Peaje sin carreteras
Prácticamente, todos los proyectos debían pagar el respectivo soborno, con el efecto de tener obras sobrevaloradas y de mala calidad.
— Manfredo Marroquín
El peaje de la corrupción nos dejó sin carreteras. Nunca antes la movilidad de un lugar a otro dentro del territorio nacional había sido tan lenta y peligrosa al mismo tiempo. Fue tan solo la semana recién pasada que se anunció la liberación del tramo carretero Escuintla-Tecún Umán para que pueda ser reparado, luego que el Ministerio Público terminara con la recolección de evidencias necesarias para elaborar un caso sólido de persecución penal.
Es este proyecto el que dejó inconcluso la empresa brasileña Odebrecht con el consiguiente saldo de millonarias pérdidas que van desde el pago de la mordida estimada en US$18 millones, un tramo carretero a medias con apenas un 30 por ciento de avance de lo acordado originalmente, pero pagado en su mayoría, y decenas de personas que han muerto en accidentes de tránsito por el mal estado de la vía. No siendo suficiente con lo anterior,
ahora toca nuevamente cargar al erario público con la reconstrucción y construcción de esta carretera a lo cual hay que sumar las millonarias pérdidas ocasionadas por la lenta movilidad de mercancías y personas.
El ministerio de Comunicaciones ha anunciado el inicio de los trabajos de reparación de un proyecto que debería haber entregado una autopista nueva de dos carriles en ambas direcciones.
El peaje de la corrupción no tenía caseta solo en el citado proyecto. Prácticamente, todos los proyectos debían pagar el respectivo soborno, con el efecto de tener obras sobrevaloradas y de mala calidad. La posición del ministro de la cartera de Comunicaciones, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, era concedida al albacea del gobierno de turno que además de “salpicar” a sus superiores se convertía automáticamente en hombre fuerte para la candidatura presidencial, como era el plan del exministro Sinibaldi durante el gobierno patriota.
En dicha cartera nació la mal recordada deuda de arrastre que gobierno a gobierno se fue acumulando producto de comprometer proyectos que iban más allá de las capacidades financieras de esa cartera, situación abiertamente ilegal pero que abrió otra caseta de cobro de soborno donde solo se cancelaban los proyectos que daban el respectivo peaje.
Aunque el caso Odebrecht fue tan solo un proyecto más de este esquema de pago de peaje de corrupción, la investigación en curso sobre los montos defraudados y los actores involucrados es la primera que podría tener alcances de gran impacto para develar el ‘modus operandi’ de cooptación que involucró a redes económico-políticas en un esquema de defraudación y enriquecimiento ilícito que dejo al país con un promedio de movilidad por debajo del que existía a principios del siglo XX cuando el transporte se hacía en mulas y a caballo.
A diferencia de otros países,
en Guatemala no se aceptaron los términos de colaboración de la empresa Odebrecht para brindar información de cómo operó los sobornos para obtener los contratos, nacidos en el propio Congreso donde se aprobaron los préstamos para el desarrollo de dichas obras, sin que mediara licitación pública para su otorgamiento.
Dicha colaboración fue ofrecida a cambio de renunciar a la persecución penal de la empresa brasileña y sus funcionarios, es decir de garantizar la impunidad de sus actos. Si las investigaciones y pesquisas desarrolladas tanto por CICIG como por el MP arrojan evidencias sólidas,
Guatemala sería el primer país fuera de Brasil de procesar tanto a funcionarios corruptos nacionales, pero también a personeros de la misma empresa Odebrecht.
En otros países de la región donde la empresa brasilera aún tiene contratos vigentes, aceptaron los términos de colaboración y de esa cuenta se facilitaron las pesquisas para perseguir a funcionarios locales y renunciar a cambio, la persecución de los corruptores. En Perú, por ejemplo, ya son tres los expresidentes que están bajo la lupa judicial luego del arreglo acordado. En Guatemala,
los resultados de las investigaciones más allá de las sanciones a los responsables, debe conducir a cerrar las casetas de pago de peaje que por concepto de corrupción se cobraron durante las últimas décadas, y cuyas consecuencias sufrimos todos con el mal estado de toda la infraestructura a nivel nacional.