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Orellana: Asociación de Dignatarios de la Nación abusa del poder a favor de sí mismos

Por Eder Juárez
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De acuerdo con el constitucionalista Gabriel Orellana, la Asociación de Dignatarios de la Nación es una aberración jurídica, porque la Constituyente tiene una función única y exclusiva que es dictar una nueva Constitución, “Simón Bolívar dijo que la Constituyente era como un relámpago, brillaba en el cielo y se extinguía; dictó la Constitución y ahí se destruyó”, concluyó.

“Ellos mismos contradicen lo que dijeron en la Constitución, ellos la violan al momento de que se autonombran Dignatarios de la Nación, y adicionalmente al hacer eso abusan del poder a favor de sí mismos, sino que además establecen un privilegio de ellos mismos, ellos solo fueron electos para una cuestión y tenían un mandato concreto y puntual”, puntualizó, en referencia a las acciones de los representantes de la Asociación, quienes denunciaron a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad y aceptaron públicamente que habían recibido pagos del Congreso de la República.

Orellana explicó que esto es debido al principio jurídico que dice que nadie puede ser juez en causa propia, “este principio tiene otra manifestación en la que establece que nadie puede utilizar el poder en favor de sí mismos, de tal manera que dicha Asociación no debería de existir”, añadió.

Dignatarios toman nota de renuncia de exconstituyentes

La Junta Directiva de la Asociación de Dignatarios de la Nación envió una carta a La Hora, de aclaración al comunicado de diez integrantes de la organización que renunciaron a seguir siendo miembros. En la misiva dicen que toman nota y registro de la renuncia de los asociados.

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Exdiplomáticos piden a la CC dar con lugar amparo al PDH

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Los exdiplomáticos Luis Alfonso Cabrera, Fernando Carrera, Édgar Gutiérrez, Gabriel Orellana, Ariel Rivera y Francisco Villagrán de León presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) un amicus curiae en el cual dan sus puntos de vista sobre el amparo que planteó el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en contra del Presidente de la República por la disposición de dar por terminado el Acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y piden que el mismo sea declarado con lugar.

Los exdiplomáticos indican en el escrito, citando al estadista británico Henry Campbell, que el amicus curiae consiste en una “intervención amistosa” ante la corte para recordarle “puntos de derecho” que han escapado de su conocimiento y que pudiera ponerla en riesgo de cometer un error.

En ese sentido, una de las primeras aclaraciones que hacen los expertos en política internacional es que “la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país no le confieren al Presidente de la República un poder absoluto”, sino su actuación debe sujetarse a los principios constitucionales.

Para sustentar lo anterior, los exdiplomáticos comentan que el control de las relaciones internacionales tienen un “importante antecedente” y hacen referencia a una sentencia que dictó la CC el 25 de noviembre de 2009 en la que declaró con lugar un amparo a las Cámaras de Industria y de Comercio contra el Presidente de la República por haber ordenado el cierre de las fronteras con Honduras.

“Al haberlo acogido (el amparo de las Cámaras) la Corte de Constitucionalidad sustentó nuestra misma tesis (…)”, indican.

Los exdiplomáticos afirman a la CC que el acuerdo presidencial 2-2019, por medio del cual el Gobierno dio por terminado unilateralmente con las Naciones Unidas el acuerdo de creación de la CICIG es nulo porque “disminuye, restringe y tergiversa derechos que la Constitución garantiza”.

Aseguran que la República de Guatemala no está facultada para denunciarlo unilateralmente ya que fue el mismo presidente Jimmy Morales quien, conforme lo establecido en la Constitución, lo prorrogó hasta el 3 de septiembre de 2019.

Asimismo, comentan que, si bien la Constitución establece que corresponde al presidente dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, es importante considerar que debe “ajustar su actuación al principio de legalidad”.

EXPERTOS

Todos los exdiplomáticos que firmaron este amicus curiae han desempeñado cargos de ministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Relaciones Exteriores o embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guatemala.