Crisis, donde no debería haber
Pedro Pablo Solares
Seiscientos dólares por un pasaporte. Eso es lo que desembolsan muchos migrantes en EE. UU. Algunos invierten $500, otros $400; y muchos otros hasta $1,000 o más. Y de eso, solo US$65 le entran al Estado. El resto queda perdido entre tramitadores, que brindan servicios que el Estado no provee, y “raiteros”, quienes conducen a los usuarios —muchos de ellos indocumentados—, para llevarlos al Consulado.
Este artículo plantea la oportunidad de una nueva estrategia, para que el migrante desembolse menos dinero y el Estado obtenga más recursos, que deba retornar a la comunidad
La semana pasada, en Cincinatti, quedó documentado un penoso incidente. Cientos de personas, desesperadas por un pasaporte, desbordaron la capacidad del consulado que llegó en su visita anual. Un usuario inconforme me contaba que para llegar ahí, el raid o raite le había costado US$300. Aparte perdió más de US$200 que hubiera devengado si se hubiera quedado trabajando en casa. ¡Qué furia perder tanto dinero, y además no saber cuándo tendrá otra oportunidad de intentar un pasaporte.
Esta experiencia es constante, y deja dos evidencias: Primero, que el Estado no tiene la capacidad de atender la demanda consular. Y segundo, que los migrantes pagan mucho dinero a terceras personas para llenar ese vacío. Lo peor de todo es que, a pesar de esto, según datos de la Cancillería, se deduce que
más de un millón de guatemaltecos en EE. UU. aún no tienen al día sus documentos.
Bajo una visión tradicional, el lector verá un problema: si
el Estado carece de recursos, incluso para las necesidades adentro del territorio, más difícil aún será atender en territorios extranjeros. Pero mírese esta cifra reveladora:
una oficina consular promedio le cuesta al Estado menos de US$800 mil anuales. Pero recauda más de US$2 millones por los servicios que presta. El Estado no invierte en el migrante, el migrante aporta al Estado.
Existen oportunidades: primero, hay una población enorme que aún no ingresa al grupo que renueva su pasaporte cada cinco años —recuerde, más de un millón de personas—. Y segundo, somos un país que provee una cantidad muy limitada de servicios en el exterior. Otros países como México y Ecuador ofrecen una gama mayor a sus usuarios, en beneficio de ambos.
El gobierno actual ha iniciado una cruzada por ampliar la red consular. Ahora mismo inauguran tres sedes que eran necesarias. Pero según anuncian, sus próximos pasos se concentrarán en abrir 11 sedes más. Esto es aplaudible. Era necesario. Pero
de poco servirá si las sedes no ofrecen los servicios necesarios. México, por ejemplo, brinda certificados en sus consulados, y los cobra. Ecuador ofrece servicios notariales en el exterior, y los cobra. Guatemala podría ofrecer servicios legales guatemaltecos, y un paisano pagaría al Estado por un poder —como lo hacen los ecuatorianos—, en vez de contratar a notarios particulares. Otra oportunidad es crear consulados ambulantes: camiones que visiten pueblitos aislados, y en ellos, a los miles que jamás han obtenido un documento, y que estarían dispuestos a pagar un arancel diferenciado, menor de lo que cobra un raitero.
Existen obstáculos, claro. Algunos líderes migrantes alzarían la voz, pues exigen servicios baratos o gratuitos. Pero el sentido común debe prevalecer. También, un esfuerzo legislativo habría de formarse. Pero hay diputados que manifiestan interés en el tema.
En la actualidad, en los migrantes, tenemos a príncipes mendigando por un pasaporte. Esta población esforzada cuenta con poder adquisitivo, y no demanda servicios baratos, sino calidad en el trato.
Es cuestión de un cambio de enfoque.
@pepsol
Este thread fue creado hace 2502 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Jun-2017, 10:53
Presidente inaugura nuevo consulado ...
