Al menos se hubieran puesto de acuerdo
Francisco Cáceres Barrios
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El Jefe de la SAT en la mañana del martes 12 de septiembre de 2017 declaró a la prensa: “El tema del ISR debería darnos vergüenza como país, en un país donde tenemos tanta pobreza y pobreza extrema y que seguimos sin aportar lo que como individuos debiéramos”, para referirse a su propósito de revisar, que en buen chapín significa aumentar, el Impuesto sobre la Renta que se cobra a los asalariados y al sector de profesionales liberales. No voy a entrar a discutir si esto es correcto y conveniente, porque no es el momento oportuno para hacerlo, pero ¿los amables lectores no estarán de acuerdo conmigo en que no pudo ser más inoportuno este comentario, cuando esa misma mañana la población se enteraba y el mismo Ministro de la Defensa lo confirmaba, que el primer mandatario recibía un “bono por responsabilidad”, totalmente incomprensible para los contribuyentes, desde diciembre del 2016 por el monto de Q50 mil mensuales, lo que venía a engordar todavía más una remuneración considerada como una de las más altas para un presidente latinoamericano?
Esto sí que debiera provocar vergüenza entre las autoridades del país, pues mientras un funcionario plantea, suponiendo que fuera por escasez de recursos la necesidad de incrementar impuestos, por otro lado se demuestra que esto último no es cierto y que no solo sería más prudente implementar otro tipo de medidas como por ejemplo, combatir eficazmente el contrabando o bien reducir cuantiosos gastos que a todos nos consta son innecesarios y totalmente fuera de parámetros comparados con la situación difícil por la que sigue atravesando la mayoría de nuestra población.
Pero volviendo al punto de la contradicción ¿alguien cree correcto y prudente que un alto jefe militar por sus pistolas y sin argumentos válidos suficientes disponga emitir un acuerdo ministerial (10-2016) en el mes de enero de ese año), calladita la boca por supuesto, argumentando que el “alto mando” está sometido por sus decisiones a riesgos y dificultades legales administrativas y por ello, sin ningún miramiento disponga presupuestariamente del monto de más de Q471 millones, con el agravante que la proyección para el otro año debiera ser aprobada por el Congreso?
Si nos vamos al campo legal de la desacertada medida bien podríamos decir que está enmarcada dentro del mismo, sin embargo, ¿eso es ética y moralmente valedero y suficiente para que el más alto funcionario del gobierno acepte recibir cada mes un cheque por el monto de Q50 mil y tranquilamente se lo embolse cuando al principio de su mandato hasta había anunciado a la población sus deseos por donar parte de sus remuneraciones, reconociendo con ello tantas necesidades urgentes de la misma?