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Respuesta: Jimmy Morales pediría a ONU salida de Iván Velásquez de la Cicig
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Fallos de CC deben acatarse, dicen exmagistrados y constitucionalistas
La CC es el tribunal superior del país y la última instancia para resolver los conflictos de tipo jurídico y político, afirman expertos
Por LUIS FRANCISCO MAURICIO MARTINEZ
El exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Carlos Luna Villacorta, aseguró que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque sean contrarias a los intereses de determinados grupos deben acatarse. “De eso no cabe ninguna duda” expresó.
El también exmagistrado de la CC Jorge García Laguardia afirmó que el presidente de la República Jimmy Morales debe acatar lo que resolvió el alto tribunal y que en caso no cumpla se debe certificar lo conducente para que sea destituido, “porque se está colocando en una posición fuera de Derecho”.
Según García Laguardia, en la Constitución Política de la República promulgada en 1985 “se estableció que la CC es el tribunal superior del país y la última instancia para resolver todos los conflictos de tipo jurídico y político, de manera que tiene total autoridad para dictar todas sus resoluciones”.
Laguardia considera que en la actualidad un movimiento conservador de extrema derecha busca destruir las tres mejores instituciones del país como lo son la CC, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos que fueron creadas por la nueva Constitución de 1985, la cual “modernizó el entramado político del país”.
El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) Ovidio Parra afirmó que la CC es el ente encargado de interpretar la Constitución Política. “ Lo que emane de ella, aunque algunos no estén de acuerdo, lo deben respetar para que prevalezca el Estado de Derecho”.
Según Parra, la CC ha actuado de manera correcta y con razón en la actual coyuntura que vive el país. “Una vez constituida como tal, los fallos que emita deben respetarse, para no romper el Estado de Derecho”.
Tienen techos de cristal
El constituyente Carlos Molina Mencos consideró que Morales, la Cicig y la CC tienen un techo de cristal muy delgado porque han cometido errores evidentes y que, además, están anteponiendo su ego ante la situación que vive el país. “Los tres tienen un poco de razón y también de no razón, y nadie quiere ceder”.
“ Creo que la Cicig hizo un buen trabajo en términos generales, pero empezó a excederse en sus funciones. La CC ha cometido errores que nadie puede negar y el Presidente ha sido intransigente. Ha habido una tragedia de errores por desconocimiento absoluto o porque no les interesa la administración correcta de la Ley, a ninguna de las partes”, comentó Molina Mencos.
El constituyente considera que para que Guatemala salga de la actual crisis se necesita que los tres sean tolerantes y cedan. “ Yo propondría que regrese la Cicig y que se negocie un nuevo Comisionado, sobre la base que ese ha sido el problema”.
CC se ha excedido
El exmagistrado de la CC, José Quezada, consideró que el problema actual se deriva porque el máximo tribunal constitucional se ha excedido en conocer y resolver los amparos en favor de la Cicig, cuando no tiene competencia, porque los convenios y tratados deben ser resueltos por cortes internacionales, no por instituciones locales.
De acuerdo con Quezada, la CC no es una corte internacional que pueda hacer cumplir sus fallos a entidades internacionales, entonces seguir sometiendo el tema ante ella es una necedad. Lo que debió hacerse fue seguir insistiendo en el diálogo y en la conciliación plena.
En cuanto a la jurisdicción de la CC, Quesada asegura, que en materia constitucionalidad la CC es el máximo tribunal, pero, a pesar de ello, no puede pasar por las facultades del Presidente de la República, ni puede limitarlas porque viola Constitución.
En relación con una posible salida a la crisis, el exmagistrado de la CC dice que eso ya ocurrió cuando los funcionarios de la Cicig se marcharon de Guatemala atendiendo a lo decidido por el Presidente de dar por terminado, unilateralmente, el Convenio de creación de la Cicig.
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La preeminencia del estado de Derecho
Por Brenda Sanchinelli Izeppi
La decisión del presidente Morales de poner fin al acuerdo de la Cicig de manera anticipada y unilateral ha afectado dramáticamente la imagen de Guatemala ante el resto de las naciones. Es evidente que actitudes como esta también han incidido en el estancamiento económico del país, desincentivando la inversión extranjera por la falta de certeza jurídica e inestabilidad política, la situación que ha venido en escalada desde hace cinco meses, cuando el presidente declaró no grato al comisionado Velásquez.
Esta última acción de Morales no solo destruye completamente su imagen ante el mundo y sus conciudadanos, sino que también evidenció que antepuso sus intereses personales al bienestar de nuestra lastimada patria.
Entre aciertos y errores, el pecado de la Cicig como institución fue haber desvelado el terrible problema de la corrupción enraizada a todos los niveles, hecho que se hizo imperdonable para las estructuras más poderosas del país, que hoy están claramente identificadas. Toda esta situación ha ido erosionando el estado de Derecho, las acciones arbitrarias e irracionales que ha tomado el mandatario han minado su credibilidad y la de su Gabinete.
El problema es que se está jugando con una relativa estabilidad política que por décadas había costado obtener, y por la terquedad de unos pocos que están manipulando este escenario podría perderse todo lo ganado, a costa de sangre y lágrimas. Al final seremos la mayoría de la población los que tendremos que pagar un precio muy alto para satisfacer la ambición de este grupo sin escrúpulos.
Con la Cicig o sin ella, en Guatemala debe prevalecer el imperio de la ley y el estado de Derecho, y no es justo que por el empecinamiento del presidente, respaldado por sectores poderosos que se benefician de la impunidad o han sido investigados por la Cicig, se pretenda destruir nuestra república democrática, para convertirla en un paraíso de ilegalidad, donde los únicos beneficiados son ellos.
En la actual coyuntura ya sale sobrando cuestionar si permanecerá la Cicig en el país o si Velásquez es no grato, también ya es muy tarde y desgastante discutir quién está a favor o en contra de la Comisión, el punto ahora debe ser sopesar las serias consecuencias que desatarán las acciones sin precedentes que está ejecutando el presidente Morales y enfocarse en resguardar la institucionalidad que está seriamente amenazada.
La pregunta es: ¿Quiénes se benefician de esta crisis, anarquía, y desorden político y jurídico? Los mismos de siempre, quienes han manejado este país desde hace más de 50 años y para ellos, a mayor caos más oportunidades. Mientras tanto, las escuelas con escritorios rotos, sin baños, techos con goteras. Los hospitales en pésimo estado, sin equipo ni medicamentos. Las carreteras y la infraestructura destruida, sin alumbrado eléctrico. Las cárceles cooptadas por maras y narcos. Esa es la realidad del país y el presidente, en lugar de haber trabajado por su nación, dedicó toda su gestión y energía para sacar a la Cicig del país, paradójicamente, habiendo sido él mismo quien antes elogiaba a Velásquez y firmó la prórroga de la Cicig hasta septiembre del 2019.
Por ahora, la Organización de las Naciones Unidas ya anunció que la Cicig continuará con su labor a pesar de la salida forzosa del país de su personal. Además, será Velásquez quien diseñará la manera de ejecutar esta nueva etapa de la Comisión hasta que finalice el acuerdo en septiembre.
La situación que atraviesa el país no debe tomarse como un show de lucha de poderes entre derecha o izquierda, entre honestos y corruptos; aquí se está jugando el destino de nuestra nación, donde sin duda debe prevalecer el estado de Derecho.
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Frase corta, no meditada, causa nuevas divisiones
Por Mario Antonio Sandoval
Si algo no necesita Guatemala son nuevas divisiones. Ya hay demasiadas. Por eso, cualquier frase o actitud cuyo efecto sea partir en más pedazos al país debe ser rechazada. El apoyo público a una acción equivocada, cuando lo hace la dirigencia de una entidad, causa divisiones entre los integrantes. Esto viene al caso pues el presidente Jimmy Morales afirmó estar en contra de la Cicig porque esta se extralimitó en sus funciones al luchar contra la corrupción, en vez de dedicarse solamente a perseguir a los aparatos clandestinos de seguridad. Esto solo se puede interpretar como un apoyo a quienes están acusados, como lo comprobó la solicitud de borrar los casos al día siguiente por los abogados defensores, ante la ausencia de los representantes de la Cicig.
Por ello es evidentemente increíble la promesa de asegurar la continuidad de los casos a este respecto porque es una burla. Todo esto se completó con la decisión de una sumisa Corte Suprema de Justicia para colocar en el cadalso político del Congreso a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por haberse atrevido —según el mandatario— a dejar sin efecto jurídico el capricho de terminar antes de tiempo el período de la Cicig y con ello contravenir lo pactado hace años. Esto sume al país en un período de mayor incertidumbre, porque lo actuado parece más bien una acción propia de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega, y deja en lo inverosímil el apoyo guatemalteco a la acción de la Organización de Estados Americanos contra la dictadura en Nicaragua.
A causa de la vertiginosidad de las acciones gubernativas, es arriesgadísimo dar apoyos institucionales. El sector privado organizado se apresuró a apoyar, y al hacerlo causó una división interna entre sus miembros, no unidos en acuerpar acciones ilegales cuyo efecto pone al país en riesgo, a causa de las seguras reacciones de grupos foráneos con influencia y poder, como el Congreso estadounidense. Evidentemente, esa unidad no existe porque las instituciones aglutinadoras del sector privado unen a facciones con intereses muchas veces contradictorios, además de diferencias personales entre sus integrantes, por cualquier motivo. Por aparte, el sector privado ha sido siempre una de las víctimas de la corrupción, no solamente un propiciador.
Pero la nueva división tiene otras áreas. En lo religioso, tan importante para el mandatario por su muy consciente cercanía a los criterios teocráticos, hay quienes lo apoyan políticamente pero por motivos religiosos rechazan la decisión hoy comentada. Igual ocurre con los ciudadanos para quienes la religión y la política, pero especialmente la politiquería, son harinas de costales muy distintos. Por otra parte, en el campo internacional, la explicación presidencial es injustificable y defenderla debe causar rubor a los diplomáticos, incluso a quienes le sugirieron actuar así, junto con los demás miembros del grupo colocado detrás del telón. Y así, la lista de consecuencias impredecibles va a incrementarse.
El análisis jurídico de las palabras de Morales parece ser inútil porque no se ve intención de acatar las leyes, aunque eso signifique una virtual dictadura, solo imposible de ver para quienes no desean hacerlo. En ese caso, los valladares legales de cualquier tipo tienen poca fuerza. Es sencillo: si la ley no le permite cumplir un capricho o una barbaridad, la derrumba gracias a la actuación de gente venal en instituciones convertidas en carpas de circo, porque de esa forma cumple con la ilusión de “hacer lo correcto, lo legal”. Todo se empeora por ser año electoral, porque la proliferación de pseudo-mini “partidos” oculta la verdadera motivación de beneficiar a grupos donde se esconden nuevos viejos personajes oscuros para seguir la destrucción del país.
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Toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas… Desde los tiempos de las cavernas nada ha cambiado y nada cambiará, porque siempre se impondrá el más artero, el más astuto y a menudo, el más corrupto. Y según la condición del pueblo, llevará el vestido de la dictadura o la democracia. Pero el hombre será siempre esclavo, aunque tenga la ilusión de ser libre… Un día resurgirá el hombre libre pero el pueblo lo será siempre.
Última edición por chronos; 11-Jan-2019 a las 20:10
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