UNE y TIGO serán objeto de investigación por parte del MP y CICIG

[chronos]

Iniciado por La Hora

UNE y TIGO serán objeto de investigación por parte del MP y CICIG

El comisionado Iván Velásquez anunció hoy que junto al Ministerio Público (MP) investigarán de manera inmediata el apoyo que recibió la empresa TIGO durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) periodo en el que supuestamente se vio favorecido por instancias judiciales en un litigio que tenía con TELGUA.

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Iniciado por Prensa Libre

Cicig señala a Telgua por financiamiento electoral ilícito al PP a través de Sinibaldi y Ligorría

La Cicig señaló hoy a Telecomunicaciones de Guatemala, Telgua, de haber dado Q15 millones de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, en 2011, para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la empresa Tigo. La estrategía, según la Cicig, se ejecutó a través del exembajador de Guatemala en EE.UU. Julio Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Julio Carlos Porras Zadik reveló la estrategia de Julio Ligorría

Julio Carlos Porras Zadik, exgerente de Telgua, reconoció su culpabilidad en el caso Corrupción y Construcción, y colaboró con la investigación que sindica a los prófugos Alejandro Sinibaldi y Julio Ligorría por financiamiento electoral ilícito.

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[Bernerosky]

Esos Ligorria desde hace añales que estan metidos en el gobierno creo,

hay una foto donde ese creo esta saludando a Juan Pablo II cuando vino a guate,

porque tienen tanta importancia o privilegios?

por ahi creo que andan unos de esos "asesorando" alcaldes de oriente

Eso deberia investigar la Cicig, gente como esta que ha estado desde los 70s detras de bambalinas y otros,

pero como aqui todo es circo, ya esta arreglado todo y la embajada no deja avanzar, deplano protegidos o de la misma Cia han de ser,

A nosotros se nos oculta bien como tienen esa estructura y quienes estan manejandola, pero han de ser pocos que si lo saben,

Malditos, dañando nuestra guate desde mas de 40 años y ahi siguen, por eso estamos como estamos.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Julio Ligorría es detenido en Madrid

Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en EE.UU., fue detenido este martes en Madrid, España, confirmó Juan Francisco Sandoval, fiscal del MP.

Autoridades de España no han brindado detalles sobre la captura de Ligorría, quien es señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber organizado reuniones para lograr el financiamiento electoral ilícito que llevó a la presidencia al Partido Patriota en el 2011.

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Según una investigación de la Cicig, revelada en julio último, Telecomunicaciones de Guatemala, Telgua, habría dado Q15 millones de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la empresa Tigo.

La estrategia, según la Cicig, se ejecutó a través del exembajador de Guatemala en EE. UU. Julio Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

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[NEC]

Bueno, ojalá suelte la sopa...

[legionario17]

Maldita ballena, ojala lo soquen.

[Bernerosky]

Al fin, este es uno que siempre esta detras de gobiernos,

y a esos de la une mierdas que hasta el momento no se les ha sacado nada,

pero weviaron hasta donde ya no.

[edwinquiran]

Ese es el suego del locutor de Canal Antigua, a ver que dice ahora.

[MMpower]

hdp ojala colabore y se lleguen a mas capturas

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

MP y Cicig allanan edificio de Tigo

El cateo corresponde a la búsqueda de información relacionada con un caso de corrupción, dijo la Fiscalía. La compañía apoya las investigaciones.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Sala confirma legalidad de allanamientos en residencia de Valladares y oficinas de TIGO

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal rechazó un amparo que interpuso el ministro de Economía, Acisclo Valladares, con el cual buscaba que se declarara ilegal la resolución judicial que autorizó los allanamientos que efectuó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su residencia y en oficinas de TIGO por el Caso Construcción y Corrupción.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Lo que evidencia el caso de la UNE…

Pedro Pablo Marroquín Pérez
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@ppmp82

Los tiempos que vivimos ameritan mucha cabeza, menos hígado y sin duda alguna nadie le recordó ayer eso a Sandra Torres, y si lo hicieron no escuchó, porque en la conferencia terminó “perdiendo los papeles”. Vivimos tiempos complejos que necesitan análisis serenos basados en hechos más que en emociones.

El caso de la UNE y la acusación contra Sandra Torres evidencia muchas cosas. Para empezar, que los casos salen cuando el Ministerio Público (MP) decide y no cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desea para “manejar los tiempos” como dicen muchos de los que se oponen al ente internacional. Bien hará Consuelo Porras en explicar los motivos para autorizar el caso de Torres y la UNE (como el de Radford) cuando ya tenían antejuicio.

Luego, el caso del partido verde también demuestra que pese a los sendos esfuerzos de pocos, pero muy poderosos guatemaltecos, la CICIG está viva, coleando y haciendo su trabajo atacando estructuras que se han dedicado a apoderarse del Estado y que han usado el financiamiento electoral como el principal vehículo de cooptación.

Como bien dijo Philipe Chicola: “Investigando La Línea se topan con el Caso Aceros. Ampliando el caso Aceros, se topan con Felipao y los Traficantes de Influencias. Analizando movimientos financieros de Traficantes de Influencias se topan con el Financiamiento de la UNE. La obra se llama “Estado Capturado”.

Además, al ver algunos de los cheques que utilizó la gente de la UNE, se desprende que se aseguraron de dejar buen rastro, pues estampaban al píe de los mismos que era para la campaña de la UNE. De eso se desprende también que no es un tema de “pruebas falsas”, como dicen muchos.

El caso de la UNE deja ver cómo han cambiado los tiempos porque cuando el MP y la CICIG acusaron al candidato de Lider, Edgar Barquín, los que hoy creen, trabajan e invierten para destronar al ente internacional y al mismo Estado de Derecho, fueron los que más celebraron la acusación y me imagino que hoy, por mucho que haya sido la UNE y Torres, no les cayó en gracia porque estiman que el enemigo anda en el jardín, cerca y está operativo.

Evidencia que quienes son acusados pocas veces abordan el tema medular de la acusación, y se van con que “todo es político”, lo de la presunción de inocencia, de que todo es una fabricación de la izquierda o de la izquierda radical como dice ahora quien es señalada de haber militado en la guerrilla. Sandra Torres ayer no dijo una sola palabra respecto a la acusación de los supuestos Q19 millones que entraron a su campaña.

Evidencia que a pesar del esfuerzo de muchos por minimizarlo, el financiamiento electoral ilícito se consagra como el peor vicio de nuestra democracia que usan por igual potentados empresarios, narcotraficantes y trepadores sociales. Le duela a quien le duela, esa es una realidad que juntos debemos resolver y debería ser el punto de partida de un diálogo nacional, porque si hay voluntad de aceptar, se pueden y deben buscar las salidas para quienes deseen enderezar el rumbo personal y eso allane el camino para cambiar el rumbo de Guatemala.

Iniciado por La Hora

TSE: Tigo Star y Vea Canal habrían financiado a TODOS

La compañía Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, mejor conocida como Tigo Star, y Vea Canal S.A. habrían financiado ilícitamente al partido TODOS para la campaña electoral de 2015, según consta en denuncias que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante el Ministerio Público a las cuales el matutino Prensa Libre tuvo acceso.

Prensa Libre publicó esta mañana los hallazgos de un examen especial de auditoría interna del TSE al partido TODOS. En seis hallazgos (1, 4, 6, 7, 8 y 10), el auditor recomendó que la Fiscalía de Delitos Electorales determinara si había fundamento para una denuncia por delitos electorales, detalla la publicación.

Uno de los hallazgos tiene que ver con la compañía TIGO Star. Según la auditoría, TODOS reportó una deuda de anuncios de televisión con dicha compañía por Q6 millones 254 mil 621 con 55 centavos para la campaña del exbinomio Alfonso Portillo y Lizardo Sosa.

Sin embargo, Tigo Star informó al TSE sobre una deuda de Q6 millones 449 mil 89, por lo que la auditoría realizada concluyó que hay una diferencia entre el monto reportado por TODOS y la empresa de cable por Q194 mil 467.

La segunda parte de este hallazgo se indica que TODOS reportó una deuda por el alquiler de la sede nacional del partido por Q173 mil 221 incluidos servicios de energía eléctrica y teléfono. La empresa propietaria del inmueble comunicó al TSE que ya se había pagado la deuda. Ante ello, el partido informó que la deuda la había pagado Roberto Alejos, fundador de TODOS, pero éste negó a Prensa Libre que él hubiera realizado el pago.

Por estos hechos, se recomendó trasladar el expediente al Ministerio Público para que investigue el caso.

Otro de los hallazgos de la auditoría fue que TODOS recibió una donación para la campaña del diputado Juan Ramón Lau por Q2 millones 156 mil por parte de Vea Canal. Sin embargo, no se extendió ninguna factura que registrara el gasto.

También se obtuvo una donación de FM Maya S.A. por Q12 mil 500 para el candidato a diputado Juan Emilio Colmenares, quien no fue electo, de la cual tampoco existe registro documental.

Al ser consultado por Prensa Libre, Herbert Rottman, gerente general de Vea Canal, dijo el espacio concedido a Lau era un “obsequio, por lo que no hay factura ni orden de servicio”.

En declaraciones a Prensa Libre, Lau dijo que Vea Canal sí emitió factura, aunque la auditoría del TSE afirma lo contrario.

LAU ENDILGA RESPONSABILIDAD AL PARTIDO

El diputado indicó hoy a la prensa que no había recibido pauta sino que esta fue entregada a TODOS. “Cuando se recibe pauta eso va al partido, no directamente la persona, en este caso nunca se me ha corrido audiencia por parte del TSE, sería que el TSE el que debería aclarar esa situación, yo no soy quien presenta las facturas, ningún informe, es la organización política como tal y de eso no estoy encargado yo”, afirmó.

No obstante Lau agregó que sí recibió pauta de Vea Canal, pero no sabe a qué pauta se refiere mientras no haya sido notificado.

La Hora también intentó consultar a Felipe Alejos, secretario general de Todos, por medio de llamadas y mensajes, pero al el cierre de esta nota no había respondido. Al ser consultado por el matutino, Alejos evadió las preguntas e hizo una comparación con Telesur y realizó señalamientos contra Prensa Libre y Guatevisión.

TIGO POR REPORTE DEL TSE: ES FALSA Y MALINTENCIONADA LA ASEVERACIÓN

Se consultó con Manuel Sisniega, jefe de asuntos corporativos de TIGO, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta. En un correo enviado a las 3:18 horas, Sisniega respondió que toda la pauta que se transmite en sus medios es debidamente facturada, y en el caso de la pauta contratada por partidos políticos, reportada al TSE con las normas aplicables.

“Desconocemos acerca de la existencia de alguna discrepancia en los registros del TSE, pero si la hubiere, sin duda se podrá aclarar en cuanto nos lo sea requerido”, indicó en un correo electrónico.

Es falsa y malintencionada la aseveración que se haya dado algún financiamiento electoral, puntualizó Sisniega.

KARINA ROOTMAN AMPLÍA SU RESPUESTA

La Hora consultó por este tema Karina González de Rottman, de Vea Canal, a las 12: 14 horas, quien en un tono cortante respondió a los cuestionamientos sobre la donación en pauta al diputado Lau: “No ninguna, número uno no sé quién fijó el precio. Número dos, hay que revisar la ley que estaba vigente, ahí se recuerda que ahorita es que se va a correr las elecciones con una ley diferente”.

Por una decisión editorial, por no haber aportado mayor información, “La Hora” decidió usar las declaraciones que Herbert Rottman, gerente general de Vea Canal, había dado a Prensa Libre.

Ahora vemos que en un video de 16 minutos en Youtube, Rottman afirmó que desconoce quien inventó que ese canal le regaló en pauta, por 120 spots, aproximadamente, quién fijó el precio de Q2 millones. “Creo que es algo irrisorio, estúpido y que tiene dolo porque ni facturando toda la pauta de la contienda electoral pasada, Vea Canal facturó dos millones y pico de quetzales”, indicó.

ALEJOS: CON TIGO TENEMOS UNA DEUDA Y HASTA HABLA DE FRAUDE

Cuestionado en la tarde por la prensa, el secretario general de Todos, Alejos indicó que no han sido notificados por el TSE de los hallazgos, los cuales indicó, no tienen ningún fundamento.

He revisado los seis hallazgos, hablaban de Vea Canal, nosotros le dimos una factura por pauta, hablaban de la empresa Tigo con quienes nosotros tenemos una deuda que no cuadran los montos, sin embargo ahí están las facturas de todos los meses, además tenemos un pagaré con ellos en cuanto a la deuda, no veo ninguna incongruencia con ese tema, anotó.

Por otro lado, Alejos dijo que espera que el fiscal Schaad, a quien señala de ser cercano de la exfiscal Thelma Aldana, haga una investigación independiente.

Según Alejos, es muy evidente que con estos señalamientos se está haciendo política. “No se vale, ya con un proceso electoral convocado, de que en febrero empiezan a difamar a los partidos, y qué casualidad que son los partidos a los que Aldana no le cedió su capricho, como es Encuentro por Guatemala, a los partidos de derecha, entonces lo que está habiendo es un fraude electoral” afirmó.

El diputado mostró a los periodistas la portada del diario “La Hora” y señaló “vamos a ver si Prensa Libre le saca un especial a los otros seis partidos porque el partido político Todos es el partido más grande en estructura en Guatemala y saben que les puede dar lucha a nivel electoral”.

Reitero que jueguen limpio porque no puede ser que caigamos en un fraude electoral, en campaña negra y desprestigio especialmente en los medios de comunicación, agregó.

DENUNCIAN A 7 PARTIDOS

El Inspector General del TSE, Oscar Sagastume, también denunció a seis agrupaciones políticas más el pasado 19 de diciembre por indicios de financiamiento electoral ilícito. Estas son: CREO, PAN, UCN, VIVA, URNG-Maíz, TODOS y una segunda denuncia contra Encuentro por Guatemala. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Por “Ley Tigo”, presentan antejuicio contra Acisclo Valladares, Galdámez y 6 diputados

Por Douglas Gámez
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentó ocho solicitudes de antejuicio entre las que destacan una contra el Ministro de Economía, Acisclo Valladares y otra contra el diputado y candidato oficial (FCN Nación) a la presidencia, Estuardo Galdámez.

Los requerimientos de retiro de inmunidad son para profundizar en una investigación a una estructura que supuestamente dirigía la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien mediante promesas de dinero habría asegurado la aprobación de leyes, asignación de cargos directivos, entre otros asuntos en el Congreso por medio de la bancada del Partido Patriota entre los años 2012 y 2014.

Una de esos casos involucraría a la empresa de telefonía Tigo y la aprobación en 2014 de la Ley de Telecomunicaciones; Valladares en ese entonces era directivo de la Fundación de la compañía.

La FECI también pidió que se levante el antejuicio de los diputados Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Magnolia Figueroa y Marco Antonio Orozco, por los delitos de cohecho activo, asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero y otros activos.

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Iniciado por La Hora

MP – CICIG explican por qué, por ahora, no hay más sindicados en caso TIGO

Por Douglas Gámez
[email protected]

Luego de que hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentará ocho antejuicios para profundizar en una indagación por la supuesta compra de votos en 2014, por la aprobación de Ley de Telecomunicaciones, el Ministerio Público y CICIG explicaron por qué, por ahora, no hay más sindicados.

El caso involucraría a directivos de la compañía Tigo y diputados del Partido Patriota en el período legislativo anterior, así como la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Los entes investigadores dieron cuenta que una acción legal tendría que ver con la no presentación de más acciones hoy.

“No obstante, hoy se están presentando únicamente los antejuicios en contra de los funcionarios que participaron en las posibles actividades ilícitas, y no se procedió a solicitar citación y/o captura de los exfuncionarios involucrados en los mismos señalamientos que ya no gozan de inmunidad. Ello, debido a que aún se encuentra en impugnación la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que resolvió con lugar la recusación promovida por los representantes de la empresa TIGO en contra de la juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente”, indicaron en un comunicado de prensa.

“Es importante resaltar que la Sala de Apelaciones resolvió que no se probó la causal de recusación; sin embargo por “sanidad procesal”, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal a cargo del Juez Víctor Manuel Cruz Rivera”, añadieron.

Por último, remarcaron que “Los representantes de la empresa de telecomunicaciones han realizado numerosas peticiones como si fuesen sujetos procesales. No obstante mediante acción constitucional de amparo promovida contra las diligencias de allanamiento realizadas en noviembre de 2017 a las oficinas de la entidad, el Tribunal constitucional únicamente les reconoció su calidad de interesados. Es decir, que sin tener la calidad de sujeto procesal, han promovido una serie de impugnaciones, así como tres denuncias penales contra fiscales del caso, incluso, han requerido la separación del personal de la FECI del proceso”.

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[chronos]

Iniciado por Soy502

Galdámez y diputados habrían comprado carros con sobornos

Por Gustavo E. Méndez

Luego de que las autoridades revelaran un nuevo caso de corrupción que involucra a la exvicepresidenta Roxana Baldetti con la entrega de sobornos en efectivo a diputados para la aprobación de leyes y compra de votos, más detalles surgen sobre las denominados pagos conocidos en la investigación como las "champurradas".

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se movilizaron más de 50 millones de quetzales en las oficinas de la Vicepresidencia para pagar bimensualmente a diputados del extinto Partido Patriota (PP) entre 25 y 50 mil quetzales.

Luego de que los diputados recibieran el dinero de los "Jefes de Línea" o "Brochas", al menos cuatro parlamentarios realizaron compras de varios vehículos de forma sospechosa, con dinero en efectivo y cheques, según el MP. Uno de los casos que se evidencian en la investigación es el del propio diputado Estuardo Galdámez y candidato a la presidencia por el partido oficial.

Los carros

Galdámez habría comprado tres autos entre el 27 y 30 de noviembre de 2012, el MP no especifica modelo o tipo de auto. Sin embargo, las investigaciones detallan que Juan José Porras Castillo en adquirió dos carros en 2015, uno marca BMW y un Porsche Macam, desembolsando 538 mil quetzales.

Por otra parte, la fiscalía evidencia compras anómalas en 2013 por parte de la diputada Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro, quien adquirió un vehículo tipo camioneta la cual canceló con un cheque a un monto de 237 mil 699.93 quetzales con el argumento de que los fondos provenían del salario de su esposo, quien en ese entonces era el alcalde de Santa Catarina Pinula.

Mientras que Marco Antonio Orozco Arriola en 2012 adquirió un vehículo de 307 mil quetzales el cual pagó en efectivo y en la agencia confirmó en su ocupación ser médico.

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[rodl74]

cada vez queda mas en evidencia que el congreso solo sirve para crear leyes a favor de los empresaurios y para beneficio de la clase politica, ni siquiera les pasa por la mente favorecer a los demas guatemaltecos

[rio63]

Iniciado por chronos

Lo mas seguro es que el ministro que puso el Jimy, va a renunciar para poder limpiar su nombre, de todas estas calumnias . Donde están esos es que exigían que la Thelma venga a qui para que le quiebren el culo,que se vengan a desgarrar las vestiduras para que ese pizado renuncie y se someta a la justicia .

[chronos]

Iniciado por Soy502

Edgar Cristiani, el exdiputado del PP que delató a sus compañeros

Por José David López

El nuevo caso de corrupción por decenas de sobornos a distintos diputados durante el gobierno del Partido Patriota cuenta con el testimonio de uno de ellos para incriminarlos.

Se trata de Edgar Cristiani, quien fue uno de los diputados con más influencia de la bancada oficial antes de ser capturado por solicitud del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Cristiani se encuentra implicado en otros dos casos de corrupción y no solo en este reciente. En el primero se le acusa de contratar plazas fantasma dentro del Congreso y el segundo, también, es por el mismo señalamiento pero en el Registro de Información Catastral (RIC).

La declaración testimonial de este excongresista figura dentro de las solicitudes de antejuicio contra ocho diputados y el ministro de Economía, Acisclo Valladares.

El MP y la CICIG también cuenta con los testimonios de agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), declaraciones de asistentes de Roxana Baldetti, chats extraídos del teléfono de la entonces vicepresidenta, facturas, fotografías y otros documentos financieros.

De acuerdo con esta investigación, los diputados recibieron sobornos llamados "champurradas" que equivalían a 50 mil quetzales mensuales a cambio de aprobar la Ley de Telecomunicaciones que beneficiaba al sector telefónico.

Ese dinero también sirvió para que los diputados eligieran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de Salas de Apelaciones, funcionarios que actualmente ejercen sus cargos. De igual forma, se logró elegir en ese entonces al jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos.

La coimas eran coordinadas por Baldetti. Ella entregaba ese dinero a diputados llamados "Jefes de Línea" o "Brochas", quienes a la vez repartían el dinero con otros parlamentarios, de acuerdo con la CICIG. Uno de esos Jefes de Línea era el mismo Cristiani.

[Archiboy]

Ojala delaten tambien cuanto recibieron de los duenos de bancos a cambio de engabetar la ley de tarjetas de credito;

Segun voces ocultas dicen que fue mas de un millon de quetzales por cabeza por tal macabro acto

[chronos]

Iniciado por nomada

Las champurradas de la red Tigo-Baldetti, y los obstáculos de CICIG-FECI para acusar a la telefónica

La investigación revela cómo la telefónica compró a Roxana Baldetti y los diputados del PP entre 2012 y 2015. El caso alcanza al ministro Acisclo Valladares, al candidato Estuardo Galdámez (FCN), y muestra cómo tres magistrados –Dubón, Chávez y Casasola– están obstaculizando el caso.

POR JODY GARCÍA

1. La red Baldetti-Tigo

En abril de 2014, hace cinco años, en el apogeo del poder de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en el Congreso se aprobó una de las leyes con dedicatorias más explícitas. De un día a otro hicieron una tregua entre PP y Líder y, bajo las órdenes de la Vicepresidencia, con el apoyo de otros partidos minoritarios como CREO, Encuentro por Guatemala, UCN y Todos, se aprobó una ley para que Tigo pudiera instalar antenas telefónicas en todo el país, sin contrapesos municipales, y sin capacidad de sus rivales Claro y Movistar de competir.

La FECI y la CICIG encontraron –con base en emails, chats, fotos, testimonios de guardaespaldas, asesores, diputados y compra de vehículos en efectivo– que entre el 2012 y el 2015, Tigo y Baldetti controlaron la bancada del Partido Patriota con la promesa de un sobresueldo bimestral de Q50 mil (US$6,500), casi el doble de sus sueldos como diputados. El dinero, según la investigación, salía de Tigo por órdenes de los gerentes Luis Valladares y Acisclo Valladares, excomisionado presidencial de Competitividad y ministro de Economía desde el final del gobierno Otto Pérez Molina, y mantenido y ascendido por los presidentes Alejandro Maldonado Aguirre y Jimmy Morales.

Los sobornos de Tigo y la Vicepresidencia para los diputados patriotas tenían una palabra clave en la jerga de la red criminal: ‘champurradas’. De acuerdo con la investigación, Tigo entregaba el dinero en maletas azules a los guardaespaldas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), quienes firmaban una hoja de recibido, que luego lo transportaban a la casa de la exvicepresidenta en la zona 10. Allí sus empleadas del hogar enviaban fotografías a Baldetti para que después lo recogieran sus asistentes y lo trasladaran a la Casa Presidencial para ser distribuído en sobres y bolsas a los diputados a cambio de que siguieran sus instrucciones.

Allí intervenían los sublíderes de bancada del Partido Patriota, quienes eran llamados ‘jefes de línea’ o ‘brochas’, y tenían a su cargo grupos de entre 8 y 9 legisladores. Su labor era trasladar a sus colegas las instrucciones de la Vicepresidencia para votar, entrar o salir del hemiciclo y repartirles los sobornos de Tigo, las champurradas.

Los jefes de línea eran Estuardo Galdámez, actual candidato a presidente por el partido gubernamental FCN-Nación, Juan José Porras (Viva), Gustavo Medrano (unionista), Haroldo Quej (UNE), Mirma de Coro y varios que ahora son parte de la alianza PAN-Podemos, de Roberto Arzú: Boris España, Marco Antonio Orozco y el exdiputado Valentín Gramajo. También figuran otros exdiputados Marvin Sagastume, Aleksánder Castillo, Gudy Rivera, Edgar Cristiani, Emilenne Mazariegos, Manuel García Chutá y Gustavo Echeverría (QEPD).

El dominio de Baldetti sobre la bancada era posible gracias a champurradas.

La subordinación se mantuvo a lo largo del Gobierno del Partido Patriota a través de al menos 38 reuniones en el Hotel Intercontinental, el Club Guatemala y la Casa Presidencial, donde la vicepresidenta giraba las instrucciones y los congresistas esperaban que ella los ungiera para ocupar un puesto importante.

Las fotografías de chats de Whatsapp extraídos del teléfono de Baldetti, evidencian que incluso acudían a ella para ser nombrados en la Junta Directiva.

Una de las leyes que fue aprobada a través de ese sistema fue la de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, más conocida como Ley Tigo.

Los hallazgos de la investigación apuntan a que la primera parte del nombre de la ley fue la fachada para evitar el escrutinio público y que el fin era sobre todo, beneficiar a la empresa de Mario López, principal accionista de Tigo, con quien Pérez Molina y Baldetti a menudo desayunaban. De hecho, después de la orden de captura contra el entonces presidente, fue el empresario Mario López quien salió en su auxilio.

“La actuación de agentes privados en contubernio con funcionarios públicos convirtieron al Congreso en un tramitador de intereses corruptos. Al punto que los legisladores ni siquiera leían las iniciativas de Ley que proponían, pero que su trámite les significaría un beneficio (soborno)”, señala la investigación de FECI-MP y CICIG.

Los emails encontrados muestran que la iniciativa de ley fue enviada antes a los gerentes de Tigo, Luis Valladares y Acisclo Valladares, para su aprobación. Y los testimonios recogen que Acisclo Valladares somató en una ocasión una mesa de reuniones en la Vicepresidencia exclamando: “No pagamos Q10 millones por nada”.

2. Por qué Tigo tiene la mejor señal

Interrumpir la señal en las cárceles como una medida para prevenir las extorsiones nunca fue el objetivo real. Era la fachada para que la ley fuera aprobada sin cuestionamientos mediáticos porque serviría para bloquear el uso de celulares en las cárceles.

El objetivo real era que Tigo ampliara su infraestructura para la transmisión de datos y que pudiera instalar antenas, postes, fibra óptica y cableado en terrenos públicos y privados sin autorizaciones municipales ni trámites en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). La ley, de hecho, enviaba a la cárcel a quienes se opusieran a la instalación de las antenas.

La ley fue tan agresiva que si un funcionario público o municipalidad se oponía a la instalación, podía enfrentarse a multas de hasta Q25 mil y prisión de uno a tres años. Una persona particular podía pasar hasta los ochos años de cárcel por el delito de obstaculización a la instalación y mantenimiento de equipo de telefonía. Un caso se concretó en Quetzaltenango, donde dos mujeres de 57 y 63 años, fueron capturadas al protestar por la instalación de una antena cerca de sus viviendas.

El cabildeo para la aprobación de esta ley lo hicieron Acisclo Valladares y Luis Valladares, en la Casa Presidencial. Según la declaración de una asesora del diputado Juan José Porras, el 8 de abril de 2014, se reunieron en una oficina contigua al despacho de Baldetti tres representantes de Tigo y Ernesto Herrera, asesor legislativo de Baldetti y diputado al Parlacen por el PP.

La investigación apunta a que fue Acisclo Valladares quién pidió que en el proyecto de ley se incluyera el bloqueo de las señal en las cárceles, para generar apoyo a la ley en la población. Minutos antes de que iniciara la sesión en la que se aprobó, el resto de diputados que votarían a favor, recibieron el documento con el título de la ley cambiado.

Los beneficios para la empresa fueron que el mismo día de la aprobación de la ley presentaran en la Superintendencia de Telecomunicaciones 33 expedientes para la instalación de postes y cables. La autorización les llegó dos semanas después. Durante casi dos años de vigencia de la ley, el 91% de los permisos que la SIT emitió para la instalación de cable y fibra óptica fueron para Tigo y sus empresas. También el 79% de las autorizaciones para instalar postes y el 98% de los requerimientos para instalar antenas.

La buena racha para Tigo terminó el marzo de 2016, cuando la Corte de Constitucionalidad declaró que varias partes de la ley violaban la Constitución.

Esta es solo una de las ramas a las que puede extenderse este caso. La investigación se ampliará al posible lavado del dinero producto del sobresueldo. Por ejemplo, el MP y la CICIG documentaron que en 2015, el diputado Juan José Porras, también expresidente de la Cámara de Industria, compró un BMW y un Porsche que pagó con un solo desembolso de dinero; Estuardo Galdámez, en tres días de noviembre de 2012 adquirió tres vehículos; Mirma Figueroa de Coro compró un carro Toyota con un solo cheque por Q237 mil, al igual que Marco Orozco, que pagó un automóvil con Q307 mil en efectivo.

Los sobornos como sobresueldos no alcanzaron solo para esta ley de 2014. La investigación de la CICIG y la FECI-MP apunta que también se dieron desde la Vicepresidencia las instrucciones para votar por los magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, de un listado definido previamente por Manuel Baldizón, del partido Líder, y Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota. También fue así la votación para elegir a Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas. Mencos es ahora candidato a diputado por la UNE y su delegado en la Contraloría es quien frenó la inscripción de Juan Francisco Foppa, exfiscal y exjefe de la SAT, y de Thelma Aldana, exjefa del Ministerio Público.

No obstante, hubo más leyes que beneficiaron a Tigo por parte del PP.

El 20 de noviembre de 2012, PP y Líder, junto a Todos –de Felipe Alejos– aprobaron la prórroga de las frecuencias radioeléctricas por 25 años, sin pagarle un solo centavo al Estado por usarlas.

Telefonía, radios, televisiones, todos podrían usar esos bienes públicos gratis. Según dijo entonces Orlando Blanco, diputado de la UNE (que se opuso a la ley), los archienemigos de PP, Líder y Todos se habían puesto de acuerdo por cabildeo de Tigo.

Tigo logró también, gracias a la oposición del PP y Líder primero y el favor de la UNE de Sandra Torres después, que en 2010 no aprobaran un impuesto a la telefonía.

Además de su veto legislativo de 2010 y su control sobre el Congreso entre 2012 y 2015, hay otras victorias. En los años 80, cuando se abrió el mercado de telecomunicaciones, el entonces ministro de Comunicaciones, Mario López, se convirtió en accionista de Comcel-Tigo. Entre 2000 y 2003, se quiso asegurar un espacio privilegiado para competir con sus rivales de Claro y Bell-South (luego Telefónica), e hizo varios cheques al expresidente Alfonso Portillo, quien les adjudicó una banda específica.

3. ¿Por qué no hay capturas?

Tigo no es una empresa más en Guatemala. Controla el 43% del mercado de telefonía e internet y su principal accionista, Mario López Estrada, es el primer billonario centroamericano según la revista Forbes. Tigo es, probablemente, la empresa que más control ejerce sobre el Estado de Guatemala.

Pero no solo sobre los políticos o el Gobierno. Dos exempleados suyos –desde la Fundación y la Gremial– son candidatos a vicepresidente de los dos partidos que dominarán la reelección de magistrados en octubre de este año: la UNE y Todos.

Así, Tigo parece contar con suficiente influencia entre jueces oscuros –empoderados por la alianza presidencial y empresarial contra la CICIG– para evitar capturas en contra de sus dirigentes.

En este caso no se giraron órdenes de captura porque Tigo ha bloqueado la investigación de varias formas desde que allanaron sus oficinas en 2017.

La primera fue presentar un recurso para separar del caso a Silvia Morales, jueza Novena del Ramo Penal. Pese a que Tigo no era parte del expediente, logró que tres magistrados, Gustavo Dubón, Robaldo Isaías Chávez y Eduardo Gálvez Casasola, rechazaron el recurso pero de igual manera cambiaran el caso de Juzgado. Trasladaron el caso al Juzgado Décimo, a cargo de Víctor Cruz, el mismo juez que hace unas semanas emitió una orden de captura en contra de Thelma Aldana, ex Fiscal General, pese a que el Ministerio Público no requirió que fuera detenida.

Los abogados de Tigo también intentaron minar la investigación en la sede del MP, con tres denuncias en contra de los fiscales del caso, incluida una contra todo el personal de la FECI.

Se pidió a la gerencia de Tigo su opinión sobre este caso, pero no respondieron al requerimiento de entrevista. Se pidió también una opinión al ministro Acisclo Valladares, pero no respondió. FCN publicó que se trata de una conspiración en su contra.

La fiscal general, Consuelo Porras, ha sido ambivalente. Por una parte mantuvo el caso a cargo de la FECI a pesar de las objeciones de Tigo, pero por otra parte, Sonia Pérez, corresponsal de AP, tuiteó en su cuenta personal que el caso estaba listo en el despacho de Consuelo Porras desde enero de 2019, hace cuatro meses.

Ahora quedará por ver cómo actúa en este caso la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, electa en 2014 gracias a los sobornos –las champurradas– que le pagó Tigo a los diputados de PP-Líder que los eligieron.

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Las champurradas de Tigo

Por Haroldo Shetemul

Dos hechos evidencian la captura del Estado y la utilización aberrante de la legislación para procurarse impunidad. El primero se refiere al contubernio entre Roxana Baldetti y Tigo para aprobar una ley acorde a sus intereses. A tal nivel de poder llegó esa empresa que uno de sus gerentes, Acisclo Valladares Urruela, también funcionario de gobierno, podía somatar la mesa a Baldetti cuando algo no le parecía. El gobierno estaba a los pies del empresario Mario López por Q10 millones que sirvieron para comprar votos de diputados. Las pesquisas de la Cicig y el MP revelaron que ya no se trataba solo de la corrupción propiciada por el Partido Patriota, sino que se extendía a diputados de la mayoría de partidos políticos, entre ellos el ahora candidato presidencial Estuardo Galdámez, del oficialista FCN-Nación. Según las investigaciones, este parlamentario era uno de los “jefes de línea” o “brochas” encargado de repartir la “champurrada” de Q50 mil bimensuales a cada diputado.

Ese negocio turbio fue una burla porque la ley tenía intereses ocultos. Baldetti y diputados permitían a los gerentes de Tigo meterle mano a la iniciativa de ley, la cual fue aprobada sin cambios porque muchos legisladores ni siquiera la leyeron antes de levantar la mano. Frente a la población esa normativa fue presentada como beneficiosa porque bloqueaba la señal de celulares en las cárceles para combatir las extorsiones. Todo era una farsa porque la ley le permitió a Tigo ampliar su infraestructura, así como instalar antenas, postes, fibra óptica y cables en propiedades públicas y privadas. De esta manera Baldetti y los diputados se convirtieron en tramitadores de intereses corruptos, algo que continúa en la actualidad.

El segundo hecho ocurrido esta semana es la aberración que está cometiendo Sandra Torres, presidenciable de la UNE, que atenta contra la libertad de expresión, al denunciar por femicidio a seis editores del diario elPeriódico. Esa demanda fue rechazada por una jueza, por considerar que se encuadra en la Ley de Emisión del Pensamiento. Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones resolvió a favor de Torres, con lo que el medio no puede escribir sobre esa candidata. Esta acción vergonzosa de Torres la retrata como intolerante a la crítica, tal como lo hizo durante el gobierno de su exesposo. Esta mordaza a la prensa no podemos permitirla porque demuestra la cooptación del Organismo Judicial y ataca uno de los principios fundamentales del Estado: la libertad de expresión.

ACLARACIÓN: La magistrada de la Corte de Constitucionalidad Dina Josefina Ochoa Escribá envió una aclaración a Prensa Libre sobre mi columna Rendir pleitesía al capo, que escribí en torno a la asistencia de funcionarios en un almuerzo con el excandidato Mario Estrada en Jalapa, cuando me referí a lo siguiente: “en particular sobresale la presencia de una magistrada que fue presidenta de la Corte de Constitucionalidad y que tiene fuertes vínculos con el gobierno actual”. En la columna nunca mencioné el nombre de la magistrada, pero ella se sintió aludida, por lo que en cumplimiento del artículo 41 de la Ley de Emisión del Pensamiento, sobre que “las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones no podrán exceder del doble de la extensión de la publicación a que se refiere”, publico lo conducente de la carta de la magistrada Ochoa Escribá: “La afirmación del columnista de opinión deviene de un señalamiento que fue publicado el domingo 28 de abril del año en curso en la sección “elPeladero” del diario elPeriódico en el que falsamente señalan que estuve presente en la reunión multicitada. En esos términos, al igual que lo hice en el derecho de respuesta que formulé sobre esa publicación, de nueva cuenta rechazo categóricamente el señalamiento formulado en el artículo de opinión en referencia”.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Seis diputados acusados por caso de Ley Tigo quedarán sin inmunidad en 2020

POR HEDY QUINO
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Seis de siete diputados que fueron señalados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG de aprobar la normativa conocida como Ley Tigo a cambio de sobornos, podrían enfrentar la justicia el próximo año, pues quedarán sin inmunidad al no continuar en el Congreso.

Se trata de Estuardo Galdámez, FCN-Nación; Juan José Porras, ViVa; Mirma Magnolia Figueroa, Podemos; Marco Antonio Orozco, Podemos; Haroldo Quej, UNE y Gustavo Medrano, Unionista, quienes enfrentan una solicitud de antejuicio por ese caso.

Sin el derecho de antejuicio que perderán el próximo año, los parlamentarios podrían ser investigados, a excepción de Boris España, quien también es acusado por ese caso, pero continuará con inmunidad, pues logró su reelección con el partido TODOS.

Los diputados son acusados por el MP y la CICIG de posiblemente incurrir en los delitos de asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Caso Tigo: Dan trámite a antejuicios contra Valladares, Galdámez y 5 diputados

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a las solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares, el expresidenciable de FCN-Nación, Estuardo Galdámez y cinco diputados más, involucrados en el caso Tigo.

Además, la CSJ aceptó dar trámite a las solicitudes presentadas en contra de los diputados: Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Medrano y Marco Antonio Orozco.

La solicitud de antejuicio contra el ministro Acisclo Valladares es por asociación ilícita y cohecho activo mientras que contra Galdámez y los diputados Porras, España y Orozco es por los delitos de: asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, y lavado de dinero u otros activos.

La solicitud contra los congresistas Gustavo Medrano y Haroldo Quej Chen se interpuso por los delitos de: asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.

El vocero del Organismo Judicial (OJ), Mario Siekavizza indica que en el caso de la diputada Mirma Figueroa, el antejuicio aún no ha llegado a la CSJ, por lo que aún no hay pronunciamiento de esa instancia.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Congreso sin recibir antejuicio de ministro Acisclo Valladares

POR HEDY QUINO
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El Congreso de la República aún no ha sido notificado por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares, por su posible vinculación al caso de corrupción conocido como la Ley Tigo, luego de que ayer esa Corte le diera trámite al expediente.

Al ingresar dicha notificación al Legislativo, la Comisión Permanente del Congreso, la cual está integrada por miembros de la Junta Directiva, deberá elegir a tres de sus representantes para que conozcan el antejuicio, esto por encontrarse en receso el Congreso.

De acuerdo con la Ley en Materia de Antejuicio, cuando el Legislativo se encuentra en período extraordinario –receso– los tres diputados que designe la Permanente serán los que conformen la Comisión Pesquisidora de Valladares, y serán ellos los que emitan un informe al Pleno, en el que recomendarán si es pertinente o no el retiro de antejuicio al funcionario.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

MP ratifica la solicitud de antejuicio en contra del diputado Gustavo Medrano

Mientras se ratificaba la solicitud de antejuicio en contra del parlamentario Gustavo Medrano, también trascendió que la Fiscalía General rechazó dos solicitudes presentadas por el ministro de Economía, Acisclo Valladares, que buscaba dejar fuera del caso Subordinación del Organismo Legislativo a la FECI.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Pesquisidora protege a Acisclo Valladares de investigación por Caso Tigo

POR HEDY QUINO
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La Comisión Pesquisidora del ministro de Economía Acisclo Valladares, por unanimidad, decidió recomendarle al pleno de diputados del Congreso no quitarle la inmunidad al funcionario, para que fuera investigado por el Ministerio Público y determinar su posible participación en el Caso Tigo.

Los pesquisidores Aníbal Rojas, Juan Manuel Giordano y Flor de María Chajón, en su informe circunstanciado resolvieron: “Recomienda al Pleno del Congreso de la República que se declare no ha lugar a formación de causa, por lo que procede trasladar al Pleno del Congreso de la Republica el expediente de Antejuicio número 158-2019 y el informe circunstanciado para que en una sesión ordinaria correspondiente, se proceda a su discusión”.

Según los diputados, la solicitud de antejuicio que hizo el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “tiene carácter espurio, político e ilegítimo”.

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Iniciado por La Hora

Galdámez se ausenta en citación por Caso Tigo

Por Cristian Velix
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El diputado Estuardo Galdámez no se presentó esta mañana para entregar sus pruebas de descargo por la solicitud de retiro de antejuicio en su contra, por su posible implicación en los hechos investigados en el Caso Tigo.

En ese contexto, el congresista presentó una excusa para ausentarse a la citación en la Sala Segunda de Mayor Riesgo, remitiendo un certificado médico en el que aducía tener problemas estomacales.

Ante esa situación, el magistrado de ese órgano jurisdiccional, Santos Sajbochol, quien realiza las diligencias de posible levantamiento de inmunidad del parlamentario, deberá programar una nueva audiencia para que Galdámez desvirtúe los señalamientos en su contra por la mencionada carpeta judicial.

Por su parte, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ya ratificó, el 26 de julio pasado, que se le retire el antejuicio al actual legislador.

Esa unidad de investigación del Ministerio Público (MP) lo señala en este caso de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, violación a la Constitución, como también de cohecho pasivo.

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