Capturan a exfuncionarios de PNC y Gobernación por ejecución extrajudicial

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Redes criminales: confusión y encubrimiento

Marielos Monzón

Cuando asesinaron al obispo Juan José Gerardi se activó —casi de inmediato— una estrategia de desinformación y desprestigio. Se mantuvo durante años y fue variando conforme avanzaron las investigaciones y, luego, mientras se desarrollaba el proceso penal.

Pocos días después del homicidio, quisieron instalar la idea del “crimen pasional” e hicieron correr todo tipo de rumores en contra del religioso. Tiempo después, las calumnias alcanzaron a los investigadores y fiscales del caso. Más tarde, cuando dio inicio el juicio, el blanco predilecto fueron los jueces que integraban el tribunal.

Todo con tal de desviar la atención respecto de los motivos reales del asesinato político del obispo Gerardi Conedera y de mantener en la impunidad a quienes lo ordenaron y lo planificaron. De forma muy parecida sucedió en el caso de la antropóloga Myrna Mack Chang. También en los procesos judiciales por genocidio, por violencia sexual contra las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco, y en contra de la familia de Marco Antonio Molina Theissen.

A las mujeres indígenas que fueron víctimas de esclavitud sexual y laboral en un destacamento militar se les acusó de ejercer la prostitución. A la familia Molina Theissen de mentir respecto de la desaparición forzada de Marco Antonio —hubo quienes, incluso, afirmaron que habría estado presente durante el juicio haciéndose pasar por otra persona— y a los testigos del caso por genocidio les señalaron de haber “vendido” su testimonio. El objetivo: cuestionar su idoneidad.

Y así podríamos seguir citando ejemplos de cómo la desinformación y el desprestigio contra las víctimas y sus familias, contra testigos, peritos, fiscales y jueces independientes han sido una constante en este país. No se trata de acciones aisladas, de ocurrencias ocasionales o de casualidades, son parte de la cultura de las redes criminales y de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs). Son parte de las estrategias de inteligencia y forman parte del plan.

Se trata de crear y difundir mentiras y hacerlas pasar como verdaderas. También de mezclar los planos. Hay ataques dirigidos a los casos y hay otros que se enfocan directamente en la vida privada de las personas involucradas en un proceso judicial, a manera de restarles credibilidad.

Lo importante de esta estrategia es confundir a la opinión pública, colocar un manto de duda sobre la investigación pero, sobre todo, sabotear los procesos judiciales y garantizarse impunidad. Para estos propósitos se utilizan como cajas de resonancia algunos medios y, en estos tiempos, las redes sociales, que multiplican hasta el infinito las falsedades y las medias verdades. Hay personas que genuinamente —sin tener un interés particular o formar parte de estas redes o de los netcenters— replican los argumentos y los hacen suyos, precisamente porque éstos están construidos a partir del análisis del comportamiento de los grupos sociales y los valores que lo sustentan.

En efecto, la comunicación es un eje esencial en los planes de acción de los poderes oscuros. Les ayuda a cumplir sus objetivos de confusión y encubrimiento. Así como hay expertos para diseñar y echar a andar una estrategia jurídica maliciosa —retardo en los procesos, abuso del amparo, retorcimiento de la ley—, hay especialistas en manipulación de opinión pública y en campañas de desinformación. Todo se articula, todo es parte del plan.

Mi solidaridad con el fiscal Juan Francisco Sandoval.

@MarielosMonzon

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

El Cacif quiere ser juez y parte

Haroldo Shetemul

La denuncia que hizo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), sobre las acciones de intimidación en su contra es más que reveladora porque muestra en toda su magnitud cómo operan las estructuras que tratan de que en Guatemala todo siga igual, sin lucha contra la corrupción y la impunidad. Y hay que decirlo muy claro: al frente de esa campaña de desprestigio e intimidación se encuentra el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), artífice de las acciones en contra de Iván Velásquez y la Cicig, y que ahora la emprende contra un fiscal por el simple hecho de haber tocado a uno de los intocables: el empresario y exministro Carlos Vielmann. Y también aclaro: no me refiero a todos los empresarios, porque hay personas honorables, sino a una élite que se arroga la representación de todo un sector, pero que solo representa los intereses de un grupo reducido, la oligarquía que le dicen.

La semana pasada la directiva del Cacif exigía que no se litigue por la prensa; sin embargo, esa cúpula sí lo puede hacer. Le pidió a la jefa del Ministerio Público que efectúe investigaciones internas y en forma velada pidió la destitución de los miembros de la Feci por tener “agendas particulares” y la supuesta existencia de testigos protegidos que calificó de no idóneos. Para atacar a Sandoval, un medio digital cercano al Cacif, vaya coincidencia, difundió audios en los que a algunos reos peligrosos supuestamente les ofrecían beneficios a cambio de ser testigos protegidos. El tamal estaba hecho, al igual que los netcenter que atacan en redes sociales y las mantas que han aparecido en la vía pública vinculando a la Feci-Cicig con bandas de secuestradores. El propio fiscal Sandoval calificó esos audios de “dudosa procedencia, legitimidad y autenticidad” y que han servido para poner en riesgo su vida, la de sus familiares y amigos.

Sandoval también denunció: “Han utilizado mecanismos de intimidación desde la estructura gubernamental, socavando avances en materia de transparencia, intimidando a medios de comunicación, jueces y fiscales desde su perversa y millonaria maquinaria publicitaria”. La cruzada contra Iván Velásquez y la Cicig, coordinada y pagada por miembros de la cúpula empresarial, también tuvo el efecto de que el presidente Jimmy Morales se les acercara aún más. De hecho, Morales fue el candidato del Cacif en las pasadas elecciones y al que le inyectaron financiamiento electoral ilícito, por lo que ahora debe responder a esa inversión. En realidad la cúpula empresarial es la que dirige el país, con lo cual le da sentido al término oligarquía, como forma de gobierno en el que el poder está en manos de un grupo reducido que pertenece a una misma clase social.

La lucha anticorrupción fue positiva para el Cacif cuando era contra políticos y funcionarios. Aplaudía esa labor de limpieza, pero cuando las investigaciones penales tocaron a sus puertas y cayeron banqueros, industriales y comerciantes, ya no le gustó. ¿Cómo era posible que a ellos, a los dueños del país, los tacharan de delincuentes? El fiscal Sandoval da la respuesta, al señalar que desde la Feci: “se ha develado el mecanismo de funcionamiento de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos que han intentado generar impunidad de sus acciones (…) dichos cuerpos han desarrollado redes político económicas ilícitas, que han pervertido la pureza del régimen electoral, corrompido el ejercicio de la función pública, creado mecanismos de blanqueamiento de capitales ilícitos, y perturbado el desarrollo del país”. Por eso el Cacif quiere descabezar a la Feci, pero no se ha dado cuenta que ya no estamos en el pasado cuando podía hacer lo que quisiera. Hoy debe saber que hasta quienes se creen dioses deben enfrentar la investigación penal y la justicia.

@hshetemul

Iniciado por elPeriodico

CACIF. La hipocresía como método

El secuestro de la democracia.

— Helmer Velásquez

Nos hemos acostumbrado en el país, a escuchar de empleados y representantes de una de las élites del sector privado; que ellos propugnan, por libre competencia, igualdad ante la ley, capacidad de pago, certeza jurídica, nadie es superior a la ley. Y una larga lista de principios, que luego sin rubor no practican. Para empezar, aherrojan la economía con prácticas monopólicas, eluden y evaden impuestos, eso a pesar, que por interpósitas personas, han decidido –previamente– cuánto y cómo quieren pagar. Por certeza jurídica entienden solamente sus fundos y no las tierras de pueblos indígenas y campesinos. Deciden qué leyes se aprueban y cuáles no. En fin, un extraño liberalismo, avaro y construido a imagen y semejanza de intereses pecuniarios.

El CACIF, un grupo de choque. Tomo la frase del libro de Rachel M. McCleary: Imponiendo la Democracia: Las elites guatemaltecas y el fin del conflicto armado. Artemis Edinter. Se trata de una creación de la oligarquía de este país, para confrontar a gobierno y sociedad, en caso de afectación lícita de sus intereses. La práctica política ha demostrado, que por aquello entienden: la aplicación de derechos laborales, derechos campesinos a tierra y agua, la temida reforma tributaria. Entre lo evidente. No estamos, entonces, frente a la cara amable del “sector privado”, se trata de un instrumento ofensivo, asentado en ideario e intereses dinerarios de un pequeño grupo de poder. Lícito. Tal cual lo son: CUC, CCDA, CODECA, UVOC, NUEVO DIA, MAMA MAQUIN, asentados en pueblo y defensa de derechos. La diferencia es que CACIF, parte con una “pequeña” ventaja. Controlar al Estado. Esto último, se expresa en su inveterado derecho de veto sobre iniciativas de ley, ejemplos: todas las fallidas reformas tributarias. Consecuencia de aquello, los pobres financian esta democracia, el 60 por ciento de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos. Detuvieron en 2006, la elaboración del Código Agrario e instalación de Tribunales ad hoc, a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Pese a ser mandato de los Acuerdos de Paz. Avalados por ellos. Descarrilaron Ley de Desarrollo Rural. Recientemente boicotearon las reformas Constitucionales a la Justicia.

Ahora, en traje de primera comunión demandan reformas a la justicia, seguramente, a la medida de sus intereses dinerarios. ¿De qué hablan ahora, los agentes del capital? Se trata que la anterior reforma –propuesta por los poderes de Estado– no la habían escrito ustedes, y por tanto no era procedente, o es que solo ustedes saben que merece esta justicia y esta democracia. Equivocados, muy equivocados.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Asociación de Fiscales del MP respalda al Jefe de la FECI

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
[email protected]

La Asociación de Fiscales del Ministerio Público manifestó por medio de un comunicado su apoyo y respaldo al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y al resto de fiscales de esa Fiscalía por las recientes intimidaciones que ha denunciado.

“No toleramos que se promuevan actos tendientes a limitar el ejercicio de la persecución penal tales como intimidaciones y coacciones a través de diversos medios”, se lee en el comunicado.

La Asociación también se refirió a una manta que apareció colgada en la vía pública con “mensajes despectivos y amenazantes”, la cual solo pretende crear temor y vulnerar la independencia de los fiscales, según el comunicado.

“(…) estamos expuestos a ser objeto de denuncias de cualquier tipo, pero no aprobamos que sea a través de actos de cobardía e intimidatorios que solo pretenden como ya se hizo crear temor a los fiscales”, puntualizan.

Sandoval denunció públicamente el sábado pasado “mecanismos de intimidación” en el marco del Caso El Infiernito, en el que está sindicado el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, ligado al sector privado organizado

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Stu Velasco recupera su libertad por el caso Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura

La audiencia de revisión de medidas de coerción y de discrepancia se realizó en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, quien decidió otorgar la libertad condicional al ex subdirector de la PNC Stu Velásco y le impuso una fianza de Q400 mil.

(...)

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Corte Interamericana conoce caso sobre operativos de “limpieza social” en Guatemala

Realizada en Costa Rica una audiencia oral y pública como parte del litigio en proceso contra el Estado por supuesta ejecución extrajudicial en 2005.

San José – Los días 5 y 6 de marzo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) acompañaron a la familia de Hugo Humberto Ruiz Fuentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia oral pública como parte del litigio del caso contra este país.

Durante dos días, el alto tribunal conoció en la capital de Costa Rica las graves violaciones de derechos humanos de las que él fue víctima en diferentes momentos, desde que su detención ilegal y arbitraria en 1997, torturado para que confesara los delitos que se le imputaron hasta que su ejecución extrajudicial en 2005, según indicó el Cejil hoy en un comunicado de prensa.

Enfrentó un proceso judicial en que violaron sus garantías judiciales. Condenado a la pena de muerte en contravención de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), se fugó de prisión en el 2005, pero fue ejecutado en el marco del “Plan Gavilán” implementado por la Policía Nacional Civil (PNC) y comandado por el Ministerio de Gobernación, puntualizó.

Este hecho se enmarca en una serie de operativos de “limpieza social selectiva” y representa las más graves violaciones de derechos humanos a finales de los noventa e inicios del 2000. Fueron actos planificados y ejecutados por cuerpos criminales y aparatos clandestinos al interior de la PNC, con tolerancia y complicidad sistemática de autoridades responsables de investigarlos, dijeron Cejil y el ICCPG.

El caso fue abierto de oficio por la Comisión Interamericana en julio 2004 a raíz del proceso por el caso de Ronald Raxcacó Reyes, sentenciado a la pena capital el 14 de mayo de 1999 por el secuestro del niño Pedro Alberto de León Wu, quien sobrevivió. A la fecha, las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ruiz Fuentes continúan impunes.

“Guatemala ha tenido numerosas oportunidades, a lo largo del tiempo, para dar una respuesta a los familiares de Hugo Humberto, que han sufrido la misma estigmatización de la que él fue objeto. Él fue tratado como una persona indeseable para la sociedad y, por tanto, desechable”, señaló Gisela De León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

A partir de la prueba presentada, precisó el pronunciamiento, las dos entidades solicitaron que sean tomadas las medidas necesarias al interior del Estado de Guatemala para abordar las causas que configuraron el caso y, de este modo, se impida que hechos similares vuelvan a suceder.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Se suspende audiencia intermedia del Caso Ejecuciones y Tortura

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
[email protected]

Para hoy estaba programada la audiencia de etapa intermedia del Caso Ejecuciones y Tortura, sin embargo, se suspendió porque el abogado defensor del exministro de Gobernación Carlos Vielmann, procesado por el delito de tortura, presentó una excusa para ausentarse, informó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Durante la etapa intermedia, la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, debe decidir si envía a juicio a Vielmann por tortura y al exsubdirector de Investigación Criminal, Suhairam Stu Velasco Crispín y a los expolicías Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Francisco Guarcas de Paz y Víctor Manuel Ruiz González por el delito de ejecución extrajudicial.

En la audiencia de primera declaración, la jueza decretó falta de mérito a favor de Vielmann por el delito de ejecuciones extrajudiciales.

De momento no hay fecha de reprogramación para la audiencia, informó la Fiscalía.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Carlos Vielmann, procesado por tortura, saldrá de prisión

Carlos Vielmann, exministro de Gobernación implicado en el caso Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura, o Infiernito, saldrá de prisión mediante fianza de Q1 millón por resolución de Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Dehengart: no ubicamos a Kamilo Rivera; conduciremos a Aldana

Tras finalizar la reunión de Gabinete, Enrique Degenhart, Ministro de Gobernación, fue consultado sobre varios temas, uno de estos relacionados a la situación de Thelma Aldana, exfiscal general del Ministerio Público (MP) y presidenciable por el Movimiento Semilla, y del exviceministro de Seguridad Kamilo Rivera, quien está prófugo.

“En el caso de Thelma Aldana, el Ministerio de Gobernación no le hace seguimiento, ni le está haciendo nada en particular porque está fuera del territorio, eso sí, en el momento en el que Thelma Aldana se presente vamos a tener que conducirla de acuerdo a la orden judicial que sigue estando vigente hasta este día”, reiteró Degenhart.

Por otro lado, también fue cuestionado por periodistas sobre el exviceministro Kamilo Rivera, quien está prófugo desde el año pasado y señalado por un caso de ejecución extrajudicial.

El Ministro de Gobernación indicó que Rivera continúa en la lista de personas buscadas y cuando lo identifiquen lo capturarán.

“En el caso del exviceministro Rivera, todavía está en la lista de las personas que estamos buscando, por supuesto, a la hora de identificarlo lo vamos a presentar ante juez competente, que giró la orden de aprehensión”, indicó Degenhart.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Sala ratifica decisión de jueza de ligar a proceso a Vielmann solo por tortura

La Sala Segunda de Mayor Riesgo ratificó la resolución de la jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado “A” de Mayor Riesgo de ligar a proceso al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, únicamente por el delito de tortura y no por ejecuciones extrajudiciales, en el Caso de Ejecuciones y Tortura.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Erwin Sperisen pierde apelación en Suiza por muerte de reos en Pavón

Después de haber sido sentenciado por la justicia suiza, Erwin Sperisen había presentado una apelación que le fue negada por la justicia de ese país.

(...)

[chronos]

Iniciado por nomada

La sentencia suiza: Sperisen, cómplice de asesinato de reos

En esos términos acaba de cerrarse el proceso judicial de más de siete años que tuvo lugar en Suiza contra Erwin Sperisen, exjefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala entre julio de 2004 y marzo de 2007, por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de diez reos durante su mandato al frente de la institución policial.

POR DIEGO DE LEON SAGOT

El Tribunal Federal de Suiza, máxima instancia jurisdiccional del país helvético, anunció el jueves 28 de noviembre su decisión de ratificar la sentencia emitida por la Cámara Penal de Apelación y Revisión de Ginebra en abril de 2018, en la cual le adjudica a Sperisen la calidad de cómplice en el asesinato de reos y lo sentenciaba a quince años de prisión.

No existe más apelación posible. No en Suiza. El único camino que le queda a la defensa del doble nacional suizo-guatemalteco Sperisen, es recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Sus abogados Florian Baier y Giorgio Campa, anunciaron de inmediato tras conocerse la decisión última que recurrirán a la máxima entidad europea encargada de revisar que el debido proceso, como derecho humano, haya sido garantizado en el proceso.

Por lo pronto, Sperisen, quien gozaba de cierta movilidad luego que los jueces de Ginebra decidieron otorgarle una medida sustitutiva a la prisión a cambio de firmar a diario actas de presencia ante la autoridad judicial y portar un brazalete electrónico que permitía rastrear sus movimientos, regresó ya a prisión para cumplir la condena que le fue im-puesta.

En un comunicado oficial, el Tribunal Federal explicó su decisión de “rechazar, sobre los puntos principales, el recurso de Erwin Sperisen contra el veredicto de la Cámara Penal de Apelación y de Revisión de la Corte de Justicia del Cantón de Ginebra”. Por consiguiente, la condena como cómplice de siete asesinatos y la pena de 15 años de privación de libertad no deja margen a la crítica, según las palabras del Tribunal Federal.

De acuerdo con Bénédict de Moerloose, jurista de Trial International, una de las organizaciones que presentaron la denuncia inicial en 2008 que abrió paso a la investigación, persecución y sanción judicial contra Sperisen, tras constatar en ese mismo año que el exfuncionario guatemalteco estaba refugiado en Ginebra, Suiza, catalogó como “día histórico para las víctimas, histórico para la justicia, histórico para Guatemala”, tras conocer la decisión del Tribunal Federal.

La máxima instancia suiza “no dejó dudas, descartó todos los argumentos de la defensa, en un auto de 69 páginas”, indicó. “Ahora sólo queda una verdad, grabada en piedra: en la cárcel Pavón, el 25 de septiembre de 2006, en el marco de una operación policial y militar, siete personas detenidas, que como tal gozaban del beneficio de la protección del Estado, fueron asesinadas como animales en matadero por los hombres de Sperisen y con su participación activa… Ahora está condenado, se hizo justicia”, agregó.

Por su parte, la abogada querellante al proceso, representante legal de la madre de uno de los reos ejecutados en Pavón, mesuró sus palabras: “es una decisión dura contra Sperisen, porque le niega todos los argumentos que pudo presentar, pero buena para la víctima a la que represento y para el Estado de Ginebra que también ha sido muy criticado durante todo el proceso”, señaló.

Para los abogados defensores, la decisión del Tribunal Federal es incomprensible, en la medida en que a Sperisen se le adjudica complicidad en los asesinatos, cuando tanto su superior en aquella época, Carlos Vielmann, quien era el ministro de Gobernación, como Javier Figueroa, la mano derecha de Sperisen en la policía, y Alejandro Giammattei, jefe de presidios adscrito a la PNC y ahora presidente electo de Guatemala, fueron llevados a juicio en España, Austria y Guatemala respectivamente, y fueron absueltos de responsabilidad.

No obstante, con esta decisión, la justicia suiza deja clara su independencia, tanto respecto de los otros sistemas judiciales y la forma como éstos valoraron las pruebas a su disposición, así como de las presiones políticas que por años se intentó someter a las autoridades judiciales de Ginebra por parte de grupos afines a Erwin Sperisen.

En retrospectiva y a lo largo del proceso, la justicia suiza demostró lo siguiente: su respeto irrestricto a la ley, al cumplir con su deber de investigar, perseguir, enjuiciar y sancionar a connacionales suizos que hayan cometido delitos fuera de sus fronteras toda vez que la extradición no está contemplada, tal como ocurrió con Sperisen; y establecer la verdad de los hechos en función de una extraordinaria cantidad de pruebas periciales y testimonios que conformaron el expediente judicial contra el ex jefe policial.

En pocas palabras, le decisión del Tribunal Federal asienta, al menos, cuatro verdades incuestionables:

1) El asesinato de siete reos en Pavón fue una acción premeditada, deliberada, de la que Sperisen, como jefe de la Policía Nacional Civil, tuvo pleno conocimiento y en su condición, la facilitó. Fueron ejecuciones extrajudiciales y por consiguiente, flagrantes violaciones de derechos humanos.

2) Paralelo al plan oficial dirigido a retomar el control de la cárcel Pavón, al que se denominó Plan Pavo Real, hubo un Plan B, del cual las máximas autoridades de la seguridad en el país tuvieron pleno conocimiento y que fue ejecutado por una estructura ilegal, un escuadrón conformado por individuos encapuchados, que entraron a matar de manera deliberada a los siete reos, previamente identificados e incluidos en la “lista negra”.

3) Sperisen fue cómplice. Aunque en el proceso judicial quedaron en evidencia indicios de la responsabilidad directa del exjefe de la policía en las ejecuciones extrajudiciales, la justicia suiza consideró que las pruebas no fueron contundentes. Sin embargo, sí su complicidad, de acuerdo al artículo 25 del Código Penal suizo, en el que se define como cómplice a quien haya prestado asistencia al autor para cometer un crimen o un delito. Como máximo jefe de la institución policial a cargo del operativo, Sperisen incurrió en tal figura delictiva.

4) Los fallos judiciales en todas las instancias, dieron validez a las pruebas que pesaban contra Sperisen, en especial las proporcionadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su rol como querellante en el proceso fue determinante. Asimismo fue fundamental como información de contexto, el informe del entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, quien visitó Guatemala en 2006 y estableció que en el país existía una verdadera maquinaria de limpieza social y ejecuciones extrajudiciales orquestada desde las propias autoridades del Estado.

Como escribí en mayo de 2018 en este mismo medio, para la justicia suiza, la naturaleza de los hechos —ejecuciones extrajudiciales dentro de una institución custodiada por el Estado—, el rol del acusado —jefe de la policía nacional—, así como su actuación en el día de los hechos —sus movimientos en la cárcel fueron trazados minuto a minuto durante las audiencias, a partir de fotografías, vídeos, testimonios y declaraciones— fueron motivos suficientes para condenarlo por complicidad.

Con el fallo del Tribunal Federal, la sentencia contra Sperisen ha quedado en firme. Ahora deberá pasar en reclusión al menos cinco años, ya que el tiempo que ha estado privado de libertad durante el proceso judicial cuenta como parte de la condena definitiva.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Según medio español, Ligorría consideraba culpable a Vielmann

Según el medio español, “Voz Pópuli”, el excomisionado de la Policía Española, José Villarejo, ofreció ayudar al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, en el caso de ejecuciones extrajudiciales, en el que para el exembajador Julio Ligorría, el exfuncionario sí había sido culpable.

Según la publicación, Villarejo brindó su apoyo al exembajador de Guatemala en EE. UU., Julio Ligorría y el audio fue grabado por el expolicía. En la grabación se puede escuchar, supuestamente a Ligorría, decirle a Villarejo que Vielmann “Sí se cargó a unos tipos en la cárcel”.

La conversación, según Voz Pópuli, tuvo lugar el 10 de febrero de 2017, cuando Villarejo ya se encontraba jubilado y se encontraba en Nueva York a donde había viajado por un encargo que le había hecho el empresario naviero para que le salvara de ser extraditado a Guatemala, donde era reclamado por corrupción.

En el reportaje señalan cómo Villarejo había ofrecido a este empresario naviero sus influencias en la Audiencia Nacional a cambio de diez millones de euros.

La reunión con Ligorría era para convencerle de que él tenía que ser el próximo presidente de Guatemala y disolver la CICIG, el organismo que pedía la extradición de su cliente, explica la nota.

(...)