[camaleon]

En serio muchá, esta situación ya es preocupante, todo está confabulando para que el avance en la lucha contra la corrupción tenga un retroceso, o regrese a los tiempos de OPM

lean esta opinión de el ex-intendente de la SAT, para mi alguien que merece mucho respeto...

La venganza de Consuelo
Opinión
Autor: Juan Francisco Solórzano Foppa
Opinión
Cuando el viernes obligó a renunciar a los jefes de las fiscalías regionales, la fiscal general, Consuelo Porras, ejecutó un plan maestro que le permitiría matar tres pájaros de un tiro.

1) Tomar el control de todas las fiscalías, 2) vengar el honor de su esposo, el fiscal de carrera Gilberto de Jesús Porres de Paz, y 3) pagar a antiguos proveedores del Ministerio Público dos deudas que juntas sobrepasan los Q100 millones. Las deudas son de hace por lo menos 15 años, y cinco fiscales generales, si no es que más, se han negado a pagarlas por considerarlas ilegales.

El viernes, en horas de la noche, varios periodistas reportaron en redes sociales que había «renuncias» grupales de los fiscales regionales del Ministerio Público y también de la coordinadora nacional. Rápidamente la Fiscalía General emitió un comunicado indicando que por razones personales dejaban el MP las licenciadas Aura Teresa Colindres Román y Míriam Maribel Ambrosio Tocay. La primera era coordinadora nacional y la segunda fiscal regional central. El comunicado señalaba también que cinco de los fiscales regionales habían solicitado que se los regresara a su puesto anterior. Poco después, Colindres Román puso a circular por Whatsapp su versión:

«En demérito del trabajo fiscal y sobreponiendo intereses sectarios, la actual administración, en contra de lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, interrumpió el crecimiento exponencial en calidad investigativa y resolución de casos, que paulatinamente desencadenó en la decisión que en forma obligada tomé».

Inmediatamente, varios medios de comunicación reportaron que tales «renuncias y traslados voluntarios» habían sido en realidad forzados por Porras y su equipo de trabajo (el secretario general y el asesor Juan Carlos Corona) en un descabezamiento sin precedentes de la máxima cúpula de los fiscales de carrera del Ministerio Público. El diario Soy502 describió cómo se dieron supuestamente las renuncias. Si el relato es cierto, estos hechos constituyen por lo menos dos delitos: detención ilegal y coacción.

Para analizar esta situación hay que poner en contexto qué empleados fueron los que renunciaron o se trasladaron voluntariamente.

En 2016 el Congreso modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público: eliminó el concejo (órgano en el que estuvo el esposo de Porras), que era un contrapeso al fiscal general en algunas decisiones, y creó dos nuevas categorías de fiscales (coordinador nacional y fiscales regionales, que serían los jefes de los fiscales ya existentes). De ahí la importancia de los puestos de los fiscales obligados a renunciar a sus nombramientos.

También en 2016 el MP hizo convocatorias públicas para que cualquier persona interesada y que cumpliera los requisitos pudiera participar. En 2017 los fiscales se sometieron al proceso interno para optar a dichos puestos. Fueron seleccionados quienes el viernes pasado presentaron su renuncia bajo coacción. Vale señalar que uno de los aspirantes al cargo fue el fiscal Gustavo de Jesús Porres, esposo de la actual fiscal general, quien no fue tenido en cuenta por no haberse examinado cuando le correspondía.

Lo que no se ha reportado es que también obligaron a renunciar a la jefa administrativa y a la jefa de Jurídico del MP.

Derivado del nombramiento de Estuardo Campo como fiscal regional metropolitano, Porres, agente fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, asumió de forma interina la jefatura de dicha oficina a finales de 2017 y mantuvo dicho puesto hasta finales de abril de 2018, aproximadamente. En ese momento ya se sabía que la actual fiscal general estaba dentro de los seis candidatos al cargo. Thelma Aldana, en aquel entonces jefa del MP, decidió (por motivos que desconozco) nombrar a otra fiscal como titular de la Fiscalía contra la Corrupción, de manera que devolvió al fiscal Porras a su antiguo puesto. Esto, obviamente, no les gustó ni a Porres ni a Porras.

Una de las primeras órdenes de Porras en el MP fue la de revisar la convocatoria para fiscales regionales y coordinador nacional. Me consta porque apenas una semana después me llamaron de la Unidad de Capacitación del MP para pedirme mi CV, pues yo les impartí una charla a los aspirantes a fiscal regional. Pregunté a qué se debía dicha solicitud y recibí como respuesta que desde el despacho superior se estaba revisando todo el proceso y se quería ver la idoneidad de quienes impartieron las clases y charlas. La infame encerrona del viernes fue el desenlace final de esta «revisión del proceso de convocatoria». En ella, a los fiscales se les dijo que había sido ilegal, pero no se les mostró por qué.

Lo que no se ha reportado (o muy pocos lo han hecho) es que también obligaron a renunciar a la jefa administrativa y a la jefa de Jurídico del MP. Esto es de suma importancia y ya lo denunció una de las afectadas ante la Inspección General de Trabajo. Ambas funcionarias querían defender al MP de las acciones legales de Copreca y de una entidad que está cobrando deuda de Tres Torres. Demandan el pago de cantidades superiores a los 100 millones de quetzales. No obstante, las autoridades actuales, al mejor estilo de Tono Coro en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, les pidieron que no actuaran. Ante la falta de oposición, un juez emitiría la orden de pago, que el MP debería acatar.

Según la nota de Soy502, la persona que mantuvo encerrados a los fiscales hasta que estos presentaran sus renuncias fue Juan Carlos Corona López, asesor de la fiscal general y exasesor de Vladimir Aguilar, procurador general de la nación en tiempos de Otto Pérez y quien avaló el corrupto contrato de TCQ para operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

En conclusión, los actos del viernes 12 de octubre de 2018 buscaban tres objetivos claros.

El primero, tomar el control de las fiscalías regionales para así tomar también el de todas las fiscalías del país cuyos jefes deben reportar a los fiscales regionales. Este control les permitiría blindarse ante cualquier denuncia posterior en contra de ellos mismos y sacar a funcionarios que ellos consideraban leales a la administración anterior.

Segundo, con esto crearon una cortina de humo que les permitía sacar del MP a funcionarios administrativos que se interpusieron en sus planes de pagar deudas atrasadas que han sido consideradas ilegales por los antiguos fiscales generales. Vale destacar que en el pasado ha habido varias denuncias públicas en las cuales se ha indicado que por el pago de dichas deudas se ofrecían grandes comisiones de dinero de forma corrupta, como ha sido la práctica en ministerios o dependencias del Estado en el pasado, incluyendo el referido contrato de TCQ.

Tercero, con estas renuncias se deberá repetir el proceso de convocatoria de fiscales regionales, en el cual Porres, esposo de la actual fiscal general, podrá tener la oportunidad que no tuvo de ser nombrado en dicho puesto con la administración pasada, o bien se podrá nombrar a fiscales afines a él y que supuestamente serán leales a la actual administración.

Así se completa la venganza de Consuelo.

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