Despilfarro a lo grande
Por: Editorial
Según informaciones de prensa, el año pasado el Congreso gastó Q23 millones en comida para los diputados, aunque estaba presupuestado que el desembolso por alimentación fuera de hasta Q31 millones.
Ha trascendido, asimismo, que muchos congresistas desayunan, almuerzan, refaccionan y cenan a costa del erario, lo que refuerza la percepción ciudadana de que el despilfarro en el Congreso, cuyo presupuesto es de Q792 millones para este año, es mayúsculo. Además de alimentación para los congresistas, estos se recetan viajes, viáticos, gastos de representación, vehículos, pilotos, gasolina, guardaespaldas, licor, ropa, seguros, etcétera. Por supuesto, también está incluida la francachela, las plazas fantasmas y los extravíos de fondos. En cuanto a esto último recordamos que, en 2008, el Congreso perdió Q82.8 millones en una financiadora, que jamás se recuperaron.
Por otro lado, el Congreso se mantiene en el ojo del huracán debido al exorbitantemente oneroso Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, por virtud del cual los trabajadores gozan de remuneraciones y beneficios por encima de lo asignado a los otros trabajadores del Estado.
Sin embargo, no solamente en el Congreso se despilfarra a lo grande. Ha trascendido que en todos los Ministerios, Secretarías de la Presidencia, entidades descentralizadas y autónomas, municipalidades y altas Cortes el gasto en alimentación, ropa, viajes, viáticos, gastos de representación, vehículos, pilotos, gasolina, guardaespaldas, licor, ropa, seguros, gastos médicos, etcétera, es gigantesco.
En todo caso, la prensa independiente debería, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitar a todas las entidades del Estado (organismos, ministerios, municipalidades, secretarías de la Presidencia, entidades descentralizadas y autónomas, gobernaciones y demás) informes detallados de todos estos gastos superfluos y discrecionales.
Por supuesto, ahora que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha autorizado que las asignaciones presupuestarias de las municipalidades, la Usac, la Confede, el Tribunal Supremo Electoral, entre otras, podrán gastar Q7.2 millardos adicionales cada año, el despilfarro aumentará geométricamente, en detrimento de las finanzas públicas, que los contribuyentes tienen que mantener, a través de impuestos cada día más elevados, aunque la situación económica del país esté en trapos de cucaracha.
Por cierto, los militantes tributarios, ante el gasto adicional obligado de Q7.2 millardos adicionales, ya se están frotando las manos y están elucubrando en torno a aumentar el endeudamiento público a 30 por ciento del PIB y elevar la tasa del IVA de 12 a 17 por ciento y la retención de ISR de 7 a 12 por ciento. Sin duda, esto no lo debemos permitir. La exigencia debe ser austeridad y contención del gasto público.