Funcionarios cobraron viáticos por un viaje "todo pagado"
Por José David López
Varios funcionarios del sistema judicial viajaron el mes pasado hacia Estados Unidos con todos los gastos pagados por la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, pero un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal cobraron viáticos extras en sus instituciones.
Se trata de Josué Felipe Baquiax Baquiax y Nydia Lissette Arévalo Flores. Ambos fueron parte de la comitiva oficial que viajó al Centro de Innovación de Justicia de Nueva York.
El viaje fue patrocinado por el Proyecto para Juventud y Género de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida como USAID. "Fueron boletos, hotel y viáticos", dijo uno de los directivos de esa entidad.
En los documentos oficiales de la Defensa Pública y el Organismo Judicial (OJ) quedaron registrados los viáticos que les otorgaron de fondos estatales a los dos funcionarios por ese viaje. Arévalo recibió Q13 mil y Baquiax Q15 mil.
En ese viaje también participaron otros funcionarios, entre ellas dos compañeras de Baquiax: Delia Dávila Salazar y Silvia Verónica García. Ninguna de las dos cobró viáticos extras por ese viaje. Soy502 intentó conversar con ellas, pero no respondieron las llamadas.
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La actividad fue gestionada y auspiciada por el Proyecto Justicia para Juventud y Género de USAID", se publicó incluso en la cuenta de Twitter del OJ.
Los distintos funcionarios, incluida la Fiscal General, María Consuelo Porras, visitaron la sede de la policía de Nueva York y con el Juzgado Penal de Primera Audiencia de esa ciudad. La alcaldía de esa metrópoli también recibió a los funcionarios, quienes
conocieron los programas que implementan con los adolescentes para evitar que sean ingresados a correccionales si enfrentan algún caso judicial.
La justificación
La directora de la Defensa Pública Penal aseguró en una primera llamada que no recibió viáticos de parte de USAID. "
No, ellos no nos pagaron viáticos, ellos nos pagaron el hotel y el pasaje, entonces los viáticos que yo cobré eran para comida y para los transportes", dijo.
Pero en otra llamada, Arévalo confirmó que sí recibió viáticos de parte de USAID. "
Ellos nos dieron US$300 en total", dijo en la segunda conversación. La funcionaria además comentó que los Q13 mil fueron aprobados como "
viático complemento" y que fueron autorizados para "los gastos que puedan salir de imprevistos".
Arévalo no fue la única funcionaria de la Defensa Pública que estuvo en ese viaje, también Estaban Mollinedo Díaz, director de fortalecimiento institucional. En su caso fueron aprobados Q39 mil 500. De este dinero, Q9 mil fueron usados para el pasaje.
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En qué gastó los 15 mil quetzales?, se le consultó al magistrado. "
Por ejemplo, en este caso, pago de taxis y muchas cosas más", respondió. Después de repreguntarle, el funcionario dijo que las "otras cosas" fueron gastos de alimentación y pago de impuestos de equipaje.
Otra persona que participó en el viaje aseguró que
algunas comidas y los traslados a los distintos sitios fueron costeados por USAID. También agregó que la estadía en el hotel incluía desayunos. Todo eso sin contar los $300 dólares que les fueron entregados como viáticos por la agencia. "Era suficiente", dijo.
En cambio Baquiax tuvo una opinión distinta: "no me fueron suficientes". Así respondió después de preguntarle si no le bastaron los viáticos entregados por USAID.
"El hecho de que las magistradas que usted menciona no hayan aceptado el complemento, ignoro la causa", dijo Baquiax cuando fue consultado sobre los viáticos extras que recibió.
El magistrado, además, afirmó que el "complemento de viáticos" está legalmente autorizado por el pleno de la CSJ y que la aprobación "obra en acta". "
Es un derecho que cada uno de los magistrados tiene", expresó.
¿Algo ilegal?
“Este tipo de actuaciones deben ser vigiladas por la Contraloría General de Cuentas”, afirmó Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, pues debe de existir calidad en el gasto público.
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Atender a cuestiones personales, raya en cuestiones que ameritan sanciones administrativas”, comentó el jurista.