Dan dictamen favorable a reformas a Ley Electoral

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Diputados sugieren penas leves al financiamiento anónimo

Por Sonny Figueroa
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Durante una reunión de la Comisión Extraordinaria que elaborará una iniciativa de ley para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito en sus modalidades de anónimo y no registrado, se presentaron propuestas que penalizan con un máximo de cinco años esas actividades, lo que significan que son conmutables. Analistas consideran que es una estrategia de impunidad de los diputados para proteger a sus financistas.

Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, esas reformas son lógicas partiendo que quienes están analizando esas modificaciones son políticos y saben la importancia de los financistas en sus organizaciones políticas.

“De alguna manera ellos –los diputados- están usando una medida acorde a sus intereses, que es no ahuyentar a sus financistas. La perspectiva de la instituciones que buscan penalizar ese delito es otra y piden una medida que conlleve a cárcel. Se está haciendo un falso dilema para que se crea que el financiamiento electoral anónimo y no registrado no es tan malo como el financiamiento electoral ilícito, donde se recibe recurso del crimen organizado, y sí es malo”, dijo Marroquín.

A decir del analista político independiente Jorge Wong, que en las propuestas las penas sean conmutables era una acción de esperarse de los congresistas. Agregó que es importante que las penas sean mayores.

Esto es una posición clara de los diputados de querer seguir tapando el sol con un dedo para seguir teniendo beneficios que han tenido hasta el día de hoy dijo Wong, quien agregó que es elemental que las penas sean más altas y que no sean conmutables.

La sociedad civil tiene que ver que se haga la ley, pero no la trampa. Lo bueno es que ya salió a luz la trampa y la sociedad debe exigir cambios sin abusos. Si ellos –los legisladores- aprueban esos cambios seguiremos como estamos porque protegerán a sus financistas, expresó el experto.

DIPUTADOS APROVECHAN PARA GARANTIZAR IMPUNIDAD

Las penas del financiamiento electoral anónimo y no registrado se modificarán por exhortación de la Corte de Constitucionalidad. A decir de Renzo Rosal, analista político, hay una mayoría de diputados en el Congreso que lo que buscan es aprovechar esa orden para hacer reformas que garantizar impunidad.

“Se crea una reforma que regule el contenido, pero se hará en una pena conmutable. Lo que está haciendo el Congreso es jugar, haciendo que lo que dice la CC pero sacan ventaja. Los diputados están haciendo un proceso a su conveniencia y no a lo que demanda la ciudadanía. Lo ideal es que haya una pena que no sea conmutable”, expuso Rosal, quien agregó que también debe existir una inhabilitación.

Para Ricardo Barreno, experto en temas políticos, históricamente se ha demostrado que la política se ha conformado por el financiamiento anómalo. En términos generales, es preocupante la ruta que están tomando estas sanciones penales porque resguardan el estatus quo que ha funcionado a través del financiamiento ilícito, concluyó Barreno.

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Eliminar delito de financiamiento electoral ilícito favorece a políticos señalados

La reforma del delito de financiamiento electoral que propone la Comisión Extraordinaria del Congreso elimina el delito de financiamiento electoral ilícito, lo cual beneficiaría a personas actualmente señaladas o procesadas, incluso al mismo presidente Jimmy Morales, cuyo antejuicio fue engavetado pero sin los suficientes votos para ser desechado.

A criterio de expertos y diputados, la propuesta elaborada por asesores de la Comisión para reformar el segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal es derogar el segundo párrafo y crear dos artículos más para dejar solo el financiamiento electoral no registrado y el anónimo.

(...)

Para la diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), la Corte de Constitucionalidad (CC) fue clara y ordenó reformar el segundo párrafo del artículo 407 N, no derogar nada.

“Esa es la única y exclusiva tarea que tienen los diputados. No crear ni inventar otras cosas. A mi parecer, se está violentando el mandato que la Corte dio”, afirmó Montenegro.

Agregó: “Aunque se puede aducir que es para diferenciar el financiamiento ilícito, el anónimo y el no registrado, se debe cumplir con lo que dice la CC”.

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El colmo de la hipocresía: financiamiento no tan malo

Oscar Clemente Marroquín
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La Corte de Constitucionalidad abrió la puerta al juego de la mayor hipocresía que pueda haber respecto al tema del financiamiento electoral ilícito. Ya sabemos cuánta razón tenía Iván Velásquez cuando dijo que el pecado original de la democracia guatemalteca es precisamente el financiamiento electoral, y por si alguna duda quedaba, ayer el exsecretario privado de la exvicepresidenta Baldetti dejó en claro cómo es que funciona el mecanismo que hace posible la cooptación del Estado y, ojo, porque lo que relató Monzón se puede aplicar, cambiando los nombres por otros secretarios privados, a los gobiernos que antecedieron al de Pérez Molina, porque aquí es el sistema el que está podrido hasta el mero tuétano.

Y la hipocresía está en considerar que el peor financiamiento es el que proviene del crimen organizado, del lavado de dinero o de otras actividades delictivas, pintando como “menos malo” el que empezó a practicarse desde 1985, cuando gente como Ángel González cooptó al gobierno de Vinicio Cerezo mediante el regalo de millonarios aportes en propaganda que sirvieron para asegurar el monopolio de las frecuencias de la televisión abierta, para citar apenas el ejemplo más emblemático del inicio del problema. En sucesivas campañas se fueron sumando otros financistas cuyo delito no es simplemente el carácter anónimo de las donaciones, sino que el tipo de control que pueden ejercer sobre quienes llegan al poder, al punto de que es absolutamente irrefutable que se produjo la total cooptación del Estado de Guatemala.

He sostenido que es mil veces peor el financiamiento de los cooptadores del Estado que el que puedan aportar los miembros del crimen organizado que buscan impunidad para continuar sus operaciones, pero que no necesariamente están interesados en el saqueo de todos los fondos públicos mediante el sometimiento del proceso de compras y contrataciones como pago de la inmoral deuda que asumen los políticos cuando reciben esos chorros de dinero de financistas que aseguran, con enormes y hasta inimaginables creces, el retorno de su inversión. Por supuesto que hay financiamientos de crimen organizado como el que contaminó a los Colom Torres con el dinero de quienes tenían el control de las redes de contrabando en el país, pero el que también recibieron de los narcotraficantes fue a cambio de dejarlos trasegar la droga sin interferencias.

Ningún financiamiento electoral en las condiciones que han prevalecido en el país es “menos malo” porque finalmente es un soborno anticipado que los políticos entienden tan bien que hasta se lo embolsan en vez de invertirlo en gastos de campaña. El carácter anónimo de las contribuciones empeora las cosas porque no sólo hay financistas que apuestan a dos caballos, sino que además el ciudadano no tiene instrumentos para establecer la relación causa-efecto cuando se concretan los millonarios negocios que hace el Estado en perjuicio de la misma población.

Pero la paja de que el financiamiento anónimo es menos dañino que el otro es la mayor hipocresía y la sociedad no se debe tragar esa patraña que pretende despenalizar el crimen de la cooptación del Estado.

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El fantasma del fraude electoral

Alejandro Balsells Conde

En 1974 se produjo un fraude electoral descarado. Carlos Arana Osorio, quien presidió un gobierno represivo y violento, no podía pensar en entregar el mando a la oposición y menos cuando el candidato vicepresidencial era Alberto Fuentes Mohr. Se preparó la farsa para que apareciera como ganador Kjell Eugenio Laugerud y Mario Sandoval Alarcón en una alianza del Movimiento Liberación Nacional y el Partido Institucional Democrático (el partido de los militares que tenía como secretario general al abogado Donaldo Álvarez Ruiz).

Alvaro Arzú relata en sus memorias, desde su perspectiva, cómo se produjo el fraude y cómo vivió el engaño de los liberacionistas. La oposición tuvo que optar por un candidato militar porque estaba segura de que era la única forma de acceder al poder, pero el candidato opositor, Efraín Ríos Mott, se arregló con la cúpula militar y salió a España para formalizar el timo y la asunción del nuevo gobierno.

En 1978, en otra elección donde solo militares competían, “salió triunfador” Romeo Lucas García, y la oposición, ahora formada por liberacionistas y democristianos, objetó el resultado, alegando otra vez fraude. Lucas asumió y todo quedó “válido”.

El 7 de marzo de 1982 se celebraron elecciones y el candidato oficial, Ángel Aníbal Guevara, “triunfó” en otras elecciones tachadas de fraude, habiendo “derrotado” a Mario Sandoval Alarcón (el candidato del MLN que se había robado la elección del 74 para fungir como vicepresidente), a Alejandro Maldonado Aguirre, quien competía por la Democracia Cristiana y su partido de reciente inscripción, y a Gustavo Anzueto, quien representaba al aranismo “renovado”.

Este fraude fue una de las causas para que, el 23 de marzo, oficiales jóvenes llevaran a cabo el golpe de Estado y pusieran una junta de gobierno integrada por Ríos Montt, Horacio Maldonado Shaad y Francisco Luis Gordillo Martínez. El 9 de junio, Ríos Montt separó a sus colegas y se autoproclamó presidente, para que el 8 de agosto de 1983 de nuevo el Ejército diera un nuevo golpe de Estado para viabilizar la entrega del texto constitucional y la celebración de elecciones porque Ríos Montt quería quedarse al mando sin tiempo de caducidad (quien diga lo contrario que vea la proclama del Ejército).

Las elecciones para Asamblea Constituyente en 1984 fueron el primer proceso desde 1970 confiable. Además, en 1985 se eligió a Vinicio Cerezo en la primera elección presidencial transparente, fiscalizable y libre.

Juan Carlos Monzón narró ante juez que el PP tuvo acceso a información electoral privilegiada para los comicios de 2011 y que él mismo pagó de 6 a 9 millones de quetzales para que electores beneficiados con la bolsa solidaria no pudieran votar en determinados distritos.

Otto Pérez fue electo con 2,300,998 votos y su contrincante Manuel Baldizón obtuvo 1,981,048, la diferencia fue de 319,950 electores. Esta brecha pudo haberse visto influenciada por anomalías como las confesadas por Monzón.

Guatemala compartía con Nicaragua en los setentas los mejores sistemas de fraude electoral, ahora en Centroamérica Honduras y Nicaragua llevan a cabo fraudes constitucionales. Si no queremos aprender de nuestra historia y además queremos cerrar los ojos a la situación regional estaremos condenados a vivir de nuevo con la desconfianza en las urnas.

La Ley Electoral ha sufrido todo tipo de ocurrencias y estamos a la espera de otra retahíla de “ingeniosidades”, pero se ha perdido el concepto de que el derecho electoral existe para brindar más y mejores marcos de participación y generar confianza.

Las declaraciones de Monzón son impredecibles para el régimen democrático porque el fantasma de un fraude asola, y esto debe investigarse desde el punto de vista electoral, no solo penal.

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Peligrosa miopía de los diputados

Mario Antonio Sandoval

El financiamiento electoral, pero esencialmente aquel relacionado con los orígenes dudosos de aportes dinerarios, tiene a varios diputados al borde de una trampa en la cual también puede caer el Congreso, porque en la Comisión de Asuntos Electorales se le sigue dando vueltas al cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad al respecto de legislar sobre castigos proporcionales de acuerdo al origen de los fondos otorgados para las campañas electorales, pero quienes están enfrascados en la modificación de ese artículo del Código Penal están tratando de buscar el burdo beneficio de las figuras principales de la política, sobre todo los secretarios generales de los partidos políticos, varios de ellos ya señalados de ilícitos.

La trampa mencionada consiste en la lucha de los diputados para buscar salvar a los políticos con el absurdo de hacer responsables a los contadores y a los financistas. En su pretensión de quedar indemnes parecen no darse cuenta de su soledad a partir de la próxima campaña electoral, pues ya ningún financista sin mala intención se atreverá a poner recursos en manos de gente inescrupulosa y mucho menos aspirar a una inversión cuyo posible resultado podría terminar en penas de prisión, tal y como ha ocurrido en los dos últimos procesos electorales. Es una prueba de no querer persignarse ante la evidente y casi seguramente arrolladora tormenta cercana, como dice el viejo refrán. Es negar la realidad, o colocarse en la posición del avestruz.

Esa obcecación de los diputados facilitará, en la práctica, la apertura de la puerta al dinero de origen criminal, como el narcotráfico o el proveniente de otros ilícitos, porque solo quienes lo manejan podrían atreverse a financiar a políticos con el obvio objetivo de obtener beneficios. Esto ya ocurrió con el anterior gobierno patriotista, donde la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue vinculada a estructuras de narcotraficantes, por lo cual Estados Unidos solicitó la extradición, luego de terminar los juicios causantes del interés y al mismo tiempo del estupor de los guatemaltecos, por haber llegado a extremos solo explicables en novelas del realismo mágico latinoamericano, pero con el agregado de tener un alto grado de perversión.

No se puede entender por qué los diputados se niegan a ver lo evidente para todos los ciudadanos conscientes y alejados de los chanchullos politiqueros. También deben entender los diputados otro asunto igualmente claro: a partir de los dos últimos procesos electorales y las consecuencias desastrosas para los guatemaltecos de esas gestiones gubernamentales, el financiamiento a la política no podrá ser como antes. El gran capital, alguna vez financista de los caballos ganadores, difícilmente lo hará de nuevo, porque muchos de sus representantes también han pagado caro tal promiscuidad con la politiquería y para algunos significó la cárcel su aprobación y participación en un modelo igualmente perverso de administración pública.

Ayer, durante el segundo encuentro de empresarios en Guatemala Íntegra se insistió en enderezar el rumbo, aprender del pasado y buscar un cambio para el país. No se puede seguir bajo ese modelo, mucho menos permitir que algunos de sus representantes resulten involucrados en oscuros negocios gubernamentales. Ese cambio de escenario, también debería estimular a los diputados al respecto de las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, y ser congruente en la responsabilidad de quienes financien de manera irregular cualquier campaña política. En definitiva, y evidentemente para el bien del país, nada volverá a ser igual a partir del derruido escenario partidario dejado por la dura y en mucho exitosa lucha contra la corrupción.

[chronos]

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Cámara de Medios de Comunicación presenta inconstitucionalidad

La Cámara de Medios de Comunicación presentó este jueves una inconstitucionalidad en contra de cinco artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y cuatro del reglamento que creó la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de opinión.-accion-de-inconstitucionalidad-por-ley-electoral-y-de-partidos-politicos]

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Iniciado por Prensa Libre

Reforma busca impunidad para los políticos

Tres borradores sobre el delito de financiamiento electoral ilícito da margen para no castigar a los secretarios generales.

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[chronos]

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Presentan súbita propuesta de reforma al delito de financiamiento electoral ilícito

Lo que inicialmente se creyó que era el cuarto borrador de propuesta para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito se convirtió en una iniciativa de ley que tiene la firma de solo tres de los integrantes de la comisión extraordinaria que discutía la legislación.

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El contenido de esta propuesta final es contrario a la última discusión, donde algunos legisladores se manifestaron en contra de que las penas fueran conmutables debido al daño que el financiamiento anónimo y no registrado le provoca a la democracia.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Presidente de Cacif dice que debe haber una reforma profunda a la Ley Electoral

Marco Augusto García Noriega, quien asumió el pasado lunes la presidencia del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), fijó la postura del sector privado organizado por el caso de financiamiento electoral ilícito en el partido FCN-Nación, que involucra a varios empresarios.

El líder empresarial conversó con Prensa Libre y aseguró que este proceso deja lecciones.

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Iniciado por Prensa Libre

Cicig expresa preocupación por reformas al financiamiento electoral

Casos podrían caerse si el Congreso modifica el segundo inciso del artículo 407 N del Código Penal, relacionado con el financiamiento electoral ilícito.

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[chronos]

Ante lo inevitable ahora quieren salvar su reeleccion (capaz que todos se van a querer pasar a la une ...)

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Azmitia presenta iniciativa de Ley que favorecería a 80 diputados tránsfugas

El diputado busca dejar sin efecto el artículo que castiga el transfuguismo en el Congreso.

El jefe de la bancada del Movimiento Reformador (MR), Luis Enrique Hernández Azmitia presentó una iniciativa de Ley en la que busca dejar sin efecto el transfuguismo en el Congreso. De aprobarse, no menos de 80 congresistas tránsfugas de esta Legislatura, podrían optar a la reelección con otros partidos políticos.

(...)

“Artículo 205 Ter. Del transfuguismo. Se entenderá por trasfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un período, y estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República.

Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política.”

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Causa sorpresa adiciones de Hernández Azmitia y Maldonado en comisión clave

Por Sonny Figueroa
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Durante una reunión de la Comisión Extraordinaria se acordó la elaboración de una iniciativa de ley que castigue con una pena máxima de cinco años el financiamiento electoral anónimo y no registrado. En la misma reunión se acordó de forma sorpresiva la incorporación de los diputados Luis Hernández Azmitia y Carlos Maldonado.

La decisión de fijar las penas en cinco años se tomó luego de que la comisión recibiera tres iniciativas de ley que buscan modificar el segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal que se refiere al financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado. Cada una de las iniciativas plantea diferentes cantidades de años de cárcel de sanción.

ADICIÓN DE DIPUTADOS

En la reunión se acordó la incorporación de los diputados Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador, y Carlos Maldonado de la Unidad Nacional de la Esperanza, por lo que la Sala de Trabajo quedó integrada con16 diputados, necesitándose la firma de nueve legisladores para dictaminar una iniciativa de ley.

Esas adiciones tuvieron incidencia en la reunión de hoy, ya que hubo una votación para determinar si se elaboraba una iniciativa con penas por arriba de los cinco años, pero esta recibió únicamente el apoyo de tres diputados: Enrique Álvarez, Raúl Romero y Alejandra Carrillo, por lo que se acordó que el proyecto contemple menos de cinco años de prisión.

SÍ PUEDEN INTEGRARSE

El presidente de la Comisión Extraordinaria, Moisés Castañón, dijo que se encuentra en lo legal la incorporación de los diputados y que ahora se necesitan nueve votos para dictaminar favorablemente una iniciativa.

“Yo no puedo negar el derecho a alguien a que participe, porque es un derecho que tienen los diputados, esto se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Congreso. La incorporación no necesariamente garantiza que la iniciativa será dictaminada”, explicó Castañón.

Con la incorporación de los dos legisladores, las bancadas podrían buscar que el financiamiento electoral anónimo y no registrado sea castigado con penas conmutables, ya que tendrían las firmas necesarias para dictaminar favorablemente la iniciativa.

Los diputados que apoyarían la propuesta son: Moisés Castañón, Estuardo Galdámez, Óscar Argueta, Carlos Maldonado, Luis Hernández Azmitia, José Arturo Martínez Dell, Manuel Conde, Alejandra Carrillo, Francisco Tambriz y Rudy Castañeda.

Para la próxima semana se espera que la Comisión Extraordinaria presente el dictamen favorable de la iniciativa de ley que reformará al párrafo segundo del artículo 407 del Código Penal y cambiará las penas para el financiamiento electoral anónimo y no registrado. Este cambio fue sugerido por la Corte de Constitucionalidad hace unos meses.

[chronos]

Aprobarla seria aceptar que le montaron un show al pueblo con tal de quitarse la presion del momento; si les interesa modificar leyes, hay varias que lo necesitarian urgentemente (incluso esta pero para volverla mas agresiva y menos permisiva)

Iniciado por La Hora

Rechazan iniciativa que busca derogar artículo que castiga el transfuguismo

Por Sonny Figueroa
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Tras la presentación de una iniciativa de ley que busca derogar el artículo 205 Ter. de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que castiga el transfuguismo con la no reelección, analistas rechazaron la propuesta, ya que consideran que es un sinónimo de impunidad y un retroceso para el sistema político de Guatemala.

Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, es una iniciativa desesperada que solo busca favorecer a los mismos ponentes, en referencia al diputado tránsfuga, Luis Hernández Azmitia, quien fue el que la presentó.

“El mismo ponente es un tránsfuga que se va a ver afectado en su deseo de reelección y lo que están buscando es allanar el camino para los diputados tránsfugas en el Congreso, pero creo que su intención no será fácil de desarrollarse porque hay un rechazo a esta iniciativa”, explicó Marroquín, quien añadió que los diputados se preocupan por reformas que le favorecen a ellos y no al país.

Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, explicó que en el Congreso de la República existe una agenda que busca generar un retroceso en el sistema político.

“Es una agenda regresiva porque quieren favorecer a diputados cuestionados. Esta iniciativa se suma a una serie de proyectos que buscan generar impunidad y corrupción. Esta agenda se mantiene en el Congreso y hay que estar atentos para evitarla”, explicó Montenegro.

El artículo 205 Ter. de la LEPP quedó establecido tras una reforma que hubo en 2016. A decir de Montenegro, que los diputados pretendan eliminar algo que ellos mismos aprobaron indica impunidad. “Por la presión que hubo en el 215 los diputados aprobaron reformas que pedía la ciudadanía, pero ahora quieren retirar esa reforma y beneficiarse”.

(...)

[chronos]

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Aprueban reforma al financiamiento electoral ilícito

Por: Enrique García

La Comisión Extraordinaria del Congreso entregó ayer la propuesta de dictamen favorable de la iniciativa de reforma al Artículo 407 “N” del Código Penal, referente al delito de financiamiento electoral ilícito. De los 16 integrantes de la sala de trabajo, se conoció que nueve de ellos, firmarán el documento hoy, estos diputados pertenecen a: Todos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Visión con Valores (Viva) y Movimiento Reformador (MR).

El artículo señala que “quien resulte responsable” en la aportación anónima a partidos políticos será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de cien por ciento de la cantidad no registrada.

La redacción causó dudas entre algunos integrantes de la sala de trabajo quienes pidieron que la prisión sea inconmutable y con condenas de tres a ocho años. Además, sugirieron que la redacción en el artículo sea cambiada y en lugar de “quien resulte responsable” sea puesto “quién apruebe y reciba”.

La diputada Alejandra Carrillo, pidió penas más severas, pero su solicitud no fue aceptada por lo que anunció que no firmaría. Al rechazo del documento final se unieron los congresistas de URNG, Convergencia y Fuerza.

El artículo quedó redactado así: “Quien resulte responsable de realizar aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral, sin acreditar su identidad… será sancionado con prisión de uno a cinco años y una multa de cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado, hasta por cinco años”.

[chronos]

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Velásquez sobre el financiamiento: amnistía encubierta sería un retroceso

La Comisión Extraordinaria presentó ayer la iniciativa de ley para reformar el artículo 407 N del Código Penal que se refiere a las penas por cometer el delito de financiamiento electoral anónimo, y la referida comisión ha dispuesto modificar la tipificación y las penas. El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se refirió al tema y explicó que los cambios que instó a realizar la Corte de Constitucionalidad (CC) al Congreso no deberían ser una vía para la aprobación de una amnistía encubierta.

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[orion4397]

Así de hijos de puta son estos diputados basura, este sistema simplemente no lo podremos cambiar sino es a base de la fuerza.

[JoRodriguez]

El #ElPactoDeCorruptos intentará pasar ahorita una reforma al delito de financiamiento electoral ilícito con el que secretarios generales de los partidos políticos, como Orlando Blanco (UNE), Eduardo Villate (LÍDER) y Jimmy Morales (FCN), entre otros, no irían a la cárcel. Esto también aplica a quienes les financiaron.


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[chronos]

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Comisión analiza dictaminar desfavorable reformas al financiamiento electoral

Debido a que todavía faltan dos firmas para validar el dictamen favorable para reformar el artículo 407 N del Código Penal, la comisión extraordinaria designada para tal fin entregaría el documento sin el aval requerido.

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[chronos]

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Cámara de Medios de Comunicación argumenta acción de inconstitucionalidad contra Ley Electoral

La Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala expuso sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad, de por qué deberían declarar inconstitucionales al menos siete artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Reforma a delito de financiamiento electoral ilícito recibe dictamen favorable

La propuesta para castigar el delito de financiamiento electoral ilícito ya cuenta con dictamen favorable, luego de que se completaran las firmas necesarias de la comisión extraordinaria que discutió el tema.

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Iniciado por Prensa Libre

TSE acciona contra nueve artículos de la reforma electoral

El 3 de mayo último, los magistrados del TSE presentaron un amicus curiae —amigos de la corte— a la CC donde objetan nueve artículos de la reforma electoral.

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[chronos]

Unos en la pena y otros ...

Iniciado por elPeriodico

Congresistas examinarán cambios al financiamiento electoral para autobeneficiarse

Por: Katerin Chumil elPeriódico

En sesión extraordinaria, el pleno de los diputados del Congreso discutirá hoy iniciativas de ley, que buscan beneficiarlos a ellos mismos, a financistas anónimos de partidos políticos procesados en casos de corrupción, entre otros.

El primer punto a conocer son las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –5442– impulsada por el representante Luis Hernández Azmitia, de la agrupación Movimiento Reformador (MR).

La normativa propuesta busca derogar el artículo 205 que permitiría a los más de 70 legisladores tránsfugas pasarse a una nueva organización política para las elecciones del próximo año.

Los congresistas también incluyeron en la agenda del día, las modificaciones al Artículo 407 N del delito de financiamiento electoral anónimo, incluido en el Código Penal.

El dictamen sanciona con prisión de dos a cinco años, multa de Q20 mil a Q100 mil y la inhabilitación para optar a cargos públicos hasta por cinco años a quien aporte o reciba financiamiento electoral anónimo.

Asimismo, se conocerán posibles “enmiendas” en la iniciativa de la ley de aceptación de cargos, la regulación a las oenegés y un préstamo por US$250 millones.

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Iniciado por Soy502

Sobre el 407 N y la ley electoral

Por Dina Fernández

La Corte de Constitucionalidad le pidió hace ya varias semanas al Congreso que reforme el artículo 407 literal N del Código Penal, que define el delito de financiamiento electoral ilícito, de una manera muy ambigua.

Tengo un amigo penalista y uno que trabaja como asesor técnico en el Congreso y ambos opinan que la mala redacción de ese artículo no es casualidad: así lo dejaron porque querían que fuera inaplicable.

La ley actual es confusa en cuanto a la esencia del delito (en un párrafo habla de aportar, recibir y autorizar fondos y en el siguiente, solo de recibir y registrar) y también en cuanto a la pena impuesta, que ahora es de cuatro a doce años de cárcel, inconmutables.

Para comenzar, se debe distinguir con claridad quién comete qué delito: el que aporta, el que recibe, el que autoriza, el que registra. Luego se debe clasificar el tipo de delito porque no es lo mismo dar y/o recibir dinero sucio, proveniente del narcotráfico o la corrupción; que aportar o recibir fondos de una fuente anónima (que puede ser lícita o no); que omitir el registro de los aportes obtenidos, ya sea por negligencia o mala fe.

Asimismo, se deben establecer sanciones razonables. Doce años inconmutables pareciera mucho, pues hay otros delitos graves castigados con penas menos severas. Por ejemplo, el Código Penal castiga el homicidio en estado de emoción violenta con ocho años de prisión; la explotación sexual, con diez años; el incendio, con ocho; la propagación de enfermedades, con seis.

No es justo imponer una sanción demasiado dura pero tampoco una tan liviana que favorezca la impunidad, pues está clarísimo que el sistema político puede cooptarse desde el financiamiento y por lo mismo, la ley debe incentivar la transparencia.

Parte de la crisis política en la que estamos sumidos hoy se debe a la forma viciada en que se han financiado los partidos políticos y las campañas electorales en Guatemala.

Las mala prácticas del pasado no solo han permitido que muchos políticos se hagan millonarios con fondos de dudosa procedencia, sino que han promovido el tráfico de influencias, el amaño de contrataciones del Estado y en muchos casos, la extorsión.

El Congreso debe corregir el 407 N, pero debe hacerlo sin chantajear, sin usarlo como moneda de cambio para fines aviesos y con ánimo de transparentar las campañas políticas: algo que Guatemala necesita a gritos.

El financiamiento electoral, lo ha reiterado el mismo Comisionado Iván Velásquez, no es malo en sí mismo. Lo que hay que garantizar es que tenga límites y sea transparente.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Advierten conflicto de interés y posible delito en reforma al financiamiento

Por Sonny Figueroa
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Los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia enviaron una carta al presidente del Congreso, Álvaro Arzú, para solicitar que los legisladores que fueron o forman parte de partidos políticos que están siendo investigados por la supuesta comisión del delito de financiamiento electoral ilícito deben abstenerse de participar en las sesiones plenarias donde se aborde la iniciativa que reforma el delito de financiamiento electoral ilícito.

Esto, porque el Frente considera que existe un conflicto de interés y se violarían varios artículos. Según los diputados, las modificaciones al artículo 407 N del Código Penal representan un beneficio para algunos diputados o personeros de partidos que, a la fecha, han sido denunciados penalmente por el delito de financiamiento electoral ilícito.

El conflicto de intereses también existiría en la sesiones que se intente conocer la iniciativa de ley que pretende derogar el artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que castiga el transfuguismo con la no reelección, ya que alrededor de 80 diputados se cambiaron de bancada y buscan beneficiarse con esa medida.

El diputado Raúl Romero, del Frente Parlamentario, dijo que si los diputados que tienen un conflicto de intereses continúan asistiendo a las sesiones se estarán violando leyes e incluso tendrán consecuencias penales.

CONFLICTO DE INTERESES

Los legisladores indican que son tres leyes las que señalan que los diputados no pueden participar en votaciones que generen un conflicto de intereses:

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo en su artículo 98 señala que “ningún diputado que esté presenté en el acto de votar podrá excusarse de hacerlo, pero si tuviere interés personal en el negocio o lo tuviere algún pariente suyo en los grados de ley, deberá abstenerse, explicando al pleno, como cuestión previa a la votación, los motivos de su abstención”.

La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos indica en su artículo 18 inciso B que los funcionarios tienen prohibido “utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros”.

El artículo 54 de la Constitución Política indica que “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

TAMBIÉN PUEDEN COMETER DELITO

En el artículo 18 del Código Penal se establece que comete el delito de comisión por omisión “quien, omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido”.

Con esto se indica que si algún diputado no impide que un legislador con conflicto de intereses vote para aprobar una iniciativa de ley que le beneficie, también cometería un delito por no denunciar.

Otro delito en el que podrían incurrir es en el de incumplimiento de deberes, previsto en el artículo 419 del Código Penal, que establece: “Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial” y que de materializarse, daría lugar a las denuncias penales correspondientes.

DIPUTADOS CON CONFLICTOS

Los congresistas que integran la Bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) tendrían un conflicto de interés al intentar aprobar la ley que reforma el delito de financiamiento electoral ilícito.

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Acción Ciudadana: Es una acción oportuna

or Sonny Figueroa
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Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), es una decisión oportuna y certera que el Frente Parlamentario por la Transparencia advirtiera sobre un conflicto de intereses de diputados con algunas iniciativas de ley, especialmente la que pretende reformar el delito de financiamiento electoral ilícito.

“Los diputados tienen responsabilidad y obligación de legislar por el beneficio de pueblo no para beneficio propio. Si fuéramos una sociedad madura democráticamente ellos mismo tendrían que señalar ese conflicto de intereses. Solo en el caso del transfuguismo alrededor de 80 diputados tienen un conflicto de intereses”, dijo Marroquín.

El director de Acción Ciudadana agregó que analizarán presentar una denuncia en el Ministerio Público (MP) porque ya se conoció en primer debate la iniciativa que reforma el delito de financiamiento electoral ilícito y en esa participaron diputados que se beneficiarían o ayudarían a sus partidos políticos.

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Rosal: pone en aprietos al Pacto de Corruptos

Por Sonny Figueroa
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El analista político independiente, Renzo Rosal, catalogó como fundamental la carta enviada al presidente del Congreso, Álvaro Arzú, por los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia, en la que señalan que algunos diputados tendrían conflicto de intereses para aprobar la iniciativa de ley que reforma el delito de financiamiento electoral ilícito y que podrían incurrir en un delito penal.

“Esta acción creará una ruptura en este momento y pone en aprietos al Pacto de Corruptos porque ellos tienen intereses en esas iniciativas de ley. La acción es clave y tiene que ser acompañada por la sociedad civil y la ciudadanía. Esta carta no puede ser guardada”, indicó Rosal.

El politólogo añadió que los diputados que están siendo investigados por delitos electorales o que sus organizaciones políticas están siendo investigadas no pueden participar en la aprobación de la iniciativa porque la ley lo prohíbe. Reiteró que la acción del Frente Parlamentario debe ser respaldada por la población.

[chronos]

El minimo deberian ser 4 an~os ...

Iniciado por La Hora

FCCC hace propuesta por financiamiento para evitar impunidad

El Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) presentó una propuesta sobre el financiamiento electoral anónimo contenido del segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal, buscando que la tipificación no propicie impunidad y propone que las penas de prisión sean de 2 o 6 años. La iniciativa nace ante las actuaciones del Congreso, que con su propuesta busca dejar sin materia varios de los casos actuales de financiamiento y librar de responsabilidad a los secretarios generales de las organizaciones políticas.

La propuesta de los ciudadanos que conforman el FCCC es la siguiente: “Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito todo aporte, recepción o autorización de recursos realizados en forma anónima o los que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política y será sancionado con prisión de 2 a 6 años. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza el cargo empleo o cargo público, o cargo de elección popular; además de las penas impuestas se le inhabilitará para optar a cargos públicos”.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Presentan amparos por conflicto de interés de diputados que conocen reformas al financiamiento ilícito

La Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y JusticiaYa, presentaron dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los diputados con conflicto de interés no conozcan las reformas que debilitan la tipificación del financiamiento electoral ilícito.

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Iniciado por La Hora

Mijangos manifiesta preocupación por reforma a financiamiento ilícito

La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrada María Eugenia Mijangos, manifestó su preocupación por el proyecto de reforma a uno de los artículos del Código Penal que regula el castigo a las prácticas de financiamiento electoral ilícito. A criterio de Mijangos, de aprobarse esta reforma, se crearía un tipo de amnistía.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Diputados pasan en segundo debate Artículo 407 N y llaman a la PNC para salir del Congreso

En medios de manifestaciones los diputados aprobaron en segundo debate la reforma al Artículo 407N del Código Procesal que reduciría las penas por financiamiento electoral ilícito, cambio que beneficiaría a los secretarios de los partidos políticos señalados por el Ministerio Público de incurrir en ese delito.

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[chepe GSR]

yo calculo que si pasa, van a empezar los pijazos

[rio63]

Iniciado por chepe GSR

yo calculo que si pasa, van a empezar los pijazos

Ojala. Esta mierda no se puede componer intentando dialogar con esos hijos de putas, por fuerza tendran que haber talegazos y hasta muertos como en Nicaragua .

[chronos]

Ridiculo, como pretenden a estas alturas una inconstitucionalidad si ellos mismos lo escribieron y lo aprobaron, nos dieron atol con el dedo y ahora estan tratando de que lo vomitemos ...

Iniciado por elPeriodico

Diputados defienden el transfuguismo ante la CC

Abogados vinculados a la UNE y a FCN-Nación presentaron una inconstitucionalidad en contra del artículo 205 de la Ley Electoral.

El Congreso de la República presentará la próxima semana sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para dejar sin efecto la redacción del Artículo 205 “Ter” de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el cual prohíbe a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos incorporar a diputados que hayan sido electos por otro partido. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Ragde Rivera Aquino, auxiliado por los abogados Arardo Alessandro Sandoval y Juan Francisco García Morales.

Rivera fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural, propiedad del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Fidel Reyes Lee; en tanto que Sandoval aparece como asesor jurídico de la unidad de Caminos del Ministerio de Comunicaciones. De acuerdo al expediente los juristas plantean una “violación al procedimiento de aprobación” al artículo que castiga el transfuguismo.

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[chronos]

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Iniciado por elPeriodico

Aceleran borrador de dictamen para permitir el trasfuguismo

La Comisión de Asuntos Electorales también dilató la discusión de las reformas a la Ley Electoral presentada por el TSE.

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