Magistrados de Sala emiten comunicado y pretenden amordazar a MP y CICIG

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Magistrados de Sala emiten comunicado y pretenden amordazar a MP y CICIG

El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo a los antejuicios y procedimientos promovidos contra jueces e indican que el Ministerio Público debe “abstenerse” de presentar ante la prensa a las personas detenidas sin autorización judicial y de ofrecer conferencias de prensa donde expliquen los casos.

El comunicado fue publicado días después de que se conocieran casos que involucran a jueces y magistrados, entre ellos el del magistrado Eddy Giovanni Orellana, vinculado al Rey del Tenis en el caso “Comisiones Paralelas”, ambos detenidos.

En el documento, los magistrados manifiestan su rechazo categórico a la promoción de antejuicios y procedimientos disciplinarios contra jueces con el argumento de estar en desacuerdo con sus decisiones e indica que eso constituye una indebida presión hacia los juzgadores.

También hacen mención de que el MP y las autoridades bajo su dirección deben abstenerse de presentar ante los medios de comunicación a las personas detenidas sin autorización judicial.

De acuerdo con los magistrados, las diligencias de investigación tienen carácter reservado para las personas ajenas al proceso, por lo que la publicidad del proceso penal en esta etapa abarca únicamente a las partes procesales, “de tal forma que resulta ilegal la realización de conferencias de prensa en las que se publiquen las diligencias de investigación”.

Asimismo indican que los sujetos procesales y el ente encargado de la investigación en el ejercicio de su función deben ajustarse a derecho, dentro del marco de la legalidad y la ética profesional, “ya que el emitir opiniones personales o institucionales irrespetuosas contra las decisiones judiciales se vulneran los derechos humanos, garantías procesales e independencia judicial.

Finalmente señalan que rechazan la “mediatización de los fallos” porque aseguran que pone en grave riesgo la certeza jurídica.

El pasado viernes la Fiscal General Thelma Aldana hizo énfasis en la importancia de las conferencias de prensa conjuntas con la CICIG y afirmo que mientras sea jefa del MP seguirán ofreciéndolas de la forma acostumbrada.

[rodl74]

legislativo, ejecutivo y ahora el OJ alineaditos para tratar de mantener el status quo

[josegalf]

Claro tienen libertad de ejercer su profesión, tanta como los demás tenemos de expresión.

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Ya no hay prevaricato

Los hechos demuestran que aunque nuestra legislación tipifique como delito de prevaricato la acción del “Juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a diez años”, en la práctica ese crimen quedó sin efecto porque son consistentes las resoluciones dictadas por tribunales superiores en las que rechazan cualquier denuncia de prevaricato sobre la base de que esas denuncias atentan contra la autonomía judicial.

No hay que ser genio, ni mucho menos letrado, para entender que cuando una jueza se saca de la manga una resolución para decir que un sindicado tiene derecho de antejuicio porque la Constitución de la República no prohíbe que goce de esa especial protección, está incurriendo en prevaricato. Tampoco hay que serlo para entender que cuando una magistrada es esposa del encargado de la comunicación social de un Presidente aliado del Alcalde para cimentar el pacto de la corrupción, debió excusarse de conocer el antejuicio contra ese Alcalde so pena de incurrir en prevaricato por el manifiesto conflicto de interés.

Sin embargo, resoluciones como la que mantuvo el antejuicio a favor del Juez Mynor Moto, ahora conferencista en un seminario sobre la “independencia judicial”, demuestran que hay una decisión radical de los órganos jurisdiccionales para erradicar de nuestro ordenamiento legal el delito de prevaricato. Un juez puede resolver de la manera que le venga en gana porque no sólo no será nunca juzgado por prevaricato, sino que además ya se sabe que sus resoluciones reñidas con la ley serán respetadas y avaladas por los órganos superiores siempre y cuando estén orientadas a proteger a los que operan en el régimen de la impunidad que hay en el país.

En otras palabras, por decreto judicial se ha dispuesto que ya no existen resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos porque, según la jurisprudencia que se pretende sentar, todas esas resoluciones son parte de la cacareada independencia judicial que faculta a los jueces y magistrados a resolver simple y sencillamente como les venga en gana.

Y llegan más lejos porque en comunicados para fijar postura de una vez califican de espurias y atentatorias contra esa independencia de las judicaturas cualquier denuncia que los órganos competentes se atrevan a hacer en contra de algún Juez. Ni siquiera demostrando que las resoluciones son contrarias a la ley cabe denuncia alguna según el nuevo patrón expresado.

Iniciado por La Hora

Asociación de Jueces propone a juez Moto para hablar sobre independencia judicial

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Asociación de Jueces y Magistrados convocó a un foro sobre “La Independencia Judicial en Guatemala” hoy a las 14:00 horas en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia. Entre los panelistas invitados se encuentra el juez Mynor Moto, contra quien el Ministerio Público formuló recientemente solicitud de antejuicio por prevaricato y retardo de justicia.

Marlon López, presidente de la Asociación, indicó que Moto “es una persona que con su trabajo ha luchado porque se respete la independencia de su criterio judicial. Es una persona idónea para expresar lo que en un momento determinado pueda interesarle al público al cual va dirigido”.

Además, agregó que “hay otras personas con un altísimo nivel también y conocimiento que en un momento determinado darán su aporte a la actividad que se ha programado. Por esa situación, yo considero que no se puede descalificar el desarrollo de la actividad”.

Los demás panelistas son: el presidente del CANG, Luis Fernando Ruiz, la exfiscal Tamara de León, el doctor René Arturo Villegas, el licenciado Omar Barrios, la doctora Juana Solís y el doctor Alejandro José Bravo.

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Iniciado por Prensa Libre

Juez es sorprendido al llegar en aparente estado de ebriedad

El juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, llegó en aparente estado de ebriedad a Torre de Tribunales este lunes y fue captado en video por periodistas

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La Sala de Mayor Riesgo dispone férrea censura

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo informó que, a partir de hoy, ya no se brindará información a los medios de comunicación sobre los distintos fallos que se emiten en los casos de alto impacto que son de su conocimiento. Esta disposición se debe a que los magistrados de dicha Sala consideran que la nueva Ley de la Carrera Judicial les prohíbe hacerlo.

(...)

La Ley de la Carrera Judicial entró en vigencia en noviembre de 2016. Pese a ello, fue hasta hoy que los magistrados decidieron no informar más sobre los fallos.

PUBLICIDAD DE LOS ACTOS

La Constitución Política de la República, en su artículo 30, establece que “todos los actos de la administración son públicos” y que “los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dijo que todos los fallos judiciales deben ser públicos para que la ciudadanía pueda auditar la actuación de los jueces.

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La Sala de Mayor Riesgo dispone férrea censura

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo informó que, a partir de hoy, ya no se brindará información a los medios de comunicación sobre los distintos fallos que se emiten en los casos de alto impacto que son de su conocimiento. Esta disposición se debe a que los magistrados de dicha Sala consideran que la nueva Ley de la Carrera Judicial les prohíbe hacerlo.

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La Ley de la Carrera Judicial entró en vigencia en noviembre de 2016. Pese a ello, fue hasta hoy que los magistrados decidieron no informar más sobre los fallos.

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La Constitución Política de la República, en su artículo 30, establece que “todos los actos de la administración son públicos” y que “los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dijo que todos los fallos judiciales deben ser públicos para que la ciudadanía pueda auditar la actuación de los jueces.

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¿Fuero especial?

Esta mañana la Sala de Mayor Riesgo informó que a partir de la fecha no se brindará información a los medios de comunicación de los distintos procesos que se ventilan en dicho órgano jurisdiccional pues los integrantes del mismo estiman que la nueva Ley de la Carrera Judicial les prohíbe dar información al respecto. No está demás decir que esa Sala es donde se ventilan todos los recursos o impugnaciones que ocurren dentro de los casos que se han presentado por delitos de corrupción, lo cual hace suponer que existe un claro y expreso interés por hacer que, sobre esa materia, volvamos a los tiempos de los tribunales de Fuero Especial de los tiempos de Ríos Montt, cuando no existía posibilidad de conocer la marcha de ningún proceso.

La publicidad de los procesos legales fue uno de los grandes logros de la reforma de la ley que norma los procedimientos penales porque de aquella práctica oscura de los juicios que se diligenciaban por escrito, la oralidad trajo consigo la divulgación de las acciones en las distintas etapas procesales. Y eso se entendió como un logro y un paso adelante en el esfuerzo por combatir la impunidad en el país porque el secreto simplemente alienta a los juzgadores a actuar como les dé le gana, sin que exista la posibilidad de que la opinión pública pueda valorar y catalogar el trabajo de los jueces.

La decisión es absolutamente arbitraria y contraría los preceptos constitucionales claros en materia del acceso a la información. Por supuesto que traerá consecuencias legales porque las mismas partes involucradas podrán, con toda razón, accionar de Amparo para garantizar el cumplimiento de la norma fundamental, la contenida en la Constitución Política de la República, que no reserva más que para algunos asuntos diplomáticos o militares el secreto, especificando que todos los actos de la administración, incluida desde luego la administración de justicia, son públicos.

Vemos cómo se va consolidando el Pacto de Corruptos que persigue sepultar de una vez por todas el esfuerzo que se hace por combatir la corrupción y su causa matriz, la impunidad. No olvidemos cómo fueron electas nuestras autoridades judiciales y por qué están presos los que operaron turbiamente para cooptar a las comisiones de postulación para servirle la mesa a los acuerdos entre los políticos que se centraron, fundamentalmente, en la garantía de la impunidad. Por ello fue que el PP y LIDER hicieron de las suyas en la pasada legislatura enviando a la Corte y las Salas a suficiente gente comprometida para apuntalar el vicioso sistema.

[BalajChanKawil]

Basuras

[Kal_El]

Bien hecho!