Guatemala cumple un 60% del Plan Alianza para la Prosperidad
De los 16 compromisos que Guatemala asumió en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, solo uno se cumplió en su totalidad, ocho al 75 por ciento, cuatro a la mitad y tres con el 25 por ciento.
Por Geovanni Contreras
17 de Enero de 2018
En promedio, la ejecución de los compromisos del plan fue del 60 por ciento.
El segundo informe de gobierno de Jimmy Morales contiene una tabla con el detalle de cada compromiso, el porcentaje en su avance, las instituciones responsables y el programa o acción asociada a cada componente.
El único compromiso cuyo avance en el 2017 fue del cien por ciento es el combate de la corrupción, incluyendo la investigación y enjuiciamiento de los funcionarios actuales y antiguos “que se cree, son corruptos”.
Las entidades que cumplieron con la totalidad de esa parte fueron el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio de Gobernación (Mingob).
“Casos de alto impacto con funcionarios procesados por corrupción” es la acción asociada, según el informe presidencial.
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De seguridad
Los compromisos que muestran un grado avanzado de cumplimiento están relacionados con la seguridad, como combatir el contrabando y la trata de personas, con el 75 por ciento.
A ese nivel también ha avanzado la cooperación con organismos de EE. UU. y otros países para facilitar el retorno y reintegración de migrantes irregulares.
Asimismo, implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, como las iniciativas de presupuesto abierto y gobierno abierto, y contrarrestar actividades de bandas criminales, traficantes y crimen organizado.
Poco avance
Apoyar programas para reducir la pobreza, ampliar la educación y la formación profesional de jóvenes en riesgo, crear empleos y promover crecimiento económico equitativo son de los compromisos que solo tienen 25 por ciento de cumplimiento.
Los otros son implementar una política para asegurar que las comunidades y autoridades locales y sociedad civil sean consultados en el diseño y participen en la implementación y evaluación de las actividades del plan que los afectan, así como cooperar y trabajar con una entidad autónoma para asegurar la sobregestión del plan.
Se solicitaron datos sobre el financiamiento de los compromisos al Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), entidad que ofreció la información, pero no hubo respuesta.