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Iniciado por La Hora

Denunciantes de magistrados de la CC reciben dinero del Congreso

La Asociación de Dignatarios de la Nación, un grupo de constituyentes de 1985, confirmó hoy que recibe aportes económicos de parte del Congreso de la República por medio de la contratación de tres personas por Q44 mil y el pago de sus oficinas.

Además, confirmaron que realizarán un convenio con el Congreso, aunque La Hora conoció que por este convenio ya se realizó una transferencia de Q600 mil según consta en el punto 20 del acta de la Comisión Permanente del Congreso, del 5 de diciembre de 2018.

Siete días después, esa Asociación denunció a los magistrados de la CC en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer tramitó el antejuicio que ahora conocerá el Congreso.

Guillermo Pellecer, presidente de la Asociación, dijo que el Congreso los “apoya totalmente” con las personas que reciben dichos salarios y les facilitan oficinas, asegurando que eso lo han hecho saber siempre.

“Es totalmente interno del Congreso. El Congreso nos apoya a nosotros totalmente dándonos a nosotros a las personas que usted está mencionando”, dijo Pellecer al ser consultado sobre el pago del Legislativo para tres personas que laboran con los constituyentes.

“Nos da oficinas y eso lo hemos hecho saber siempre, que es en lo único que nos ha ayudado el Congreso de la República, dándonos oficinas y dándonos tres personas para que trabajen con nosotros y poder desarrollar nuestros programas”, señaló Pellecer.

Sobre si tienen algún convenio con el Congreso, Pellecer indicó que por el momento no tienen con el Legislativo ninguno en específico por el momento, pero aseguró que están por realizarlo y que lo darán a conocer.

“Ese convenio que estamos tratando es muy sencillo, se trata de que ellos nos van a seguir apoyando con las oficinas y con el personal que se paga y nosotros les vamos a dar asesoría jurídica a todos los señores diputados que lo necesiten, de conformidad con la Junta Directiva del Congreso”, explicó Pellecer.

No obstante, en el SICOIN consta una transferencia por Q600 mil en diciembre de 2018, que se identifica con el número 2.1.7.1.2, asignado a “Entidades sin Fines de Lucro”.

Baudilio Ordóñez, otro de los constituyentes, señaló que dadas las actuales circunstancias del país, cualquier asistencia que se tenga del Congreso o de otras instituciones, será exclusivamente para dar a conocer la Constitución, para promoverla, ya que hay un alto porcentaje de personas que no conocen la Constitución.

“Hay otro porcentaje que la conocen y la defienden, que no necesariamente son constituyentes”, dijo Ordóñez. “La idea es dar a conocer en todos los niveles, sobre todo porque nos hemos encontrado con profesionales que si bien han leído la Constitución no la han entendido”, añadió.

Mencionó que una de las metas de la Asociación es que la población en los pueblos del país conozca la Carta Magna.

LOS PAGOS

Según información que conoció La Hora, el Congreso de la República paga los salarios del personal de la Asociación de Dignatarios de la Nación, siendo estos Jonnathan Esteban Ponce Díaz, quien recibe un salario de Q17 mil 805.43; Glenda Liseth Ochoa Barrios, por 16 mil 565.78; y Jaime Eduardo Del Valle Cooper, por 10 mil 519.74. El total mensual que desembolsa el Congreso es de Q44 mil 890.95.

EL CONVENIO

La Junta Directiva del Congreso de la República también aprobó por medio del encargado de despacho de la Dirección General, Mario Gerardo Flores Aldana, que se suscribiera el convenio interinstitucional con la Asociación, como una transferencia a instituciones sin fines de lucro, por un monto de Q600 mil. Esto constó en acta del 5 de diciembre, en el punto 20, de la Comisión Permanente del Congreso.

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Iniciado por La Hora

Análisis: acción de Asociación de Dignatarios de la Nación con claro conflicto de intereses

Por Eder Juárez
[email protected]

Ante la denuncia presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), a la cual dio trámite ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hoy se dio a conocer que dicha Asociación recibe dinero del Congreso y pago de tres empleados y oficinas, lo que a criterio de analistas representa un claro conflicto de intereses ante las acciones emprendidas contra la CC.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), indicó que en este caso hay conflicto de intereses. En primer lugar se tendría que señalar cómo es que el Congreso está destinando fondos públicos para un grupo de abogados que no cumplen con una función para el bien público, dijo Cadena.

Agregó que el hecho de que reciban dinero del Congreso compromete la acción legal contra los magistrados de CC y demuestra que son acciones superfluas que quieren afectar a los jueces de la CC por sus resoluciones. “Eso va en contra de la independencia de jueces y de la independencia de poderes, a los jueces no se les puede atacar por sus resoluciones”, indicó.

De acuerdo con Cadena en la resolución del caso del Embajador Andrés Kompass, la CC tiene toda la razón para resolver exigiéndole al Presidente que cambie esa política. “La política exterior del Gobierno de Guatemala según la Constitución tiene un marco y un límite, y el Presidente está actuando en un total abuso de poder, que está causando daños y perjuicios a la sociedad guatemalteca”, dijo el abogado.

Cadena señaló que los magistrados de la CSJ, al haberle dado trámite al antejuicio en contra de los magistrados de la CC, estarían cayendo en el delito de prevaricato, por lo que el Ministerio Público debería de investigar esta situación.

“Los magistrados de la CSJ que firmaron cometieron el delito de prevaricato, porque están elaborando una resolución con intereses y peor aún de intereses personales de funcionarios corruptos”, dijo el jurista, quien agregó que los magistrados de la CSJ debieron de haber tomado en cuenta que los abogados que hicieron esa denuncia reciben fondos del Estado.

CIEN: CASO DE ASOCIACIÓN NO DESLEGITIMA ANTEJUICIO

Por su parte, Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) afirmó que, el hecho de que el Congreso financie gastos de la Asociación de los abogados que denunciaron a los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), no deslegitima la acción que plantearon.

“Se debe investigar si el financiamiento que reciben del Legislativo está en Ley, sin embargo, este es un tema aparte, es muy prematuro ligar esa situación con la denuncia que presentaron. Por ahora esta acción es legitima hasta que no se evidencie lo contrario”, explicó Quezada.

El consultor añadió que indagar si existe un vínculo entre los abogados denunciantes con los diputados no es una competencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dieron trámite a dicho antejuicio. “La CSJ no puede emitir una opinión si existe o no este tipo de vinculación”, dijo el consultor del CIEN.

“Más allá de si existe un vínculo o no, se debe evaluar el fondo legal de la denuncia y no centrarse en quién la presenta. Por ejemplo, si una persona que no tiene prestigio presenta una acción bien fundamentada, no se le puede rechazar por el hecho de no contar con prestigio”, declaró el politólogo.

“No se debe ligar a la política con lo judicial. No se debe personalizar las acciones legales, sino dejar que los tribunales resuelvan”, concluyó Quezada.

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Iniciado por La Hora

Analistas: no podemos olvidar cómo se constituyó la CSJ

POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
[email protected]

La Corte Suprema de Justicia trasladó la solicitud para retirar el derecho de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad al Congreso, por supuesta extralimitación en sus funciones, sin embargo, su actuar fue distinto en la denuncia planteada por el MP contra el diputado Felipe Alejos a quien no retiraron su inmunidad.

Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), dijo que no hay que olvidar cómo fue que se constituyó la CSJ, ya que fue propuesto por dos partidos políticos que ya no existen (Partido Patriota y Partido Lider), señalados de formar un pacto para las designaciones y beneficiarse.

Por su parte, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicó que siempre hay un contexto en el que ocurren las resoluciones y se puede estar de acuerdo o no, pero que efectivamente acudir a las cortes del país es el canal legal adecuado para resolver este tipo de asuntos.

La activista Helen Mack, mencionó que ha sido evidente que la CSJ siempre ha sido cuestionada desde su elección “amañada”, ya que fueron electos magistrados que iban a facilitar impunidad de la “alianza criminal”.

Asimismo, Mack añadió que no había que olvidar que después de que se negociara el presupuesto para la CSJ, fue cuando se dio la recomendación de que el congresista Felipe Alejos debía conservar su inmunidad, quien iba a ser investigado por un delito de tráfico de influencias.

Iniciado por Prensa Libre

Congreso paga personal y oficina a asociación que promovió antejuicio contra CC

La Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes que promovieron la querella que abrió el proceso de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), reconocieron que el Legislativo paga tres empleados y la renta de las oficinas para su funcionamiento, pero aseguran que la acción no responde a intereses de ese organismo.

Por Manuel Hernández Mayén

Milton Aguirre Fajardo, exconstituyente y dirigente de la asociación, confirmó en conferencia de prensa que el Congreso paga las oficinas y personal, pero eso ha ocurrido desde el inicio de la asociación que, según él, data de 1985. Agregó que la acción planteada contra los magistrados no fue por los fondos que otorga el Congreso.

Datos obtenidos indican que el Legislativo paga Q44 mil 890.95 al mes por un auxiliar de oficina, un asistente de protocolo y una secretaria ejecutiva, más oficinas para su funcionamiento.

Se pudo confirmar que en el punto 20 del acta del 5 de diciembre del 2018, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una transferencia de Q600 mil, monto que se iba a otorgar por medio de un convenio. La asociación dijo que el convenio no ha concretado.

Siete días después de esa transferencia, la asociación presentó la querella contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

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Roberto Alejos, exconstituyente y expresidente del Congreso, criticó en Twitter a los dirigente de la asociación porque asegura que no representan a los que integraron la Asamblea Nacional Constituyente y no pueden hablan en nombre de todos.

"Ellos intentaron recibir una pensión y además son tres que pertenecen a la derecha recalcitrante de aquella época", escribió.

"Me opongo a que actúen en nombre de los exconstituyentes o utilizando el nombre de la asociación, en especial porque su elección dejó mucho que desear. En nombre propio que hagan lo que quieran y que les pague quien les pague. Cada quien sabe cuánto vale y a quien se vende", dijo Alejos.