Congreso de EE. UU. señala a Jimmy Morales de frenar la lucha contra la corrupción
Un informe preparado por el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. (CRS por sus siglas en inglés) resalta los “ataques” en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); los cuales, afirma, están liderados por el presidente Jimmy Morales debido a las acusaciones que esa misión hizo en contra de él y de su familia.
Por Andrea Orozco
El 21 de mayo se hizo público un informe presentado por el CRS en el que analiza las estrategias de EE. UU. para apoyar a los países aliados en la lucha contra la corrupción. El documento tiene un capítulo especial que analiza el caso de Guatemala y la Cicig.
Según el CRS, “
como los esfuerzos anticorrupción han tenido éxito y las investigaciones se han ampliado, los ataques contra la Cicig y el sistema judicial se han vuelto más intensos” y señala que el principal impulsor de dichos ataques es el actual mandatario guatemalteco.
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Desafortunadamente, la expulsión de Cicig de Guatemala por parte del gobierno pone en tela de juicio su compromiso de luchar contra la corrupción arraigada”, indica el texto.
En el documento se hace alusión a que Morales había dicho que en el 2019 pediría una nueva prórroga para el mandato de la Cicig; sin embargo, desde que él, su hermano, su hijo, y los miembros de su círculo íntimo se convirtieron en blancos de investigaciones, “
Morales ha tratado de debilitar y ahora expulsa a la Cicig” y una de las medidas que lo comprueban es que “
el presidente reemplazó a algunos de sus ministros y funcionarios reformistas que trabajaron en estrecha colaboración con la Cicig y la oficina del fiscal general, con aliados políticos más cercanos”.
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El análisis sobre la situación de Guatemala apunta a que
“muchos observadores están preocupados de que las acciones de Morales contra la Cicig” que serían un esfuerzo amplio para protegerse a sí mismo y a otros de la persecución, y porque sus acciones amenazan la “frágil” democracia de Guatemala.
De parte del CRS también hizo un análisis sobre la situación en la que se desarrollarán las elecciones este año.
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Algunos observadores también han expresado su preocupación de que reducir la actividad de la Cicig antes de las elecciones nacionales de junio podría facilitar el financiamiento continuo de políticos por parte de los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales en Guatemala”, apunta.
El papel del MP
Además de las acciones emprendidas por Morales, el informe del CRS indica que el Ministerio Público influyó en el estancamiento de la lucha contra la corrupción.
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La batalla para erradicar las redes criminales que han cooptado al estado guatemalteco se ha estancado casi desde el 24 de enero de 2019, cuando la actual Fiscal General canceló la protección policial para los comisionados o el personal de la Cicig en el país”, dice.
En el informe se indica también que, aunque algunas instituciones guatemaltecas han desarrollado una mayor capacidad gracias a su trabajo conjunto con la Cicig, muchas de ellas “siguen siendo vulnerables y algunas temen un retorno a la impunidad por el crimen organizado y la corrupción gubernamental”.
Impresiciones
En respuesta al documento emitido por el CRS, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, asegura que el análisis “en el caso de Guatemala tiene algunas imprecisiones en los señalamientos hacia el señor presidente”.
Sobre los cambios efectuados en el Ministerio de Gobernación, el funcionario asegura que “los indicadores en materia de seguridad se han fortalecido” y que en los procesos de retiro del antejuicio en contra del presidente “estos pasaron a manos del Congreso y fueron los diputados quienes decidieron sobre el camino legal y de ninguna manera se bloqueó el proceso”.
Respecto a la información sobre el impedimento a Velásquez para que ingrese al país, Brito asegura que “en ningún momento existió tal supuesto” y que “no ha habido ninguna movilización orgánica que sustente esa afirmación”.
“El señor presidente ha sido enfático al mencionar que la lucha contra la corrupción no es exclusiva de un organismo internacional o una institución en particular. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos los funcionarios públicos y las instituciones a las que representan, el presidente siempre ha promovido la honorabilidad y transparencia desde el Organismo Ejecutivo”, finaliza la respuesta.
El informe se elaboró con la justificación de que la corrupción que ejercen los funcionarios públicos de América Latina es una preocupación política prominente.
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En los últimos años, 11 presidentes y expresidentes de América Latina han sido expulsados de sus cargos, encarcelados o están bajo investigación por corrupción”, señala el informe, en donde se destaca que el Índice de Percepción de la Corrupción del 2018, elaborado por Transparencia Internacional, señala que la mayoría de los encuestados, en varios países, creen que la corrupción está aumentando.
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