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Antiguo 18-Nov-2015, 17:02   #1
chronos
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Exclamation El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años



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Iniciado por La Hora
El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años

Los guatemaltecos han pagado un alto costo para financiar al Estado que, por ley, tiene como principal objetivo garantizar el bienestar. En los últimos diez años el Estado de Guatemala ha manejado presupuestos por Q535 mil 898 millones; sin embargo, los indicadores apuntan a un aumento en la pobreza extrema, mientras que los avances en educación, salud e infraestructura son mínimos.

Para financiar los presupuestos estatales de la última década, según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), los guatemaltecos han pagado Q374 mil 505 millones en tributos y otros Q25 mil 207 millones a través de otro tipo de contribuciones.

Además, las finanzas se han comprometido, solo en diez años, con una deuda de Q74 mil 455 millones.

En suma, el Estado ha recibido Q474 mil 168 millones en diez años. ¿En dónde se encuentran esos recursos? ¿Qué ha pasado con el estado de bienestar que se ha financiado con el esfuerzo de los contribuyentes?

Expertos y analistas consultados consideran que el costo de la corrupción pesa cada vez más en el país y se evidencia directamente.

RETROCESOS O AVANCES MÍNIMOS

Las estadísticas del Minfin revelan que cada año los presupuestos se incrementan, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística no son alentadores en torno a la calidad de vida de los guatemaltecos.

Con un salario promedio de Q2 mil 200 mensuales, los guatemaltecos deben cubrir el costo de la Canasta Básica que ronda los Q5 mil y financiar a un Estado que no cumple con proporcionar los servicios de calidad que la población paga y que necesita para desarrollarse en la sociedad.

Servicios como el transporte público, carreteras, seguridad social, educación, salud y justicia tienen una asignación presupuestaria anual, que según analistas, es insuficiente con relación al Producto Interno Bruto (PIB), del país pero que además se pierde en un porcentaje a través de actos de corrupción, derivando en la mediocre o nula satisfacción de las necesidades de la población.

Según un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización no gubernamental internacional Oxfam, de Q70 mil millones aprobados como presupuesto para el año en curso, 20 mil millones estuvieron en riesgo de perderse en actos de corrupción.

Enrique Maldonado, economista del Icefi, comentó que aproximadamente un 29 por ciento de los recursos del Estado no están sujetos a una fiscalización efectiva, ni tampoco transparentados. El analista destacó los fondos manejados por Municipalidades y Consejos de Desarrollo, donde el secretismo (fideicomisos) y opacidad en la distribución del presupuesto facilita su pérdida por culpa de la corrupción.

Para Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, ese 29 por ciento de los recursos perdido en corrupción es un peso muy grande, que de ser evitado, podría traducirse en mejores indicadores en infraestructura, medicamentos, hospitales, educación y seguridad.

De la misma manera, al continuar el desvío ilícito de los fondos, la calidad de los servicios cae en picada.

En las últimas semanas varios hospitales cesaron actividades por falta de insumos, debido a que el Minfin no ha cumplido con las cuotas financieras correspondientes. En este contexto, Mariano Rayo, ministro de Salud Pública, hizo una denuncia pública sobre el hallazgo de 23 estructuras paralelas en la cartera de Salud, que obtenían fondos a través de plazas duplicadas.

Los fondos más difíciles de transparentar, según el economista Enrique Maldonado, son los invertidos en la compra de medicinas e insumos médicos, y en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) tiene el trabajo de auditar todas las transacciones, pero según Maldonado “ha sido la gran ausente”, desde los escándalos de corrupción en el que surgieron el pasado abril como producto de las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad.

Actualmente es la fiscalía quien investiga los casos de corrupción que la CGC debiera identificar. Esto pasa porque las investigaciones de la CGC no van a donde se encuentran los verdaderos problemas de corrupción”, dijo.

Sin embargo, la impunidad es un obstáculo no superado del todo por el MP. Un estudio realizado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), reveló que solo el 20 por ciento de las denuncias interpuestas en la Fiscalía contra la Corrupción prosperaron entre 2012 y 2014. En el otro 80 por ciento de los casos se dictaron absoluciones o los casos dejaron de investigarse.

DEUDA SIN RESULTADOS VISIBLES

Desde el 2006 Guatemala ha contraído una deuda total de Q74 mil 455 millones para financiar el funcionamiento del Estado, la mayor parte de este monto fue adquirido como préstamo de diferentes bancos internacionales.

Para el economista Enrique Maldonado, Guatemala está cerca de alcanzar la capacidad máxima de adquirir deuda y las entidades internacionales ya no darán más crédito a Guatemala hasta que el país presente una agenda de transparencia creíble y verificable.

Para completar el presupuesto de este año, el 85 por ciento de la deuda será adquirida en emisión de bonos en el mercado nacional, los cuales son más caros y a menor plazo de pago que los bonos internacionales.

Según los expertos en economía, por cada Q1 que se tenga como fondos públicos se puede adquirir Q2.5 de deuda pública. En este momento, Guatemala debe Q2.40 por cada quetzal que tiene, lo que significa que el margen del límite de crédito de la tarjeta de crédito del país ya está casi topado.

LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS NEGOCIOS

Los presupuestos han contemplado fuertes inversiones en infraestructura a través del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera –conocido como Listado Geográfico de Obras–, que en los últimos diez años ha tenido asignados Q132 mil 501 millones.

Sin embargo, la calidad en el gasto público está fuertemente relacionada a la transparencia, menciona el economista Maldonado. “El país ha retrocedido en términos de labores de infraestructura, por ejemplo la densidad de kilómetros de carreteras no es acorde al indicador del PIB per cápita del país, y el déficit habitacional va en aumento año con año”, indicó.

En 2011 existía un déficit cercano a 1.6 millones de viviendas en el país, y según la Asociación Centroamericana de la Vivienda (Acenvi), aproximadamente 1 millón 600 mil residencias ponen en riesgo a sus habitantes al no estar construidas adecuadamente.

Para Joram Gil, presidente del Colegio de Ingenieros, la corrupción en los LGO está en la mala calidad de las obras y en las construcciones sobrevaloradas. “Las construcciones se hacen, pero vemos las calles llenas de baches y paredes agrietadas al poco tiempo de ser construidas”, comenta Gil.

Según Gil, esto sucede por no tener estándares de calidad, ni una correcta supervisión de las obras. Un claro ejemplo para el ingeniero es el de casas construidas en San Marcos, luego de un fuerte sismo hace unos años. “La mayoría de esas casas ya presenta algún fallo y lo mismo puede suceder en las viviendas que entregarán a las víctimas del Cambray, es necesaria una estricta supervisión”, acotó.

Otro problema en la calidad de las obras construidas para el Estado, es que muchas veces son sobrevaloradas. “Deben existir estándares en la obra pública y privada, el Ministerio de Comunicaciones debe velar porque se cumplan estas normativas”, dijo.

Para el ingeniero, también hay mucho trabajo que hacer para fortalecer a la Contraloría General de Cuentas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Ambos analistas destacaron, desde sus especialidades, la importancia de la fiscalización y de la implementación de políticas de transparencia.

Maldonado advirtió que no se debe satanizar la administración pública pensando que solo lo privado funciona. Para ilustrar su opinión mencionó el caso de Chile, un país considerado ejemplo de libre mercado, pero con un Estado fuerte que regula su economía.

LAS SOLUCIONES

Según Enrique Maldonado existen dos tareas pendientes para que los guatemaltecos obtengan resultados visibles respecto a la mejora de la infraestructura del país. Estas son: la mejora del presupuesto con relación al PIB, y la formulación de un plan serio para lograr transparentar procesos que incluya el fortalecimiento de la CGC y la reevaluación de beneficios fiscales.

Para conseguirlos es esencial que las personas recuperen la confianza en el sistema tributario y que la banca internacional dé crédito al país nuevamente. Además es necesario un aumento del presupuesto y una mejor fiscalización para combatir la corrupción.

Maldonado recomienda fortalecer la legislación para que la Contraloría pueda auditar fideicomisos públicos y eliminar el secreto bancario cuando sea solicitado por un ente competente con fines de investigación.

Para el analista Jorge Santos, la disminución de la corrupción podría iniciar por mejorar los recursos con los que cuentan las entidades de investigación y fiscalización del país. El activista citó los ejemplos de Colombia y Uruguay, donde impuestos temporales fueron implementados para mejorar la fiscalización y justicia, tal como propuso Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En Colombia, cuando se alcanzó la estadística de 70 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, el Estado pidió recursos extraordinarios para combatir el crimen y los índices mejoraron drásticamente.

En Uruguay se implementó un impuesto por transacciones que superaran cierto monto; y esto además de ayudar con la recaudación, sirvió como una forma de control de movimientos monetarios sospechosos, tanto del dinero defraudado al Estado, como el obtenido por otros medios ilegales.

“No se pueden esperar servicios del primer mundo pagando impuestos del cuarto mundo”, agrega Santos.

DATOS

* Según un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización no gubernamental internacional Oxfam, de Q70 mil millones aprobados como presupuesto para el año en curso, 20 mil millones estuvieron en riesgo de perderse en actos de corrupción.

* Según cifras del Banco Mundial, en 2014 el PIB de Guatemala fue de Q444 mil 12 millones, mientras que el presupuesto de ese año tuvo un techo presupuestario de 66 mil 985 millones 400 mil.

* En 2011 existía un déficit cercano a 1.6 millones de viviendas en el país, y según la Asociación Centroamericana de la Vivienda (Acenvi), aproximadamente 1 millón 600 mil residencias ponen en riesgo a sus habitantes al no estar construidas adecuadamente.

* Un 29 por ciento de recursos públicos no están bien fiscalizados o transparentados. Especialmente en Municipalidades y Consejos de Desarrollo.
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"El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos términos", Tácito

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Antiguo 19-Nov-2015, 13:01   #2
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Respuesta: El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años



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Iniciado por elPeriodico
Desde 2012 la brecha fiscal alcanzó los Q10.6 millardos

En cuatro años la SAT ha incumplido las metas fiscales, este año tendría la mayor divergencia con las proyecciones iniciales.

Mientras en 2011 la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció que superó su meta de ingresos por Q1.5 millardos; los siguientes cuatro años han sido de gradas cada vez más profundas de superar. Si en estos últimos meses la tendencia se mantiene, el año cerrará con una brecha de Q4.7 millardos, según estiman las autoridades.

Desde 2012 se acumula una brecha superior a los Q10.6 millardos que la SAT ha dejado de recaudar por razones que van desde sobreestimación de los ingresos, diferencial cambiario, caída de los precios del petróleo y decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspenden total o parcialmente los cambios fiscales aprobados.

Según datos de la SAT, en 2012 la brecha fue de Q735 millones; en 2013 y 2014 los montos se elevan a Q2.77 y Q2.4 millardos. Más la elevada brecha de cierre que se espera para 2015 de Q4.7 millardos.

La administración que inició el Partido Patriota (PP) y que termina el gobierno de transición de Alejandro Maldonado, dejará un agujero en las finanzas públicas que casi equivale al pago del servicio de la deuda pública de un año y que sería dos veces el presupuesto que se destina al Ministerio de Salud.

Servicios precarios

La apuesta del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha sido la contención de gastos superfluos para cerrar las brechas presupuestarias. Adicionalmente, en 2014 el Congreso aprobó junto con el Presupuesto para 2015 una emisión extraordinaria de Q2.8 millardos de Bonos del Tesoro para el pago de deuda y nómina de los burócratas.

Erick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, comentó que el resultado de la gestión de estos cuatro años ha sido la constante precariedad de los servicios públicos esenciales como educación, salud y seguridad; y de la inversión en infraestructura, que limita el desarrollo productivo del país.

Para el exrepresentante del sector privado ante la Junta Monetaria Tulio García, la complicada situación en la que se encuentran las Finanzas se pudo prevenir con un manejo presupuestario razonable, es decir, con gastos transparentes en obras, planillas y compras.

Es una situación que afectó a la población y al sector productivo, resumió Coyoy, que no descarta una sorpresa en el Legislativo dada las condiciones en las que se encuentran las finanzas y que se necesitan Q1.1 millardos para el pago del servicio de la deuda.

Presupuestado para 2016

Servicio de la deuda: Q12.4 millardos.

Mineduc: Q12.8 millardos.

Salud: Q5.5 millardos.

Gobernación: Q4.6 millardos.

CIV: Q5 millardos.

Lorena Álvarez lalvarez@elperiodico.com.gt

Última edición por chronos; 19-Nov-2015 a las 13:05
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Antiguo 19-Nov-2015, 13:22   #3
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Respuesta: El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años

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Antiguo 18-Aug-2018, 08:56   #4
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Respuesta: El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años

El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años y pareceria que intento perdonar practicamente lo mismo

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Iniciado por Soy502
La piñata de Casa Presidencial: millones perdonados a morosos

Por Roberto Caubilla

Conocer cuántas multas y sus montos perdona el Presidente es toda una odisea. Y eso sin solicitar el nombre de los beneficiados, que va en contra de la Constitución.

Pese a los alardes de transparencia, las autoridades se excusan en que la Carta Magna prohíbe la revelación de documentos y archivos sobre pago de impuestos, tasas y contribuciones.

Así que este tema se convierte en todo un tabú con el que los mandatarios, desde la sombra, aprovechan a perdonar multas millonarias por pago de impuestos a sus amigos y conocidos, como si de una piñata se tratara, en la que varios esperan su turno.

De ahí que la única forma de conocer algunos casos sea a través de filtraciones. El último escándalo que se destapó fue en mayo de 2018 cuando Jimmy Morales autorizó perdonar 7.5 millones de quetzales a la empresa de seguridad Particular Elite S.A. que pertenece a un extrabajador de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

Pero este no es el único “premiado” del año. En el primer semestre, Morales exoneró 216 casos más y en total sumaron Q15.4 millones en multas perdonadas.

Después de una prórroga a una respuesta de información pública, una respuesta negativa, un recurso de revisión, un nuevo rechazo, una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, una nueva solicitud de información y una nueva prórroga, se puede confirmar que desde la administración de Álvaro Arzú se han perdonado desde Casa Presidencial al menos Q647.7 millones.

Y la cifra es aún mayor porque en la propia respuesta se informó de que se autorizaron 338 solicitudes sobre las que no hay información de los montos.

Berger, el rey del perdón

La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia señaló al expresidente Óscar Berger como el que más usó su facultad para perdonar multas. En total, entre 2004 y 2008 autorizó 2,554 solicitudes por un total de Q287 millones.

La mayoría se concentran en su último año antes de perder esa capacidad que le concede el artículo 183 inciso R de la Constitución.

Aunque cualquier ciudadano puede solicitar la exoneración al presidente de turno, Marvin Flores, de Acción Ciudadana, indicó que los mandatario usan este tipo de poder constitucional de manera subjetiva y sin evaluar los casos inclinándose hacia quienes le dieron su apoyo.

Cada presidente tendrá su propia inclinación hacia determinado sector por vínculos familiares, empresariales o temas de financiamiento. En el caso de Berger, tiene una vinculación directa con los grupos de poder que les apoyaron”, expresó.

Un dinero perdido

El economista Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, defendió que el tratamiento debería desaparecer porque afecta a los contribuyentes responsables.

Este tratamiento especial es algo que ya no debería existir y está en contra de los sistemas tributarios modernos; simplemente habría que eliminarlo porque no es un tratamiento general y produce efectos negativos sobre la moral tributaria”, indicó.

Medina compara el trato de favor con las épocas monárquicas. No obstante, consciente de las dificultades que supone una reforma constitucional, sugirió que debe ser el propio Jefe de Gobierno el que opte por no usarlo.

“Cuando la gente mira que le están perdonando multas a otros, se cuestiona seguir pagando sus impuestos.” Abelardo Medina, economista

El economista añadió que con ese dinero que no llegó al Estado se podría haber salvado a enfermos, mejorado la infraestructura o aumentado la calidad educativa.

Por ejemplo, ahora los médicos están pidiendo un aumento de salario que están evaluando. Hay un impacto muy severo, cuando perjudica directamente al Estado debería dejar de hacerse”, opinó.

Las exoneraciones

Para que un contribuyente pueda aplicar a la exoneración presidencial, primero debe incumplir una o varias obligaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Luego presenta la solicitud en la Secretaría General de la Presidencia dirigida al mandatario y le dan trámite.

La norma incluye perdón tanto para multas administrativas como para casos ya judicializados y las multas, normalmente, suelen triplicar el valor del impuesto no pagado.

Cabe recordar que la exoneración solo aplica para multas e intereses y que no siempre es total, sino que el presidente también puede aplicar un porcentaje de exoneración.

Fuentes internas de la SAT, que prefirieron mantenerse en el anonimato indicaron que la política de Gobierno para incentivar el cumplimiento tributario, desde 2016 optaron por aplicar para todas las solicitudes una exoneración del 50%.

No obstante eso también se aplicó para los casos que estaban judicializados y que incluyeron a allegados a la administración.

Períodos de amnistía

Los últimos siete presidentes del país aplicaron diferentes períodos de exoneración para que los contribuyentes se pongan al día con la autoridad tributaria.

Durante estos períodos, los contribuyentes morosos no enviaron sus solicitudes a Casa Presidencial y tuvieron la oportunidad para ponerse al día en la SAT.

El último proceso fue en 2017 y la SAT logró recaudar Q1.2 mil millones.

Ese mismo año fue el que el directorio de SAT removió a Juan Francisco Solórzano Foppa por no alcanzar la meta de recaudación. La brecha fue de 167 millones de quetzales, que hubiera sido menor si Jimmy Morales no hubiera perdonado Q20 millones ese año.
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Antiguo 17-Sep-2018, 09:16   #5
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Respuesta: El Estado recibió Q474 mil 168 millones en diez años



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Iniciado por Soy502
La deuda actual de Guatemala será pagada en 36 años

Por José Miguel Castañeda

Si el presidente Jimmy Morales hoy decidiera recortar gastos del Gobierno y que el Estado ya no adquirirá más deuda, y que esto lo continuaran las administraciones venideras, Guatemala terminaría de pagar su deuda en 2054.

Según los registros del Ministerio de Finanzas (Minfin), el Estado actualmente debe 141 mil 113 millones de quetzales. Según las proyección del Minfin, durante los próximos 36 años se tendría que pagar 209 mil 981 millones de quetzales para saldar la deuda actual.

(...)

Para el próximo año, el Minfin proyecta adquirir nueva deuda por 17 mil 881 millones de quetzales y ha destinado 13 mil 840 millones de quetzales para pagar los préstamos y bonos de años anteriores. Es decir, el Estado adquirirá más deuda de la que pagará.

Del monto total asignado para la deuda pública en el proyecto de presupuesto 2019, la mayoría está destinada para pagar intereses y comisiones.

De acuerdo a la propuesta presentada por el Minfin, 9 mil 455 millones serían para intereses y comisiones, lo que equivale al 68.32%; mientras que los 4 mil 384 millones de quetzales, 31.68%, estarían destinados para el capital de la deuda.

(...)
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