Corte de Constitucionalidad o algún juez lo considera, pues debería hacer lo que en Derecho corresponde. Nosotros estamos seguros que estamos actuando apegados a la Constitución, a las facultades que nos confiere la Ley Orgánica del Congreso y como diputados al Congreso.