[chronos]

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Suspensión temporal de minera agita entorno de conflictividad

Después de 20 años de que Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye el mandato referente a las consultas a los pueblos indígenas, el Estado parece ausente para emitir normas o legislar al respecto.

Aunque ha habido intentos, no se ha logrado articular las leyes que permitan aplicar el mandato del Convenio, situación que ha causado incertidumbre jurídica para la inversión, en especial para minerías e hidroeléctricas, informaron directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

En el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, se trabajó una propuesta de reglamento con dirigentes indígenas, pero cuando fue presentado públicamente varias organizaciones comunitarias y sociales lo rechazaron y la Corte de Constitucionalidad (CC) los amparó, según Miguel Ángel Balcárcel, excomisionado presidencial para el Diálogo Nacional.

“En otras palabras, la Corte dijo que no se podía reglamentar una consulta si no se consultaba a los pueblos”, comentó.

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Desde el 2016, el presidente Jimmy Morales anunció que el Ministerio de Trabajo haría un reglamento, pero ahora las autoridades afirman que se trata de una guía de estándares básicos para efectuar las consultas, ya que, luego de la resolución que emitió la CC por el caso de la hidroeléctrica Oxec, en mayo del 2017, le corresponde al Congreso legislar al respecto —lo que conllevaría un reglamento—.

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Corte canadiense envía a juicio demandas de guatemaltecos

La Corte de apelaciones de British Columbia rechazó el recurso de la empresa Tahoe Resources demandada por siete activistas guatemaltecos, que la acusan de lesiones y supresión violenta.

Los hechos se dieron durante una manifestación pacífica en la minera San Rafael, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Donde supuestamente los comunitarios fueron agredidos por la seguridad de la mina propiedad de la transnacional canadiense.

Con el fallo, es la primera vez que una corte de apelaciones canadiense permite que avance un proceso en contra de una minera por presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el extranjero.

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En la resolución la Corte anuló el dictamen de una corte inferior, que había dicho que las cortes guatemaltecas eran más adecuadas para escuchar la demanda.

El nuevo fallo indica que por múltiples factores, incluyendo la evidencia de corrupción sistémica en el sistema judicial guatemalteco, desfavorecen a Guatemala como el fórum jurídico adecuado para escuchar la demanda que procesa British Colombia.

“Existe un riesgo cuantificable de que será difícil para los apelantes recibir un juicio justo contra una multinacional cuyos intereses mineros en Guatemala se alinean con los intereses políticos del estado guatemalteco”, dijo la Corte.

Los demandantes son apoyados en Canadá por un equipo de abogados que incluye la firma Vancouver Camp Fiorante Matthews Mogerman y el Centro Canadiense para la Justicia Internacional.

“El fallo emblemático demuestra que las cortes canadienses están abiertas a las víctimas de abusos vinculados con las actividades de las empresas canadienses en el extranjero”, dijo Matt Eisenbrandt, el Director jurídico del CCIJ.

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