Aprobar una ley vale Q4.5 millones

[chronos]

Valdra la pena aprobar leyes que se contradicen y/o no son de beneficio real para la poblacion ...

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Aprobar una ley vale Q4.5 millones

Cada acuerdo o decreto aprobado de enero a abril pasado costó Q4.5 millones al país, según se desprende del presupuesto erogado en funcionamiento en ese lapso por el Congreso, que ascendió a Q153.9 millones



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“La lógica y la historia nos lleva a admitir que un país mientras más leyes tenga, tendrá más corrupción, porque existe más posibilidad de encontrar la trampa, y evidentemente bajo esa lógica, el Congreso legisla acuerdos sin sentido”

[DJHUGO]

[chronos]

Todos son culpables y nadie es reponsable ...

Iniciado por S21

Errores en leyes derivan de prisa por aprobarlas

Varios diputados lo atribuyen a la premura, otros a intereses externos y hasta hay quienes se lavan las manos con que las peticiones del Ejecutivo ya contemplan los errores. Lo que sí es cierto, es que entre la reforma fiscal, la Ley de Telecomunicaciones y el préstamo por $280 millones hay una serie de “errores” que son, a criterio de analistas y los mismos Padres de la Patria, una situación compleja en la emisión de leyes.

Esta legislatura cayó en el primer escollo con la Ley de Ampliación Tributaria, modificada 21 meses después, debido a que su aplicación resultó perjudicando a los contribuyentes; luego fue la aprobación exprés de la Ley de Telecomunicaciones cuyo contenido se encuentra en impasse en la Corte de Constitucionalidad (CC); y el último caso, es la aprobación del préstamo de $280 millones el cual obligó a incluir una enmienda dentro de una iniciativa de ley sobre protección de la obtención de vegetales.

Jefes de bloque argumentan que la premura con que llegan las normativas y ante la falta de votos para conseguir su aprobación incide en que se incurra en “errores”.

Los encargados de bancada del Partido Patriota (PP) afirman que el Congreso es dinámico y hay momentos para lograr la aprobación de leyes.

José Fernández, subjefe del PP, explica que ellos ven las decisiones políticas “y nos basamos en la experiencia de los encargados de cada tema. No son errores técnicos nuestros”, manifestó.

Juan José Porras, jefe de bancada del oficialismo, agrega que los consensos se obtienen en el momento y a veces las iniciativas pasan por asesores, pero la propia dinámica no permite hacer el análisis detallado que requeriría y citó que el rol de la CC es velar por el cuidado e interpretación de las leyes.

Intereses detrás

Sin embargo, en la oposición hay otra postura. Amílcar Pop, de la bancada Winaq, explica que “la forma fraudulenta y que evade los procedimientos parlamentarios es lo que incide en los errores garrafales. Este es el caso del préstamo de $280 millones que fue aprobado sin la respectiva ampliación presupuestaria y quien quita que haya sido intencional”.

Expertos consideran que hay dos cuestiones que inciden en esta situación: premura e intencionalidad. Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), el Congreso renunció a las funciones más importantes, como la deliberación.

“Como no hay debate se convierte en un simple ente de trámite en el que otros presentan sus propuestas y ellos simplemente las aprueban, no hay representación y mucho menos análisis, obviamente la representación que ostentan es la que puede pagar por las leyes”, añadió.

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible (GV), agrega que “entre más tiempo puedan tener los diputados para llegar a consensos hay menor grado de incurrir en errores”. Comenta que se hace un uso frecuente de la urgencia nacional para conseguir la aprobación de decretos.

Para Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), lo que ocurre en el parlamento es que hay intereses por lograr la aprobación de algunas leyes, pero la técnica para lograr su avance sin que se detecten las falencias es la premura.

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Iniciado por S21

Legislativo caro e improductivo: Q35 millones por cada ley

Vivian Vásquez

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Durante cuatro años y cinco meses, el Congreso ha aprobado únicamente 119 decretos, pero ha gastado Q4 mil 263 millones 668 mil 200, especialmente en pagos de sueldos, alquileres de edificios y funcionamiento, lo que da un promedio de Q35 millones 829 mil 144 por cada ley aprobada.

Entre tanto, 1,327 iniciativas de ley se encuentran engavetadas en las diferentes comisiones de trabajo, cuyos integrantes deben analizar las propuestas y dar un dictamen favorable o desfavorable a cada una. Sin embargo, muchos de los legisladores no acuden a trabajar y muy pocos presentan excusas válidas.

De esa cuenta, las comisiones que más propuestas para estudio y dictamen tienen pendientes son: Finanzas Públicas y Moneda (263), Legislación y Puntos Constitucionales (211), Gobernación (101), Economía y Comercio Exterior (76) y Relaciones Exteriores (62). El incremento de las iniciativas archivadas se dio a partir del 2000.

Pero volviendo a la aprobación de leyes, en el 2012 los diputados aprobaron 34; no obstante, esto fue disminuyendo, ya que en el 2013 bajaron a 19; en el 2014 fueron 22; y en el 2015, la producción de decretos descendió a 14. Para el 2016 se esperan mejores resultados, ya que en los primeros meses van 30 decretos aprobados, pero especialmente se trata de modificaciones y correcciones a leyes aprobadas anteriormente.

“Eso de ser improductivo se ha agudizado en las últimas tres legislaturas. Yo diría que en la legislatura actual haría un corte de caja, hay un espíritu y tendencia de retomar gradualmente el trabajo legislativo, pero es algo que se queda corto con las expectativas” comentó Renzo Rosal, analista político.

Agregó que el Congreso no tiene solo que legislar, pues esa es solo una de sus tres funciones; aparte, tiene la fiscalización y el más importante, la representación política. “Legislar es muy importante, pero es lo que ha quedado más corto”.

Aseguró que la gran cantidad de iniciativas que están archivadas “no necesariamente son importantes; hay montón de iniciativas de ley que presentan los diputados en muchas ocasiones para decir que presentaron algo; esto solo por salir del paso, pero son fuera de lugar o son tontas, por decirlo así” detalló el politólogo.

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“Está clarísimo, ahora tenemos evidencia de a qué se dedicó la junta directiva del Congreso de Rabbé: estos se dedicaron obviamente a exfoliar el Legislativo, a saquear sus recursos y a atender el tema de las plazas. Es uno de los períodos donde el Congreso más se ha alejado de sus funciones reales” aseveró Rosal.

COMISIONES SIN INICIATIVAS

Así como hay comisiones con saturación de propuestas, hay seis que no han recibido iniciativas, como la encargada de la fiscalización de compras del sector salud, a la cual están designados ocho diputados, y es dirigida por Jorge Estuardo Vargas Morales, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE) como presidente y Julio Francisco Lainfiesta Rímola, de Unión del Cambio Nacional (UCN), como vicepresidente.

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Sin embargo explicó que por ley, son 60 días los que tiene la comisión para conocer las iniciativas presentadas, y para dictaminar, 45 días más.

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Iniciativas van de lo trivial a lo gracioso

Analistas ven en algunos proyectos falta de agenda y de una visión de realidad nacional.

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Iniciado por Prensa Libre

Sueldos y granjerías para los diputados

CUANDO SE ANALIZAN LAS CIFRAS de los sueldos y demás ingresos de los diputados, salta a la vista por qué ese organismo del Estado es el más impopular de todos los centros de burocracia del país, a pesar de ser en teoría el más importante de todos porque supuestamente tiene la representatividad directa de la población. Ello en Guatemala no es así, para comenzar debido al sistema de elección por planillas y por representación porcentual de los votos obtenidos, no por elección directa de cada diputado, gracias a lo cual los partidos las integran con cualquier persona, incluyendo quienes compran la participación por medio de financiamiento para las campañas, o por la vía del cacicazgo en cualquiera de los departamentos del país.

Mario Antonio Sandoval

POCO SE HA SABIDO de la integración de los ingresos de los diputados, de lo cual se conoce ahora gracias a filtraciones y/o a investigaciones periodísticas. El sueldo oficial de los diputados se sitúa en 30,600 quetzales. De los 158, solo cuatro de ellos, un 2.5%, no tienen ingresos extras. El 97.5 del resto gana más, gracias a granjerías, algunas rayanas en el ridículo. Los cuatro con más ingresos, otro 2.5%, ganan así: Óscar Chinchilla, Creo, 75 mil; Carlos Barreda, UNE, 78 mil; Roberto Kestler, Todos, y Luis Alberto Contreras, MR; 80 mil; Iván Arévalo, MR; 82 mil; Felipe Alejos, Todos, 84 mil; y Mario Taracena, UNE, 96,700. Entre 80 y 70 mil hay cuatro; entre 70 y 60 mil, cuatro; entre 70 y 60 mil, 14; entre 60 y 50 mil, 48; entre 50 y 40 mil, 80; entre 37 y 40 mil, tres.

SER JEFE DE BANCADA OTORGA 15,000 quetzales adicionales por cada diputado. Pero como hay partidos con un solo representante, son jefes de sí mismos y además reciben 3,000 más porque deben presidir una de las numerosas y muchas veces inútiles comisiones parlamentarias. Ese es el caso de Álvaro Arzú hijo, unionista; Amílcar Pop, de Winak; Walter Félix López, de URNG; los demás reciben por este concepto: Nineth Montenegro, de Encuentro, 66,467; Carlos Fión, de Creo, 65,500; Boris España, del MR (exPP) 62,300; Juan José Porras, de Viva (ex jefe de bloque PP) 61,753; Orlando Blanco, 61,553, de UNE; Javier Hernández, de FCN Nación, 48,200, pero Juan Manuel Giordano gana Q57,200; Julio Lainfiesta, de UCN, 49,483.

HAY OTROS CASOS AÚN MÁS incomprensibles, como el del prófugo Luis Rabbé, de AC, quien sigue recibiendo sus Q71,600 de ingresos. Los jefes de bancada reciben además Q1,000 para gastos de representación por cada diputado del bloque. El caso de Arzú, Pop y Walter Félix López aumenta el descaro. Todo ello solamente comprueba la pertenencia de todos los diputados a una élite económica indudable en la burocracia nacional, y explica el porqué de las continuas luchas de poder por integrar y presidir la directiva. El multitransfuguero partido oficial, FCN-Nación, tiene en esta piñata una motivación para la sorda pelea entre los bisoños pero altamente mañosos diputados Javier Hernández y Armando Melgar Padilla.

ESTOS NÚMEROS NO INCLUYEN ni un señalamiento del pasado político y personal de los diputados. Algunos llegaron allí por la urgencia de protegerse con la inmunidad: Stella Alonzo, exalcaldesa de facto de Mixco; Melgar Padilla, ya mencionado, y Juan Manuel Díaz Durán, cuestionado porque fue decano de Derecho de la Universidad de Harold Caballeros. La encarnizada lucha por la presidencia del Congreso tiene además la sorda pelea interna en la UNE, pues Sandra Torres ve perdida la propiedad del partido. Los directivos tienen altos ingresos, tan cuestionables como los de la directiva del IGSS, la Junta Monetaria y el INDE, además de los ministros, quienes gozan de gastos discrecionales, gasolina para la familia y teléfonos. O sea: piñata.

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Cada diputado le costó Q4.4 millones al Estado en 2017

La Alianza para el Congreso Eficiente presentó ayer el “segundo informe semestral de 2017” en el que hacen un resumen del trabajo del Organismo Legislativo. El documento revela datos estadísticos sobre la asistencia de los congresistas al pleno, reuniones de la Junta Directiva y comisiones de trabajo, así como el manejo del presupuesto y labor legislativa.

De acuerdo al informe, cada diputado costó Q4.4 millones al Estado de Guatemala. El cálculo se realizó conforme al total de presupuesto que recibe el Legislativo anualmente.

Además, la organización evidenció que, de las 38 comisiones de trabajo, diez de ellas no emitieron durante el año pasado ningún dictamen y seis del total no recibieron iniciativas de ley, pese a ello, cobraron por el trabajo realizado.

En el presupuesto se asignó Q1.9 millones para que las 15 bancadas lo ejecutaran como parte de los fondos rotativos. El Bloque Reformador (BR), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alianza Ciudadana (AC) fueron quienes más lo utilizaron. En total, la “caja chica” entre la Directiva, bancadas, comisiones y las direcciones Legislativa, Administrativa y de Protocolo gastaron Q538 mil mensuales.

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GT: 158 diputados que cuestan al menos Q64 millones; tenemos 101 diputados más que Costa Rica

Los 158 diputados que integran el Congreso de la República representan un gasto de más de Q64 millones anuales en sueldos, sin contar los recursos que se invierten para sus viajes, seguro de vida y gastos médicos, entre otros. En contraste, el nivel de productividad de los legisladores ha sido deficiente y, en algunas ocasiones, contraproducente a los intereses de la población, expresaron analistas.

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Según Congreso Eficiente, cada diputado costó Q4.7 millones en 2018

Por Denis Aguilar
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La Alianza para el Congreso Eficiente, conformada por varias organizaciones, indicó hoy que cada diputado del Congreso de la República tuvo un costo de Q4.7 millones en el 2018, lo que implica que la cifra casi se ha duplicado en los últimos 11 años.

Si bien a partir del 2015, cuando el costo fue de Q5.1 millones por legislador, se han registrado descensos en los costos, la cifra que se registró en el año 2008 fue de Q2.6 millones, aumentando paulatinamente con el paso de los años.

“Vimos una reducción respecto al 2015 en donde había costado más de Q5 millones. Si vemos cómo ha sido a través del tiempo, por ejemplo hace 11 años cada diputado costaba Q2.6 millones, es decir se ha duplicado la cantidad del costo que representan ellos”, dijo Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), entidad que forma parte de la Alianza.

Menchú dijo que hay que preguntarse cuál es la productividad que han tenido los diputados respecto al costo que significan para la población guatemalteca, esto mediante los decretos aprobados y la cantidad de reuniones que se tuvieron el año pasado en las comisiones de trabajo.

“Por ejemplo, nosotros encontramos que hay decretos que no se dictaminan en los 45 días en las comisiones y eso significa que las comisiones no se están reuniendo, vimos que no están cumpliendo con las dos reuniones (obligatorias) que deben hacer cada mes”, subrayó Menchú.

La cifra de Q4.7 millones por cada diputado se derivó al dividir el presupuesto total del Congreso en 2018 entre el número de cada congresista.

ASISTENCIA DE DIPUTADOS

Uno de los aspectos que contrasta con el costo de los diputados es la asistencia de los congresistas a las sesiones plenarias que se celebraron en el 2018, período en el cual se realizaron 82 sesiones, de las cuales 67 fueron extraordinarias, 12 extraordinarias y 3 solemnes.

Únicamente 8 diputados asistieron a más del 95 por ciento de las sesiones, es decir, 79 sesiones o más; mientras que un total de 10 diputados asistieron a menos del 66 por ciento de las sesiones, lo que significa 53 sesiones o menos.

Asimismo, la Alianza para el Congreso Eficiente destacó que hay cuatro diputados que asistieron a menos de las 50 de las 82 celebradas en el 2018, entre ellos Gustavo Medrano Osorio, con un 30 por ciento de asistencia; Rubén Escobar Calderón, con un 50 por ciento de asistencia; Stella Alonzo, con un 56 por ciento de asistencia y José Hernández Salguero, con un 61 por ciento de asistencia.

COMISIONES DE TRABAJO

En el informe anual, la Alianza destacó que en cuatro sesiones de comisiones de trabajo no se alcanzó el mínimo del 25 por ciento de quórum, que se establece en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

La Alianza analizó a 7 comisiones de trabajo, las cuales incumplieron con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica, que señala que las comisiones deben reunirse al menos dos veces durante el mes.

Asimismo, en el 2018 el Congreso presentó 149 iniciativas de ley, de las cuales solo se aprobaron 25.

ALIANZA

La Alianza para el Congreso Eficiente está conformada por Guatemala Visible, Acción Ciudadana, Fíjate Bien, CIEN, Tuiteros por Guate y Levantemos La Voz.

[rio63]

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Y vayan a ver si allá son igual de es que los de aquí, y andan viendo solo que hueveos logran hacer .

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no creo en eso, esta muy barata

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Morales solo ha logrado la aprobación de 16 decretos de 44 proyectos presentados

Pese a que FCN-Nación es la bancada mayoritaria, en 38 meses solo han obtenido los votos para la tercera parte de los proyectos.

Por: LORENA ÁLVAREZ

En 12 años el Ejecutivo ha entregado a la Dirección Legislativa 239 iniciativas de ley y de ellas 141 se han convertido en decreto. La administración de Jimmy Morales es la que menos proyectos ha presentado y la que menos ha logrado la aprobación de los mismos, pese a que desde 2016, el FCN-Nación, el partido oficial conformó la bancada más grande en el Congreso con 38 diputados (la mayoría de ellos tránsfugas).

Crear el municipio El Cerinal, en Santa Rosa, dar el control para la atención de desastres al Ejército, aprobar tratados, convenios, protocolos, adhesiones y acuerdos marco de cooperación internacional, presupuestos de Estado y préstamos son parte de los 44 proyectos que trasladó el Ejecutivo al Congreso para ser aprobados.

Una de las iniciativas que fue entregada en 2017, fue la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado. En varias ocasiones el mandatario ha manifestado las dificultades que tiene su administración a la hora de adquirir bienes y servicios debido a las restricciones de la Ley.

El documento se encuentra pendiente de aprobarse por artículos y redacción final ya que la Comisión de Finanzas el año pasado acordó emitir un dictamen unificado de varias propuestas existentes. De acuerdo a varios diputados de dicho bloque, han sido muy pocas ocasiones en las que la jefatura de bloque los convocó para discutir la agenda legislativa.

PRÉSTAMOS Y MUNICIPIOS

Durante la administración del Partido Patriota (PP), el Ejecutivo entregó al Congreso 78 iniciativas, de las cuales 41 se convirtieron en ley. La bancada patriota, en ese entonces el grupo mayoritario en el Legislativo, aprobó alrededor de US$2 millardos en créditos financieros a lo que se suman ampliaciones presupuestarias de más de Q1 millardo.

Durante dicho gobierno, los patriotas lograron la aprobación de tres presupuestos generales, cambios al Código Tributario y la creación de cinco municipios distribuidos en Huehuetenango, Escuintla, Petén, Zacapa y San Marcos; además de reformas a la Ley de Armas y Municiones.

Aunque fue el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el que más proyectos presentó y aprobó el Congreso, fue en dicha administración en la que más deuda se adquirió con diversos organismos de Estado. En los cuatro años se dio luz verde a 35 créditos para diversos proyectos que en total sumaron US$3.01 millardos.

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Leyes que crean más burocracia

Por Ramón Parellada

Guatemala es pobre por la cantidad de leyes e iniciativas que pretenden ser prioritarias y solucionar todos nuestros problemas. Para ello, sus creadores las defienden como las más importantes. Sus propuestas crean entidades burocráticas y más intervención estatal.


Esas iniciativas están llenas de buenas intenciones, pero ni son prioritarias, ni van a solucionar los problemas más importantes y urgentes del país, como lo son la inseguridad, la falta de justicia y de crecimiento económico.

¿A qué me refiero? Mencionaré dos iniciativas de ley que se han estado discutiendo y que algunos usan de bandera para “generar más empleo” y “lograr un mayor crecimiento económico” en el país. Una es la famosa iniciativa que propone crear el instituto de ahorro y vivienda (AVI) y la otra es la iniciativa de ley general de infraestructura vial”.

Fueron propuestas por buenas personas que tienen la mejor de las intenciones, pero lo que al final se crea es más burocracia y más intervencionismo. El AVI propone un sistema coercitivo de uso de ahorro del dinero de los trabajadores y del de sus empleadores. Ya con esto comenzamos mal. Las justificaciones de sus proponentes es que muchas personas no pueden tener acceso a préstamos bancarios. Por eso, hay que forzarlo. La solución no radica en crear una nueva ley, con nuevas instituciones burocráticas y medidas coercitivas que consisten usar parte del dinero de los trabajadores y empleadores para algo que ellos en ese momento no necesariamente priorizan. En vez de desregular el sistema financiero y terminar por resolver el problema de tantas propiedades que no están legamente inscritas y registradas buscamos una intervención más, totalmente coercitiva, en directo ataque a las pertenencias de las personas.

En el caso de la ley de infraestructura vial, vi que hay muchas cosas buenas que aclaran la forma en que se hacen las licitaciones, los contratos, planificaciones y ejecuciones de las obras. Sin embargo, para todo esto no se necesita crear una serie de instituciones nuevas que llenan de burocracia al país. Veamos: esta ley consta, nada más y nada menos, de 161 artículos y 11 capítulos, se crea la superintendencia de infraestructura vial como una entidad estatal autónoma y descentralizada (Sivial), se crea un fondo vial para el desarrollo de proyectos en el área rural, el cual se utilizará para el desarrollo de proyectos en el diez por ciento de los municipios del país con menor índice de desarrollo, se crea el consejo asesor de infraestructura vial como una instancia de consulta del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la autoridad vial en relación con la infraestructura vial. Este consejo tiene representantes desde la Presidencia de la República hasta las universidades del país.

Se defienden estos proyectos indicando que van a ayudar a los más pobres. Yo me pregunto, en primer lugar, si la prioridad del país es la vivienda y la infraestructura y no puedo justificar el desvío de fondos, la coerción sobre fondos privados, la burocratización y el crecimiento del Estado en esto. No es el camino. Y no funcionará.

Para lograr que le país se recupere económicamente y logre un crecimiento de dos dígitos, que es lo que necesitamos para crear valor y a su vez oportunidades para todos los guatemaltecos debemos, urgentemente, resolver nuestro problema de falta de justicia y desregular. Estamos asfixiados en una maraña de leyes, regulaciones y burocracia que frenan el desarrollo económico y crean corrupción. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no aprendemos de los países que ya tuvieron éxito en este sentido?