[chronos]

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Iniciado por Plaza Publica

Un cuento de terror

Autor: Iduvina Hernández

La cercanía del 31 de octubre pone de moda las películas y las historias de terror. Es la temporada y son solo eso, historias. Sin embargo, algunas veces estas pueden ser o estar basadas en hechos reales. Y esa bien podría ser la situación de los servicios de inteligencia civil dentro del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Por ley, la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y la Dirección General de Investigación Criminal (Digicri) fueron creadas con el fin de ayudar al Mingob a cumplir su misión de garantizar la seguridad ciudadana. La Digici habría de realizar análisis e investigaciones de orden general y de ámbitos que permitieran diseñar e impulsar políticas de seguridad. La Digicri habría de prepararse para aportar evidencia en procesos judiciales de orden penal y sustituir, en un futuro, a la Dirección de Investigación Criminal (Dicri), que depende del Ministerio Público (MP).

Por desgracia, ninguna de las funciones reales que les competen ha sido cumplida en letra y espíritu. El gobierno defenestrado de Otto Pérez Molina utilizó ambas dependencias para fines ajenos a su naturaleza. Al inicio, la Digici fue tratada como una especie de criatura preferida por sus homólogos estadounidenses, a tal grado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) donó equipo especial de escuchas telefónicas, un recurso que solo podría utilizarse en un método de investigación si y solo si había autorización judicial.

Algo que la Digici incumplió. De hecho, por órdenes del mismo Pérez Molina, la Digici realizó espionaje político. El equipo se utilizó para intercepciones telefónicas de aquellas personas a las que el ahora reo consideraba dirigentes del movimiento ciudadano de protestas que arrancó en abril. Líderes de partidos políticos opositores de verdad, autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC) y dirigentes sociales, campesinos, de derechos humanos y del sector empresarial fueron ilegalmente escuchados por estos espías.

Tan grave fue el espionaje que la misma CIA retiró el equipo, temerosa de que se hiciera púbico el uso que se le dio. Sin embargo, Pérez Molina estaba obsesionado con saber qué sucedía y ordenó una asignación de tres millones de quetzales para la adquisición de otro equipo. La recién estrenada ministra Eunice Mendizábal decidió no ejecutar dicho gasto. No obstante, menos de 24 horas después de que ordenó detener la compra, el mismo Pérez Molina la conminó a ejecutarla. De esa manera, la Digici tuvo nuevo equipo y siguió con las orejas paradas por orden presidencial.

La Digicri, mientras tanto, se pasó escuchando a narcotraficantes identificados en el trasiego de cocaína. No para acumular evidencia que se pudiera utilizar en juicios penales. No. Más bien para extorsionar a los dueños de los cargamentos o, en el mejor de los casos, para sus tradicionales tumbes.

Como se ve, ambas entidades están muy pero muy lejos de cumplir su misión y de apegarse a la ley en sus actividades. Merced al interés del expresidente, se usaron como recurso de espionaje político, y no como herramienta de apoyo en seguridad. Una muestra clara de que la lógica gubernamental sigue siendo ver desde la lupa de considerar a la ciudadanía, y en particular a la que protesta, como el enemigo interno.

No hay evidencias de que el gobierno de transición haya modificado esta conducta. Hay riesgos enormes de que el nuevo gobierno continúe dicha práctica en virtud de las figuras que rodean a Jimmy Morales. De ese modo, como mínimo, de oficio, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y el MP han de actuar a fin de establecer estos extremos y proceder a denunciar a los responsables. Igualmente deben advertir al nuevo gobierno que no se tolerarán actos ilegales de espionaje.

Como sociedad, empecemos por ejercer el derecho constitucional que nos faculta a conocer todo lo que sobre nosotras y nosotros consta en oficinas estatales. En este caso, ante la Digici y la Digicri, con base en la Ley de Acceso a Información Pública, requerir dichos datos.

16 dic. 2015

Iniciado por Soy502

Ministra Mendizábal acusa de espionaje a personeros de la DIGICI

La ministra de gobernación, Eunice Mendizábal, admitió que los allanamientos realizados en la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) se deben a “indicios de espionaje“, aunque aseguró que no puede brindar más detalles por encontrase abierta una investigación.

Agregó que “se detectaron por la existencia de un equipo que pudo haber sido utilizado para espiar“.

Mendizábal también ha descartado que el paso de Óscar Platero Trabanino tenga que ver con estos operativos. “Lo voy a hablar por lógica. El señor Trabanino estuvo 4 días en la Digici y eso viene de épocas pasadas“, explicó la Ministra pero insistió en no revelar más detalles.

“Ruego disculpas por no poder extenderme más o dar más información“, finalizó Mendizábal.

17 diciembre, 2015

Iniciado por republica.gt

Posible espionaje desde la DIGICI es un retroceso

Inteligencia Civil no debe ser utilizada para el espionaje contra opositores, aseguran analistas.

Si el posible espionaje denunciado en la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) es en contra de opositores, analistas consideran que es un retroceso para la democracia, ya que dicha instancia fue creada para proporcionar al Ministerio de Gobernación de asesoría en el área de la inteligencia civil, para la toma de decisiones y la formulación de políticas y lineamientos para apoyar la prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común.

De acuerdo con Carmen Aida Ibarra del Movimiento ProJusticia, es necesario que se realice una investigación criminal respecto de las acusaciones de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. “De confirmarse la existencia de actividades de espionaje a políticos, personajes de la vida nacional y opositores sería volver al pasado” señala Ibarra.

El miércoles la titular de la cartera del interior indicó que interpuso la denuncia al Ministerio Público (MP) “luego de establecer que un equipo de la DIGICI pudo haber sido utilizado para ejecución de un delito de espionaje”. Se realizó un allanamiento en las oficinas de dicha dependencia y el MP la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) decomisaron archivos electrónicos y físicos para iniciar la investigación.

Ibarra refiere que el último caso de espionaje que se tuvo conocimiento fue denunciado por el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, logrando confirmar una oficina de espionaje postal en la Dirección General de Correos, y aunque se abrió un proceso judicial no llegó a más.

“Entonces aparte de ser una actividad ilegal y criminal sería un retroceso en términos políticos” dice Ibarra. Por su parte María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indica el problema con la DIGICI y todas estas direcciones es que no se han hecho de forma profesional, entonces se utilizan para cosas políticas.

Aceña coincide con Ibarra al decir que hay un retroceso si se está utilizando la Inteligencia Civil para espiar a la oposición. Además refiere que si se comprueba este tipo de actos ilícitos deberán de ser penados.

Debe crearse una DIGICI para prevenir y no para hacerle el trabajo a un político de turno porque el espiar a otro político es entrar a politizar una dirección la cual su mandato no es para eso.

18 dic. 2015

Iniciado por elPeriodico

Posible espionaje de la Digici habría sido dirigido a las redes sociales

En la denuncia se incluyó un listado de personas que pudieron ser espiadas.

La ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, reveló un posible caso de espionaje ejecutado desde la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici). Ese, según una fuente del Ministerio Público (MP), pudo tener como objetivo las redes sociales.

La denuncia presentada por la cartera del Interior incluye un “listado determinado de personas que pudieron ser espiadas” por medio de sus cuentas de Facebook y otras redes sociales, de acuerdo con el funcionario consultado. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) será la encargada de esclarecer los señalamientos.

Hasta el momento, la unidad del MP, que labora junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ha confiscado equipos de cómputo y documentos físicos, luego de un allanamiento realizado hace una semana en las oficinas de la Digici.

Edgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), afirmó que de haberse cometido espionaje contra un determinado grupo, se “tergiversó el fin de la Digici, que es identificar y crear mapas sobre estructuras criminales y su manera de operar”.

Gutiérrez, además, señaló que la oposición del gobierno, periodistas, generadores de opinión y líderes sociales son los grupos más vulnerables a ser blanco de espionaje. “Pudo ser una manera de mantener el control y bajo vigilancia a los críticos de los políticos de turno”, acotó el entrevistado.

El analista afirmó que el posible espionaje debió responder a los altos mandos del gobierno. “Se debe determinar para quiénes se realizó ese trabajo, actividades de este tipo van más allá de la Digici, pudo ser para beneficiar al Presidente o al ministro de Gobernación”, refirió.

Hace dos días, la titular de Gobernación dijo que la sospecha de espionaje se originó de diferentes auditorías internas que coordinó después de asumir su cargo, tras la renuncia de Mauricio López Bonilla.

HERRAMIENTAS PARA ESPIAR

“Con la diversidad de tecnología y herramientas que en la actualidad existen, cualquier persona puede conseguir monitorear o espiar las cuentas electrónicas de las personas”, explicó el mexicano Sergio Araiza, consultor en seguridad y privacidad en Internet.

Sin embargo, de acuerdo a Araiza, los gobiernos no tienen restringida la obtención de contenidos de las cuentas electrónicas –de Google, Facebook o Twitter– de sus pobladores, pues dichas compañías pueden otorgarlos por medio de una solicitud formal.

Araiza indicó que existen diferentes empresas que ofrecen programas electrónicos sofisticados para vigilar y espiar a los usuarios de redes sociales, los cuales tienen un costo que cualquier entidad u organización puede cancelar. Uno de estos software, según el experto, es FinSpy, el cual a su vez es uno de los más utilizados por las autoridades de los diferentes países.

En una publicación hecha por la organización Derechos Humanos y Tecnología en América Latina, se hace referencia a negociaciones entre Guatemala y Hacking Team, “una de las empresas más importantes en el rubro del software de vigilancia”. El documento fue elaborado con información de 2015.

Los países que compraron el software para espionaje fueron: México, Panamá, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Honduras.

La Digici

En una entrevista concedida a elPeriódico, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, afirmó que la Dirección General de Inteligencia Civil es una de las entidades más importantes que existen, pues maneja toda la información del país. Además, la funcionaria hizo referencia a que ese departamento no tiene la potestad para realizar escuchas telefónicas u otro tipo de intervención, ya que es la institución que dirige la encargada de la persecución penal.

“Se debe determinar para quiénes se realizó ese trabajo, actividades de este tipo van más allá de la Digici, pudo ser para beneficiar al Presidente o al ministro de Gobernación”. Edgar Gutiérrez, coordinador del Ipnusac..

16 JUN, 2016

Iniciado por CMI-G

Quiénes (y cómo) nos vigilan: el caso de Hacking Team en Guatemala

Hacking Team es una de las empresas más importantes en el rubro del software de vigilancia y su venta a gobiernos. Luego de ser hackeada, sus negocios en América Latina fueron puestos al descubierto. El problema del espionaje indebido va mucho más allá de Hacking Team, implica a un mercado global que abusa la tecnología de vigilancia en manos de gobiernos alrededor del mundo. Este es el caso de Guatemala.

(...)

Guatemala

Hacking Team se reunió, según Wikileaks, con la Dirección de Análisis Criminal de Guatemala, una dependencia adscrita al Ministerio Público, que buscaba capacitar a 200 agentes para que pudieran utilizar el software de espionaje. El Gobierno de Guatemala argumentó que esta dirección era la única con facultades para realizar las actividades e intromisiones que provee RCS.

Al igual que en Honduras, la compañía intermediaria fue NICE Systems, representada por Ori Zoller, un ex militar israelí dedicado a la venta de armas AK-47 que eventualmente terminaron en manos de grupos paramilitares de Colombia. Las negociaciones se pactaron por un precio de 450 mil euros y existía incluso una fecha de entrega a finales del año 2013, pero la misma nunca se concretó porque el Gobierno guatemalteco no pudo autorizar el pago.

En enero de 2014, Aristeo Sánchez de la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, escribió a Hacking Team esperando retomar las negociaciones para incluir el programa Galileo en el Plan Anual de Operaciones del país. A finales de febrero de ese mismo año, Ori Zoller envió un correo a Massimiliano Luppi, el administrador de las cuentas de Hacking Team, diciéndole que estaban a dos semanas de cerrar el trato con Guatemala y obtener el primer pago. No hubo intercambio de correos posteriores sobre el tema.

Como regla general, el artículo 24 de la Constitución establece que la correspondencia, documentos y libros de una persona son inviolables y solo pueden revisarse o incautarse si existe una resolución judicial. Se garantiza también el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas y de “otros productos de la tecnología moderna” que pueden incluir los programas y aplicaciones a los que Galileo tiene acceso. También establece que “los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio”. Es decir, como regla general, si se obtiene información con métodos intrusivos como los que vende Hacking Team, y no se tiene una orden judicial para justificar su uso, las pruebas obtenidas serían inválidas.

El artículo 183 del Código Procesal Penal confirma cuando dice que son inadmisibles los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido como es la “indebida intromisión” en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.

La Ley Contra la Delincuencia Organizada establece que para evitar, interrumpir o investigar la comisión de delitos regulados en misma ley, podrán interceptarse, grabarse y reproducirse todo tipo de comunicaciones, siempre y cuando medie una autorización judicial Con base en este ordenamiento, la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala implementó el Acuerdo Interinstitucional para Establecer e Implementar el Sistema de Interceptación de Comunicaciones. Este crea el Centro de Monitoreo de Comunicaciones –ejecutado por agentes de la Policía Nacional Civil– para interceptar comunicaciones telefónicas y geolocalizar. El Ministerio Público lo ejecuta, previa autorización judicial.

La Dirección de Análisis Criminal –el organismo que negoció con Hacking Team- tiene facultades para solicitar la interceptación de llamadas en tanto es un organismo adscrito al Ministerio Público, pues se dedica a recabar información criminal y la analiza para convertirla en insumos útiles para la persecución penal.

A su vez, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad limita el alcance del espionaje por agencias de inteligencia. En el artículo 21 se define el “Ámbito de Inteligencia del Estado”, que se refiere a la articulación de “información e inteligencia de amenazas, riesgos y vulnerabilidad internas y externas”. Actúa bajo la responsabilidad del Presidente de la República, por conducto del Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado.

En este sentido, según el artículo 24, los facultados para producir inteligencia y conducir actividades de contrainteligencia son la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ministerio de la Defensa Nacional. Sin embargo, no existen facultades específicas para la interceptación de comunicaciones. En cualquier caso, en los artículos 25 a 29 se amplía el concepto de “inteligencia” para que pueda desprenderse esta actividad de estas prácticas.

Algo tan intrusivo como el propio software de Hacking Team debería tener una regulación muy específica, inclusive cuando su uso es por parte de agencias de inteligencia. Aún así, el Sistema de Guatemala tiene establecidos mecanismos de contrapeso para garantizar la imparcialidad en la fiscalización de las actuaciones del Sistema Nacional de Seguridad y de las instituciones que lo integran, por parte de los organismos judiciales y legislativos en el artículo 32 de la ley.

La Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) permite limitaciones al derecho a la privacidad en su artículo, 4 en los casos que existan indicios de actividades del crimen organizado en las que peligre la vida, la integridad física, la libertad y los bienes de personas determinadas. El Ministerio Público puede, en este contexto, solicitar de manera urgente la autorización de una Sala de la Corte de Apelaciones para interceptar comunicaciones de manera temporal. Los estándares de la Ley de Delincuencia organizada se mantienen.

En todo caso, el software de Hacking Team no se acoge a estas disposiciones, porque va mucho más allá de la interceptación de comunicaciones y es más invasivo.

Fecha de publicación: 20-11-17

Iniciado por elPeriodico

MP continúa investigación por espionaje en la Digici

La Contraloría informó que la denuncia por problemas administrativos contra el exfuncionario de la Digici y actual Viceministro de Relaciones Exteriores, fue desestimada por el MP.

Por: Cindy Espina [email protected]

Después del nombramiento de Jairo David Estrada Barrios como viceministro de Relaciones Exteriores, se consultó al Ministerio Público (MP) sobre la denuncia interpuesta en diciembre de 2015 –por supuesto espionaje en la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) durante su gestión–, el cual confirmó por medio de su oficina de Comunicación Social que la investigación se encuentra vigente y está a cargo de la Fiscalía Especial Compra la Impunidad (FECI) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La denuncia fue interpuesta por la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, luego que el MP allanara las instalaciones de esa Dirección tras una auditoría interna en la que se descubrió la compra de un equipo que pudo ser utilizado para espionaje. La supuesta vigilancia ilegal se dio cuando Estrada Barrios ejercía como jefe de la División de Inteligencia de la Digici.

elPeriódico tuvo acceso a reportes del ente investigador en los que consta que en la misma fecha, otros funcionarios de esa Dirección –incluyendo al actual viceministro de Relaciones Exteriores-, denunciaron a la exfuncionaria de Gobernación por abuso de autoridad. En este caso la investigación también se encuentra vigente.

Debido a la labor de investigación del MP no se pudo conocer detalles de cómo avanza la búsqueda o si hay un vínculo entre las dos denuncias. Se trató de contactar a Estrada Barrios para cuestionarle sobre los señalamientos de supuesto espionaje durante su gestión, pero la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que hoy, después de la reunión de Gabinete de Gobierno, la canciller Sandra Jovel podrá atender las consultas sobre el tema.

Una denuncia archivada

El subcontralor de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, César Elías, indicó ayer que la denuncia que fue interpuesta por la Contraloría en 2015 en contra de Barrios Estrada fue desestimada y que esa es la razón por lo cual este año el ente fiscalizador extendió el finiquito al ahora diplomático.

Los hallazgos de la Contraloría tienen relación con la investigación de espionaje, ya que durante la administración del ahora funcionario de Cancillería, la Digici adquirió, sin licitar, un equipo con alta capacidad de almacenamiento de datos que costó Q17 millones 621 mil 933.85.

Según el portal de Guatecompras, este año Estrada Barrios firmó un contrato por Q159 mil 354.84 para ejercer como asesor directo del despacho superior de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE).

Diversas fuentes informaron a elPeriódico que esta Secretaría es dirigida de manera no oficial por Ricardo Bustamante, quien era el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad del expresidente, Otto Pérez Molina.

Una entidad cerrada

En 2005 fue creada la Digici, como dependencia del Ministerio de Gobernación. Le corresponde “obtener, evaluar, interpretar y difundir la inteligencia para proteger del crimen organizado y la delincuencia común los intereses políticos, económicos, sociales, industriales, comerciales de Guatemala”. En 2016, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, amplió el acuerdo en donde se establece la protección de información vinculada a la Digici, por lo que no se puede conocer información sobre las personas que trabajan ahí, ni los informes generados o datos de las instalaciones.