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Raúl Falla pide formalmente desobedecer a la CC

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El abogado Raúl Falla, representante de la organización Guatemala Inmortal, solicitó públicamente al Congreso de la República que no acate el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena cesar el trámite de antejuicio contra tres magistrados de la CC ya que, según él, es ilegal. Expertos consultados consideran que estas declaraciones constituyen delitos como instigación a delinquir o apología del delito.

“Hoy, como Guatemala Inmortal, estamos aquí con el objeto de decirle a los diputados del Congreso de la República y a los que conforman la Comisión Pesquisidora que esa resolución emitida es ilegal e ilegítima, antiética también, y que deben promover todas las acciones jurídicas administrativas necesarias para no acatarla porque está fundada en prevaricato flagrante”, dijo Falla ante los medios de comunicación.

El abogado dijo que está de acuerdo con que nadie puede ser perseguido penalmente por sus opiniones, pero aseguró que los magistrados sí son responsables por los fallos “ilegales” que emiten.

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EXPERTOS

Javier Monterroso, magíster en derecho constitucional y exsecretario general del MP, considera que las declaraciones de Falla en el Congreso constituyen una instigación a delinquir.

“El artículo 394 establece la instigación a delinquir como un delito perseguible de oficio por el Ministerio Público, entonces esta conducta que él (Falla) está realizando encuadra perfectamente en el tipo penal. Decirle a un órgano del Estado que no acate una resolución que emana por un órgano judicial es decirle al Congreso que cometa el delito de desobediencia”, dijo Monterroso.

Oswaldo Samayoa, profesor e investigador en derechos humanos, afirma que debería haber una exhortación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a los profesionales del derecho a no hacer declaraciones que atenten contra resoluciones judiciales.

“Esto (las declaraciones de Falla) va en contra del Juramento profesional, hemos jurado profesionalmente cumplir con el derecho y acatar las resoluciones judiciales”, dijo.

Samayoa considera que las declaraciones del representante de Guatemala Inmortal encuadran en el delito de apología del delito, que consiste en la acción de justificar o hacer parecer que acciones prohibidas por la ley son válidas, explicó.

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Pesquisidora de Magistrados continuará trabajo hasta no ser notificada


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El primer vocal de la Pesquisidora, Raúl Romero, afirmó que los integrantes de la Pesquisidora no han recibido la notificación de parte de la CC, por lo que la primera reunión que se tiene programada para este martes sigue en pie.

Esta mañana los comunicadores de la CC y del Congreso informaron que el Legislativo fue notificado de dicha resolución que ampara a los tres togados. “Esta fue recibida por medio del departamento jurídico”, indicó Comunicación Social del Congreso.

Respecto a esta situación, el congresista Romero indicó que no se pueden basar en supuestos sino hasta tener los documentos en mano, pues de lo contrario se estaría violando la Ley en Materia de Antejuicio que establece las funciones de la Pesquisidora.

“Mientras la Comisión Pesquisidora no sea notificada oficialmente y no se cuente con la copia de la resolución de la CC nosotros seguiremos con lo establecido”, agregó Romero.

Por su parte, el presidente de la Pesquisidora, el diputado José Hernández, dijo que no emitiría opinión al respecto hasta no recibir la notificación de la CC.

El personal del despacho de Hernández indicó que no han recibido la notificación y que “ya se había solicitado al departamento jurídico”, pero que aún no tenían respuesta.

El primer vocal de la Pesquisidora explicó que al recibir la notificación se suspenderían las actuaciones, pero no se cancelarían por completo. “Recordemos que el amparo que emitió ayer es provisional, no es definitivo, por lo tanto solo se suspendería el trabajo”, dijo.

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Urgen a la CC hacer valer sus resoluciones

Por Eder Juárez
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Ante la desobediencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Gobierno, luego de haber retirado a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un abogado constitucionalista y el PDH instan los magistrados de la CC a hacer valer sus resoluciones. El PDH Jordán Rodas presentó una solicitud de debida ejecutoria para pedir la destitución inmediata de las autoridades por la reiterada desobediencia.

El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, indicó que en este momento ya es necesaria la aplicación de la Ley, pero también hay una discrecionalidad de la CC, la Ley faculta al Tribunal para que desde ya pueda promover acciones encaminadas a hacer valer sus órdenes, “medidas que además incluyen la posibilidad de destituir a los ministros resistentes a sus órdenes”.

Orellana dijo que si no logran hacer valer sus órdenes cabría la responsabilidad a los magistrados porque de lo contrario el Tribunal quedará en una posición en que queda fortalecido pero tampoco quiere usar el poder que le inviste la Ley.

Según el jurista, la Ley establece emitir lo conducente por la desobediencia, “la naturaleza del caso se está agravando porque da la impresión que todas estas maniobras contra la CICIG, tienden a poner de manifiesto ese reto a su autoridad, una especie de decir, a ver si tienen los arrestos para hacer lo que la Ley manda”.

“No hay motivos por los que la Corte pueda atrasar estas decisiones”, aseguró el constitucionalista.

PRESENTA DEBIDA EJECUTORIA

Por su lado el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, dijo que es preocupante la resistencia de no acatar las órdenes de la CC, por lo que se vio en la necesidad de presentar una solicitud de debida ejecución por el amparo provisional otorgado, que dejó en suspenso la decisión del Gobierno de dar por terminado el Acuerdo con la CICIG.

El PDH solicitó la destitución inmediata de las autoridades por la reiterada desobediencia a las resoluciones de la CC. El Magistrado de Conciencia dijo que espera que cada entidad actúe bajo el mandato de su competencia, la CC por su lado y el Ministerio Público, ante dicha solicitud.

De acuerdo con la solicitud planteada por el PDH, el recurso es interpuesto ya que “no se observa voluntad de la autoridad impugnada para cumplir con lo ordenado e incluso se ha notificado la orden de retirar al personal policial y recurso logístico propiedad de la PNC actualmente de servicio en las instalaciones de la sede de la CICIG”.

Asimismo se señala que “es evidente que se continúe ejecutando actos encaminados a demostrar que la decisión unilateral de dar por finalizado el Acuerdo de la CICIG, surte efectos, como la orden de retirar al personal policial y recurso logístico, lo cual incumple por completo la resolución de la CC, respecto a que tal decisión se encuentra en suspenso”.