Diputados cabildean iniciativa para disolver la CC

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Diputados cabildean iniciativa para disolver la CC

De acuerdo con varios congresistas consultados, el documento contaba ayer con 50 firmas para que entre a conocerse en el pleno y sea enviado a una comisión de trabajo para su análisis.

Por: ENRIQUE GARCÍA

Un grupo de diputados tránsfugas prepara una iniciativa de ley para que la población decida, por medio de una Consulta Popular, si está de acuerdo en disolver la Corte de Constitucionalidad (CC). Hasta ayer, el documento en el que se cuestiona que las últimas decisiones de los magistrados son políticas y no acordes a la Constitución, contaba con al menos 50 firmas.

“No lo descartés”, fue la respuesta del representante del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Estuardo Galdámez, al cuestionarle si apoya la iniciativa. Agregó que en su momento emitirá una opinión y cuando tenga listas sus propuestas se darán a conocer.

Varios diputados, que omitieron su nombre, afirmaron que la iniciativa será presentada en su momento cuando tenga el respaldo de 80 legisladores. “No puedo adelantar nada, yo quiero dar una conferencia con los diputados que me apoyen”, reiteró Galdámez.

PROCESO

La Constitución de la República señala en su Artículo 173 el Procedimiento Consultivo. La Carta Magna describe en sus párrafos que las decisiones políticas de especial trascendencia deben ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos y que esta deberá ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión las preguntas para una Consulta Popular.

El capítulo I de la Ley Orgánica del Legislativo, establece cuál deberá de ser el procedimiento para que se apruebe dicha iniciativa. Se deberá de leer en el pleno, enviarse a una comisión, darse un dictamen favorable o desfavorable y aprobarse en sus tres lecturas para darle un número de acuerdo.

Aprobada la normativa, se deberá solicitar –en no más de 90 días– al TSE para que realice la Consulta Popular. El tema coincide con las próximas elecciones generales en donde, según los diputados consultados, se aprovecharía para realizar ese proceso.

Se consultó a Santiago Palomo, vocero de la CC, sobre cómo recibirían una propuesta para disolver esa Corte y si existe algún candado en la Constitución de la República para que estas propuestas no pasen. La respuesta fue que consultarían sobre el tema.

“Se ve que buscan eliminar el balance de poderes y atentar contra el sistema republicano”, explicó Álvaro Montenegro, del movimiento Justicia Ya. Recordó que la CC ha frenado las ilegalidades del presidente Jimmy Morales y de sus aliados del Congreso.

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Estos hijos de puta quieren hacer y deshacer a sus anchas

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quieren una CC que sea afin a sus desmanes como en los tiempos de rios montt

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CC corre peligro por pasividad social

POR HEDY QUINO
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Un grupo de al menos cincuenta diputados aprovecha la pasividad de la ciudadanía para impulsar una iniciativa de ley que busca disolver la Corte de Constitucionalidad (CC), opinaron algunos sectores de la sociedad civil.

El Colectivo Justicia Ya señaló que esta propuesta es una venganza en contra de la CC por las resoluciones que ha emitido en contra de las “arbitrariedades e ilegalidades” del presidente Jimmy Morales y sus aliados en el Congreso.

Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, afirmó que la presión ciudadana ha influido en las decisiones de los diputados. “Por eso el gobierno ha tratado de intimidar a los guatemaltecos con esos carritos militares”, indicó.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a estar presente, pues en estos meses estamos finalizando el año preelectoral y los diputados, que están deslegitimados, están desesperados por asegurar su reelección y van hacer lo que sea para lograrlo”, dijo Montenegro.

Por su parte, Usac es Pueblo indicó que esta iniciativa “es una estrategia vil y baja de los congresistas para presionar e intimidar a los magistrados, quienes han fallado en contra de las acciones ilegítimas del gobierno de Morales”.

Mynor Alonzo, de Usac es Pueblo, aseveró que la sociedad civil se ha cansado de las “estupideces de los diputados”, esto de alguna manera genera pasividad. “Pero la ciudadanía debe continuar actuando en contra de la agenda pro impunidad del Congreso”, indicó.

Alonzo subrayó que “la ciudadanía debe denunciar a los diputados que están impulsando ese tipo de leyes. Hay que difundir sus fotografías para que la ciudadanía conozca quiénes son y evitar que vuelvan a reelegirse”.

MOLINA MENCOS: DIPUTADOS ALARDEAN DE SU IGNORANCIA

El abogado constitucionalista, Carlos Molina Mencos, afirmó que los diputados que impulsa esta iniciativa, alardean su ignorancia y desconocimiento de la Constitución, pues para disolver a la CC no basta con una consulta popular.

“Disolver a la Corte es la tontera más grande que puede cometer el Congreso. Les pido a los diputados que lean la Constitución, pues no se trata solo de hacer una consulta popular, no es esa la forma”, detalló el experto.

Para disolver a la máxima Corte se debe modificar la Constitución, por medio de reformas. Estas reformas se deben aprobar con 105 votos en el Congreso y después presentar este paquete de reformas a la población, por medio de una consulta popular. Además se debe cambiar la ley orgánica del Organismo Judicial Corte Suprema de Justicia (OJ), explicó el constitucionalista.

¿DE QUÉ TRATA LA PROPUESTA?

El diputado José Conrado García, uno de los que firmó la propuesta de ley, confirmó que existe la intención de un grupo de parlamentarios de presentar una iniciativa de ley para disolver a la máxima Corte del país.

La iniciativa busca realizar una consulta popular para preguntarle a los guatemaltecos “¿quiere o no, una Corte de Constitucionalidad?”. El pueblo tiene que elegir”, indicó el legislador.

Si la respuesta es positiva, la CC se convertiría en una unidad más de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Así como era antes”, explicó Conrado.

ARZÚ ESCOBAR: EL CONGRESO LE DARÍA UN TRÁMITE INMEDIATO

De presentarse la propuesta de ley, el Congreso le daría el trámite correspondiente, “tal como dice la Constitución. Cuando se presentan reformas se le debe dar un trámite inmediato”, afirmó el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.

Autoridades indígenas critican intención del Congreso de disolver la CC

POR DENIS AGUILAR
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Las Autoridades Indígenas y Ancestrales criticaron hoy al Congreso de la República luego de que ayer se conociera que hay una propuesta para convocar a una consulta popular para que la población decida si se suprime la Corte de Constitucionalidad (CC).

José Ramírez, de la alcaldía indígena de Olintepeque, Quetzaltenango, dijo que ellos ven una cortina de humo de parte de los diputados para tratar de desviar la atención por ciertas situaciones que ocurren en el Congreso, siendo una de ellas la elección de Junta Directiva que se realizó ayer.

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Udefegua: Gobierno coarta el ejercicio de los derechos

Por Eder Juárez
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Por medio de un comunicado la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua) rechazó las intenciones del Gobierno y del Congreso de coartar el ejercicio de derechos y socavar el sistema de pesos y contrapesos, como la de disolver a la Corte de Constitucionalidad o limitarle garantías del antejuicio a la CC y al Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

De acuerdo con Jorge Santos, de Udefegua, el objetivo del comunicado es evidenciar lo que en buena medida se ha venido dando desde hace más de un año, desde que el 26 de agosto se da la declaratoria de non grato al Comisionado Iván Velásquez.

Luego en septiembre de ese mismo año las dos leyes pro impunidad que no lograron decretarse como tal, “lo que hemos visto es una especie de avalancha en materia de derechos humanos, en materia de democracias y espacios de participación política y no hay mejor forma de materializar la intenciones de un Gobierno que en el Presupuesto de ingresos y egresos de la nación”, indicó Santos.

“Ahí es donde se ve esa acción de estos actores pro impunidad y pro corrupción que pretenden hacer una especie de ahorcamiento financiero a instituciones que se dedican a la academia y en buena medida a socavar la educación superior, además a las instituciones de justicia”, manifestó el activista, en relación a los recortes a instituciones del Sector Justicia y a la Universidad de San Carlos.

En el comunicado, Udefegua también alerta a la población del peligro inminente de un grave retroceso en el ejercicio de las libertades y garantías y llama a reagruparse y defender con firmeza los derechos conquistados.

Asimismo indicó que en su afán por garantizar impunidad el llamado Pacto de Corruptos, no ha tenido miramientos en minar el estado democrático de derecho y busca con reformas que se consolide el autoritarismo.

“Para ello han trabajado en propuestas legislativas encaminadas a criminalizar por la vía legal el ejercicio de derechos como la libre emisión del pensamiento, la asociación, reunión, movilización y protesta, además de anular la institucionalidad de pesos y contrapesos como la PDH y la CC”.

Según Santos hay una clara intención del Gobierno del presidente Jimmy Morales de “socavar todo aquello que pueda ser combate a la corrupción y la impunidad, y resguardar sus intereses corruptos e impunes a partir de incrementar el presupuesto del Ejército, pero también hay una serie de iniciativas que ya suman 14 que son de suma preocupación en particular las reformas al antejuicio y amparo que pretenderían limitar los contrapesos en particular y dedicada a tres magistrados de la CC en particular y al PDH”, señaló.

EJECUTIVO NO RESPONDE

Se le preguntó al secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito, si habría alguna postura de parte del Ejecutivo ante ese comunicado, sin embargo, manifestó que “no había visto nada de esa posición”, al cierre de esta edición no había mayor respuesta de parte del Secretario.

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Intención de disolver la CC no encuentra apoyo político en el Congreso

Aunque la intención de presentar una iniciativa para disolver la Corte de Constitucionalidad (CC) existe, hasta ahora los parlamentarios dudan de ofrecer su apoyo a la propuesta.

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Abogados que apoyaron a Morales denuncian a magistrados de la CC

POR HEDY QUINO
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Un grupo de abogados que fueron constituyentes, acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a interponer una denuncia en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras, por emitir un fallo a favor del embajador de Suecia, Anders Kompass.

El abogado Arnoldo López Straub afirmó que los togados “violaron la Constitución” al frenar la expulsión del diplomático, la cual iba a realizar el Gobierno del Presidente Jimmy. Morales.

Según López, los magistrados, supuestamente, incurrieron en los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución. “Estamos actuando en defensa de la Constitución”, dijo.

El 5 de septiembre, ese mismo grupo de abogados entregó en la Secretaría General de la Presidencia un documento con el que mostraron su respaldo al mandatario por su decisión de prohibir el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, al país.

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Diputados insistirán en convertir a la CC en una sala de la CSJ

Señalan que discusión del tema será uno de los primeros puntos que estarán en la agenda.

Por: ENRIQUE GARCÍA

La propuesta de proyecto de ley que busca que la Corte de Constitucionalidad (CC) sea parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es de los primeros puntos que conocerán los diputados del Congreso en las próximas sesiones ordinarias. Aunque no existe un procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Legislativo para conocer un tema de reforma constitucional, los diputados tendrán varias opciones en el pleno para darle trámite.

El expediente que busca tener más de 80 firmas, pretende que la población decida, por medio de una Consulta Popular, si está de acuerdo en modificar dos secciones de la Constitución de la República, sobre la CC y la defensa del orden constitucional.

El debate de reformar los artículos sobre la CC llega en un momento en que los diputados también integrarán la Comisión Pesquisidora que conocerá si tres magistrados del máximo ente constitucional cometieron los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato, según una denuncia por la asociación Dignatarios de la Nación, por la decisión de la Corte de no permitir la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass.

“Según quedó un precedente de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia (2016) se lee y se convoca a sesiones específicas” señaló el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena. De acuerdo al congresista, también tienen otras dos opciones que deberán de ser autorizadas por el pleno: enviarlo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales o crear una comisión específica, explicó.

Dijo que actualmente no existe un procedimiento para reformar artículos constitucionales. En 2017, la Sala de Apoyo Técnico, dictaminó favorablemente una iniciativa de ley presentada por el diputado Claude Harmelin, para que se establezca un procedimiento de aprobación de reformas constitucionales.

Roberto Alejos, expresidente del Congreso, debatió la postura de Linares. Recordó que el proceso de cambio lo establece la propia Constitución por lo que no debe de existir otra normativa para ello.

Dijo que de llegar a presentarse, esta deberá de leerse en el pleno, enviarse a la Sala de Legislación para que emita un dictamen, regresar al hemiciclo y convertirse en constituyente para aprobar dichos cambios con 105 votos.

LA PELEA POR LAS COMISIONES

Los legisladores también deberán de distribuirse las presidencias de las 38 salas de trabajo para este año. La de Legislación, quedará otra vez en manos del PAN, aseguró Linares, y es él quien busca presidir de nuevo la sala. El año pasado, la comisión que dirige Linares dio dictamen favorable a la iniciativa de reformas a la Ley de Antejuicios, que está pendiente de aprobarse en tercera lectura por artículos y redacción final, normativa que pretende que todos los procesos de antejuicios sean conocidos directamente por el Congreso.

INICIATIVAS POLÉMICAS

La Sala de Legislación fue la que presidió el diputado Fernando Linares durante 2018. La comisión dictaminó favorablemente varias iniciativas: ley de Protección de la Vida y la Familia, reformas en materia de Antejuicios, dos normativas que buscan la Reconciliación Nacional y el Arrepentimiento, Perdón y la Reconciliación para la Paz, cambios a la Ley de Orden Público, cesación del encarcelamiento de privados de libertad y la última, declarar un día nacional de la oración.

105 Votos se necesitan para reformar artículos constitucionales

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Primacía de la ley en el estado de Derecho

Por Luis Morales Chúa

La propuesta para abolir la Corte de Constitucionalidad causa estupor en la opinión pública nacional y en el entorno internacional que se interesa por lo que sucede en nuestro país.

Con esa iniciativa se está afilando una cuña en la que pueden ser sentados, en un futuro cercano, los firmantes de la iniciativa, sus partidos políticos, y cualquier ciudadano, funcionario, dignatario o magistrado, cuyos actos molesten a los círculos políticos dominantes.

Ese tribunal de jurisdicción privativa, considerado uno de los más grandes aciertos de la Asamblea Nacional Constituyente, es esencial para preservar y perfeccionar el Estado de Derecho que hace la diferencia entre un país civilizado y los pueblos de las cavernas.

Afortunadamente no todos los diputados piensan como los autores de la mencionada iniciativa y hay que confiar en que al final de cuentas el pleno del Congreso se inclinará por proteger los más elevados intereses de la población y no por la destrucción del Estado Constitucional de Derecho.

Los diputados deben tener presente que la historia los aplaudirá o los condenará si fortalecen o destruyen el poder constitucional, hasta hace poco tiempo respetado y encomiado, y sin el cual la administración de justicia quedará gravemente enferma.

A un buen legislador no escapará que su responsabilidad consiste, principalmente, en ceñir su conducta a los más altos intereses de la población y entenderá que hay que salir de un Estado de injusticias para elevarlo a un sitial donde prevalezca, como debe ser, el principio de primacía de la Constitución sobre cualquiera otra norma legal.

La Corte de Constitucionalidad tiene un papel esencial en el control de la constitucionalidad, responsabilidad vital en un país donde el abuso de poder ha hecho, en determinados tiempos, tabla rasa de los derechos humanos.

Molesta, como es comprensible, la sensibilidad de personas poderosas que habían sido intocables, aun cuando hubiesen incurrido en hechos criminales que han obligado al Estado a crear tribunales de mayor riesgo para conocer y resolver muchos casos de alto impacto.

Han salido a la palestra pública varios exconstituyentes dándose golpes en el pecho y pidiendo perdón por haber creado —sin pensarlo bien— ese “monstruo” llamado Corte de Constitucionalidad, aficionado a frenar los abusos del poder y a proteger el orden constitucional, lastimado por hechos con visos de ilegalidad.

Pero hay otros constituyentes que consideran un acierto y un honor haber creado ese alto tribunal y es que la jerarquía de la justicia constitucional es de una utilidad insustituible para la población, porque pone coto a la arbitrariedad de funcionarios poderosos. O, dicho en palabras, la Corte hace efectivo el principio según el cual las normas constitucionales son vinculantes para gobernantes y gobernados.

Y si existiendo la Corte pasan cosas horribles, como ese intento de procesar a los magistrados, es de imaginar el caos que habrá sin ese alto tribunal.

Diputados, ármense de valor, no se presten al juego venenoso contra la justicia constitucional. Salgan del Congreso con la frente en alto, y no con la cola machucada.

En los Estados Unidos un juez de California, atendiendo una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles, dictó una orden judicial que impide a la administración del presidente Trump terminar el programa TPS que protege a inmigrantes de cuatro países de la orden de deportación. Y varios jueces más han hecho lo mismo. Así funciona el Estado de Derecho cuando existe respeto oficial por la Constitución.

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Capturan a diputado Conrado García por caso de lavado

El diputado José Conrado García Hidalgo, quien perdió la inmunidad en 2017, fue capturado este martes por lavado de dinero y será indagado por el Juzgado Séptimo Penal.

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"La República exige un último intérprete de la Constitución y no podemos jugar con ello.", Alejandro Balsells Conde

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¿Prevaricato del juez constitucional?

Por Alejandro Balsells Conde

Es una lástima que temas estructurales de nuestra república se discutan en coyunturas políticas polarizantes, la dicotomía de rojos y cremas trasciende el futbol y nos coloca en tribunas distintas, cuando tanto unos como otros debemos estar de acuerdo con anular goles con la mano, las patadas en la espinilla son faltas y si la pelota sale del rectángulo es fuera.

El control del poder en democracia obliga a las instituciones republicanas a jugar un papel fundamental, porque deben controlar el poder y del que el ser humano tiende a abusar. En estos días integrantes de la comunidad jurídica han discutido sobre ¿si puede el juez constitucional cometer prevaricato? Y si bien, en una columna es chico el espacio, nos sumamos a brindar puntos al debate.

Nuestra Ley de Amparo establece que contra las decisiones de la Corte de Constitucionalidad solo procede pedir aclaración o ampliación, “pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley”. Por otra parte, la misma ley ordena que los magistrados “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”. En lo personal no veo contradicción.

entencia proviene del latín sententia, y esto significa “expresar un sentimiento, juzgar, decidir, votar”. Por opinión entendemos “juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien”, un juez al declarar el derecho y dicta sentencia practica un acto formal por el que decidió de forma libre lo que el derecho dispone al caso bajo su conocimiento, brinda su opinión y esa opinión es su sentencia —su juicio—. El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años, dice el delito de prevaricato.

Dos son los supuestos sobre los que descansa el delito, el primero, que el juez que “a sabiendas” resuelva contra la ley o que se funde en hechos falsos. Recordemos los votos razonados de los magistrados inconformes con el otorgamiento del amparo en el caso del juicio de genocidio contra Ríos Montt y compañeros, esos votos razonados denunciaron hechos falsos y quedaron para la historia, ahí hay un punto importante de discusión porque gravita sobre hechos, pero fuera de los hechos entramos al tema de “a sabiendas fallar contra le ley” y esto es más complejo y difícil, porque si los jueces constitucionales estuviesen vinculados solo a aspectos normativos jamás pudieran declarar derechos humanos existentes que no figuran en el catálogo vigente. Es tan grave esto que sería terminar la concepción de la labor creadora del juez para asegurar que es un robot positivista, de ahí la protección de estar exentos de responsabilidad por sus opiniones —sentencias—, además cualquier otro intérprete puede estar en desacuerdo con un fallo y eso es lógico.

Brindar control político a las resoluciones de los tribunales constitucionales es un suicidio para la República, jamás existe prevaricato por criterios de fondo en el Tribunal Constitucional y de allí la exención legal y muy a pesar mío, acá van las sentencias que dieron luz verde a Ríos Montt para ser candidato o la que de un plumazo abolió la carrera judicial.

La sentencia del 25 de mayo de 1993 abortó el golpe de Estado de Serrano, esa sentencia declaró por primera vez en la historia una inconstitucionalidad de oficio y es aplaudida en el mundo. Hoy se abogaría para juzgar magistrados porque “actuar de oficio” no está en la ley. Abogar por un control político —del Congreso— sobre el fondo de resoluciones del Tribunal Constitucional es antirrepublicano, y si agregamos la situación fáctica de lo que hay en nuestros congresos y debilidad de la justicia penal y su influencia política, el tema queda más claro.