Parlamento Xinka y comunas piden cumplir consulta comunitaria ordenada por la CC
Por Denis Aguilar
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El Parlamento Xinka y los alcaldes de Mataquescuintla, Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima, pidieron hoy a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se dé cumplimiento al proceso de consulta, según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) en torno a la Minera San Rafael.
Los pobladores xinkas señalaron que hay un incumplimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a la sentencia emitida por la CC, asegurando que han solicitado ser parte de la definición del área de influencia del proyecto minero “El Escobal”, pero que sus peticiones no han sido resueltas.
También indicaron que sus solicitudes se fundamentan en lo establecido por la sentencia de la CC en el expediente 4785-2017, dictada en septiembre del año pasado, en la cual se establece que la consulta comunitaria se debe realizar conforme a los estándares internacionales y que esto a su vez requiere de la participación de las comunidades indígenas.
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Se evidenció que no tuvimos participación alguna en el proceso de licencias mineras y especialmente al no habernos tomado en cuanta en la declaratoria de impacto ambiental en los proyectos minero El Escobal y Juan Bosco”, indicaron en un comunicado.
El Parlamento asegura que se ha violado el debido proceso, esto luego de que el 12 de noviembre el MARN aprobó el área de influencia de El Escobal, indicando que no se establecieron criterios legales, técnicos y científicos para fundamentar la decisión. Asimismo, informaron que el 8 de marzo pasado el MARN amplió su decisión, lo cual fue impugnado esta semana.
También denunciaron que el abogado Quelvin Jiménez, quien dirige dicho proceso, ha sido objeto de varias amenazas.
ACCIONAN EN LA CSJ
Los alcaldes de Mataquescuintla, Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima acudieron este día a la CSJ para solicitar por medio de amparos el estricto cumplimiento de lo ordenado por la CC, asegurando que ha observado un actuar arbitrario de parte del MARN.
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Las resoluciones que está emitiendo violan principios y garantías constitucionales y además están creando más conflictividad y desconfianza en nuestras comunidades hacia el Estado”, explicaron.
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