Manipulando para perpetuarse
Juan Antonio Mazariegos G.
A menos de un año para la convocatoria a elecciones generales y de conformidad a diversas noticias de prensa, los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, ajustaron el número de miembros de la comisión, para poder aprobar con la mayoría necesaria, la modificación del artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que contenía la prohibición para que un diputado tránsfuga pudiera incorporarse a una organización política, lo que se traducía en la práctica, en que 76 de los actuales diputados no iban a poder reelegirse.
En virtud de la modificación aprobada, los diputados tránsfugas, sí podrán ser recibidos o incorporarse a otras agrupaciones políticas en las próximas elecciones, toda vez que la prohibición para el transfuguismo solo será aplicable durante los primeros 3 años a partir de las elecciones, dejando la vía libre a los padres de la patria, para que una vez vencido ese plazo, busquen al caballo ganador, se acomoden entre unos y otros y se presenten con nueva canción y símbolo para contender por una nueva curul.
Las manipulaciones y los ajustes a la medida de los diputados no son nada nuevo, ya se dio cuando se recetaron una fórmula para disfrazar las listas nominales de diputados en reemplazo de los listados cerrados y en la asignación de los distritos electorales, sin embargo, debemos de entender que la LEPP es una ley de rango constitucional, por lo que de conformidad a lo que establece nuestra Constitución en su artículo 175, para su reforma se necesita que la aprobación del texto se dé por dos tercios de los diputados al Congreso de la República (106) y que se envíe la propuesta a la Corte de Constitucionalidad para su depuración en ejercicio del control constitucional que le corresponde.
Las movilizaciones ciudadanas del 2015 exigían, dentro de otras demandas, la eliminación del abuso del transfuguismo, una burla a los electores que debilita aún más a los partidos políticos y al sistema en general, en beneficio de los caudillos distritales. Al parecer estos últimos se niegan a rendirse y ahora, bajo el mecanismo relacionado, aprobaron esta reforma y con mucha probabilidad alcanzarán los votos necesarios para aprobarla en el pleno. Entiendo que la Corte de Constitucionalidad tendrá la oportunidad de verificar si estas reformas se adecuan o no a nuestra Constitución, sin embargo, la modificación que se ha implementado deja vigente la prohibición por un tiempo, como para justificar que se cumple con el deseo de los electores, por lo que la CC tendrá que analizar este cumplimiento parcial de las demandas ciudadanas y contrastarlo contra principios fundamentales como el derecho a elegir y ser electo, un análisis muy complejo. Sin duda, nuevamente se demuestra que el problema no está en la ley si no en las personas y será a estas últimas a las que habrá que jubilar en las próximas elecciones.