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Antiguo 04-Jan-2019, 12:05   #26
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Respuesta: Morales ordena a PGN denunciar a tres magistrados no afines de la CC



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Iniciado por Prensa Libre
Magistrados de la CC acumulan tres solicitudes de antejuicio

Este jueves trascendió una tercera denuncia penal en contra de varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esta vez por un supuesto retraso malicioso de justicia.

Por Alex Fernando Rojas

El abogado Mario Rodolfo Passarelli presentó a título personal la denuncia en contra de siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tres de ellos ya enfrentan dos denuncias que están pendientes de trámite en la Corte Suprema de Justicia.

Passarelli presentó la acción por la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad el pasado 3 de septiembre, donde se ordena realizar una consulta a las comunidades indígenas cercanas al proyecto minero El Escobal, antes que la empresa continúe con sus operaciones en Santa Rosa.

Pese a que la acción promovida por el abogado Passarelli es por la resolución del proyecto minero, la Mina San Rafael emitió un comunicado donde deja claro que la acción en contra de la CC no fue promovida por ellos ni la respaldan, por el contrario, están acatando la orden constitucional.

(...)

El abogado Passarelli trabajó como asesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 2015, y en el 2016 fue director de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Hasta ahora no ha sido posible localizarlo para conocer más detalles sobre la acción presentada en contra de los siete magistrados.

(...)
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"El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos términos", Tácito

"El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores ...", Platon

“La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, Platón

“No sé porque piden el debido proceso cuando les afecta, pero cuando es para las otras personas no les importa"
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Antiguo 04-Jan-2019, 12:05   #27
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Magistrados de la CC acumulan tres solicitudes de antejuicio

Este jueves trascendió una tercera denuncia penal en contra de varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esta vez por un supuesto retraso malicioso de justicia.

Por Alex Fernando Rojas

El abogado Mario Rodolfo Passarelli presentó a título personal la denuncia en contra de siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tres de ellos ya enfrentan dos denuncias que están pendientes de trámite en la Corte Suprema de Justicia.

Passarelli presentó la acción por la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad el pasado 3 de septiembre, donde se ordena realizar una consulta a las comunidades indígenas cercanas al proyecto minero El Escobal, antes que la empresa continúe con sus operaciones en Santa Rosa.

Pese a que la acción promovida por el abogado Passarelli es por la resolución del proyecto minero, la Mina San Rafael emitió un comunicado donde deja claro que la acción en contra de la CC no fue promovida por ellos ni la respaldan, por el contrario, están acatando la orden constitucional.

(...)

El abogado Passarelli trabajó como asesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 2015, y en el 2016 fue director de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Hasta ahora no ha sido posible localizarlo para conocer más detalles sobre la acción presentada en contra de los siete magistrados.

(...)
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Antiguo 05-Jan-2019, 15:34   #28
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Manipulaciones constitucionales

En última instancia corresponde a la ciudadanía exigir que este gobierno deje de ensayar las más ridículas estrategias para defender la impunidad.

— Jorge Mario Rodríguez

Una de las características más indignantes del ejercicio presidencial de Jimmy Morales es el intento de justificar sus abyectos propósitos encuadrándolos dentro de la defensa de una soberanía absoluta y una versión caricaturizada del Estado de derecho. Gran parte del descontento ciudadano con este gobierno se debe precisamente al intento de expulsar a la CICIG con los más endebles argumentos, los cuales han llegado incluso a apelar a la identidad religiosa del pueblo guatemalteco.

Así las cosas, el paso más reciente en el proceso de descomposición gubernamental, le ha correspondido a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los representantes de esta institución, sobrepasando sus competencias de asesoría y consultoría estatal, han presentado una demanda penal en contra de los miembros de la Corte de Constitucionalidad. Este proceder se debe precisamente a los amparos resueltos en contra de las atolondradas medidas que ha adoptado el gobierno para deshacerse de la CICIG.

La PGN ha acusado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de prevaricato, abuso de autoridad y de resoluciones arbitrarias que violan la Constitución. Negándose a hacer público el texto de dicha denuncia, los representantes de la PGN acusan a la Corte de Constitucionalidad de conceder amparos que ignoran la disposición constitucional que faculta al presidente a dirigir la política exterior (Artículo 183, inciso o, de la Constitución Política de la República de Guatemala). Se aduce, en este sentido, que dicha Corte se contradice al ignorar previas opiniones consultivas que reconocían dicha facultad presidencial.

Ahora bien, acusar a la Corte de Constitucionalidad de prevaricato por “violar” la mencionada disposición constitucional supone una profunda incomprensión de la forma en que se debe leer una Constitución contemporánea. Esta pobre capacidad de lectura constitucional solo revela que el gobierno carece de recursos doctrinales para legitimar su lucha en favor de la impunidad.

Ignora la PGN que la disposición constitucional que faculta al presidente para dirigir la política exterior debe entenderse en función de la constelación de valores y principios que le brindan significado al texto constitucional. La Constitución no es un trozo de plastilina normativa que se adecúa para cualquier fin. El presidente, por ejemplo, no puede decidir atacar a un país vecino solo porque así lo disponga.

En consecuencia, no se puede argumentar que existe una disposición “taxativa” en la Constitución que no puede ser limitada en ninguna circunstancia. Este argumento se basa en una lectura constitucional equivocada o, presuntamente, motivada por la mala fe. En los casos complejos, las disposiciones constitucionales no se pueden “aplicar” en sentido literal. La interpretación es un paso ineludible en la tarea de determinar qué solución ofrece el texto constitucional a los problemas que plantea la vida ciudadana.

La Constitución es un cuerpo normativo con una estructura valorativa que no se presta fácilmente a la desvergüenza política. No es un simple recetario de directivas que pueden ser “aplicadas” según las prácticas positivistas del siglo XIX.

En última instancia corresponde a la ciudadanía exigir que este gobierno deje de ensayar las más ridículas estrategias para defender la impunidad. Si el gobierno insiste en ignorar las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, el único camino ciudadano que queda abierto es la desobediencia civil y la resistencia ciudadana.
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Antiguo 08-Jan-2019, 13:48   #29
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Congreso prepara ofensiva contra la CC

Por: ENRIQUE GARCÍA

Mientras que la Comisión Permanente del Congreso analiza el documento entregado por el diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Estuardo Galdámez, en el que solicita convocar a sesión extraordinaria para que se manifieste sobre las actuaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), otro grupo de diputados analiza qué acciones tomará en los próximos días el Legislativo.

El periodo de sesiones ordinarias se abrirá el próximo 14 de enero con la integración de la nueva Junta Directiva y dentro de las primeras acciones tiene que conocer una propuesta de ley que busca, que la Corte de Constitucionalidad (CC) sea parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La propuesta de iniciativa de ley contempla que la población decida, por medio de una Consulta Popular, si está de acuerdo en modificar dos secciones de la Constitución referentes a la CSJ y la CC.

Habría una autoridad suprema que es la Corte Suprema de Justicia”, refirió meses atrás el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Fernando Linares Beltranena.

De acuerdo a las versiones de varios diputados que omitieron su nombre y que ya conocieron el documento confirmaron que se pretende que la CC se convierta en una cámara sujeta a la CSJ.

Fuentes consultadas aseguraron que el documento, que aún no se ha entregado a Dirección Legislativa, ya fue negociado dentro del Congreso y cuenta con unas 70 firmas.

LA OTRA INICIATIVA

Otra de las decisiones es continuar con la aprobación de las reformas a la Ley de Materia de Antejuicios. Ese proyecto, que está pendiente de conocerse en tercera lectura y redacción final, pretende que las solicitudes de antejuicio contra funcionarios sean conocidas por el Legislativo, sin tener que pasar antes por la CSJ.

El proyecto de reformas a la Ley de Antejuicio posee solo tres artículos. A criterio del diputado independiente, Oliverio García Rodas, este posee inconstitucionalidades; en tanto, Linares Beltranena, ponente de la iniciativa, dijo que estas son enmendables, por lo que su trámite debe de continuar.

Según Linares Beltranena, en la modificación planteada, el Congreso no asumirá un “papel de pesquisidor” y que, tal como está actualmente la normativa, se “irrespeta” el Artículo 165 constitucional.

En sus lecturas anteriores, esa normativa contó con la aprobación de los partidos: Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, FCN-Nación, Fuerza, Independientes, PAN, Todos y la UNE.
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Antiguo 10-Jan-2019, 14:26   #30
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Antejuicio contra magistrados de la CC está en manos del Congreso

Según la asociación de Dignatarios de la Nación, los magistrados emitieron resoluciones violatorias a la Constitución al otorgar un amparo que impedía solicitar el retiro del embajador Anders Kompass.

Por mayoría, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió para su trámite y remitió al Congreso de la República la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía Orellana y Gloria Porras Escobar.

Según la CSJ, había suficientes indicios para iniciar el trámite de antejuicio en contra de los tres magistrados de la CC que votaron en favor de amparar a la Fundación Myrna Mack y al abogado Alfonso Carrillo, para frenar la solicitud del Ejecutivo, para retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass.

(...)

ONGRESO EN RECESO

El Organismo Legislativo se encuentra en receso y retomará sus actividades el próximo 14 de enero. Según la Ley Interna del Congreso, en caso de que un antejuicio llegue en tiempo de receso, es la Comisión Permanente la que debe elegir por sorteo a tres de sus integrantes para conformar la Comisión Pesquisidora.

Dicha Comisión deberá realizar el análisis del expediente y recomendar, por medio de un informe al pleno si se debe o no retirarle el derecho de antejuicio a los magistrados.

Son 105 votos los que se requieren para que los magistrados queden sin inmunidad.

Los diputados Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Juan Ramón Lau, Javier Hernández Ovalle, Estuardo Galdámez, Dolores Beltrán y Leonel Arévalo, son los que integran la Comisión Permanente del Legislativo.

REACCIONES

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, indicó que es evidente que el país se encuentra en una dinámica de choque entre poderes que está dirigida por el Gobierno central. “A toda costa quieren impedir la lucha contra la corrupción, y la Corte de Constitucionalidad es una piedra en su zapato”, enfatizó.

Marroquín consideró que la decisión de la CSJ es un paso más para desmantelar la independencia a nivel institucional para lograr sus objetivos de mantener al país bajo su régimen.

Helen Mack señaló que la CSJ refuerza el argumento presentado por la canciller Sandra Jovel donde solo el mandatario tiene el poder de dirigir la política exterior. “Esto lo empezamos a ver desde el caso del embajador Anders Kompass y su expulsión”, dijo.

Mack aseveró que el gobierno está preparando el terreno para realizar acciones inconstitucionales utilizando la soberanía del país. “Alegan que solo el Presidente tiene el mando. Pero dejan a un lado el Artículo uno de la Constitución que es el bien común”.

Ayer por la mañana, el diputado del partido oficialista FCN-Nación, Estuardo Galdámez, hizo un llamado a “desobedecer órdenes ilegales”, haciendo referencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. El congresista mencionó que tres magistrados de la Alta Corte son “malos guatemaltecos. Todo ciudadano tiene la facultad de desobedecer cualquier orden que deviene ilegal e ilícita, y eso mismo también está establecido en la Constitución”, dijo Galdámez.

El diputado Fernando Linares Beltranena dijo que es necesario confrontar a la Corte de Constitucionalidad por extralimitarse en sus funciones.

SOLICITUD DE LA PGN

El pleno de la CSJ deberá conocer también una solicitud de retiro de inmunidad, interpuesta por el Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, en contra de los mismos magistrados, por la misma resolución. En donde el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) planteó un amicus curiae, para manifestar su apoyo a los magistrados de la CC.
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Iniciado por Prensa Libre
Diputados coinciden en que pesquisidores para magistrados de CC deben elegirse en pleno

Si bien la comisión permanente del Congreso puede nombrar a la comisión pesquisidora para tres magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), diputados creen que es prudente que este asunto sea tratado en el pleno durante el periodo ordinario de sesiones, que empieza el día 14.

(...)

Última edición por chronos; 10-Jan-2019 a las 19:21
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Antiguo 10-Jan-2019, 19:10   #31
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Iniciado por La Hora
Denunciantes de magistrados de la CC reciben dinero del Congreso

La Asociación de Dignatarios de la Nación, un grupo de constituyentes de 1985, confirmó hoy que recibe aportes económicos de parte del Congreso de la República por medio de la contratación de tres personas por Q44 mil y el pago de sus oficinas.

Además, confirmaron que realizarán un convenio con el Congreso, aunque La Hora conoció que por este convenio ya se realizó una transferencia de Q600 mil según consta en el punto 20 del acta de la Comisión Permanente del Congreso, del 5 de diciembre de 2018.

Siete días después, esa Asociación denunció a los magistrados de la CC en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer tramitó el antejuicio que ahora conocerá el Congreso.

Guillermo Pellecer, presidente de la Asociación, dijo que el Congreso los “apoya totalmente” con las personas que reciben dichos salarios y les facilitan oficinas, asegurando que eso lo han hecho saber siempre.

Es totalmente interno del Congreso. El Congreso nos apoya a nosotros totalmente dándonos a nosotros a las personas que usted está mencionando”, dijo Pellecer al ser consultado sobre el pago del Legislativo para tres personas que laboran con los constituyentes.

“Nos da oficinas y eso lo hemos hecho saber siempre, que es en lo único que nos ha ayudado el Congreso de la República, dándonos oficinas y dándonos tres personas para que trabajen con nosotros y poder desarrollar nuestros programas”, señaló Pellecer.

Sobre si tienen algún convenio con el Congreso, Pellecer indicó que por el momento no tienen con el Legislativo ninguno en específico por el momento, pero aseguró que están por realizarlo y que lo darán a conocer.

Ese convenio que estamos tratando es muy sencillo, se trata de que ellos nos van a seguir apoyando con las oficinas y con el personal que se paga y nosotros les vamos a dar asesoría jurídica a todos los señores diputados que lo necesiten, de conformidad con la Junta Directiva del Congreso”, explicó Pellecer.

No obstante, en el SICOIN consta una transferencia por Q600 mil en diciembre de 2018, que se identifica con el número 2.1.7.1.2, asignado a “Entidades sin Fines de Lucro”.

Baudilio Ordóñez, otro de los constituyentes, señaló que dadas las actuales circunstancias del país, cualquier asistencia que se tenga del Congreso o de otras instituciones, será exclusivamente para dar a conocer la Constitución, para promoverla, ya que hay un alto porcentaje de personas que no conocen la Constitución.

“Hay otro porcentaje que la conocen y la defienden, que no necesariamente son constituyentes”, dijo Ordóñez. “La idea es dar a conocer en todos los niveles, sobre todo porque nos hemos encontrado con profesionales que si bien han leído la Constitución no la han entendido”, añadió.

Mencionó que una de las metas de la Asociación es que la población en los pueblos del país conozca la Carta Magna.

LOS PAGOS

Según información que conoció La Hora, el Congreso de la República paga los salarios del personal de la Asociación de Dignatarios de la Nación, siendo estos Jonnathan Esteban Ponce Díaz, quien recibe un salario de Q17 mil 805.43; Glenda Liseth Ochoa Barrios, por 16 mil 565.78; y Jaime Eduardo Del Valle Cooper, por 10 mil 519.74. El total mensual que desembolsa el Congreso es de Q44 mil 890.95.

EL CONVENIO

La Junta Directiva del Congreso de la República también aprobó por medio del encargado de despacho de la Dirección General, Mario Gerardo Flores Aldana, que se suscribiera el convenio interinstitucional con la Asociación, como una transferencia a instituciones sin fines de lucro, por un monto de Q600 mil. Esto constó en acta del 5 de diciembre, en el punto 20, de la Comisión Permanente del Congreso.

(...)
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Iniciado por La Hora
Análisis: acción de Asociación de Dignatarios de la Nación con claro conflicto de intereses

Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt

Ante la denuncia presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), a la cual dio trámite ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hoy se dio a conocer que dicha Asociación recibe dinero del Congreso y pago de tres empleados y oficinas, lo que a criterio de analistas representa un claro conflicto de intereses ante las acciones emprendidas contra la CC.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), indicó que en este caso hay conflicto de intereses. En primer lugar se tendría que señalar cómo es que el Congreso está destinando fondos públicos para un grupo de abogados que no cumplen con una función para el bien público, dijo Cadena.

Agregó que el hecho de que reciban dinero del Congreso compromete la acción legal contra los magistrados de CC y demuestra que son acciones superfluas que quieren afectar a los jueces de la CC por sus resoluciones. “Eso va en contra de la independencia de jueces y de la independencia de poderes, a los jueces no se les puede atacar por sus resoluciones”, indicó.

De acuerdo con Cadena en la resolución del caso del Embajador Andrés Kompass, la CC tiene toda la razón para resolver exigiéndole al Presidente que cambie esa política. “La política exterior del Gobierno de Guatemala según la Constitución tiene un marco y un límite, y el Presidente está actuando en un total abuso de poder, que está causando daños y perjuicios a la sociedad guatemalteca”, dijo el abogado.

Cadena señaló que los magistrados de la CSJ, al haberle dado trámite al antejuicio en contra de los magistrados de la CC, estarían cayendo en el delito de prevaricato, por lo que el Ministerio Público debería de investigar esta situación.

Los magistrados de la CSJ que firmaron cometieron el delito de prevaricato, porque están elaborando una resolución con intereses y peor aún de intereses personales de funcionarios corruptos”, dijo el jurista, quien agregó que los magistrados de la CSJ debieron de haber tomado en cuenta que los abogados que hicieron esa denuncia reciben fondos del Estado.

CIEN: CASO DE ASOCIACIÓN NO DESLEGITIMA ANTEJUICIO

Por su parte, Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) afirmó que, el hecho de que el Congreso financie gastos de la Asociación de los abogados que denunciaron a los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), no deslegitima la acción que plantearon.

Se debe investigar si el financiamiento que reciben del Legislativo está en Ley, sin embargo, este es un tema aparte, es muy prematuro ligar esa situación con la denuncia que presentaron. Por ahora esta acción es legitima hasta que no se evidencie lo contrario”, explicó Quezada.

El consultor añadió que indagar si existe un vínculo entre los abogados denunciantes con los diputados no es una competencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dieron trámite a dicho antejuicio. “La CSJ no puede emitir una opinión si existe o no este tipo de vinculación”, dijo el consultor del CIEN.

Más allá de si existe un vínculo o no, se debe evaluar el fondo legal de la denuncia y no centrarse en quién la presenta. Por ejemplo, si una persona que no tiene prestigio presenta una acción bien fundamentada, no se le puede rechazar por el hecho de no contar con prestigio”, declaró el politólogo.

No se debe ligar a la política con lo judicial. No se debe personalizar las acciones legales, sino dejar que los tribunales resuelvan”, concluyó Quezada.

(...)
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Iniciado por La Hora
Analistas: no podemos olvidar cómo se constituyó la CSJ

POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
cgutierrez@lahora.com.gt

La Corte Suprema de Justicia trasladó la solicitud para retirar el derecho de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad al Congreso, por supuesta extralimitación en sus funciones, sin embargo, su actuar fue distinto en la denuncia planteada por el MP contra el diputado Felipe Alejos a quien no retiraron su inmunidad.

Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), dijo que no hay que olvidar cómo fue que se constituyó la CSJ, ya que fue propuesto por dos partidos políticos que ya no existen (Partido Patriota y Partido Lider), señalados de formar un pacto para las designaciones y beneficiarse.

Por su parte, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicó que siempre hay un contexto en el que ocurren las resoluciones y se puede estar de acuerdo o no, pero que efectivamente acudir a las cortes del país es el canal legal adecuado para resolver este tipo de asuntos.

La activista Helen Mack, mencionó que ha sido evidente que la CSJ siempre ha sido cuestionada desde su elección “amañada”, ya que fueron electos magistrados que iban a facilitar impunidad de la “alianza criminal”.

Asimismo, Mack añadió que no había que olvidar que después de que se negociara el presupuesto para la CSJ, fue cuando se dio la recomendación de que el congresista Felipe Alejos debía conservar su inmunidad, quien iba a ser investigado por un delito de tráfico de influencias.
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Iniciado por Prensa Libre
Congreso paga personal y oficina a asociación que promovió antejuicio contra CC

La Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por exconstituyentes que promovieron la querella que abrió el proceso de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), reconocieron que el Legislativo paga tres empleados y la renta de las oficinas para su funcionamiento, pero aseguran que la acción no responde a intereses de ese organismo.

Por Manuel Hernández Mayén

Milton Aguirre Fajardo, exconstituyente y dirigente de la asociación, confirmó en conferencia de prensa que el Congreso paga las oficinas y personal, pero eso ha ocurrido desde el inicio de la asociación que, según él, data de 1985. Agregó que la acción planteada contra los magistrados no fue por los fondos que otorga el Congreso.

Datos obtenidos indican que el Legislativo paga Q44 mil 890.95 al mes por un auxiliar de oficina, un asistente de protocolo y una secretaria ejecutiva, más oficinas para su funcionamiento.

Se pudo confirmar que en el punto 20 del acta del 5 de diciembre del 2018, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una transferencia de Q600 mil, monto que se iba a otorgar por medio de un convenio. La asociación dijo que el convenio no ha concretado.

Siete días después de esa transferencia, la asociación presentó la querella contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

(...)

Roberto Alejos, exconstituyente y expresidente del Congreso, criticó en Twitter a los dirigente de la asociación porque asegura que no representan a los que integraron la Asamblea Nacional Constituyente y no pueden hablan en nombre de todos.

"Ellos intentaron recibir una pensión y además son tres que pertenecen a la derecha recalcitrante de aquella época", escribió.

"Me opongo a que actúen en nombre de los exconstituyentes o utilizando el nombre de la asociación, en especial porque su elección dejó mucho que desear. En nombre propio que hagan lo que quieran y que les pague quien les pague. Cada quien sabe cuánto vale y a quien se vende", dijo Alejos.

Última edición por chronos; 10-Jan-2019 a las 23:03
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Antiguo 10-Jan-2019, 19:26   #32
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Magistradas aún trabajan en sus votos razonados disidentes

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt

Las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales Aceña, quienes estuvieron en desacuerdo con admitir para trámite la solicitud de antejuicio que interpuso la Asociación de Dignatarios de la Nación, aún trabajan en sus votos razonados. Una vez finalizados, estos se darán a conocer, informaron fuentes del Organismo Judicial.

(...)

El vocero de la CSJ, Mario Siekavizza, explicó que los magistrados que votaron a favor de darle trámite a la denuncia argumentaron que los tres togados de la CC se habían “excedido” en sus funciones cuando anularon la petición del Gobierno de Guatemala para que el embajador Anders Kompass abandonara el país.

“(…) La CC se excedió en cuanto a sus funciones, toda vez que a consideración de los hechos y factores, el artículo 183, inciso O, de la Constitución permite al Ejecutivo conocer de política exterior y es competencia exclusivamente del Ejecutivo y no de la Corte de Constitucionalidad”, explicó el vocero Siekavizza.

EVITA DAR EXPLICACIONES

Hoy, el presidente del Organismo Judicial y CSJ, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, participó en la inauguración del Juzgado y Tribunal de Mayor Riesgo “E”. Durante la actividad, fue consultado por periodistas sobre las razones por las que decidieron admitir para trámite el antejuicio contra los togados de la CC, pero dijo que cualquier información se canalizara a través del vocero.

(...)

Los periodistas cuestionaron a Vásquez Pimentel si eran correctos los argumentos por los cuales explicó ayer el vocero que se había admitido para trámite el antejuicio. Aunque no respondió la pregunta, el presidente ofreció compartir una copia de la resolución.

En su momento se les puede hacer llegar una copia de la resolución porque las resoluciones se deben justificar y explicar por sí mismas, no hay necesidad de que un juez o magistrado tenga que dar una explicación de cuáles fueron las motivaciones y razonamientos en la decisión que se ha tomado”, dijo el Presidente al ser consultado.
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Tramitar antejuicio contra magistrados de CC no significa que haya golpe de Estado, señalan expertos

Por Nancy Alvarez

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite, por mayoría, a la solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). El tema fue analizado este jueves en el programa A Primera Hora.

Como invitados en cabina participaron Julio Prado, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); y Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho (Cede).

Prado resaltó que el asunto apenas está empezando, pues la resolución de la CSJ da vía para que el trámite inicie y sea conocido luego por el Congreso, que deberá decidir si ha lugar o no al antejuicio.

Son 105 votos a favor los requeridos para que los togados puedan ser despojados de su inmunidad. Sin embargo, destacó que el Legislativo está muy dividido y deberá esperarse la decisión que tomarán.

Si no llegan ni a 105 votos el antejuicio se queda ahí y probablemente no camine hacia el otro punto, que es ya conocerlo por los órganos de justicia. Si el Congreso dijera que sí, el Ministerio Público deberá analizar si tiene suficientes medios de convicción para entender que hay una posibilidad de la comisión de un delito y presentarle el caso al juez”, explicó Prado.

El exfiscal ve muy poco probable que el antejuicio avance, quizá se dé, pero a largo plazo.

Mientras tanto, Barrios consideró que este es un trámite normal y parte del quehacer de la administración de justicia, por lo que no ve nada equivocado en la decisión de la CSJ.

No es un golpe de Estado, no podemos decir que porque alguien presentó una denuncia o se aceptó a trámite unas diligencias de antejuicio se rompe el orden constitucional, si eso fuera así, entonces no estuviera en la ley”, expuso.

(...)
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Iniciado por publinews
Presentan amparo para que comisión permanente del Congreso

Luego de que la CSJ le diera trámite al antejuicio contra tres magistrados de la CC, el expediente deberá ser trasladado al Congreso.

Este jueves fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción para que la Comisión Permanente del Congreso no conozca el antejuicio promovido contra tres magistrados del máximo tribunal.

La acción de amparo fue planteada por el abogado Marco Vinicio Mejía, quien señaló que los magistrados no pueden ser perseguidos por las opiniones que emitan al momento de resolver.

La ley dice que todas las resoluciones de la CC se tomarán con la mayoría absoluta de opiniones de magistrados que la integran, expuso.

“O sea que las resoluciones de la Corte, con votos favorables, ya sea que sean cinco o siete de acuerdo a la materia, debe tener mayoría”.

Mejía añadió que es evidente que no habrá imparcialidad si la Comisión Permanente conoce la solicitud de antejuicio contra los togados, pues a su criterio, quienes la integran son contrarios a este tribunal.

(...)
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Antiguo 10-Jan-2019, 20:18   #34
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Vaya pues

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Traición a la libre empresa

Debimos tragarnos el sapo.

— Italo Antoniotti

Durante la gestión de Carlos Castresana formé parte de quienes se opusieron a la forma venal en que conducía la CICIG, pues era claro que los ciacs no actuaban en perjuicio de los abnegados personajes que resultaron posteriormente involucrados en estructuras como “La Línea” o “Cooptación”.

En Fedecocagua sufrimos allanamientos, declaramos y finalmente salimos airosos de las acusaciones que nos profirieron los adversarios que ante la competencia comercial quisieron instrumentalizar la comisión para sacarnos del ring. La ONU nos otorgó un certificado que acreditaba nuestra inocencia de ese linchamiento. ¿Ante ello retiramos el apoyo a la CICIG? No, porque el sistema legal estaba tan cooptado, que por décadas las estructuras impunes se valían de la corrupción para financiarse. Era imposible tocar a ciertos personajes que fueron bajados del Olimpo y se convirtieron en simples mortales que ahora sufren las terribles falencias del sistema que antes solo picaba al descalzo.

Posteriormente, cuando decidimos luchar contra un modelo anacrónico como la Anacafé que nos ahorca con un impuesto a las exportaciones del uno por ciento lo hicimos en los tribunales y apoyamos tres inconstitucionalidades contra la ley del café. Solo pedíamos que el aporte a esta entidad fuera voluntario y no por ley ser obligados a su pertenencia. Perdimos, pese a nuestros sólidos argumentos invocando la libre empresa y al escandaloso conflicto de interés que tenía una magistrada que fungía como mandataria de ese ente estatal –manejado por privados–. Debimos acatar la resolución del máximo tribunal, lo aceptamos conscientes de ser asistidos por la razón y tener la autoridad moral de estar subsidiando a nuestros propios competidores. ¿Nos pasó por la mente desobedecer el fallo? Pues no, porque somos empresarios acostumbrados a respetar las reglas del juego y esto es fundamental en las relaciones comerciales a nivel mundial. Si logras el favor de los consumidores con las mismas reglas para todos, eso se llama competitividad; el Estado de Derecho consiste en ello y el respeto a las disposiciones de las cortes es su pilar fundamental. Es lógico que no todos estén de acuerdo con los veredictos y por supuesto el sistema debe ser susceptible de mejora cada vez que sea posible.

Recuerdo que a las audiencias fueron dirigentes del sector privado organizado, era muy curioso verlos apoyar una entidad estatal que cobra un antieconómico tributo en contraposición a pequeños empresarios que invocaban la libertad económica. Debimos tragarnos el sapo. Ahora, ese mismo tribunal ampara a ciudadanos que utilizan el sistema para hacer valer el respeto a tratados internacionales que prevalecen sobre el derecho interno. El presidente apoyaba entusiastamente a la CICIG hasta que procesaron a su familia, incluso renovó el mandato de la comisión cuando ya existían los casos que presentó en su talk show a la tortrix.

Al desconocer las reglas del juego, la elite económica le respalda; aunque ello implique la destrucción de la poca certeza legal que había y sea un desafío a la organización que –con sus desaciertos– ha generado el sistema de mayor libertad y progreso para los seres humanos en toda la historia. Por proteger a algunos de los suyos, convalidan el tiro de gracia al precario ordenamiento jurídico existente. Visión miope y mercantilista. La dirigencia del sector privado organizado acaba de sancionar un golpe mortal a la certeza jurídica, columna vertebral para el funcionamiento de la libre empresa. Parece que el estado de derecho solo funciona cuando les conviene.
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Respuesta: Morales ordena a PGN denunciar a tres magistrados no afines de la CC

Podria pensarse que el congreso contrato a un "grupito" de exconstituyentes para que estructuraran y presentaran una denuncia en cualquier caso, es evidente que en nuestra democracia, cuando se elige a un "presidente", hay que aceptar sus decisiones sin que importar la opinion o intereses de los demas

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Diputados aliados al Ejecutivo se reúnen en la sede del Mides

La convocatoria se realizó para lograr reunir 105 votos y quitar la inmunidad de los magistrados de la CC.

Por: CINDY ESPINA cespina@elperiodico.com.gt

El enfrentamiento entre el presidente Jimmy Morales y la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene un nuevo giro y deja en las manos del Congreso la decisión sobre la inmunidad de tres magistrados de ese organismo. Esto ha generado que las oficinas de los Ministerios sean el punto de reunión de los diputados oficialistas y aliados del Ejecutivo que apoyan dejar a los jueces constitucionales sin derecho a antejuicio.

El sindicato del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y un diputado que decidió no asistir, indicaron que ayer el ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge, se reunió con al menos nueve diputados oficialistas y de otras bancadas aliadas, como Todos y Alianza Ciudadana.

Uno de los diputados convocados dio a conocer que el motivo de la reunión fue para iniciar las negociaciones y estrategia para lograr los 105 votos para votar a favor de retirar el antejuicio a los magistrados de la CC, Gloria Porras, Boanerge Mejía y José Francisco de Mata Vela.

(...)
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Asociación se divide por directiva y querella contra magistrados

Guillermo Pellecer, el denunciante, avaló la nota de apoyo al Presidente tras el anuncio de la no renovación del mandato de la CICIG.

Por: E. BOCHE / R. RÍOS /L. PAREDES

Dos temas dividen a la Asociación de Dignatarios De la Nación, que agrupa a 48 exconstituyentes: la elección de la Junta Directiva que preside Guillermo Pellecer Robles y la acción legal que se presentó contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El primer desencuentro en la asociación surgió en septiembre de 2018, cuando, en nombre de la Asociación, se entregó una carta de apoyo al presidente Jimmy Morales, en su decisión de no renovar el mandato de la CICIG. Entonces, algunos de sus integrantes, como el expresidente del Congreso, Roberto Alejos, señalaron que la nota fue inconsulta y que no representaba a la asamblea de exconstituyentes.

La denuncia que se presentó contra los magistrados de la CC, en diciembre pasado, tampoco representa a la plenaria de la asociación, según uno de los 20 integrantes del bloque disidente de las querellas y que podría reunirse hoy para tomar cartas en el asunto.

De acuerdo con los estatutos de la Asociación, para interponer una acción, como la querella contra los magistrados, se requiere de una asamblea extraordinaria y tomar la decisión colegiada, explica uno de sus integrantes.

ELLOS TIENEN EL PODER

Pellecer asegura que no fue necesaria ninguna puesta en común, porque al elegir a la Junta Directiva se delega en ellos la facultad para actuar.

El grupo también desconoce la presidencia de Pellecer, pues señalan que su nombramiento es ilegítimo, ya que el proceso de elección estuvo viciado, desde la convocatoria. Por esa razón, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público que está a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Pellecer, economista de profesión, indica que no conoce de la denuncia.

“Yo me desligo de esa acción –la querella– y la elección de Pellecer es ilegítima, indicó a título personal Aquiles Faillace, uno de los miembros de la agrupación.

Al consultar a Pellecer sobre la presión contra los magistrados por sus fallos, indicó: “Tratamos de decirles, discutimos, pero no razonaron”.

El asesor de Pellecer

Edgar Arnoldo López Straub, abogado que asesoró a la Asociación de Dignatarios de la Nación en la interposición del antejuicio en contra de los tres magistrados de la CC, fue integrante del partido político Movimiento de Liberación Nacional (MLN) durante la Asamblea Constituyente de 1984.

En 2011 interpuso un amparo en contra de Gloria Patricia Porras Escobar, en ese entonces vocal de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, por no admitir una apelación contra la resolución de enmienda de procedimiento en un caso por la liquidación de honorarios.

López Straub también participó junto a otros dos abogados y 23 militares en el intento de golpe de Estado en mayo de 1989, en contra del presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo.

En la vicepresidencia de Juan Alfonso Fuentes Soria, López Straub fue contratado como asesor recibiendo Q28 mil mensuales, durante los tres meses que Fuentes Soria conformó el binomio presidencial con Alejandro Maldonado Aguirre.
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Abogados difieren sobre prerrogativas de inamovilidad de los magistrados de la CC

La Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad blinda a los jueces constitucionales ante acciones penales que se promuevan en su contra, incluso de darse el caso de retirarles la inmunidad no pierden la calidad de magistrados, y que solo cesaran en el cargo hasta que se les dicte prisión preventiva.

Por Manuel Hernández Mayén

La misma normativa que tiene rango constitucional señala que los magistrados no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. También detalla que los magistrados son inamovibles, no podrán ser suspendidos sino en virtud de las causas que se indican en la normativa.

El pasado miércoles los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a la denuncia en contra de los magistrados de la CC, José de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras por varios delitos entre ellos prevaricato. La denuncia fue presentada por la Asociación Dignatarios de la Nación

A pesar de que la misma normativa establece esas prerrogativas, abogados constitucionalistas consultados difieren, unos señalan que lo hecho por la Corte Suprema de Justicia es ilegal, mientras que otros señalan que es correcta debido a que los jueces constitucionales no son intocables.

El exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Carlos Luna Villacorta indicó que ningún magistrado es intocable, lo que tiene es un derecho de antejuicio como los jueces, ministros y cuando hay causas se promueve como ha sucedido, pero nadie es intocable y superior a la Ley.

Luna Villacorta indicó que la Corte Suprema de Justicia puede rechazarlo, pero, así como sucedió el miércoles, la corte puede darle trámite y enviarlo al Congreso si existe alguna idea de que se cometió alguna ilegalidad.

“Yo recuerdo que desde hace mucho tiempo no pasaba, no sé si es la primera vez, todas la rechazaba la Corte”, dijo el abogado.

El exmagistrado manifestó que hay mucho por recorrer, hay que esperar que el Congreso les retire o no el antejuicio, y luego de eso sigue un proceso penal, donde el Ministerio Público tiene que hacer la investigación y solo serán cesados si los envían a prisión preventiva.

Mientras que el vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Alejandro Balsells manifestó que lo que hizo la corte es ilegal ya que ha habido dos sentencias de la Corte que demuestran lo contrario.

Hay dos sentencias, la 313-95 y 358 438-2004 sobre el mismo tema. Por supuesto la Ley de Amparo establece que los magistrados no se les puede perseguir. Hay que imaginarse que solo el hecho de perder un caso, vas a meter magistrados presos. Denunciar a los magistrados por prevaricato por los casos en las que se pierde, no”, dijo Balsells.

El expresidente del Cedecón, Jorge Rolando Barrios coincide con Luna Villacorta al señalar que ningún funcionario es intocable y que el artículo 152 de la Constitución estipula que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones establecidas por la Constitución y la ley. Mientas que el 154 establece que los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Según el artículo 7 de la Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, los funcionarios públicos están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo”, dijo el abogado.

Aunque el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

Sin embargo, dicha norma se refiere a las opiniones consultivas y a las opiniones sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley; así como a las opiniones sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad.

“Consecuentemente ese artículo no es aplicable a las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que dichos magistrados pudieran incurrir en el ejercicio de su cargo”, señaló el profesional.

Última edición por chronos; 11-Jan-2019 a las 08:16
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Antiguo 11-Jan-2019, 15:37   #36
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FCN, TODOS y VIVA votarían en contra de magistrados “si cometieron delitos”

POR HEDY QUINO
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Los bloques Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), TODOS y Visión con Valores (VIVA) votarían a favor de retirarle la inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Boanerge Mejía y José de Mata Vela si “incurrieron en un delito”. Esto tras el trámite que dio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y trasladar la solicitud de antejuicio al Congreso.

El diputado oficialista, Estuardo Galdámez, de manera tajante declaró: “Yo estoy a favor de apoyar a que se le retire el antejuicio a los magistrados. Si cometieron errores tienen que enfrentar la justicia”, dijo.

El jefe del bloque TODOS, Arturo Martínez Dell, afirmó que “el que la hizo que la pague. Yo pediría a las bancadas a que sean objetivos en este tema”.

El diputado Aníbal Rojas, jefe de la bancada VIVA, aseveró que “estarían dispuestos a votar a favor de retirarle la inmunidad a los magistrados, una vez corroboren que existen las pruebas suficientes”.

Por su parte, el subjefe de la UNE, Carlos Barreda, expresó que “a pesar de chismes, especulaciones y desinformaciones. Tranquilos vamos a trabajar para parar las goriladas en el Congreso”.

Para despojarle el derecho de antejuicio a los tres togados se necesita la votación a favor de 105 diputados.
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¿Dignatarios indignos?

Ayer publicamos cómo la Asociación de Dignatarios de la Nación que presentó la acción penal contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo hizo pocos días después de que la Junta Directiva del Congreso de la República les aprobó una “donación” de Q600 mil. Ya para entonces en el Congreso se discutía la reforma a la Ley de Antejuicios para que los que se presentaran contra los magistrados de la CC pasaran directamente al Congreso, con la clara intención de tramitarlos a marchas forzadas para librarse de la molestia del voto consistente de tres de los miembros de esa Corte que era contrario a los intereses del Pacto de Corruptos.

Dentro de la Asociación hay profundas diferencias que se empezaron a mostrar cuando la directiva actual pretendió la aprobación de una pensión vitalicia para quienes la integran, pero que ayer se magnificaron cuando varios de sus miembros cuestionaron el comportamiento de la directiva al tomar partido por ese pacto tan cuestionado por la gente decente del país. No digamos cuando se supo la relación de tiempos que hubo entre la aprobación de ese bono de 600 mil quetzales y la acción penal presentada.

Y es que resulta un acto indigno, impropio de quienes se llaman dignatarios, el que se vea que se mueven al ritmo del sonido de las fichas para prestarse a ser instrumentos del manotazo al Estado de Derecho que va en contra de la misma Constitución que aprobaron quienes ahora actúan como serviles instrumentos a favor de los esfuerzos por asentar la Dictadura de la Corrupción. La misma permanencia de la actual directiva se ha cuestionado seriamente porque varios miembros afirman que extendieron de forma anómala su mandato y algunos se han alejado de la Asociación por diferencias con quienes la dirigen, a los que señalan de andar traficando influencias para su propio beneficio.

El hecho de que estén financiados por la directiva del Congreso, cuya orientación en esta lucha contra la corrupción es más que evidente, descalifica por completo a la Asociación y además compromete a todos sus miembros porque muchos de ellos no comparten la arbitraria y descarada actitud que han tomado aquellos que ayer se presentaron en conferencia de prensa y no pudieron ocultar su asombro cuando se les preguntó por esa misteriosa “donación” que graciosamente les hicieran los diputados de la directiva que, dicho sea de paso, han dado orden expresa de que no le den “ni mierda” a La Hora de lo relacionado con ese pago a quienes se prestaron para ser su dócil instrumento.
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Antiguo 11-Jan-2019, 16:08   #37
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Da igual si destituyen a esos magistrados, ya tienen llenas los bolsillos de dinero sucio y si llegarán a destruirlos los que vienen atrás buscarán lo mismo, su beneficio propio y el apoyo de los tontos útiles.

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CC ha protegido a sus magistrados en resoluciones anteriores

Dos resoluciones preceden a este proceso de antejuicio en contra de magistrados constitucionales. Todas indican que los togados no pueden ser juzgados por sus fallos.

Por Manuel Hernández Mayén

La Corte de Constitucionalidad (CC), en dos sentencias distintas y en tiempos diferentes, ha logrado que dos de sus magistrados no sean perseguidos penalmente por sus resoluciones.

La primera ocurrió en 1994, a través de un amparo en única instancia promovido por el abogado Mynor Pinto Acevedo, en calidad de magistrado titular de la CC, contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cámara de Amparo y Antejuicio, y el juez tercero de Primera Instancia Penal, luego de que le dieran trámite al proceso en su contra.

El segundo fue en el 2003, a favor del presidente del entonces presidente de la CC Mario Guillermo Ruiz Wong, en apelación de sentencia debido a que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala lo suspendió luego de haber admitido una denuncia de varios abogados y la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, por faltar a la ética al permitir con su voto la inscripción de José Efraín Ríos Montt como candidato presidencial.

(...)

Ambas resoluciones en sus considerandos argumentan que una de las garantías que el legislador constituyente estableció para lograr la plena independencia de criterio judicial en la CC es la que se establece en el artículo 167 de la Ley de Amparo: “No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

Una de las formas en las que un magistrado de lo constitucional expresa su opinión es al respaldar con su firma el criterio vertido en la emisión de una resolución —sentencia o auto—, pues es en este último acto judicial en el que se materializa la opinión de quien juzga en la jurisdicción constitucional”, refieren los fallos.

Las resoluciones también refieren que la prohibición contemplada en ese artículo evita la persecución penal, civil o de cualquier otra índole, dirigida a polemizar sobre el criterio judicial emanado en una sentencia dictada por la CC.

(...)

Lo que pretende evitarse con ello es que un magistrado constitucional pueda ser objeto de persecución por haber expresado su criterio para la solución jurídica de un conflicto que se materializa en una sentencia, criterio en el que se puede colegir el iter del razonamiento seguido por el juzgador para tomar la decisión judicial, previa ponderación de los hechos, valoración de las pruebas y expresión de raciocinio jurídico seguido en el caso”, agregan.

El exmagistrado de la CC Rodolfo Rohrmoser no se explica cómo la CSJ les dio trámite a los recientes antejuicios, cuando hay fallos anteriores en que se protege a sus magistrados.

El abogado dijo que la protección se debe para que a quien no le gustó la resolución dictada pueda acusarlos.

(...)

CSJ dio trámite a antejuicio contra magistrado

En 1995, Agustín Monzón Díaz y Silverio Rafael Ochaeta Corzo promovieron una querella contra el entonces magistrado Mynor Pinto Acevedo, al señalarlo de haber cometido los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad y resoluciones violatorias de la Constitución, por haber firmado el acuerdo 3-95 de la CC. El magistrado señaló que la Corte Suprema de Justicia trasladó el antejuicio en su contra al Congreso, cuando lo protege la Ley de Amparo.

(...)
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Diputados insistirán en convertir a la CC en una sala de la CSJ

Señalan que discusión del tema será uno de los primeros puntos que estarán en la agenda.

Por: ENRIQUE GARCÍA

La propuesta de proyecto de ley que busca que la Corte de Constitucionalidad (CC) sea parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es de los primeros puntos que conocerán los diputados del Congreso en las próximas sesiones ordinarias. Aunque no existe un procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Legislativo para conocer un tema de reforma constitucional, los diputados tendrán varias opciones en el pleno para darle trámite.

El expediente que busca tener más de 80 firmas, pretende que la población decida, por medio de una Consulta Popular, si está de acuerdo en modificar dos secciones de la Constitución de la República, sobre la CC y la defensa del orden constitucional.

El debate de reformar los artículos sobre la CC llega en un momento en que los diputados también integrarán la Comisión Pesquisidora que conocerá si tres magistrados del máximo ente constitucional cometieron los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato, según una denuncia por la asociación Dignatarios de la Nación, por la decisión de la Corte de no permitir la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass.

Según quedó un precedente de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia (2016) se lee y se convoca a sesiones específicas” señaló el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena. De acuerdo al congresista, también tienen otras dos opciones que deberán de ser autorizadas por el pleno: enviarlo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales o crear una comisión específica, explicó.

Dijo que actualmente no existe un procedimiento para reformar artículos constitucionales. En 2017, la Sala de Apoyo Técnico, dictaminó favorablemente una iniciativa de ley presentada por el diputado Claude Harmelin, para que se establezca un procedimiento de aprobación de reformas constitucionales.

Roberto Alejos, expresidente del Congreso, debatió la postura de Linares. Recordó que el proceso de cambio lo establece la propia Constitución por lo que no debe de existir otra normativa para ello.

Dijo que de llegar a presentarse, esta deberá de leerse en el pleno, enviarse a la Sala de Legislación para que emita un dictamen, regresar al hemiciclo y convertirse en constituyente para aprobar dichos cambios con 105 votos.

LA PELEA POR LAS COMISIONES

Los legisladores también deberán de distribuirse las presidencias de las 38 salas de trabajo para este año. La de Legislación, quedará otra vez en manos del PAN, aseguró Linares, y es él quien busca presidir de nuevo la sala. El año pasado, la comisión que dirige Linares dio dictamen favorable a la iniciativa de reformas a la Ley de Antejuicios, que está pendiente de aprobarse en tercera lectura por artículos y redacción final, normativa que pretende que todos los procesos de antejuicios sean conocidos directamente por el Congreso.

INICIATIVAS POLÉMICAS

La Sala de Legislación fue la que presidió el diputado Fernando Linares durante 2018. La comisión dictaminó favorablemente varias iniciativas: ley de Protección de la Vida y la Familia, reformas en materia de Antejuicios, dos normativas que buscan la Reconciliación Nacional y el Arrepentimiento, Perdón y la Reconciliación para la Paz, cambios a la Ley de Orden Público, cesación del encarcelamiento de privados de libertad y la última, declarar un día nacional de la oración.

105 Votos se necesitan para reformar artículos constitucionales
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Antiguo 12-Jan-2019, 17:26   #39
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Análisis: Ningún operador de justicia debe ser perseguido por sus resoluciones

POR HEDY QUINO
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La organización civil Pro justicia señaló que los jueces y magistrados no deberían ser juzgados por las sentencias y resoluciones que emitan, pues es un principio constitucional que debe contar con independencia. Esto tras el antejuicio que enfrentan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, Bonerge Mejía y José De Mata Vela.

Carmen Aída Ibarra, de Pro Justicia, afirmó que “el orden constitucional del país protege a los magistrados y que ningún operador de justicia debe ser perseguido penalmente solo porque a alguien no le gusta una resolución”.

Existen otras vías para solucionar los desacuerdos, pues se pueden impugnar los fallos sin vulnerar el orden constitucional”, agregó Ibarra.

Uno de los principales valores de la Constitución de Guatemala es que reconoce la independencia de los jueces, en el caso de los magistrados le da una preponderancia, la cual en estos momentos un grupo se la quiere despojar”, declaró la consultora.

Ibarra indicó que en el proceso de antejuicio de los togados, que realizará el Congreso, debería prevalecer “el respeto por el orden constitucionalidad y la racionalidad”.

El congresista Eduardo Zachrisson coincidió con Pro justicia en que los jueces y magistrados del país deben ser libres e independientes en sus resoluciones. “¿Imagínese a dónde vamos a llegar si no se cuenta con esta independencia?”, añadió.

Ellos resuelven conforme a derecho, la cual al final es una opinión que emiten y esta debe ser libre. Se puede atacar el fallo en sí por medio de un recurso legal, pero no es conveniente que se ataque cada resolución”, declaró.

Zachrisson señaló que de retirarle la inmunidad a los magistrados de la CC se generaría temor en otros togados, pues “ya no se animarían a emitir sus fallos libremente y de suceder, sería un caso grave”.

El legislador detalló que para identificar si una resolución es “ilegal” se debe analizar los fundamentos de derecho y los considerandos que los magistrados utilizaron para basar su sentencia.

Los tres togados enfrentan un proceso de antejuicio por emitir una resolución que detuvo la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass. La denuncia fue interpuesta por un grupo de abogados que forman parte de la Asociación de Constituyentes de 1985.
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Colegio de Abogados de EE. UU. preocupado por situación de Guatemala

POR HEDY QUINO
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El Colegio de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association en inglés) envió una carta al Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Apropiaciones del Senado de los Estados Unidos de América, liderado por los senadores Lindsey Graham, republicano y Patrick Leahy, demócrata, para expresar su preocupación por las decisiones que ha tomado el presidente Jimmy Morales en relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la Corte de Constitucionalidad (CC), así como las consecuencias que estas generarían.

El Colegio de Abogados indicó que el Gobierno de Morales continúa ignorando las decisiones de la CC, en torno a la permanencia de la CICIG, lo cual “amenaza con los esfuerzos por establecer el Estado de Derecho en Guatemala, frenar el flujo de narcóticos y abordar los desafíos de la migración en la región. Por lo tanto, solicitamos que el Comité tome medidas para transmitir a nuestro propio Departamento de Estado y al Gobierno de Guatemala el mensaje de que el apoyo actual de Estados Unidos a Guatemala está directamente bajo amenaza por el hecho de que el Gobierno guatemalteco no respete el Estado de Derecho”, dice la carta.

Es importante para los intereses de los Estados Unidos entender que la amenaza del Gobierno de Morales a la independencia judicial y el uso indebido de los instrumentos de defensa de los Estados Unidos es inaceptable”, se lee.

En la misiva el Colegio de Abogados estadounidense solicitó a los senadores “la posibilidad de suspender la asistencia a la seguridad hasta que el Ministerio de Gobernación demuestre un compromiso total para ejecutar las órdenes de captura pendientes y cumpla con las decisiones de la CC”.

El Colegio también requirió a que se aliente “al Departamento de Estado a que examine las sanciones en virtud de la Ley Magnitsky Global (que se aplica a involucrados en corrupción), contra los funcionarios guatemaltecos de alto nivel que han ordenado a las fuerzas de seguridad que no tengan en cuenta las decisiones de la CC”.

Si el uso de la fuerza reemplaza al Estado de Derecho, es probable que los desafíos en materia de migración se intensifiquen, y las fuerzas de seguridad guatemaltecas no podrán trabajar eficazmente de forma conjunta con los Estados Unidos en operaciones antinarcóticos. Por lo tanto, los Estados Unidos deben dejar claro que habrá consecuencias si el gobierno de Guatemala continúa ignorando las órdenes de la Corte o busca socavar su independencia”, enfatizó el Colegio de Abogados.
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Pesquisidora de magistrados de la CC genera debate

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

En el Congreso existe un debate por la conformación de la Comisión Pesquisidora del antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC); Gloria Porras, Bonerge Mejía y José De Mata Vela. Esto tras el trámite que dio la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Legislativo por medio de un sorteo y ante el Pleno elegirá a los cinco integrantes de la Pesquisidora que analizará este caso para después emitir una recomendación, sobre si se debe o no retirar la inmunidad a los togados.

El diputado Carlos Barreda explicó, que el Congreso debería conformar una pesquisidora por cada magistrado, sin embargo el legislador Fernando Linares Beltranena afirmó que solo debe ser una, pues los togados enfrentan los mismos cargos.
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Los Q600 mil y la espuria denuncia a magistrados

Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82

Hoy, gracias a este medio de comunicación, ya sabemos los Q600 mil motivos que tuvo la Asociación de No “Dignatarios” para accionar en contra de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han, categóricamente, defendido el orden constitucional y el Estado de Derecho.

Uno puede tener motivos pecuniarios (como en este caso) y basar su fondo en temas de derecho, pero no fue el caso porque como solo se trataba de ser un instrumento de aquellos que le llevan hambre a la CC y desean descabezarla para socavar el Estado de Derecho, atentar contra la Democracia y asegurarse que ya no sigan las investigaciones contra quienes han encontrado en la cooptación el mecanismo, no se esmeraron mucho en lo que presentaban.

Y como en la Corte Suprema de Justicia hay diez magistrados cuya guía es Blanca Stalling, quienes a su vez responden a los intereses de las comisiones paralelas, no tuvieron que concentrarse en argumentos de derecho y en cuidar las formas. Tanto los no “Dignatarios” como los magistrados dijeron que los de la CC antepusieron “otro tipo de intereses personales, políticos y contrarios a Derecho”.

Dicen, además, que la CC se extralimitó porque su función es “resolver sobre asuntos en que se infrinja la Constitución” y que los tres denunciados actuaron en “flagrante irrespeto a la Constitución, considerando tal acción como una intromisión directa de los querellados en las funciones del Presidente, vulnerado el Estado de Derecho”.

Y creo que en este mundo de desinformación y en el que pretende ganar el que más mentiras diga y más alto las grite, es bueno poner las cosas en su lugar. Primero, quiero citar un artículo del licenciado Eduardo Mayora, a quien nadie puede tildar de izquierdista. Dijo Mayora en su último artículo:

En este caso se trata de amparos planteados ante la CC y he aquí que la Constitución dice, enfáticamente, que: “…No hay ámbito que no sea susceptible de amparo…” (Arto. 265). Creo que la posición del Gobierno, de que en el ámbito de la política internacional no cabe el amparo, choca de frente con esta esta disposición constitucional”.

Además, la resolución de la CC, por el caso en cuestión, advirtió en relación a lo normado en el artículo 149 de la Constitución que establece que en las relaciones internacionales Guatemala las normará buscando mantener la paz principio que, dice la CC “constituye el vínculo jurídico internacional por el que el Estado se compromete a actuar de buena fe.

La CC cita en su resolución el artículo 183 constitucional, que establece que el Presidente es quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales, pero advierten: “En ese contexto, es importante destacar que la dirección de la política exterior y relaciones internacionales debe ejercerse tomando en cuenta los artículos 1 y el 2” de la Constitución que se refieren a la Protección a la persona, más allá de los intereses del Presidente, y los Deberes del Estado, más allá de lo que Morales sienta como sus necesidades.

Y además, la CC claramente enarbola el argumento concatenando el artículo 154 de la Constitución que dice: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”. Las negrillas son mías.

Luego la CC hace una clara explicación de los hechos (no suposiciones) y demuestra la manera en la que procedió la Canciller y la falta de respuesta al Reino de Suecia que ofreció la firma de un Memorándum de Entendimiento Bilateral.

Luego de seguir con el contexto de los hechos, la CC cita al autor Víctor Rojas Amandi quien señala que las relaciones internacionales se rigen por el principio de la solución pacífica de las controversias. Además, citan al autor Carles Pérez-Desoy, quien en su artículo de La Ruptura de las Relaciones Diplomáticas expresa que las inconformidades en las relaciones diplomáticas entre Estados se resuelven mediante diversas medidas que gradualmente se asumen: desde la convocatoria del Embajador del Estado acreditante, la expulsión del Embajador, el retiro por el Estado acreditante, la suspensión de actividades y finalmente la ruptura de relaciones. (Negrillas son mías)

En su resolución dice la CC que “en aplicación a los principios y reglas y prácticas internacionales que rigen las relaciones entre los Estados, los funcionarios denunciados pudieron encaminar su proceder a encontrar una solución amigable, con el fin supremo de alcanzar la realización del bien común de los habitantes de Guatemala mediante el debido mantenimiento de relaciones internacionales con el Reino de Suecia, pues, de lo contrario, se pueden colocar en riesgo las relaciones de política internacional de Guatemala”.

En virtud de lo anterior y leyes citadas, es que la CC otorga el amparo con el afán que sea el Presidente (no su ministra a la que le gana el enojo más que al mandatario) quien en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, reconduzca conforme los principios de Derecho Internacional y las prácticas enunciadas, las relaciones diplomáticas con el Reino de Suecia en cuanto a la solicitud del retiro del embajador Anders Kompass.

En conclusión: el Gobierno, fijado por su lucha contra la CICIG y por la preocupación de sus integrantes y de los particulares que se han aliado con él, pidió cambiar a Kompass porque éste apoya a la CICIG y no toleran apoyos de esa naturaleza. La CC le dijo al mandatario que se encargara de la situación con base en la Constitución y principios de derechos internacional, pero la crisis que atraviesa Guatemala pasa, justamente, porque Morales se siente y cree que está por encima de la Constitución y así se lo ha creído aún más, gracias al apoyo de las cámaras empresariales.

Última edición por chronos; 13-Jan-2019 a las 13:40
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Antiguo 14-Jan-2019, 15:40   #41
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Reino Unido pide al gobierno respetar Estado de Derecho

El ministro de la Cancillería Británica, Sir Alan Duncan, manifestó que el Reino Unido está extremadamente decepcionado por el anuncio del Gobierno de terminar unilateralmente su acuerdo con las Naciones Unidas sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y expresó su apoyo a los pronunciamientos del G13 y la Unión Europea que solicitaron al Gobierno respetar el estado de Derecho.

“El Reino Unido apoya los pronunciamientos del grupo de donantes G13 y la UE, y solicita al Gobierno de Guatemala que se respete el estado de Derecho y la importancia de contar con instituciones sólidas e independientes, que son vitales para garantizar la seguridad y la prosperidad”, indicó Duncan en un comunicado de prensa difundido hoy.

De acuerdo con Duncan, junto con la UE y otros socios internacionales, el Reino Unido ha sido un firme partidario de CICIG y valora su trabajo y su estrecha cooperación con la oficina de la Fiscal General en Guatemala.

En el pronunciamiento, Reino Unido también respaldó la declaración realizada por el Secretario General de las Naciones Unidas que rechazó la decisión del gobierno de rescindir unilateralmente el acuerdo que establece a la CICIG y que llama al Gobierno de Guatemala a que permita que la Comisión continúe su labor hasta la finalización de su mandato, en septiembre de este año.
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Antiguo 16-Jan-2019, 19:34   #42
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Maldonado, Rohrmoser y Orellana coinciden sobre inmunidad de magistrados de la CC

Por Eder Juárez
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La actual Corte de Constitucionalidad (CC), conformada por los magistrados: Neftaly Aldana, Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández, María de los Ángeles Araujo y Consuelo Porras, actual fiscal general, amparó al exmagistrado de la CC, Alejandro Maldonado Aguirre en 2017, en la resolución 3920-2017, por una acción del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en su contra, argumentando la Corte que resulta improcedente perseguir a los magistrados y exmagistrados de la CC por sus opiniones expresadas en las resoluciones.

Ante esta resolución, abogados constitucionalistas y el mismo magistrado Maldonado Aguirre aseguran que la Corte debe apegarse a la jurisprudencia que existe en la Corte para que los tres magistrados señalados sean amparados por esta Corte.

El exmagistrado favorecido con la resolución de esta Corte, Alejandro Maldonado Aguirre, indicó que a su consideración debe aplicarse igual el criterio porque los Tribunales constitucionales tiene una gran amplitud, porque “su tarea no es más que interpretar el Derecho y aplicarlo a los hechos que se suscitan, de manera que la posibilidad de enjuiciarlos por sus opiniones la veo muy remota.

Agregó que se estaría presumiendo una circunstancia al decir que en la integración de la Corte que conozca el amparo a favor de los tres magistrados, podrían influir los magistrados titulares, Dina Ochoa y Neftalí Aldana, quienes han votado a favor del presidente Jimmy Morales en algunas resoluciones, porque eso no está ocurriendo en este momento. “Creo que en su momento, en su oportunidad tendría que verse qué ocurre, porque el mismo Congreso puede rechazar la denuncia”, dijo Maldonado.

NO PUEDEN VIOLAR JURISPRUDENCIA CONSISTENTE

Por su lado el exmagistrado de la CC, Rodolfo Rohrmoser, dijo que los tres magistrados que están señalados se deben de inhibir de conocer el proceso, aunque no están obligados. “Las inhibitorias de los magistrados de la CC se dan por voluntad propia, la Ley no los obliga a inhibirse, en otras palabras, en la trilogía de impedimentos, excusas y recusaciones de los magistrados ordinarios no rigen a los magistrados constitucionales”.

Según Rohrmoser, en el caso del exmagistrado Mynor Pinto, él mismo conoció el amparo y fue muy criticado, pero él argumentó eso precisamente “yo no estoy obligado a inhibirme”. El jurista explicó que si los magistrados se inhiben el Presidente de la Corte llama a un magistrado suplente que no tiene que ser necesariamente el magistrado suplente del magistrado titular.

Agregó que se corre el riesgo de que con la integración de los magistrados suplentes de los tres togados que están siendo acusados y los dos titulares que han favorecido en algunas resoluciones al Presidente o al llamado “Pacto de Corruptos” pueda sentarse un precedente nefasto.

Sin embargo, aseguró que los propios magistrados constitucionales que violen una jurisprudencia consistente de su propia Corte cometerían una “barbaridad”, “en principio pensaría que no lo harían, pero en cosas de Leyes, Sancho Amigo”, dijo el abogado.

MAGISTRADOS DEBERÁN RAZONAR CUIDADOSAMENTE SU VOTO

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, indicó que esta situación tiene aristas éticas, políticas y jurídicas, por varias razones, en primer lugar, porque la CC debe integrarse normalmente es decir que todas las ausencias deben ser suplidas y lo más probable es que ninguno de los tres magistrados que están siendo acusados va a integrar el Tribunal, ya que se deberán de inhibir de conocer el amparo por intereses propios.

Sin embargo, la situación se plantea color de “hormiga” para la presidenta de la Corte, Dina Ochoa, porque ella no puede conocer el proceso de amparo, o al menos que exteriorice ya verdaderamente sin quererlo disimular una parcialidad hacia el Gobierno, pero lo interesante es que, aunque el Tribunal se integrara con todos los magistrados afines al Presidente van a tener que razonar cuidadosamente por qué se apartan de la doctrina legal que está establecida en la Corte en muchos casos anteriores.

De acuerdo con el jurista, lo interesante es que si votan a favor de negarles el amparo se van a desenmascarar y como todo documento constitucional van a tener que convencer a todos los espectadores de cuáles son esos aspectos jurídicos para tomar esa decisión, y por qué es que se apartan de los anteriores precedentes.

En segundo lugar, apunta Orellana, es que esa doctrina que ellos podrían establecer si es que lo hacen, no va a causar precedente, pero va ser “la estaca” en la que a ellos los van a sentar posteriormente, señaló.

Los juristas coincidieron en que la inmunidad de los magistrados de la CC lo establece el artículo 167 de la Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Esto dice Ley: ARTÍCULO 167. Ejercicio de Funciones. Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.
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CSJ, ahora sí, rechaza in limine antejuicios contra magistrados

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in limine una solicitud de antejuicio presentada por Max Erwin Quirin Schoder, quien fue condenado por el Caso IGSS-Pisa, en contra de los magistrados suplentes de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal.

El antejuicio fue presentado contra los magistrados Joaquín Medina Bermejo, Enrique Casado Max y Antonio Morales del Cid. El motivo era por supuestos atrasos de dictar una resolución dentro de una acción de amparo.

(...)
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Antiguo 16-Jan-2019, 19:36   #43
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Organizaciones presentan nuevo amparo contra la CSJ

Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

Esta mañana distintas organizaciones sociales presentaron una nueva acción de amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ, por haber dado trámite al antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco De Mata Vela.

Autoridades Indígenas Ancestrales, el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), son algunas de las organizaciones firmantes de la acción legal.

Miguel de León Ceto, autoridad indígena, explicó que la Corte Suprema de Justicia debió haber rechazado la acción interpuesta por la Asociación de Dignatarios de la Nación, debido que no se puede perseguir a los magistrados por los fallos que emitan.

Esto vulnera la institucionalidad del país, por eso venimos a presentar este amparo para que se dé marcha atrás y no se entre a conocer y se anule está resolución”, resaltó.

Juan Castro, del Bufete de Abogados Mayas, indicó que, debido al ambiente político actual en el país, con este tipo de acciones se busca desestabilizar a la Corte de Constitucionalidad. Además, señaló que la CSJ está cuestionando un amparo provisional.

Lo que más nos llamó la atención es que la Corte Suprema de Justicia cuestiona un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Un amparo se otorga porque las circunstancias así lo consideran pertinente, no es definitivo”, aseguró.

Daniel Pascual, del CUC, aseveró que consideran ilegítima la acción que fue presentada por los Dignatarios de la Nación, sobre todo después que La Hora confirmó que estos reciben fondos del Congreso de la República.

También las Autoridades Ancestrales de Totonicapán, en acompañamiento de Acción Ciudadana (AC), presentaron un amparo en la CC contra el trámite del antejuicio contra tres de sus magistrados.

TRÁMITE AL AMPARO DE LA PDH

La CC admitió hoy para su trámite la acción de amparo presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en contra de la resolución de la CSJ contra tres magistrados constitucionales.

De esa forma, la CC da un plazo de 48 horas a la CSJ para que envíe un informe circunstanciado el cual contenga los antecedentes del caso para determinar si se otorga o no el amparo provisional.
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Antiguo 17-Jan-2019, 16:20   #44
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Comisión pesquisidora para magistrados de la CC queda integrada

El Congreso seleccionó este jueves la comisión pesquisidora que evaluará y recomendará si los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) deben perder o conservar su inmunidad, ante los señalamientos de violación a la Constitución, entre otros delitos.

(...)
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Antiguo 17-Jan-2019, 17:14   #45
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Diez exconstituyentes renuncian a Asociación de Dignatarios por antejuicio “espurio” contra magistrados

Exigen renuncias de colegas que inconsulta, ilegal y espuriamente “usurpan la voluntad” de quienes integraron la Asamblea Nacional en 1985.

Diez ex constituyentes renunciaron a la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) y deploran las acciones del presidente de la misma en contra de tres altos funcionarios constitucionales, quienes el año pasado concedieron un amparo que frenó el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass, como el gobierno guatemalteco lo exigía.

(...)

Otro amparo

Organizaciones sociales integradas por la Comisión Internacional de Juristas (OIJ), Oasis, Fundación Guillermo Toriello (FGT), y Codeca presentaron este jueves otro recurso ante la máxima instancia judicial contra la resolución de la CSJ que dio paso al trámite al antejuicio en el Congreso.
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Antiguo 17-Jan-2019, 18:57   #46
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Urgen al MP y CC actuar ante desobediencia del Ejecutivo

Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt

Ante la clara desobediencia del Ejecutivo para acatar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre las actuaciones contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), analistas urgen al Ministerio Público y la CC actuar para defender el Estado de Derecho.

Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dijo que pareciera ser que el MP entendió que hay desobediencia si hay un acto material expreso como fue el caso del ingreso del investigador Yilen Osorio, en el cual el MP sí actuó directamente.

Según la interpretación que está haciendo el MP, solo existe desobediencia mediante un acto de fuerza y la CC no ha declarado lo conducente tampoco contra las autoridades, estamos cayendo en un punto en donde la CC no tiene la fuerza para hacer valer sus resoluciones, las Cortes están atadas al Ejecutivo quien es el que debe hacer cumplir la Ley y en este caso la resolución de la CC es la que debe cumplir el Ejecutivo”, dijo Monterroso.

El entrevistado agregó que se está en medio de una crisis constitucional donde un poder del Estado se niega a obedecer las órdenes del Tribunal constitucional, “esta situación nunca había sucedido en Guatemala y esto conlleva una afectación al Estado de Derecho. Un Estado donde los gobernantes no cumplen las leyes no tiene sentido”, afirmó.

MP NO DEBE ESPERAR LA CERTIFICACIÓN DE LO CONDUCENTE

En tanto Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala (CES), coincidió en que es urgente la actuación del MP y la CC. La Constitución es clara en que las Cortes ejecutan lo juzgado, en este caso el proceso no ha terminado, es un amparo provisional, pero el amparo provisional debe de cumplirse porque es para garantizar un derecho, afirmó.

A criterio de Samayoa, la CC de oficio y los Juzgados que han otorgado amparo provisional, (que son dos), deben hacer la debida ejecutoria de lo que han resuelto y el MP no debería de esperar esas ejecutorias o la certificación de lo conducente. El MP, por el tipo de actividad que es, de desobediencia debería realizar pesquisas preliminares para poder determinar qué es lo que está sucediendo. “Es muy grave que el Ejecutivo se pronuncie de esa manera”, dijo Samayoa.

EL MÁS PERJUDICADO EN NO ACATAR ES EL PRESIDENTE

Por su parte Francisco Quezada, del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN), dijo que el Estado de Derecho descansa en la certeza de las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales. Si cada quien va a determinar si las obedece o las desobedece caemos en un estado en la que regresamos al estado anárquico como primitivamente estaba concebida la sociedad, indicó.

Según Quezada, si el Presidente o cualquier persona dice que no va acatar lo ordenado por la CC, él será el mayor perjudicado porque el Presidente emite resoluciones, mandatos, ordenanzas, “entonces el mensaje que está enviando es que así como yo llamo a no acatar lo de la CC también estoy diciendo que no se acate lo que yo dispongo, concluyó.
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Antiguo 17-Jan-2019, 22:12   #47
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Antiguo 18-Jan-2019, 12:36   #48
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Pesquisidora de magistrados de la CC no tiene fecha para comenzar a trabajar

La Comisión Pesquisidora que revisará las diligencias de antejuicio de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), no tiene una fecha definida para comenzar su trabajo.

(...)
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Antiguo 18-Jan-2019, 17:02   #49
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PGN dice que no han desobedecido órdenes de la CC

Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt

El Procurador General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, indicó que no se ha dicho que no van a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), esto en relación a las actuaciones del gobierno contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

“Nosotros no hemos dicho que no hemos acatado. Nuestra postura no es no acatar las resoluciones de la CC. Nuestra postura es que debe prevalecer el debido proceso ante cualquier tipo de acción”.

Donado agregó: “Nosotros estamos haciendo una sugerencia al Presidente para tomar una determinación y son los medios legales los que determinan y eso todavía está cabalmente puesto a disposición de los órganos que tendrán que resolver. Pero nosotros en ningún momento estamos diciendo que no se va a acatar una orden, en su momento se tomarán las decisiones respectivas”, dijo Donado.

Al preguntarle sobre la resistencia de acatar lo ordenado por la CC, el funcionario dijo que “la Corte ha emitido sus resoluciones, pero como cualquier persona nosotros tenemos derecho a no estar de acuerdo con lo que la Corte refiere haciendo uso de los recursos y/o mecanismos legales”.

Asimismo, refirió que hay muchos fallos en los que la PGN ha manifestado su inconformidad, pero cada uno tiene un trato distinto. En este momento no hemos determinado la existencia o valorado que en algún otro fallo se hayan cometido ilícitos, pero cada fallo merece un análisis.

“Hay casos en donde jueces emiten resoluciones en las que no estamos de acuerdo, pero nosotros hemos impugnado y eso lleva su trámite, cuando se concluyen las etapas procesales es cuando se toman determinaciones”.

A Donado se le preguntó si en la denuncia que la PGN presentó en contra de tres magistrados de la CC, se había tomado en cuenta el artículo 167 de la Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidades, que establece que los magistrados de la CC no pueden ser perseguidos por sus opiniones.

El funcionario respondió que “la CC tiene dos funciones, emite resoluciones y emite opiniones, nosotros lo que estamos considerando son las resoluciones que de alguna manera estimamos que no están apegadas a Derecho”, dijo.

(...)
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Carlos_Javier
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Seria mas facil que contestaran: ahhh shoo certoes!

Le ahorrarian a uno el tiempo del leer la cantinfleada que responden
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