Aprueban ley que establece prisión preventiva solo para casos extremos

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La ley del brazelete

Alfred Kaltschmitt

En noviembre del 2016 —y con el apoyo de más de cien diputados— fue aprobada de urgencia la ley que implementa la utilización de brazaletes electrónicos a reos que califiquen para medida sustitutiva. Se suponía que el Ministerio de Gobernación debía modificar su presupuesto en el 2017 para implementar el dispositivo de control.

Desde entonces nada ha pasado a pesar de que la ley de “control telemático” está vigente y podría beneficiar hoy mismo —si el Mingob estuviese listo— con medidas sustitutivas a ciudadanos que están guardando prisión por diversos procesos penales en condiciones infrahumanas.

Hasta la fecha, la ley sigue sin implementarse debido a esos misterios “burrocráticos” que solo se pueden entender bajo la premisa que en los consabidos estertores de incapacidad estatal, la vida, la propiedad y la libertad, es un constructo abstracto que nada tiene que ver con su razón de ser.

¿Por qué es de tanta importancia esta ley? Porque, según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, a finales del año pasado había 22 mil 989 privados de libertad en todos los centros carcelarios del país a un costo de Q54 diarios por reo para un gasto total de Q453 millones al año.

De estos, más del 50 por ciento, es decir, 11 mil 766 reos se encuentran en ese vacío ilegal e inhumano llamado “prisión preventiva”. Al calcular los costes de mantener a estos privados de libertad, ascienden Q635 mil 364 por día, que multiplicado por 365 días nos da casi Q232 millones por año.

Y si bien es cierto que muchos ciudadanos gozando aun de presunción de inocencia no califican para medida sustitutiva por que guardan prisión por temas de lavado de dinero y narcoactividad y otros delitos, un porcentaje alto “sí” podría calificar a tal beneficio, ahorrándole al Estado decenas de millones de quetzales, disminuyendo el hacinamiento que se calcula en más 400 por ciento de la capacidad real para la que fueron construidas esas celdas que soportaban la reclusión de 6,819 reos originalmente. En dos platos: desde hace 11 años, el Sistema Penitenciario se encuentra colapsado.

Los jueces deben estar conscientes que negar la medida sustitutiva y enviar a prisión preventiva a un ciudadano gozando aun de presunción de inocencia a una reclusión en semejantes condiciones inhumanas presupone un daño psicológico, económico y familiar irreparable, en el cual hasta la vida misma corre riesgo en un entorno de tanta incomodidad y hostilidad.

La justicia no debe cumplirse cometiendo injusticias. La Corte Suprema de Justicia debe instruir a los jueces tomar en cuenta el colapso no solo del Sistema Penitenciario, sino del propio organismo judicial a sabiendas que el grado de atraso sobrepasa su propia capacidad.

Una investigación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana elaborada en el 2015 y entregada en el 2016 por CIEN/ Falconi, titulada “Diagnóstico del flujo del Sistema de Justicia Criminal de Guatemala”, midió la eficiencia del Organismo Judicial en 14.3 por ciento. (Eficiencia = No. salidas, dividido No. Entradas + mora acumulada 1,562,854 casos).

La saturación de los juzgados es grande. Los jueces manejan un acumulado de casos enorme. Las audiencias se atrasan no meses, sino años. Con mayor razón los mismos jueces deberían conceder la medida sustitutiva. Mucho mejor será cuando entren en operación los brazaletes electrónicos.

Además de evitar las violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los 11 mil 766 reos que se encuentran en prisión preventiva, el nuevo ministro del Mingob tiene una perfecta excusa para agilizar la operación de los brazaletes, se estaría ahorrando decenas de millones, los cuales podría utilizar para la construcción de cárceles, equipamiento y mejoramiento de todo el Sistema Penitenciario.

Aló, aló...

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Gobernación a la espera de ofertas para implementar control telemático

La Junta de Licitación deberá dar a conocer en un plazo de 25 días hábiles si adjudica a alguna de las interesadas en prestar el servicio.

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5 mil dispositivos de control telemático espera arrendar el Ministerio de Gobernación para beneficiar a detenidos que gocen de medida sustitutiva ante un juez competente.

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Suspenden licitación para implementación del “control telemático” a privados de libertad

Evento rescindido por Gobernación porque el lugar definido para centro de control podría ser afectado por bloqueadores de señal. Asimismo, se espera replantear la cantidad de dispositivos a rentar.

El proyecto requería el servicio de arrendamiento de dispositivos como pulseras, tobilleras, brazaletes que permiten conocer la ubicación geográfica de una persona, para facultar a los tribunales a beneficiar a los sindicados con una medida alterna a la prisión y evitar el hacinamiento en las cárceles nacionales.

El vocero de Gobernación, Fernando Lucero, explicó que el evento no llenó las expectativas de la administración actual y que el personal del Mingob está realizando un análisis para contar con las bases a fin de iniciar un nuevo concurso que esperan publicar “a la brevedad posible”.

De acuerdo con un documento en el portal de Guatecompras, el concurso fue cancelado porque el lugar definido como Centro de Control Telemático Principal en las instalaciones del excomplejo deportivo de Guatel, ubicado en la zona 10 de Villa Nueva, se vería afectado por bloqueadores de señales de radiofrecuencia de centros de privación de libertad que están por construirse en esa localidad.

Además, se argumentó que se debe replantear la cantidad de dispositivos a solicitar porque no pueden determinar con exactitud la demanda de los dispositivos de control. Inicialmente, Gobernación buscaba rentar cinco mil dispositivos.

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Comisión de DD. HH. trabajará en iniciativa que regule la prisión preventiva

Por Sonny Figueroa
sfigueroa@lahora.com.gt

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso trabajará en una iniciativa de ley para regular el uso de la prisión preventiva, ya los diputados integrantes consideran que en algunos casos existe una violación a los derechos de los privados de libertad.

“Existen cientos de casos señalados por diferentes delitos y se está abusando de la prisión preventiva. Se está trabajando en una iniciativa para que personas con enfermedades graves puedan salir con una medida sustitutiva. En el tema de la otra iniciativa para regular el uso de la prisión preventiva debemos ser objetivos, pero sobre todo que se cumpla con los Derechos Humanos”, indicó Ronald Arango, presidente de la Comisión.

La diputada Sandra Morán de Convergencia, dijo que se debe hacer un análisis sobre la implementación de la prisión preventiva y citar al Ministerio Público y al Organismo Judicial para que den sus recomendaciones.

Durante la reunión, Carlos Solórzano, relator contra la tortura, informó que presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que exhorte al Congreso a legislar para evitar los abusos en la aplicación de la prisión preventiva.

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Amnistia instantanea ...

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Iniciativa propone que la prisión preventiva no supere 15 meses

La prisión preventiva sigue bajo escrutinio de las instituciones: este viernes fue presentada una iniciativa de ley para que las personas no pasen más de 15 meses en esa condición y hay una mesa que analiza reformas a esa medida judicial.

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Primera fase de control telemático tendría cinco mil aparatos

Setecientos cincuenta serían brazaletes para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y el resto serán tobilleras que servirán para el control del Sistema Penitenciario.

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Gobernación ve viable compra por excepción de brazaletes

Por: Enrique García

El titular de la cartera de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo ante los jefes de bloque del Congreso que una compra por excepción de los brazaletes electrónicos, autorizada por este organismo, ahorraría cuatro meses el proceso de implementación del control telemático. “Podemos hacerlo más rápido, pero necesitamos el apoyo de ustedes” indicó mientras daba todas las características de las bases de licitación que se trabajan.

El funcionario explicó que la primera fase de la compra se requerirán cinco mil brazaletes por cinco años, bajo la modalidad de arrendamiento con opción de compra. Expuso que de acuerdo a la cronología se tiene previsto publicar en el portal de Guatecompras en octubre la licitación para que, en abril del próximo año, entre en ejecución el proyecto.

¿Se creará un centro de control como tal o estará en cada comisaría?, preguntó el diputado de Encuentro por Guatemala (EG), Leonel Lira. Degenhart, respondió que la central de monitoreo se ubicará en la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) y las comisarias serán las encargadas de reaccionar ante las alertas.

Un uso lujoso

Se prevé que el costo de arrendamiento para el privado que aplique al programa, tendrá que cancelar mensualmente entre US$200 a US$400; en tanto que de los cinco mil previstos, 750 financiará el Ministerio de Gobernación, luego que el juez determine un estudio socioeconómico.

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Iniciativas buscan beneficios para privados de libertad de más de 70 años

El diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, explica que “la prisión preventiva se ha extendido indefinidamente”, por eso, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales decidió aprobar el dictamen.

Existen dos iniciativas de ley que fueron agrupadas debido a que ambas buscan reformar el Código Procesal Penal y “ordenar” la prisión preventiva, así como beneficiar con libertad condicional a los reos que tengan un rebasen los 70 años de edad.

Esta semana la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso emitió el voto favorable para unir la iniciativa 5466, que planteó el diputado del bloque Movimiento Reformador (MR) Luis Hernández Azmitia, con la 5474, que propusieron los legisladores Juan Ramón Lau y Felipe Alejos, ambos de la bancada Todos.

Volver a la civilización

Disponen la aprobación de reformas al Código Procesal Penal, decreto 51-92, con el tema “privación de libertad” y “prisión preventiva”.

El diputado de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, explicó por qué la Comisión dictaminó de forma favorable las iniciativas.

“En el tiempo que hemos visto la prisión preventiva se extiende indefinidamente, no por meses sino por años. Entonces, es necesario que entremos otra vez a la civilización, teniendo en cuenta que solo se puede ampliar durante seis meses una prórroga de encarcelamiento preventivo”, mencionó Linares Beltranena.

El análisis del legislador se centra a que una persona “pasa mucho tiempo” en prisión preventiva y en algunos casos sin saber cuál es la acusación.

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Buscan liberar a los sindicados de corrupción

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

Los señalados en casos de corrupción como La Línea, Cooptación del Estado, Corrupción y Construcción, Traficantes de Influencias, podrían salir de prisión con la iniciativa “Cese de Encarcelamiento”. Esto luego de obtener dictamen favorable.

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Fernando Linares Beltranena, le dio luz verde a la propuesta que busca dejar libres a sindicados.

La normativa contempla que la privación de libertad finalizará “cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando, incluso, la posible aplicación de las reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o la libertad anticipada”.

Además, la iniciativa que reforma el Código Procesal Penal dice que los sindicados mayores de 70 años podrían salir de la cárcel.

“Cuando su duración exceda de un año, pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses más”, indica uno de sus artículos.

LAU: ¿VAMOS A EXCEPTUAR A LOS ASESINOS PERO NO A LOS SEÑALADOS DE CORRUPCIÓN?

El diputado del bloque TODOS, Juan Ramón Lau, presidente de la Comisión de Alejos que investiga la compra de un edificio del Ministerio Público, presentó esta propuesta de ley “para que las personas no permanezcan tanto tiempo en prisión sino hasta que sean condenadas”.

Lau agregó que todos los señalados de corrupción podrían salir de la cárcel, de aprobarse esta iniciativa.

A la pregunta de si esta iniciativa iba a beneficiar a los señalados de corrupción, Lau contestó: “Los señalados, mas no los condenados. ¿Entonces vamos a exceptuar a los asesinos y a los señalados de corrupción no? ¿Ellos -sindicados por corrupción- sí pueden permanecer en la cárcel y los asesinos afuera?”, enfatizó el congresista.

ROMERO: PARECIERA QUE QUIEREN BENEFICIAR A DETERMINADAS PERSONAS

El diputado de Fuerza e integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, Raúl Romero, indicó que es evidente el “abuso de la prisión preventiva”, por lo que es necesario mejorar los mecanismos procesales.

“Lamentablemente esta iniciativa pareciera más beneficiar a determinadas personas vinculadas con casos específicos. Por lo que se debe evaluar a profundidad la propuesta para que no se convierta en un mecanismo de impunidad”, añadió.

El subjefe de la bancada CREO, Carlos Chavarría apuntó que en este momento en el que se realizan investigaciones de corrupción que vinculan a exfuncionarios, el Congreso no se debe prestar para abordar este tema.

“Existen varias investigaciones en curso, por lo que no es conveniente entrar a debatir esta propuesta”, concluyó Chavarría.

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Discuten sobre la prisión preventiva en vivienda

Por ahora no se incluye en el debate el uso de brazaletes telemáticos para quienes gocen de ese tipo de medida sustitutiva.

Por: EVELYN BOCHE

La posibilidad de que las personas ligadas a proceso penal esperen por una sentencia en su casa, es una de las propuestas que se discuten en la mesa técnica sobre la prisión preventiva, que convoca el Ministerio Público (MP).

La prisión preventiva en vivienda y no en un centro penal, demandaría un ente que lo supervise, indicó el secretario de Política Criminal del MP, Julio Cordón. La aplicación de la medida estaría sujeta al razonamiento del juez contralor y en la discusión aún no se ha previsto la formulación de un catálogo de delitos en los que se permitiría otorgarla, explicó.

Al consultar la relación de esta medida con los dispositivos de control telemático –cuya adquisición se ha demorado dos años en el Mingob– Cordón indicó que hay que buscar medidas alternas, ya que la cantidad de brazaletes no abarca la totalidad de personas en prisión preventiva y tiene un costo que no todas las personas podrían pagar.

De acuerdo con la ley, el sindicado debe pagar por el uso del brazalete o tobillera con sistema de geolocalización. En casos en los que la persona no pueda pagarlo (y esto se compruebe mediante un estudio socioeconómico), el Estado absorbe el costo.

Para hacer los estudios, el Organismo Judicial ya tiene dispuesto el presupuesto para la contratación de trabajadores sociales que apoyen a los juzgados, indicó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Delia Dávila.

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56 personas han muerto en prisión preventiva; problema es multicausal y añejo

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt

La cantidad de personas que mueren en prisión preventiva, es decir, enfrentando una acusación sin que se dilucide si son culpables o no, va en aumento en las últimas dos décadas. El fenómeno, aseguran expertos en el tema, está vinculado a diversas causas, entre las cuales figura el deterioro de las instalaciones penitenciarias, el aumento de la población reclusa a lo largo de los años y la larga duración de los procesos penales.

Según estadísticas del Sistema Penitenciario, entre el 1 de enero pasado hasta el 24 de octubre, han fallecido 56 personas en prisión preventiva. 29 de estas personas, un poco más de la mitad, eran auxiliadas legalmente por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), lo que quiere decir que tenían un perfil económico bajo.

Este fenómeno podría estar relacionado con el deterioro en las instalaciones del Sistema Penitenciario, afirma Edgar Celada, consultor del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

“Lo fundamental es el deterioro general de las condiciones de los centros carcelarios. Instalaciones inadecuadas y hacinamientos. El Sistema desde hace ratos está rebasado por el número de privados de libertad y eso influye en enfermedades; las condiciones son propicias para contagios de todo tipo. La alimentación y el hacinamiento colocan al privado en inseguridad”, señala Celada.

AUMENTO DE POBLACIÓN RECLUSA

Las personas que mueren en prisión preventiva han aumentado significativamente. Mientras que en 2002 únicamente fallecieron 3 personas en prisión preventiva, el año pasado cerró con 58 personas fallecidas en esta condición. No obstante, esto se relaciona con el aumento de la población reclusa que ha habido en las últimas dos décadas, ya que, si hay más reclusos, también habrá más personas fallecidas, afirma Corine Dedik, analista en temas penitenciarios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Mientras que en el 2000 estaban privadas de libertad en los distintos centros carcelarios del Sistema Penitenciario 6 mil 115 personas, hoy hay 24 mil 442.

“Se puede observar que hay un aumento en general de la población privada de libertad en este período y esto se refleja en la cantidad de personas en prisión preventiva. Con eso va a aumentar la cantidad de personas fallecidas. Es una consecuencia del aumento general de la población en prisión preventiva”, señala Dedik.

Dedik también considera que hay que tener en cuenta que hay una sobrepoblación en los centros carcelarios que es “crítica”.

La entrevistada afirma que Guatemala se encuentra dentro de los 10 países más hacinados a nivel mundial en sus cárceles, lo que también representa inseguridad para el privado de libertad.

“El tema de la tasa de ocupación es un tema muy serio. Este mismo hacinamiento elevado conlleva a otros problemas o a otras carencias como la falta de control interno porque se vuelva muy difícil para la institución poder controlar, se vuelve no solo incómodo e inseguro para el privado de libertad, sino -también- muy complicado para el centro carcelario manejar tanta población”, afirma.

DURACIÓN DE PROCESOS PENALES

Otro factor que podría afectar la salud de los privados de libertad es la larga duración de los procesos penales. Según el Observatorio Judicial, conformado por estudiantes de la Universidad de San Carlos y Universidad Rafael Landívar, un proceso penal dura, en promedio, 918 días.

Raúl Robles, director de la División Técnica profesional del IDPP, considera que el hecho de que un proceso penal sea tan extendido en el tiempo coloca en una situación de riesgo la salud y la vida de las personas privadas de libertad.

“La idea es que todos accedamos a justicia y que se nos resuelva de manera pronta y eficaz. Actualmente están señalando debates para junio del 2020. Esto quiere decir que de aquí a junio de 2020 las personas van a seguir privadas de su libertad. Y podríamos decir que ya llevan un año (en prisión). Esto pone en riesgo, la salud y la vida de las personas por el riesgo que conlleva estar privado de libertad”, afirma el entrevistado.

Robles ve con preocupación que de las 29 personas que auxiliaba el IDPP y que fallecieron este año en prisión preventiva, 17 de ellas, es decir más de la mitad, murieron por hechos violentos. Solo ocho de estas personas murieron en el Centro Preventivo de la Zona 18, lo que lo reporta como el centro carcelario que más muertes por violencia presenta, explica el funcionario.

“La finalidad del IDPP es litigar de buena fe y solventar la situación jurídica lo más pronto posible para nuestros usuarios, porque si podemos quitarle un día de cárcel nos sentimos más que satisfechos. Y así, como puede durar 2 o 3 años (el proceso penal), nosotros tratamos la manera legal de que se agilicen los procesos”, comenta Robles.

Según estadísticas del Observatorio Judicial, los procesos penales que más duran son aquellos en los que se imputan delitos de asociaciones delictivas (1 mil 336 días), lavado de dinero u otros activos (1 mil 234 días), asociación ilícita (1 mil 040 días), obstrucción extorsiva del Tránsito (1 mil 001 días) y encubrimiento propio (959 días).

¿POR QUÉ NO REFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA?

El Sistema de Justicia enfrenta distintos retos como los mencionados anteriormente, por ello, en 2016, a petición de los tres poderes del Estado, se estableció una Mesa Técnica conformada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ministerio Público y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); quienes por medio de acercamientos con la sociedad civil, académicos, entre otros actores, elaboraron una propuesta de reforma constitucional para atacar varios de los problemas y vicios en el ámbito judicial.

Aunque en un principio la iniciativa tuvo el respaldo incluso del presidente Jimmy Morales, al llegar la propuesta al Congreso de la República se encontró con obstáculos y resistencia a su aprobación para ser puestas en debate en una consultar popular.

El reconocimiento del derecho indígena fue uno de los motivos utilizados por algunos diputados para poner en duda su aprobación y detenerla definitivamente en su tercera lectura, a pesar que representantes de estos sectores aceptaron que ese aspecto fuera retirado de discusión para que el resto de reformas siguieran su curso.

Por otro lado, el Sistema Penitenciario también ha sido objeto de intentos de reforma, como lo expuso La Hora hace una semana en el reportaje “Sentencias en presidios deben dar paso a cambio en el sistema”, en el cual se recuerda la iniciativa para cambiar el modelo carcelario durante la administración del exministro de Gobernación, Francisco Rivas, pero que tras su salida también quedó en el limbo.

“Se necesita una reforma de esa institución, tiene que seguir, aunque haya cambio de autoridades, porque si no siempre vamos a seguir con cambios frecuentes a alto nivel, proyectos que no se pueden implementar, cada vez hay más descontrol porque hay más privados de libertad, la población sigue aumentando, pero la institución se quedó en el siglo pasado y nadie ha logrado modernizarlo”, indicó Corinne Dedik, del CIEN para ese reportaje.

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Instituciones proponen alternativas a la aplicación de la prisión preventiva

Una propuesta de varias instituciones y la Cicig fue presentada este lunes a diputados, cuyo objetivo es que la prisión preventiva sea una medida que debería aplicarse solo en casos de excepción.

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Iniciado por Soy502

Esta es la propuesta del MP para modificar la prisión preventiva

Las autoridades del Ministerio Público (MP) sostuvieron una reunión con diputados este lunes para presentar una propuesta de reformas al Código Procesal Penal en materia de Prisión Preventiva que el Sector Justicia, para que pueda ser analizada y tomada en cuenta. Las modificaciones reformarían la normativa sobre la prisión preventiva.

El secretario de política criminal del MP, Julio Cordón, indicó que la propuesta busca mejorar el control y seguimiento de las medidas privativas y no privativas de libertad. Se eliminaría el catálogo de delitos que no tienen prisión preventiva. En el nuevo proceso planteado, el juez sería quien decida si el acusado debe ir a prisión preventiva o se le otorga medida sustitutiva.

La iniciativa establece que el proceso para las personas que cumplan medidas coercitivas no privativas de libertad será: presentarse ante el juez, tener buena conducta, prohibición de salir del país y una caución económica.

Se sugiere eliminar la prórroga indefinida de la prisión preventiva. Con los cambios, los plazos se acortarían. El acusado puede salir de la cárcel si luego de dos meses de presentada la acusación no se ha terminado con la audiencia de etapa intermedia.

Entre los cambios también se incluye la creación de una Unidad de Control de Medidas de Coerción, que estaría bajo la dirección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

*Con información de Angélica Medinilla

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Proponen que medidas sustitutivas sean aplicables a todos los delitos

Instituciones del sector justicia y comisiones legislativas acuerdan discutir reformas al Código Penal.

Por: EVELYN BOCHE

Eliminar la prohibición que tienen los jueces para otorgar medidas sustitutivas a los sindicados por determinados delitos –como el asesinato o la violación sexual, entre otros– es la principal propuesta de la Mesa Técnica sobre prisión preventiva.

La idea se basa en el principio de que la cárcel debe ser el último mecanismo para que los sindicados permanezcan sujetos a un proceso penal, explicó el secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), Julio Cordón.

Una medida sustitutiva, como el arresto domiciliario, es una alternativa a la privación de libertad. Decidir en qué casos se debe aplicar estaría sujeto al análisis del juez y no porque el Congreso lo haya normado en determinada ley, expuso.

Para verificar el cumplimiento se contempla la creación de la Unidad de Control de medidas de coerción, a cargo de la CSJ.

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Iniciado por La Hora

Comienza análisis a reformas de la prisión preventiva

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

La Mesa Técnica del Congreso que conoce el anteproyecto de ley del Sector Justicia sobre la prisión preventiva comenzó con el análisis del mismo. Esto para que el documento se convierta en una iniciativa de Ley e inicie su proceso de aprobación en el Legislativo.

El presidente de la Mesa, Ronald Arango, afirmó que el diputado Oliverio García Rodas quedó a cargo de la elaboración de la propuesta final, tomando en cuenta las observaciones de los integrantes de dicha Comisión.

“Nos preocupan algunos artículos relacionados a la medida sustitutiva, pues la propuesta del Sector Justicia indica que este beneficio es aplicable a todos los delitos”, afirmó Arango.

El Sector Justicia busca modificar el Código Procesal Penal, en torno a la prisión preventiva. Esta contempla las medidas de coerción y el cese del encarcelamiento.

El objetivo del mismo es reducir el hacinamiento en las cárceles.

Algunas entidades que participaron en la creación del anteproyecto de ley son: el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Organismo Judicial (OJ) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

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IDPP: la prisión preventiva se extendería hasta 2021 para 84 personas de escasos recursos

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), la institución del Estado que auxilia legalmente a personas de escasos recursos que han sido sindicadas por cualquier delito, contabiliza un total de 84 casos con igual cantidad de personas sindicadas en prisión preventiva, cuyas audiencias de etapa intermedia se prologarán hasta 2020 o 2021.

Los excesivos plazos que una persona pasa en prisión preventiva o la engorrosa que puede ser la ruta para que un proceso penal en el Sistema de Justicia guatemalteco finalice, son factores que han despertado la preocupación de diversos expertos en el Sistema de Justicia guatemalteco.

Un proceso penal consta de cuatro etapas. La primera es la audiencia de primera declaración, donde el sindicado es imputado por la comisión de hechos delictivos. La segunda etapa es la intermedia, en la que un juez competente determina si existen suficientes indicios para que una persona sea enviada a juicio. La última fase es la del juicio, en la que se debate entre la defensa y las partes acusatorias la inocencia o culpabilidad de los sindicados y, posterior a ello, los tribunales dictan sentencia.

Una cuarta etapa corresponde a la fase en la que los sujetos procesales pueden impugnar la sentencia que dictó un tribunal de sentencia (que puede ser condenatoria o absolutoria) y, en caso se confirme una sentencia condenatoria, los sindicados son obligados a pagar la pena que les ha sido impuesta por un tribunal de sentencia.

No obstante, las alarmas parecen encenderse porque, en Guatemala, este proceso penal puede llegar a durar hasta cinco años o, en algunos casos, superar esta cantidad de tiempo que, de por sí, ya se puede considerar excesiva, comenta la subdirectora de Coordinaciones Técnico Profesional del IDPP, Mariela Álvarez.

Prueba de ello son los 84 casos de personas en prisión cuyas audiencias de etapa intermedia les fueron programadas hasta 2020 y 2021.

Álvarez afirma que “un caso se puede tardar, mínimo, dos años y un máximo de cinco años, o más… hay casos que han durado eso (más de los cinco años), por tantas acciones que se presentan”.

El tiempo de prolongación excesivo con que los juzgados y tribunales programan las audiencias es una de las causas principales por las que se retrasan los procesos penales por varios años, comenta la entrevistada.

VIOLA LOS DERECHOS DEL SINDICADO

Oswaldo Samayoa, profesor e investigador en derechos humanos, considera que el hecho que a una persona se le programe con tres años de prolongación su audiencia de etapa intermedia es “un exceso” que viola los derechos del sindicado.

“Eso rompe con el tema de búsqueda de justicia pronta. La persona ya está acusada. Ya hay evidencia recopilada, se tiene una probabilidad que la persona haya participado en el hecho y hasta tres años después se va a discutir si participó o no, no es racional porque está ligada a proceso dos años sin resolver su situación jurídica”, dice el entrevistado.

El exceso de tiempo que las personas pasan en prisión preventiva se origina en las “prácticas del Sistema de Justicia”, ya que actualmente hay muchos casos que, sin necesidad alguna, han llegado a solucionarse en el ámbito penal, cuando pudieron solucionarse en otro ámbito del Sistema de Justicia, explica Samayoa.

Lo anterior demuestra las ineficiencias del sistema legislativo y judicial para la resolución de conflictos, señala el investigador.

ABUSOS EN PRISIÓN PREVENTIVA

Aunado al plazo excesivo que las personas puedan pasar en prisión preventiva, la subdirectora de Coordinaciones Técnico Profesional del IDPP también expresa su preocupación ya que, en su experiencia profesional, ha observado que los jueces tienden a aplicar un uso excesivo de la prisión preventiva.

“Hay un uso excesivo de la prisión preventiva. Muchas veces pueden darse medidas sustitutivas, como lo establece nuestra legislación, sin embargo, es difícil obtener una medida sustitutiva (a la prisión) porque regularmente los jueces, la regla general, es la prisión preventiva”, comenta.

Según estadísticas del IDPP, actualmente esa institución auxilia legalmente en procesos penales a 24 mil 734 personas. De ellas, 6 mil 332 están en prisión preventiva, lo cual equivale a decir que, de cada 100 personas que son auxiliadas por la Defensa Pública, 26 son enviadas a prisión preventiva.

A simple vista, pareciera que la cantidad de personas auxiliadas por el IDPP que son enviadas a prisión preventiva no es alarmante. Sin embargo, funcionarios del IDPP entrevistados mencionan que también hay que tomar en cuenta la cantidad total de población que guarda prisión preventiva en las cárceles del Sistema Penitenciario.

Hasta hoy, el SP contabiliza 12 mil 565 personas en prisión preventiva, de las cuales 6 mil 332 son auxiliadas por el IDPP. Esto es equivalente a afirmar que 5 de cada 10 reclusos en prisión preventiva son auxiliados por la Defensa Pública Penal.

El personal directivo del IDPP muestra su preocupación ya que, para la cantidad de personal y recursos con los que cuenta la institución, auxiliar a la mitad de la población reclusa en prisión preventiva es una carga laboral fuerte.

Asimismo, los funcionarios del IDPP comentan que, si los jueces privilegiaran las medidas sustitutivas, probablemente la totalidad de personas en prisión preventiva que auxiliaría el IDPP sería del 25 o 20 por ciento de la población reclusa que se encuentra en esta situación y no el 50 por ciento, como sucede actualmente.

Al respecto, Hilda Morales, exprocuradora adjunta de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), advierte que hay personas sindicadas por delitos cuyas penas son menores al tiempo que ya llevan guardando prisión preventiva.

“Cuando una persona todavía no ha terminado su proceso goza del derecho al principio de inocencia y cuando ya está condenada ya tiene certeza de cuánto tiempo le falta para estar en prisión. Pero hay delitos que tienen penas menores al tiempo que pasan en prisión preventiva y eso hace que el estado en, temas de justicia, esté incumpliendo con sus deberes de la justicia pronta y cumplida”, comenta la entrevistada.

REFORMAS

Recientemente, el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Procuraduría de los Derechos Humanos presentaron al Congreso de la República una propuesta para reformas el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva.

En estas reformas, las instituciones del Sector Justicia reafirman como una obligación “poner fin al encarcelamiento” cuando se haya finalizado una etapa procesal y el Sistema de Justicia aún no ha cumplido con “la actividad que le corresponde”.

Las reformas también eliminan la posibilidad de prorrogar de manera indefinida la prisión preventiva y se establece que ésta solo podrá ser prorrogada en casos complejos.

Asimismo, se le impone a los juzgados la obligación de programar audiencias para reexaminar si sigue siendo conveniente la prisión preventiva para un sindicado en un plazo que no supere los tres días siguientes de haber sido solicitado esto por la defensa.

Actualmente, el Congreso de la República creó una Mesa Técnica, coordinada por el diputado Oliverio García Rodas, que analiza la propuesta de reformas planteadas por las instituciones del sector justicia.

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Prisión preventiva

“Tener centros carcelarios donde las personas están hacinadas es un peligro para la sociedad debido a que es difícil controlar a los privados de libertad”.

Por María del Carmen Aceña

El sistema penitenciario en Guatemala presenta realmente un gran desafío. En los últimos 18 años se cuadruplicó el número de privados de libertad (24,422); sin embargo, los espacios carcelarios continúan siendo prácticamente los mismos (6,812). Nuestro país tiene la tasa de ocupación carcelaria más alta de Latinoamérica (359), tres veces más que el promedio mundial (127).

Tener centros carcelarios donde las personas están hacinadas es un peligro para la sociedad debido a que es difícil controlar a los privados de libertad. Además, viola los derechos humanos de las personas y adicionalmente su rehabilitación será muy difícil. Recursos escasos también generan corrupción dentro del sistema.

Ahora bien, no todos los que están privados de libertad han sido condenados. Un estudio realizado recientemente por el CIEN señala que, del total de reclusos, aproximadamente la mitad se encuentra en prisión preventiva (11,594 personas).

“Tener centros carcelarios donde las personas están hacinadas es un peligro para la sociedad debido a que es difícil controlar a los privados de libertad”.
La prisión preventiva es la privación de la libertad de un acusado durante su proceso penal y previo a su sentencia firme. Debe ser considerada como una medida excepcional por restringir el derecho a la libertad y el derecho a la presunción de inocencia. El sindicado debería ser considerado inocente hasta contar con una sentencia condenatoria, lo cual también le da el derecho a afrontar su proceso penal en libertad. Los fines y la justificación de ordenar prisión preventiva pueden ser únicamente de carácter procesal, evitando el peligro de fuga y la obstaculización del proceso. Indicios de responsabilidad en el delito nunca pueden constituir razón para la prisión preventiva.

La Constitución de la República en su artículo 14 señala: “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”; sin embargo, el Código Procesal Penal establece un catálogo de delitos para los cuales es obligatoria la prisión preventiva (artículo 264). También limita la duración de la prisión preventiva a un año, pero la misma puede ser prorrogada indefinidamente, lo cual termina siendo incompatible.

Un proceso penal tiene tres etapas: investigación, intermedia y juicio. En teoría este debería de durar aproximadamente cinco meses; sin embargo, según un estudio realizado recientemente por el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, un proceso penal tarda en promedio dos años y medio. La etapa de mayor retraso es la intermedia que en principio debería ser de 18 días, pero que en la práctica puede durar 10 veces más (184 días). Resalta que una de cada tres audiencias en esta etapa es cancelada, existe saturación de los juzgados y mala administración de las agendas lo cual dificulta reprogramar las audiencias para avanzar en el proceso. Los casos de mayor riesgo presentan retos más grandes, especialmente aquellos donde hay más de tres sindicados. Es tal el problema que se ha creado la figura de “prisión provisional”, que es cuando un sindicado está en prisión después de ser arrestado hasta que termina su audiencia de primera declaración. Esta no tiene base legal y no se reconoce esta categoría de privados de libertad.

Definitivamente, el sistema está desbordado. Ante esta situación, el CIEN recomienda tres puntos concretos. Primero, realizar reformas para limitar la duración y la prórroga de la prisión preventiva, así como eliminar el catálogo de delitos. Al mismo tiempo implementar un mecanismo de monitoreo de los plazos procesales, realizar un plan para enfrentar el volumen de solicitudes de revisión de medidas a raíz del cambio legal y mejorar las condiciones para otorgar medidas sustitutivas, como la implementación de los dispositivos de monitoreo electrónico. Segundo, aumentar la capacidad del sistema judicial; identificar con precisión los cuellos de botella en el proceso penal y evaluar los cambios necesarios para los casos de mayor riesgo. Además, la instalación de carceletas dignas destinadas a la prisión provisional exclusivamente. Y tercero, ampliar la infraestructura con procesos de planificación más eficientes. Los nuevos espacios carcelarios deben ser administrados por un modelo de gestión carcelario distinto que garantice mejores condiciones de reclusión. ¿Qué opina de la prisión preventiva? ¿Cómo lograr una buena planificación y transformación de la justicia criminal? ¿Qué hacer para contar con justicia pronta y cumplida?

[chronos]

Iniciado por La Hora

Incrementa número de detenidos en prisión preventiva

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

En los últimos meses el número de personas en prisión preventiva ha incrementado, así lo reflejan las estadísticas del Sistema Penitenciario (SP) que indican que de 24 mil 332 personas privadas de libertad hay un total de 12 mil 647 personas en prevención y 11 mil 685 en cumplimiento de condena.

La cantidad de personas detenidas sobrepasa la capacidad del sistema carcelario que tiene alrededor de 6 mil 809 espacios carcelarios.

En diciembre del año pasado la Mesa Técnica del Congreso, que conoce el anteproyecto de ley del Sector Justicia sobre prisión preventiva, realizó un análisis del documento y el siguiente paso sería que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la República. Con la propuesta se busca ajustar la normativa a los tratados y convenios de derechos humanos y estándares internacionales, según se informó recientemente.

[chronos]

Iniciado por La Hora

En 30 días 770 personas han sido enviadas a prisión preventiva

En 30 días, 770 personas que enfrentan un proceso penal han sido enviadas a prisión preventiva dictada por los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia Penal. Mientras que a mil 177 personas se les otorgó medidas sustitutivas, según estadísticas del Centro de Formación, Desarrollo y Estadística Judicial del Organismo Judicial.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

OJ no tiene información clara de las personas en prisión preventiva

El Organismo Judicial no cuenta con ningún registro de las 11 mil 353 personas que están en condición de prisión preventiva, pese a que esta medida ha sido uno de los problemas que ha marcado diferencia entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y varias entidades del Estado.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Proponen reformas a la prisión preventiva para reducir el hacinamiento en cárceles

Un proyecto de ley que busca viabilizar la aplicación de medidas sustitutivas y regular el tiempo que una persona debe estar en prisión preventiva fue presentado este lunes en el Congreso.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

La farsa del discurso oficial

Por Alejandro Balsells Conde

El presidente de la República, su séquito, en especial sus escuderos de Gobernación y Cancillería, así como asociaciones de derecho privado afines, y ciertos funcionarios de otros organismos del Estado han denunciado la forma como opera la prisión provisional y sostienen algo cierto: su aplicación, en términos generales, es violatoria a los derechos humanos.

Todos los procuradores de derechos humanos han ocupado tiempo, energía y buena parte de sus esfuerzos para señalar el abuso de la prisión provisional. No cabe duda que a don Gonzalo Menéndez de la Riva le tocó un período complejo, porque fue hasta con la vigencia de la actual Constitución que se prohibió recluir a quien se encontraba con prisión provisional en el mismo sitio de quienes estuvieren condenados. Antes del 14 de enero de 1986 existieron personas en Pavón con orden de prisión provisional, la transición, sin duda, no fue fácil.

Ramiro de León Carpio y Jorge Mario García Laguardia reportaron casos de excesos de prisión provisional y del Sistema Penitenciario. Nuestra sociedad y en especial ciertas élites, con buena dosis de racismo y clasismo, fue y es en general poco empática a temas de derechos humanos —hasta que toca a alguien cercano—, basta medio pasar revista a las redes sociales para percatarse que buena cantidad de guatemaltecos estudiados considera que “eso de los derechos humanos es para mareros y comunistas”.

Si hemos tenido amigos, familiares, o bien nosotros mismos, dentro del Sistema Penitenciario podemos dar fe en cómo funciona ese mal llamado “sistema”. En un penal se sobrevive si se tiene plata y si existe suerte, miles de personas están amenazadas porque nuestro Estado es incapaz, en lo mínimo, de garantizar la seguridad en cualquier centro de detención.

El presidente, su vicepresidente —exrector de la Usac y de quien se esperaría cierto conocimiento mínimo en este tema—, así como sus escuderos, le echan la culpa de la prisión provisional a la Cicig y la Corte Suprema ve la luz al final del túnel y, además, a un ángel protector porque por primera vez “no es ese poder del Estado el responsable del abuso” en foros internacionales. Basta darse una vuelta por las carceletas bajo la propia Torre de Tribunales en el Centro Cívico para conocer la desidia institucional del Organismo Judicial y de los responsables penitenciarios. La prisión provisional la decreta, conforme las circunstancias del asunto, el juzgador y no un fiscal o acusador, acá no hay excepciones.

Con el discurso de violación a los derechos humanos, los funcionarios han dado vuelta a los Estados Unidos un montón de veces, sin embargo, callan en lo relativo a que desde diciembre del 2016 el propio presidente —quien alega, pero solo por su familia— sancionó y promulgó el Decreto 49-2016, Ley de Control Telemático, que bien podría servir para paliar el calvario de miles de personas y que a la fecha la norma no se aplica, porque no hay voluntad política, además es un secreto a voces que gente con poder procura el jugoso contrato, así el nivel de farsa.

En este contexto, legisladores dignos representantes del Siglo 13, discuten una Ley de Amnistía inconstitucional y violatoria del andamiaje internacional relativo a la protección de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Este gobierno tuvo una misión: destruir el pírrico sistema republicano y deslegitimar, lo más posible, el sistema democrático. Lo único positivo en este contexto es lo fácil de evidenciar la farsa del discurso oficial, pero sobre todo darnos cuenta que un gobierno que viola de forma sistémica derechos fundamentales nos coloca a todos en forma vulnerable, es cuestión de tiempo ser víctimas de él y por eso hay que estar preparados, se abusa siempre desde el poder y no podemos retroceder más.

[chronos]

Iniciado por publinews

Sin prisa en Gobernación para la licitación de los brazaletes para presos

La sobrepoblación y el descontrol en las cárceles en los últimos 10 años ha mostrado la lucha de poderes y el desinterés de los funcionarios y diputados para trabajar en una política de reinserción desde los centros de detención.

Por Joel Maldonado

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En mayo del año pasado por orden del ministro Enrique Degenhart se canceló la primera licitación y desde esa fecha la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sistema de Justicia se ha reunido para definir los criterios de la licitación, pero por ausencias de autoridades de la cartera de Seguridad no se logra concretar el proyecto.

Una de las justificaciones de Gobernación fue que los bloqueadores de la señal de celulares impediría el funcionamiento de brazaletes.

Otro de los atrasos se debe a que el proyecto estaba a cargo del exviceministro prófugo Kamilo Rivera.

Para el monitoreo de los brazaletes se deberá crear el centro de control telemático a cargo de Gobernación, por lo que se consultó al viceministro Remberto Ruiz sobre el proceso para la licitación, pero informó que es la Policía Nacional Civil (PNC) la que está apoyando en ese tema.

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PROPONE REVISAR PROPUESTA

La directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nydia Arévalo de Corzantes, explicó que trabajan dos mesas técnicas para elaborar la licitación desde hace seis meses.

Sin embargo, recomendó que se debe analizar la Ley de Control Telemático, ya que los brazaletes deberán ser costeados por el sindicado.

“Debe haber un estudio socioeconómico para que todos los procesados puedan aplicar, pues como lo establece la legislación solo personas económicamente estables podrán solicitar el brazalete, para que la mayoría pueda optar a esa medida”, agregó Arévalo de Corzantes.

La titular del IDPP, quien buscará su reelección, comentó que con la ley se contempla un plan piloto para cinco mil privados de libertad, por lo que espera que antes de que termine el año se pueda lanzar esa licitación.

La Ley de Control Telemático establece que la Corte Suprema de Justicia debe aprobar un acuerdo para la implementación de los aparatos electrónicos.

A la vez, hay otras propuestas de ley en el Congreso, como la Aceptación de Cargos y la revisión del catálogo de delitos para evitar la sobrepoblación en las cárceles.

Algunos diputados que han revisado el proceso de los brazaletes y pidieron no ser citados indicaron que es desde Gobernación que se ha detenido el proceso, por lo que provoca dudas para tener una Dirección General del Sistema Penitenciario más ordenada y hayan centros de detención efectivos.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Control telemático no será implementado por este Gobierno

El control telemático—control de presencia y localización a distancia de persones ligadas a proceso penal—, cuya ley fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2016, no será aplicado por esta administración reconocen funcionarios de Gobernación.

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[TEAM_PACO]

Iniciado por chronos

@marioc30 ... lo de los brazaletes era inmenente y necesario pero de eso a que lo pasen de "urgencia nacional" hay un gran espacio para la especulacion ...

En USA me parece que no lo controla el gobierno, es una concesion similar a las fianzas (tambien iremos a tener cazadores de recompensas )

El costo diario por "privado de libertad" ronda los Q55 diarios, definitivamente este sistemas tiene grandes ventajas pero debe ser duramente supervisado.

cazadores de recompensas siempre quise ser eso

[chronos]

Diputados aprobarán más reformas al Código Procesal Penal, ahora sobre la prisión preventiva

Luego de la aprobación del apartado sobre la aceptación de cargos en el Código Procesal Penal, los diputados apuntan sus baterías para modificar la imposición y control de la prisión preventiva en este mismo cuerpo legal.

Por Manuel Hernández Mayén

La iniciativa de ley 5564 presentada por el diputado Leonel Lira y Nineth Montenegro busca aprobar el próximo martes, en tercer debate, artículos y redacción final, más reformas al Código Procesal Penal. Aunque el proyecto no es malo, los diputados ya trabajan algunas enmiendas como la temporalidad, ya que quieren que los cambios entren en vigor inmediatamente, cuando la iniciativa propone que la vigencia sea progresiva.

El proyecto ingresó a Dirección Legislativa el 18 de marzo; el pleno lo conoció el 3 de abril, el dictamen favorable de la Comisión de Reformas al Sector Justicia se emitió el 10 de octubre pasado, la iniciativa fue conocida en primer debate el 15 de octubre y en segundo, el 22 de octubre.

En la exposición de motivos los diputados ponentes señalan que a comienzos del 2019 se encontraban sometidos a prisión preventiva el 52 por ciento de recluidos, la medida de coerción más grave que permite la actual legislación, mientras que el 48 por ciento purga una condena.

“El uso excesivo o abusivo de esta medida es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y constituye una situación inadmisible en una sociedad democrática, que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia. Asimismo, estableció que el uso no excepcional y prolongado de la prisión preventiva tiene un impacto directo en el incremento de la población penal, y por ende, en las consecuencias negativas que produce”, refiere la presentación de la iniciativa.

Según los diputados la cifra de privados de libertad que están a la espera de juicio era, para finales de enero último, de 12 mil 719 personas, contra los 11 mil 724 que ya están condenados.

Un estudio presentado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIEN) señala que las cárceles tenían una ocupación del 352%. Esto quiere decir que los privados de libertad están hacinados.

Otros beneficios

Se incluye el arresto residencial para las imputados o acusados mayores de 65 años, quienes se encuentran en situación de discapacidad, otra situación de vulnerabilidad o circunstancias personales que, derivado de su condición, hagan indispensable la medida para asegurar la protección de su vida e integridad.

Si a la mujer le faltan dos meses o menos para el parto, o en cualquier momento, cuando existan condiciones que hagan calificar el embarazo como de alto riesgo. Igual derecho tendrá durante los seis meses siguientes a la fecha del nacimiento. También beneficia a las personas que tengan enfermedad grave que haga incompatible su derecho a la vida digna, el juez podrá determinar si el arresto residencial se da en la vivienda o en una clínica médica.

También beneficia al sindicado o acusado que fuere la única persona a cargo de prestar alimentos o cuidado de persona que sufriere discapacidad, enfermedad grave o de menor de edad, siempre que se compruebe que haya estado bajo su dependencia o cuidado. La medida conlleva la obligación del imputado de permanecer en su vivienda o lugar designado, con las únicas excepciones de los permisos específicos concedidos por el juez, según corresponda.

También se crea la unidad de control de medidas de coerción la cual estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales en el seguimiento y control del cumplimiento debido de las medidas de coerción.

La iniciativa también incluye un apartado para la finalización del encarcelamiento el cual se dará según los términos que se señalan:

• transcurridos cuatro meses, contados a partir de la fecha en que concluya la audiencia de primera declaración del sindicado, no se hubiere presentado la acusación, la clausura, el sobreseimiento o cualquier otra forma de terminación del proceso.
  
• Cuando transcurrido dos meses, contados a partir de la fecha de presentación de la acusación, no haya concluido la audiencia intermedia y cuando transcurridos tres meses, contados a partir de la conclusión de la audiencia de etapa intermedia, no se haya realizado la audiencia de debate oral y emitido la sentencia.
  
• Y cuando transcurridas dos terceras partes de la pena impuesta en primera instancia, no haya quedado firme la sentencia.

Prisión preventiva para otros delitos

El dictamen deroga frases de algunos artículos del Código Penal en las que se prohibía otorgar la medida sustitutiva en varios delitos.

Los beneficios son para los delitos de pánico financiero, quiebra fraudulenta y quiebra culpable. También benefician con las medidas de coerción a los que se escapen de la cárcel y los que cooperen para que se de la evasión.

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La experta señaló que la población tiene rechazo a algunos delitos y quisiera ver a muchos en prisión y eso ha de ser por la baja confiabilidad en el sistema, aunque se hayan mejorado los índices.

“Una cosa es la iniciativa original y otra cosa es el producto que finalmente es aprobado y como hemos visto ya en el tema de aceptación de cargos, sea utilizada con incentivos perversos y no pensando en el bien común, ni en el fortalecimiento al sistema de justicia penal”, concluyó.

[chronos]

Iniciado por Soy502

Iván Velásquez reacciona por Ley de Aceptación de Cargos

El jefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dio a conocer en sus redes sociales que algunos grupos intentan justificar la polémica Ley de Aceptación de Cargos.

Aunque no señaló entidades o nombres, Velásquez aseguró que se trata de "los mismos que promovieron y celebraron la salida de la CICIG y urdieron la orden de captura contra @ThelmaAldana".

De acuerdo con Velásquez, la intención es "explicar que la ley que aprobó el #PactoDeCorruptos es el mismo proyecto ("mejorado") que impulsaron la CICIG y el MP de @ThelmaAldana!".

La Ley de Aceptación de Cargos, era una iniciativa que estaba bien vista por diversos sectores que la discutieron por años, entre ellos la extinta CICIG.

Sin embargo, los diputados hicieron modificaciones y aprobaron una Ley que, en lugar de reducir el hacinamiento en prisiones, lo que hace es, básicamente, reducir a la mitad pena de las personas que confiesen los delitos cometidos.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, explicó que con esta ley, inclusive, Guatemala incumple dos convenios suscritos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la delincuencia organizada transnacional y contra la corrupción.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Prisión Preventiva: EG retiraría iniciativa de ley para evitar más impunidad

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

Tras conocerse que algunos diputados buscarían aprobar enmiendas a la iniciativa de Ley de Prisión Preventiva, la cual desnaturalizaría su principal objetivo, la jefa de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, indicó que discutiría con el diputado Leonel Lira, principal ponente de la ley, retirarla de la discusión legislativa, para evitar que esta se use para beneficiar a delincuentes de cuello blanco.

La iniciativa se planteó en función de evitar el hacinamiento en las cárceles, ya que el 51% de las personas que están en prisión preventiva son pobres y se encuentran en condiciones infrahumanas y son víctimas de extorsión, explicó Montenegro.

“El objetivo era uno y que la aplicación de la ley fuera gradual, y que la prisión preventiva se hiciera por medio del control telemático, arresto domiciliario entre otros, pero que esto se haría dependiendo del delito que se le acusa”, detalló la congresista.

“Que se quieran hacer enmiendas sobre la ley marco que distorsionan el objetivo inicial y la naturaleza que tenía esa iniciativa, para favorecer a personas de cuello blanco, yo no estoy de acuerdo. Platicaré con mi colega -Lira- para que él proceda a retirarla, porque no me parece justo ni correcto que se vayan a aprobar enmiendas para beneficiar a determinadas personas”, declaró.

Montenegro añadió que de aprobarse esas enmiendas irían en la línea de la reciente Ley aprobada de Aceptación de Cargos. “Yo personalmente no la apoyaría, ya que cada vez hay un retroceso en el país en todos los sentidos”, dijo.

En tanto, el diputado Lira indicó estar dispuesto a retirarla de la discusión legislativa, si se presentan enmiendas que cambien el objetivo principal de la misma, por lo que se encuentra averiguando si esto es posible en la etapa que se encuentra, ya que su aprobación se encuentra avanzada.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Prisión preventiva sale del debate en el Congreso y el MP analiza accionar por aceptación de cargos

Los diputados suspendieron la discusión del proyecto que busca modificar la prisión preventiva debido a que las enmiendas al Código Procesal Penal que se trabajan no han sido conocidas.

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