ONU pide al Congreso abstenerse a amnistiar delitos de lesa humanidad Justicia

[chronos]

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Amnistía, reconciliación y derecho internacional

En la actual discusión sobre una enmienda a la Ley de Reconciliación con respecto a crímenes cometidos —entre 1960 y 1996— durante la “guerra civil” en Guatemala, inclusive crímenes internacionales como el genocidio y la tortura, la perspectiva del derecho internacional no ha sido tomada suficientemente en cuenta. Esta perspectiva es fundamental, pues Guatemala es un Estado Parte de los instrumentos internacionales relevantes, inclusive el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) —vigente a partir del 1 de junio del 2012—, y el derecho internacional establece algunas limitaciones para este tipo de leyes.

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Organizaciones sociales rechazan reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y anuncian impugnaciones

Organizaciones sociales manifestaron en el Centro Histórico capitalino su rechazo a la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional que conoce el Congreso, la cual ampliaría la amnistía a delitos que no fueron incluidos cuando se aprobó esa legislación, la cual es considerada como un retroceso en la búsqueda de justicia por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

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[chronos]

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CIJ pide al Congreso no aprobar Ley de Amnistía

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) entregó una carta al Congreso de la República mostrando su preocupación por la posibilidad de aprobar la Ley 5377, que reforma la Ley de Reconciliación Nacional y en la que solicitó no aprobar esa iniciativa.

“Dichas reformas, además de contravenir el Derecho Interno, podrían llegar a afectar seriamente las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, de no permitir la impunidad, juzgar y castigar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, indica la misiva.

Asimismo, la CIJ recordó que investigar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales y de juzgar y castigar a los autores de éstos, debe considerarse como una obligación irrenunciable del Estado, bajo el Derecho Internacional.

“Es un momento en el que el Sistema Judicial está luchando contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos…las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, vendrían a agregar un nuevo obstáculo al Derecho de Acceso a la Justicia de las Víctimas” señala en la carta.

Además, la CIJ considera que “en lugar de imponer más obstáculos a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, las autoridades del Estado de Guatemala deben demostrar que tienen un compromiso incuestionable con la lucha contra la impunidad.

La CIJ argumentó su petición señalando la irretroactividad de la ley, citando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala es parte, establece en su artículo 15 una expresa excepción al principio de irretroactividad que establece que nada de lo dispuesto en ese artículo se opondrá al juicio ni condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueron delictivos, excepción que tiene por objeto permitir el enjuiciamiento y castigo de actos reconocidos como criminales, aun cuando no estaban tipificados al momento de su comisión.

También argumentó el deber de garantía de los Estados de procesar judicialmente y castigar a los responsables y autores de graves violaciones a los derechos humanos así como el hecho de que las amnistías o indultos que impiden que los autores de graves crímenes sean juzgados y sanciones son incompatibles con las obligaciones que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a los estados.

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Guatemala: un país contra la historia

Por Alejandro Balsells Conde

Garantizar la libertad individual ha sido la preocupación de los estados en el transcurso de su historia. Se conoció en el derecho romano la figura de un interdicto —clase de proceso— específico para responder de forma efectiva ante cualquier retención de un ciudadano romano, este interdicto nos cuenta el amigo Alberto Pereira-Orozco y compañeros en su libro Derecho Procesal Constitucional recibía el nombre de homine libero exhibiendo, era un instituto de derecho público.

En 1215, en Inglaterra, se otorgó por el rey Juan sin Tierra la denominada Carta Magna, se procuró garantizar los derechos de los hombres libres y fue firmada en un contexto político complejo, el artículo 48 decía: “nadie podrá ser detenido, preso, ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares, según las leyes del país”. En 1679, bajo el reinado de Carlos II, se firmó el Habeas Corpus Amendment, ley por la cual se instituyó un proceso específico para evitar las prisiones ilegales.

El Habeas Corpus es un derecho humano. Todos tenemos derecho a ser exhibidos ante la autoridad cuando se denuncia una detención irregular o ilegal, sobre esto ya no hay mayor discusión.

El Estado tiene el derecho y la obligación de capturar a personas lesivas a la comunidad, para que ello ocurra deben suceder dos situaciones. La primera, que esa persona sea capturada de forma flagrante, es decir, cuando comete un delito, o bien, cuando un juez dicta la orden de aprehensión. Fuera de estos casos no puede existir ninguna detención y practicada la misma hay plazos fatales para poner bajo conocimiento de juez lo sucedido y así el rosario de gestiones penales comienzan.

En Guatemala, durante el enfrentamiento armado, pero lo más grave aún después de él, se han dado casos en donde el Estado detuvo a personas y luego fueron desaparecidas. Los detenidos desaparecidos fueron una práctica común del Gobierno por décadas. Fuerzas policiales, militares o paramilitares detuvieron a miles de personas utilizando uniformes, armamento, transporte y logística oficial —o en el caso paramilitar con anuencia del poder—, para desaparecerlas por completo.

Los detenidos desaparecidos constituyen, sin temor a equivocaciones, la mayor afrenta a cualquier noción de derecho que el Estado de Guatemala haya practicado. Hace 20 años se dijo en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: “…la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de inteligencia. Sus finalidades eran la desarticulación de movimientos u organizaciones sociales que el Estado identificaba como proclives a la insurgencia, y extender terror a la población. Las víctimas de las desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas y sacerdotes e, inclusive militares o paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo”.

Si el secuestro es un delito cobarde, mísero y de lo peor que existe, la detención y desaparición de personas por parte del Estado es más que abominable, porque la fuerza pública existe para protegernos. En un país, un poco serio, donde algo de sentimientos de solidaridad y empatía existiera nuestro Congreso estaría ocupándose para ubicar a aquellas personas que a la fecha se ignora su paradero, sin embargo, se proponen leyes de amnistía para quienes han sido condenados por practicar desapariciones, conociéndose que este delito ni en Somalia puede ser objeto de indulgencia oficial.

El debate del Congreso en torno a la llamada Ley de Reconciliación Nacional nos ubica con un desarrollo jurídico con características anteriores a la Inglaterra de 1215 y esto nos quieren heredar. Primero ubiquemos a las personas y luego hablemos de lo restante, el derecho a aparecer no se discute.

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Oprobiosa Ley 5377

No solo es un grave retroceso que pasa por sobre la legislación interna, sino sobre convenios y normas internacionales.

— Miguel Ángel Albizures

Una niña de escasos tres años, agarrada de la mano de una anciana, luciendo su traje típico, sonríe y levanta una foto, posiblemente de su abuelo o de cualquiera de los que fueron detenidos desaparecidos y que no tuvieron la suerte de salvarse y continuar caminando por las tierras quichelenses. Pero en todas las manifestaciones de los familiares de las víctimas, siempre los desaparecidos estarán presentes porque alguien portará su foto o la pegará en mantas para recordarnos el pasado tenebroso a que nos sometieron las fuerzas de seguridad del Estado. Son fotos de desaparecidos en las Verapaces, Chimaltenango, Huehuetenango, Quiché, a lo largo de la Costa Sur o el Oriente del país.

Si las calles de Ciudad de Guatemala hablaran, nos dirían la forma y el momento en que fueron agarrados o sacados violentamente de sus casas miles de miembros del movimiento sindical, estudiantil, de pobladores, religiosos, profesores o catedráticos de diversos institutos y de la Universidad de San Carlos, que sufrió un allanamiento violento en 1985. Las fotos que fueron publicadas por los medios muestran a la soldadesca invadiendo la Universidad y la Escuela de Ciencias de la Comunicación, quizá para infundir temor en los futuros periodistas, pues ya a esas alturas, muchos habían sido asesinados y otros obligados al exilio para salvar la vida.

Los diputados, especialmente los más jóvenes, no deben de irse del Congreso con una mancha más, deberían dejar solo a Fernando Linares Beltranena levantando la bandera de la impunidad que representa la reforma a la Ley de Reconciliación. Él, el dinosaurio, está embarrado de la cabeza a los pies, y seguirá siendo una pieza importante para el pacto de corruptos, pues la iniciativa 5377 no solo es un grave retroceso que pasa por sobre la legislación interna, sino sobre convenios y normas internacionales, para favorecer a los responsables de crímenes de lesa humanidad y, de paso, poner fin al Programa Nacional de Resarcimiento, aun, cuando lo fundamental para los familiares de víctimas, es la búsqueda de la verdad y la justicia, el saber en dónde quedaron los cuerpos de sus seres queridos, arrebatados por las fuerzas de seguridad del Estado.

Tal como lo señala el comunicado el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz “La iniciativa de Ley 5377 es un retroceso histórico, considerando que en Guatemala se han dado los primeros avances en la justicia transicional, mediante una ardua lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso no podemos permitir que vengan nuevamente los asesinos, violadores y torturadores que cometieron sus crímenes bajo la impunidad, a refugiarse cobardemente bajo el ala protectora de los diputados integrantes del pacto de corruptos, por medio de tan nefasta iniciativa de ley”. Si ustedes diputados, aprueban la oprobiosa Ley 5377, será una mancha que jamás se podrán quitar porque Jamás olvidaremos sus nombres que pasarán a ocupar un lugar junto a quienes cometieron los crímenes más horrendos que recoge nuestra historia.

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Los delitos de lesa humanidad NO gozan de amnistía

Jorge Santos

El 25 de febrero pasado se conmemoró el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, precisamente como una forma de recordar el dolor y el terror causado por el Estado guatemalteco y como un recordatorio del día en que se entregó el Informe Guatemala: Memoria del Silencio, que detalla los resultados de las investigaciones por parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La CEH estimó que el saldo en muertos y desaparecidos del Conflicto Armado Interno alcanzó a más de 200 mil personas, de los cuales alrededor de 45 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada. La CEH también registró más de 100 mil desplazadas.

Las víctimas, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, el 25 de febrero se movilizaron a nivel nacional para recordar a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, familiares y amigos que fueron víctimas del oprobio y de la política contrainsurgente del Estado guatemalteco, así como para exigir al Congreso la no aprobación de la Iniciativa de Ley 5377, que reformaría el Decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional. Varios son los argumentos que deben esgrimirse para rechazar contundentemente esta iniciativa pro impunidad.

La Iniciativa 5377 presentada por varios diputados, presenta una serie de imprecisiones, un claro desconocimiento de derecho, manipulación y falsificación de hechos, actos comprobados científicamente, de los Acuerdos de Paz y por supuesto violaciones a principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como del Derecho Internacional Humanitario o Derecho Penal Internacional. De tal cuenta que, esta Iniciativa mediocremente presentada por los diputados Manuel Conde Orellana, Julio Lainfiesta, José Ubico (sentenciado por narcotráfico en EE. UU.), Javier Hernández padre e hijo, Jaime Regalado, Fernando Linares Beltranena, Delia Bac, Claude de León, Boris España y por los exmilitares Armando Melgar Padilla y Estuardo Galdámez –quienes sin lugar a dudas están implicados en graves violaciones a los derechos humanos–; más que pretender la tan anhelada Reconciliación Nacional y con ello la Paz, tienen por único objetivo procurar impunidad a criminales que desde su posición de poder, ya sea como militar o como funcionario, se dedicaron a ejecutar extrajudicialmente, desaparecer forzosamente, torturar, violar, esclavizar y masacrar a guatemaltecos, guatemaltecas, comunidades enteras, en las cuales habían niñez, mujeres y adultos mayores.

De tal cuenta, que los 83 diputados y diputadas que apoyaron la aprobación en primera lectura de esta mediocre Iniciativa de Ley, de quedarles un rescoldo de dignidad, deben de rechazar los perversos intentos de la Junta Directiva del Congreso por ingresar en la agenda parlamentaria la misma. Deben de saber con certeza que de aprobarse esta reforma, no sólo estarán cometiendo un agravio constitucional y al derecho nacional e internacional, sino que también se convertirán en cómplices de delitos tales como el de genocidio contra cuatro pueblos indígenas, de la desaparición forzada de más de 5 mil niños y niñas, de más de 600 masacres y cargarán sobre sus hombres el peso del dolor de 200 mil víctimas directas y sus familias.

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Las mujeres que transformaron Sepur Zarco

A tres años de dictarse sentencia, todavía no se concretan las medidas de reparación digna para las víctimas del caso.

Por: Ana Lucía González

La comunidad de Sepur Zarco está de fiesta. Justo hace tres años se dictó la sentencia histórica a favor de sus mujeres: la primera condena por violencia sexual en el país durante el conflicto armado interno.

El pasado 26 de febrero –fecha en que se pide reconocer como el Día de la las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica (Iniciativa de ley 5223), como lo dictó la sentencia del caso– la aldea entera lo conmemoró en grande. La celebración dio inicio con una caminata simbólica marcada por el paso de tambores y consignas, continuó con un concierto, el fondo de una marimba y un video conmemorativo que recordó la historia de las 11 abuelas, como se les conoce, que hoy se han convertido en un referente de lucha por la justicia entre su gente.

El día culminó con una ceremonia maya en el interior de la iglesia católica, con la satisfacción de las abuelas de la comunidad y con la oportunidad para reflexionar sobre el valor de la dignidad. Valor que implica plantear al Estado la urgencia de dar continuidad a las medidas reparadoras del caso. Ellas sueñan con un mejor futuro para sus jóvenes.

En el cálido Polochic

Sepur Zarco es una pequeña aldea que forma parte del municipio de El Estor, Izabal, que se integra a la región del valle del Polochic, en el límite con Alta Verapaz. Su nombre en idioma q’eqchi’ significa “lugar de jutes” o “donde los jutes”. Se ubica a 400 kilómetros de distancia de la ciudad capital, si se llega desde El Estor, recorriendo un camino de terracería de más de 80 km. En medio del camino se cruza en ferry por el hermoso río Polochic.

Es un sitio caluroso. Con temperaturas entre los 30 a 35 grados centígrados, con escasa agua, conformado por familias maya q’eqchi’ que en su mayoría no hablan el español. Viven en casas de madera y techo de lámina recubiertos con palma. Por un lado tienen la planta procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y por el otro, los rodean fincas de palma africana.

El Informe de línea base de Sepur Zarco y comunidades aledañas elaborado en el 2016 por la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), da cuenta que, junto con las 44 comunidades vecinas, la población ascendía a 15,800 habitantes. Para entonces, Sepur Zarco contaba con la mayoría de población: 1,419 habitantes; alrededor de 250 grupos familiares.

El cultivo de maíz y frijol es su principal medio de vida; su principal fuente de ingreso es la venta de leña, le sigue la cosecha de maíz y el empleo como jornaleros. El 69.2 por ciento de la población registra ingresos entre Q1 a Q50 diarios. El 25 por ciento tiene cero ingresos. Solo el 0.3 por ciento obtiene por su trabajo más de Q100 diarios.

Los servicios básicos son escasos. Solo el 22.8 por ciento cuenta con energía eléctrica; 57 por ciento con agua entubada; 28 por ciento con telefonía celular y un 75.9 por ciento cuenta con una letrina, de acuerdo con el estudio.

Botín de guerra

Durante los años más cruentos del conflicto armado interno, entre 1982 y 1983, en Sepur Zarco se instaló un destacamento militar con el fin de proteger a los propietarios de las fincas de la región. En ese periodo, los militares desaparecieron a los hombres de la comunidad y dejaron solas a las mujeres, que fueron obligadas a cocinar y lavar la ropa para los soldados del destacamento “con el jabón que ellas mismas compraban” y donde fueron sometidas a una serie de abusos sexuales.

Fue en el 2011 cuando la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) presentó una querella penal en el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Barrios. El caso pasó por distintas etapas pero no fue sino hasta el 26 de febrero de 2016, luego de más de 20 días de debate, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó al teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón por los delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, asesinato, tratos humillantes y violencia sexual; junto con el comisionado militar Heriberto Valdez Asig como los responsables de estos vejámenes. Ellos fueron condenados a 120 años de prisión y a 240 años, respectivamente. Además, Reyes fue condenado por el asesinato de Dominga Coc y sus hijas, mientras que Valdez como responsable de la desaparición forzada de siete hombres, esposos de las sobrevivientes.

Sonja Perkic elabora su tesis de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana de México sobre el caso Sepur Zarco. Enfoca su estudio en cómo la violencia sexual contra las mujeres indígenas formó parte del genocidio por parte del Estado. “Tanto por la cantidad de casos, como por la gravedad de los hechos, esto fue resultado de una estrategia planificada y sistematizada. Por eso se les considera crímenes de lesa humanidad, en las formas de esclavitud sexual y doméstica, y porque implicó la responsabilidad del Estado en los rangos más altos de la cadena de mando”, explica. “Sepur Zarco sentó un precedente para Guatemala y otros países en situaciones similares”, añade.

Se sabe que la violencia sexual es un arma de guerra y un botín del cual se sirve el enemigo para dañar en lo más profundo a un grupo. “Buscan humillar a todo un pueblo a través de los cuerpos de las mujeres. El hombre siente vergüenza e impotencia de no poder protegerlas, puesto que significan la continuidad de la vida y valores. Al romperse esto, se daña la identidad y el tejido social”, explica Perkic.

Por una reparación digna

Como parte de la sentencia, el Tribunal emitió un conjunto de medidas de reparación digna y transformadora. Dos individuales (económicas) y 16 colectivas, entre estas la construcción de un centro de salud tipo A, la construcción de un establecimiento de educación media y continuar con el trámite de legalización de la tierra.

Las muestras de apoyo abundaron el día de la celebración. Contaron con la presencia de delegados de organismos internacionales, instituciones de sociedad civil como MTM y la Asociación Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) que actuaron como querellantes en el proceso legal, además de representantes de varias instituciones del Estado.

“Para nosotras es importante esta lucha. Sabemos muy bien que es un proceso largo, que a lo mejor no sabemos si vamos a lograr ver la reparación. Queremos dejar algo importante para nuestras hijas, familias y comunidad”, expresa Rosa Tiul. “Somos personas grandes, queremos ver resultado del esfuerzo. Nos damos cuenta que el gobierno nos tiene abandonadas”, agrega María Ba Caal.

Coinciden en que quieren ver mejoras en su comunidad. Les preocupa que la mayoría de los jóvenes, por falta de preparación, trabajen en las fincas. “No tenemos otra fuente de ingresos, aunque quisieran no ir, por necesidad se emplean en la palma”, dice una de ellas.

Por eso quieren que sus hijos estudien, que les construyan un instituto de educación media bilingüe. “Muchas familias no logran que sus hijos se preparen, vivimos muy lejos del pueblo. Salir cada día de aquí implica mucho gasto”, afirman.

Una de las quejas se debe a la muerte de una muchacha de 16 años, de quien se desconocían las causas y fueron impotentes para darle la atención necesaria. Otro de los reclamos es que muchos pobladores padecen de una afección en la piel, sarcopiosis (ácaro de la sarna). Aseguran que esto es causado por una plaga de mosca que se encuentra en la palma, además del aumento de la temperatura. Por eso demandan una “justa” atención en salud.

Les preocupa también el aumento de calor en la comunidad, la pérdida de la milpa por la falta de lluvias, la escasez de agua en la comunidad por los ríos secos y una posible contaminación causada por sus vecinos de la palma africana y la minera.

Las abuelas se despiden con un abrazo fraterno. Se sienten satisfechas. De la estigmatización inicial, hoy se han convertido en lideresas de su comunidad. “Estamos aquí, estamos construyendo paz, somos dignas. Lo que pasó no es culpa nuestra”, afirman. Son un ejemplo de vida al demostrar que el camino para alcanzar la justicia no se detiene.

La tierra, en el centro del conflicto

Uno de los principales orígenes de la conflictividad social en el valle del Polochic se debe a la histórica disputa de las tierras. La socióloga Laura Hurtado Paz y Paz lo describe en su libro sobre este tema como “el persistente reclamo de tierras por parte de las comunidades q’eqchi’s y la ausencia de respuesta del Estado, o bien, su respuesta sesgada hacia sectores privilegiados por este históricamente”. Registra que el asentamiento de Sepur Zarco se dio en los años 1950, cuando llegan familias provenientes de Senahú, San Pedro Carchá y Cobán, Alta Verapaz; la mayoría huyendo de las condiciones de explotación de las fincas de café y en busca de terrenos donde establecerse en forma autónoma y sembrar su milpa, según testimonios de ancianos.

Durante el conflicto armado, la tierra se convirtió en el centro de la disputa, indica Hurtado. Alrededor de 1978, los campesinos de toda esta región se movilizan para tomar posesión de sus distintos terrenos y legalizarlos en el entonces Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Los finqueros, fueran propietarios o arrendadores, observan con desconfianza la situación y piden el apoyo del ejército. Fue así como se establece un destacamento militar en las zonas de Sepur Zarco y Tinajas en 1982. Así comenzó la represión entre la población y los líderes comunitarios fueron capturados y desaparecidos. Paula Barrios explica que, a la fecha, esta comunidad se encuentra en medio de una propiedad privada y, por esa razón, el Estado no puede implementar algunas de las medidas reparadoras dictadas en la sentencia. No se puede construir sobre terrenos ajenos. Parte de su batalla se ha enfocado en negociar entre los propietarios privados y Fontierras para solventar esta situación, la cual hasta el momento, ha sido infructuosa. “De momento, todas las acciones se encuentran detenidas por la falta de certeza en la propiedad de la tierra y la falta de voluntad política del presidente Jimmy Morales”, señala la dirigente.

Las mujeres de Sepur

Rosa Tiul
Candelaria Maas Sacul
María Ba Caal
Manuela Ba
Felisa Cuc
Vicenta Col Pop
Margarita Chuc Choc
Cecilia Caal
Magdalena Pop
Carmen Xol Ical
Demecia Yat

[chronos]

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Ley de Amnistía: dictamen dice “cielitos” en lugar de delitos

A pesar de los errores contenidos en la iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, en cuyo artículo 3 hace referencia a “cielitos” en lugar de delitos, con la presencia de 90 diputados se aprobó el segundo debate de la ley de amnistía que busca beneficiar a militares y exguerrilleros responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En un principio y sin mayor discusión, el Congreso aprobó en segundo debate las reformas a la ley de reconciliación, luego de que el secretario de la Junta Directiva, Estuardo Galdámez, leyera rápido ese punto de agenda.

Sin embargo, los diputados le solicitaron a la Junta Directiva (JD) que se enmendara el trámite para aprobar en segundo debate de la Ley de Amnistía. Tras la presión de algunos congresistas, los integrantes de la JD dieron marcha atrás a dicha aprobación tras lo cual inició el debate.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, indicó que la actual Ley de Reconciliación Nacional establece que no se le puede otorgar amnistía a los que cometieron delitos de lesa humanidad.

En tanto el diputado Oliverio García Rodas explicó que el dictamen favorable de la Ley de Amnistía tiene varios errores legales. “Con todo respeto lo digo, tal vez los asesores de la Junta Directiva no se dieron cuenta de esto” indicó.

Existen defectos en el dictamen, por ejemplo en uno de los artículos dice “cielitos”, en lugar de delitos. Es lamentable que los diputados no leyeron lo que firmaron y que ninguno de los más de 60 asesores de los diputados se dieron cuenta, por eso es que juzgan tanto al Congreso, detalló el congresista García Rodas.

El congresista pidió una moción privilegiada para que la iniciativa volviera a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para un nuevo dictamen, sin embargo solo 27 diputados votaron a favor de esa moción.

Por su parte el legislador Walter Félix indicó que de aprobarse esta ley accionaría legalmente en contra de ella por ser inconstitucional, “además ya se dijo que tiene errores”, indicó.

El diputado Manuel Conde señaló que los errores se pueden corregir a través de enmiendas y propuso instalar una mesa técnica para discutir la Ley.

Posteriormente García Rodas, Juan José Porras, Carlos Chavarría y otros diputados presentaron una moción privilegiada para que se le pida una opinión a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, mnoción que también fue rechazada.

Después que García Rodas señalara que existen errores en el dictamen de la Ley de Amnistía, con la presencia de más de 90 diputados se aprobó la iniciativa el segundo debate.

El diputado Galdámez le reprochó a al congresista por su oposición a la Ley de Amnistía. “Mal agradecido con el Ejército” indicó.

Tras aprobar el tercer debate de un préstamo para la USAC de US$120 millones y por falta de quórum, se levantó la sesión plenaria.

[chepe GSR]

yo creo que este es el peor congreso de la historia de Guate. no dieron ni una buena

Hijos de Puta

[Ltorres]

Iniciado por chepe GSR

yo creo que este es el peor congreso de la historia de Guate. no dieron ni una buena

Hijos de Puta

El presidente tambien por mucho el peor de la historia, se dedico en los 4 años a desmantelar toda la lucha contra la corrupcion esa fue su unica tarea.

pero ni la Une ni el PP

[chronos]

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Congreso aprobaría reformas a la Ley de Reconciliación y la excarcelación de mayores de 70 años

El Congreso continuará el miércoles con la aprobación de iniciativas polémicas, entre ellas las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que busca una amnistía total para los crímenes de guerra, y la de cese de encarcelamiento, que permitiría a los mayores de 70 años salir de prisión.

(...)

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

CIDH: aprobar amnistías es un delito internacional

La Corte le ordena al Estado que informe sobre el cumplimiento de la resolución que rechaza la aprobación de amnistía para crímenes de guerra.

Por: EVELYN BOCHE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requiere al Estado de Guatemala que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de 14 casos que se han conocido en esa instancia, “interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa 5377 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, y la archive”.

Además, le ordena al Estado que presente, a más tardar el 12 de abril de 2019, un informe completo y detallado sobre dicho requerimiento.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Comisión de DD. HH. rechaza planteamiento de Corte IDH

POR HEDY QUINO
[email protected]

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Aníbal Rojas, afirmó no estar de acuerdo en detener la aprobación y archivar las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional o de Amnistía, tal como lo solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado de Guatemala.

“Lo que hizo esta institución internacional fue nada más una opinión, nada más una opinión… El Congreso se rige bajos sus propias normas, sus propias reglas y sus propias leyes. Guatemala es soberana en sus decisiones”, declaró Rojas.

Por esta situación el presidente de dicha Sala agregó: “De ninguna manera estoy de acuerdo con que se engavete, esto tiene que conocerse en el Pleno. No estamos diciendo que estamos a favor de todo lo que la Ley establece, sino que se discuta en el pleno y que ahí los diputados decidan si votan a favor o no”.

La Ley de Amnistía autoriza dejar libre de todo proceso penal a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la Guerra Interna.

EN DESACUERDO

El pasado presidente de ese órgano, Ronald Arango, dictaminó desfavorable la iniciativa de Ley de Amnistía por considerar que violaba convenios internacionales de derechos humanos, así como contravenir la Constitución. Pero esta opinión técnica no fue tomada en cuenta por el pleno de diputados, pues solo avalaron el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, dirigida en su momento por Fernando Linares Beltranena.

Por este caso, Rojas dijo: “El año pasado la Comisión estaba dirigida e integrada en su mayoría por diputados que tienen un pensamiento totalmente diferente, un pensamiento más de izquierda y más socialista. Esta administración no es así, es más imparcial y de corrientes diferentes. Yo pienso totalmente diferente al presidente anterior”.

DIRECTIVA INSISTIRÁ EN APROBACIÓN

Ayer el Legislativo fracasó en su intento de aprobar el tercer debate de la Ley de Amnistía por no contar con el cuórum suficiente, pues durante la sesión algunos diputados abandonaron el hemiciclo. Sin embargo, la Junta Directiva presidida por Álvaro Arzú Escobar continuará colocando esta iniciativa en la agenda, informó Rojas, quinto secretario.

[rio63]

Iniciado por chronos

Puras ganas de querer seguir cagándose en el país las de esos es.


En unos 5 o 10 años,ya van a estar muertos todos eso viejos pizados, igual que el Rios Montt.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Informe de derechos humanos de la ONU: Congreso promovió una agenda regresiva que podría profundizar la impunidad

La alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el informe que describe la situación de los derechos humanos y las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala durante el 2018.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Unión Europea se expresa por el Estado de Derecho y la democracia

La Unión Europea (UE), por medio de su alto representante, manifestó que los últimos acontecimientos en Guatemala relacionados a la amnistía para criminales de guerra, las reformas a la ley de ONG y la falta de adhesión del gobierno guatemalteco a sus compromisos internacionales están aumentando la tensión sobre el Estado de Derecho y la separación de poderes en Guatemala.

En un comunicado de prensa, la UE reafirmó su postura expresada el 11 de enero de este año sobre que el anuncio del gobierno guatemalteco de dar por terminado de manera unilateral el Acuerdo de CICIG está contra las obligaciones hacia la ONU y socava la cooperación provista por varios donantes, entre los que se encuentra a Unión Europea y estados miembros de la UE que han estado apoyando la lucha contra la corrupción en Guatemala por una década.

“La UE reitera su voluntad de continuar apoyando a las instituciones guatemaltecas y a la población guatemalteca en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Llamamos al Gobierno de Guatemala a respetar los principios democráticos fundamentales, los derechos humanos y la independencia de alto tribunal constitucional” indicaron.

Según la declaración, la UE monitoreará de cerca la situación y está dispuesta a apoyar y si corresponde, tomar nuevas medidas para fortalecer la democracia en Guatemala.

En el comunicado, la UE manifestó su preocupación por la adopción de enmiendas a la Ley de Reconciliación Nacional en el Congreso que resultaría en una amnistía inmediata para perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, incluyendo crímenes contra la humanidad y genocidio, así como por las reformas a la ley de ONG.

La UE también expresó su alarma por el incremento de ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos durante el año pasado, según reportó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El comunicado fue aprobado por los 28 cancilleres y en nombre de la Alta Representante, Sra. Federica Mogherini, jefa de la política exterior de la Comisión Europea.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

CC deja en suspenso iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional

La Iniciativa de ley, que ya fue discutida en segundo debate en el Congreso, busca dar amnistía total a las personas condenadas y señaladas por crímenes contra la humanidad durante cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

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[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Congreso solicita antejuicio para tres magistrados de la CC por fallo contra las reformas a Ley de Reconciliación

El Legislativo considera ilegal e inconstitucional resolución del máximo tribunal del país.

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[chronos]

Iniciado por "Prensa Libre&quot

Antejuicio presentado contra magistrados de la CC no procede, dice memorial[/url]

El Congreso de la República accionó contra los magistrados de la CC por la resolución que les prohíbe conocer la iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Por Mariajosé España

Magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC) presentaron un memorial ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicando que la querella y el antejuicio que diputados interpusieron en su contra no procede.

Argumentando independencia judicial, en el memorial los magistrados exponen “las motivaciones jurídicas y doctrina legal, nacional e internacional y estándares internacionales que protegen la independencia judicial”.

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Iniciado por Prensa Libre

Congreso intentó desobedecer orden de la Corte de Constitucionalidad

Treinta y ocho diputados votaron para que se agendara en el orden del día de la sesión plenaria que se realizó la tarde de este miércoles las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó el pasado 19 de julio dejar en suspenso el proceso de aprobación de dicha iniciativa.

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Iniciado por La Hora

GAM: Diputados que intentaron desobedecer a la CC pudieron caer en desacato

POR HEDY QUINO
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Tras el intento de 38 diputados que intentaron ayer desobedecer a la Corte de Constitucionalidad (CC) al buscar la aprobación de las reformas de la Ley de Reconciliación Nacional, Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), indicó que pudieron caer en desacato e incurrir en algún delito, en tanto, la analista del CIEN, María del Carmen Aceña, manifestó que fue una acción atrevida de los legisladores.

Polanco explicó que, si los diputados logran aprobar dicha iniciativa, la CC la puede declarar inconstitucional, para que esta no llegue a tener vida jurídica. “Lo ideal también sería pensar en aplicarles alguna sanción al querer aprobar una ley de esa naturaleza que daña a la población y al Sistema de Justicia”, declaró.

Además, indicó que, el Ministerio Público (MP) debería actuar de oficio para que investigue la acción de los diputados. “Ojalá tuviéramos un MP eficiente, pero con la Fiscal –Consuelo Porras– actual difícilmente van a actuar, seguramente los van a proteger”, enfatizó.

CIEN: FUE UN ATREVIMIENTO DE LOS DIPUTADOS

Por otro lado, María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señaló que, la acción de los diputados fue muy atrevida, pues la CC ya emitió una resolución respecto a este caso, sin embargo, también está el hecho de que el Congreso tiene la potestad de legislar. “Es una situación muy difícil”, añadió.

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