Firma de pactos colectivos comprometen al Estado

[chronos]

El gobierno no genera "operatividad" y mientras no cambie el esquema de la burocracia, nunca lo va a poder lograr ...

Iniciado por La Hora

Firma de pactos colectivos comprometen al Estado

POR VIRGINIA CONTRERAS
[email protected]

Según datos del Ministerio de Trabajo entre 1990 y 2013 se han aprobado 62 pactos colectivos laborales, los que según analistas perjudican al Estado, porque asume responsabilidades que no puede cumplir y debido a ello se recurre al endeudamiento para honrar estos compromisos laborales.

En febrero de 2013, el Ministerio de Trabajo notificó la certificación de la homologación del Pacto Colectivo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el cual estaba compuesto por más de 50 artículos, destacando obligaciones laborales, la dignificación, profesionalización y mejoras en la formación inicial de docentes del sector público.

Ese mismo año, también fue aprobado el convenio del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), siendo este tipo de beneficios nocivos para la gestión pública, de acuerdo a Enrique Maldonado, analista en temas económicos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, (Icefi), puesto que indica que dentro de esos gastos no se especifica cuánto le cuestan al Estado, ya que no se visibilizan en el presupuesto.

Maldonado indicó que estos convenios surgen porque las instituciones públicas no han tenido una adecuada política de absorción, reclutamiento y promoción de su recurso humano, como el caso del Mineduc, en donde el Estado está obligado a poder contratar un seguro de gastos y seguro de vida privado para los maestros, cuando ya existe el auxilio social y el auxilio póstumo. Añadió que han sido utilizados como un instrumento de chantaje político.

Mientras que Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) manifestó que ha existido abuso por parte de los trabajadores al pedir pactos, pero también, por parte de quien toma la decisión de otorgar beneficios en donde los más culpables son los funcionarios quienes los firman porque muchas veces se benefician ellos más que otros, tal es el caso del pacto de salud pública que incluye un reglamento de viáticos que significa que el ministro de esa cartera tiene US$200 diarios en ese tema más que otros ministros.

En marzo del año pasado, el presidente Otto Pérez Molina, exigía respeto a los pactos colectivos ante la petición de la entonces ministra de Finanzas María Castro, quien solicitaba que cesara el otorgamiento de los mismos, por considerarlos lesivos para el país. Sin embargo, este año Pérez Molina ante la creciente brecha fiscal y la falta de fondos en las arcas del erario nacional, prohibió la negociación de nuevos pactos colectivos entre los diferentes ministerios y los sindicatos de trabajadores.

[chepe GSR]

esta noticia no habia salido antes?

[ediondo69]

Pongan el Google: "Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala" y van a ver la clase de chusma que aparece. No me extraña que solo sean buenos para pedir pisto, huevonear y hacer desvergue.

Pactos colectivos sera la gran puta, que firmen los pactos colectivos los que pagamos impuestos. Parasitos a la mierda.

[chronos]

Iniciado por chepe GSR

esta noticia no habia salido antes?

Era una nota similar pero se limitaba al ministerio de salud; el estado no solamente esta hundido en la corrupcion, sino tambien en el clientelismo y el nepotismo.

El crecimiento exagerado del presupuesto, es necesario para cumplir estos pactos y lo mas lamentable es que gran parte de la burocracia no se beneficia de ellos.

[chronos]

Iniciado por S21

Salud podría quebrar por exigencias de sindicatos

“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no está en capacidad de cumplir con las demandas del sindicato, porque equivale a un monto de Q1,832.6 millones anuales, lo cual es insostenible y atenta contra el bienestar de la población”, afirmó el titular de la cartera Luis Enrique Monterroso.

Asimismo, asegura que actualmente tiene que decidir entre comprar vacunas con los Q100 millones que recientemente le fueron asignados, o pagar Q158 millones por deuda de bono de antigüedad que exige el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), cuyo secretario general es Luis Lara, del Frente Nacional de Lucha (FNL), que efectuó una protesta para pedir el cumplimiento de las demandas.

“Lo que piden tiene un costo muy elevado. El Ministerio de Salud Pública podría quebrar”, expresó el ministro.

Monterroso asegura que los bloqueos de carreteras, manifestaciones y toma de hospitales que promueven los dirigentes sindicales, aunque aseguran son para exigir una mejora de los servicios de salud y abastecimiento de medicinas, en el fondo se trata de presionar para que sean aceptadas sus peticiones.

“Un pacto que buscaba defender la reivindicación de los trabajadores se convierte en un lastre para la cartera” afirma el funcionario.

(...)

[ediondo69]

Iniciado por chronos

Ayyy mi pisto

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[chronos]

Iniciado por S21

Desvela ilegalidades en pactos colectivos

Fernando Quiñónez
[email protected]

El abogado laboralista Óscar Rivas Sánchez elaboró el estudio Lineamientos para la negociación colectiva en el sector público, a petición de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), en el que revela una serie de hechos ilícitos contenidos en varios pactos colectivos.

Entre ellos, mencionó que es común que en tales documentos se confunda quién es el empleador, que es el Estado, y no los ministerios u otras entidades, y quien ejerce la representación es el Procurador General de la Nación, quien no la ha delegado en esos funcionarios.

Agregó que en todos los casos existe un evidente conflicto de interés de los que negocian en representación del empleador, pues los beneficios que otorga este tipo de documentos, los reciben directamente.

Rivas añadió que en todos los pactos se comprometen recursos públicos sin sustento legal ni presupuestario, violando el artículo 240 de la Constitución, el cual ordena que antes de programar o comprometer gastos del Estado se debe indicar la fuente de financiamiento.

El abogado analizó algunos pactos en los cuales se presentan aspectos muy especiales. Citó que en el Ministerio de Salud hasta se limita la posibilidad de contratación de empresas que puedan prestar servicios específicos al ministerio, se establecen, entre otros, “un bono por antigüedad real”, un “incentivo por trabajo decente”.

En la cartera de Educación, “en el artículo 46 se extienden las prestaciones en salud a los familiares del trabajador, sin mencionar a qué familiares se refiere”.

En la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuyos beneficios los recibe desde el propio director hasta el empleado más bajo en el escalafón, reconoce como días de asueto el 26 de abril, Día de la Secretaria; el 17 de junio, Día del Padre; el 17 de julio, día de aniversario de STAC (uno de los sindicatos); el 4 de agosto, aniversario de USTAC (otro sindicato); 11 de septiembre, día de la Aviación Civil; y el día del cumpleaños del trabajador. Adicionalmente si algún trabajador (en esto también incluye al director) participa en una beca en el extranjero se debe pagar el boleto aéreo para él “y, de ser posible, para su esposa o conviviente”, así como los viáticos correspondientes.

Otras opiniones
No las comparten

El abogado y dirigente sindical David Morales al comentar el estudio refutó que no ha escuchado que algún funcionario haya sido obligado a firmar un pacto colectivo, pero sí quienes han salido en medios de comunicación descalificando el pacto que él mismo ha firmado.

Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico y Social (CES), expresó que este tema es de gran preocupación que está evidenciando una creciente confrontación en la sociedad, la cual viene gestándose desde hace algunos meses. Agregó que en el país no hay una carrera administrativa que asegure el empleo, los ascensos y los aumentos salariales.

[edwinquiran]

jkjksjksaj

Hasta ahora se dan cuenta ... mi suegro se jubiló como a los 50 años en el ministerio de educación, fue conserje y tiene mejor jubilación de la que yo podre optar en el igss y tengo que llegar a los 60 años de edad, trabajando y ganando bien.

[chronos]

El ministerio mas grande de Centroamerica, tambien sera el que tiene mayor cobertura educativa en la region ...

Iniciado por La Hora

Mineduc: 84.1% del Presupuesto se invierte en el Pacto Colectivo

POR VIRGINIA CONTRERAS
[email protected]

El 84.1% del presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) se invierte en el Pacto Colectivo, así lo dio a conocer el titular de esa cartera Rubén Alfonso Ramírez. Eso significa un gasto de más de Q10 mil millones de los Q12 mil millones 295 mil que comprende el presupuesto total de esa entidad.

De acuerdo con el Ministro, el pacto fue suscrito en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) en el 2013, con una validez de tres años, por lo que su fecha de caducidad se llevaría a cabo en diciembre de 2015. Añadió que la continuación del pacto aún no cuenta con resolución del Ministerio de Trabajo y señaló que se acatarán las instrucciones que éste indique.

Asimismo, aseguró que la entidad a la que representa cuenta con 150 mil 536 docentes y 10 mil 246 personas que laboran en el área administrativa enfatizando en que el Mineduc es el ministerio más grande de Centroamérica y por consiguiente, el más grande que posee el país.

Además, explicó que se necesita una ampliación del presupuesto a manera de tener Q20 millardos para cubrir no solo plazas, sino el eficaz funcionamiento del sistema educativo.

FIRMA DEL PACTO COLECTIVO

La homologación del pacto colectivo de Condiciones de Trabajo entre Mineduc y el STEG, fue firmada por la exministra de la cartera educativa, Cynthia del Águila y el representante de la organización magisterial, Joviel Acevedo, con la presencia de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2013.

Desde que entró en vigencia contó con beneficios basados en reajustes salariales proyectados al 8 por ciento para ese año, lo que representó unos Q200, un 10 por ciento para el 2014 y 12 por ciento para el presente año, igualmente compromisos para realizar procesos de capacitación, formación y evaluación docente.

PGN REVISA CONVENIOS

La semana pasada dio inicio el proceso de revisión de los pactos colectivos en la Procuraduría General de la Nación (PGN), en donde la titular de la institución, María Eugenia Villagrán, dijo que esa instancia examinará la viabilidad futura de los pactos, en virtud de la situación económica precaria que está atravesando el país, y mediante un análisis se determinará si el Estado podría, el próximo año, enfrentar todos los beneficios que han sido otorgados.

También, Villagrán señaló que reconocen que los trabajadores tienen derechos a mejoras salariales, pero también indicó “ellos deben tomar en cuenta la situación del país, por lo que se debe llegar a un consenso por medio del diálogo para renegociar nuevos pactos con los trabajadores y realizar un ajuste a las capacidades reales de las diferentes instituciones del Estado”.

Según datos del Ministerio de Trabajo entre 1990 y 2013 se han aprobado 62 pactos colectivos laborales.

[chronos]

Iniciado por S21

Beneficios de pacto colectivo iguales al 51% de salarios

Paolina Albani
[email protected]

Según documentación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la retribución a los empleados bajo los renglones 011, 021 y 022 por los beneficios del pacto colectivo equivale al 51% de la nómina anual del pago de los salarios de estos renglones, equivalente a Q433.35 millones.

Estas prestaciones se suman a otras contempladas en del rubro “Complementos y otros Bonos”, que equivalen al 104% del pago anual de salarios, Q878.07 millones (vea: Ingresos Adicionales).

El MSPAS cancela anualmente, según la información proporcionada por la oficina de Comunicación Social, Q839.02 millones de salarios a 21,334 empleados en dichos renglones. El presupuesto del 2015 del Ministerio es de Q5 mil 647 millones.

Aquí no se incluyen datos de los renglones presupuestarios 029, 031, 036 y el 081, por medio de los cuales hay contratadas 13,579 personas, ni personal del subgrupo 18, otros 17 mil trabajadores. Estos últimos y los del renglón 029 no gozan de los beneficios del acuerdo laboral.

PACTO CONDENABLE

Adrián Chávez, analista de salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), opinó que dicho pacto se puede considerar “condenable”.

“El gran problema es, qué tanto se puede juzgar con base en la cantidad de bonos que incluye, si se toma en cuenta que los salarios de los médicos no superan los Q4 mil. Se puede juzgar, de igual forma, que la mayoría del personal se encuentra bajo renglones de contratación donde no tienen ninguna garantía de que mañana van a tener trabajo o no, donde tampoco tienen prestaciones ni derecho a la Seguridad Social (IGSS). Si hay que condenar al sindicato, también hay que condenar al Estado guatemalteco”, afirmó el analista.

Chávez y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), consideran que se debe analizar quiénes lo suscribieron. El analista del CIEN agrega que el problema es que se aprobó sin un dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), que indicara si el Estado tenía capacidad económica para dichos pagos.

Luis Alpírez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), dijo “entender la crisis que atraviesa el Estado”, por lo que solo aspiran al pago de sus salarios y a la compra de los insumos para los hospitales.

Sin embargo, Flor Luna, del Hospital de Regional de Occidente, exigió el pago de dichos beneficios “porque se los han ganado”.

[Fullwave66]

parasitos, pero la prensa algo tiene en contra de el sindicato de salud publica, ya que en salud publica los trabajadores no cuentan ni con la mitad de los beneficios(a causa de extorsion) de los maestros, los maestros trabajan medio dia, ganan mucho mejor que el trabajador de salud, hacen sus huelgas, no cumplen con horarios ni dias de labores.

en cambio los trabajadores de salud por lo menos si salen a manifestar, algunos se quedan para atender en los centros de salud y hospitales, pero vean a las lacras de los maestros, huevos si se quedan algunos a dar clases, en fin es un el sindicato de salud publica.

pero las peores ratas y escorias son los del sindicado de educacion, no saben ni escribir, ni redactar, ni enseñar, pero para pedir sus aumentos y sus beneficios si son buenisimos, si no miremos como salen los niños ahora de primaria.

[chronos]

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Abogado de sindicato ganó Q14 millones por negociar Pacto Colectivo

La Contraloría General de Cuentas (CGC) evidenció el pago como un reparo, porque es un monto que no se puede cuantificar, ya que cambia de acuerdo con la nómina de trabajadores del Ministerio de Salud.

César Landino Franco López, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), recibió, entre febrero y julio de 2014, un pago por Q14 millones de la cartera de Salud en concepto de asesoría legal a los trabajadores, durante las negociaciones del Pacto Colectivo.

En una misiva enviada a Jorge Villavicencio, exministro de Salud, los sindicalistas explicaron al exfuncionario que, en las condiciones del Pacto Colectivo, que el mismo Franco López ayudó a negociar, quedó establecido que el Ministerio tenía que pagar el 97 por ciento del total de la asistencia legal.

Según la carta, el cálculo del monto por asesorar al sindicato sería del diez por ciento sobre el aumento anual de la nómina de trabajadores, es decir el monto que recibirá Franco López por sus servicios, está sujeta a los aumentos constantes autorizados en esa cartera, hasta que sea liquidado en su totalidad.

Hasta ahora, el pago asciende a Q24 millones 351 mil 968, de los cuales la cartera adeuda Q9.5 millones y el resto (tres por ciento de la deuda) lo cubrirán de su salario los 22 mil 669 trabajadores del Ministerio, aunque no todos son beneficiados por el Pacto Colectivo. Se intentó contactar al abogado Franco López, pero este no atendió la solicitud del elPeriódico.

(...)

Jorge Villavicencio, exministro de Salud declaró en la audiencia de ayer para anular algunos puntos del Pacto Colectivo, porque fue quien firmó con el Sindicato, en 2013, las nuevas condiciones laborales.

Villavicencio dijo que cuando el convenio se suscribió, no contaba con dictamen financiero del Ministerio de Finanzas para determinar si el Estado cuenta con los recursos económicos para cumplir con esas demandas laborales.

(...)

[setsuna]

La madre que pistal, esos de salud sólo les falta pedir que les paguen sin ir a trabajar.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Pactos Colectivos

Cada vez que se menciona un Pacto Colectivo del Estado nos viene de inmediato la idea de una negociación hecha con malas intenciones y disponiendo de recursos que, al ser públicos, son tratados sin el cuidado mínimo que requeriría de parte de los funcionarios de turno.

Es una vergüenza lo que se va sabiendo del Pacto Colectivo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como ha sido también lo que ya hemos sabido sobre el del Congreso de la República y el mayor de todos, el del magisterio.

El sentido original de dichos pactos era para garantizar la observancia a derechos y beneficios justos para una clase trabajadora. Realmente lo que se busca es que el ritmo de la economía no vuelva insuficiente el acuerdo de remuneración entre patronos y empleados, especialmente, de grandes operaciones como es el caso de los salubristas, los maestros y también en algunas actividades privadas en las que negociar uno por uno con los empleados se vuelve imposible.

Pero resulta que nuestros ya conocidos políticos se han dado a la tarea de utilizar los recursos del Estado con total desprecio para comprar la voluntad de quienes le pueden significar un falso apoyo en vez de un problema interno por oposición del sindicato.

Aquellas épocas en que los sindicalistas tuvieron que pelear para ganarse un espacio en Guatemala han quedado muy atrás y en el olvido cuando lo que tenemos ahora en su mayoría son chantajistas que se aprovechan en el servicio público y pactan con los corruptos que ejercen el poder.

Recordemos que muchas de estas plazas han sido utilizadas en el pasado como botín político para los activistas de los partidos que hacen proselitismo a favor de quienes resultan ganadores en las elecciones generales. Es así como se hizo también la tradición de que los diputados podían “pedir” plazas para sus allegados.

Esto que se ve como tradición es simplemente otro ejemplo de lo podrido que es el sistema electoral y de partidos políticos del país. Una muy buena parte de los Pactos Colectivos debe atribuirse a esas dos razones: Mantener “contenta” a una dirigencia chantajista y repartir los recursos del Estado a una “fuerza” electoral.

Lo que hemos oído de la irresponsabilidad con que se aprueban sin siguiera seguir los mínimos métodos técnicos de análisis y viabilidad financiera; la gestión de abogados y “líderes” que se ganan millones; y la complicidad de las autoridades al comprometer recursos que simplemente no alcanzarán, nos tiene que obligar a denunciar todos los Pactos Colectivos que se han firmado con el Estado de Guatemala.

[Guayo]

"Una muy buena parte de los Pactos Colectivos debe atribuirse a esas dos razones: Mantener “contenta” a una dirigencia chantajista y repartir los recursos del Estado a una “fuerza” electoral."

Es muy importante destacar esto, no se trata solo de ceder recursos y prerrogativas a cambio de mantener al magisterio, salubristas, etc. contentos y evitar huelgas y manifestaciones, hay otra contrapartida y es la del apoyo político, que puede ser electoral pero también para acuerpar al gobierno en coyunturas complicadas.

No podemos olvidar el servilismo de Joviel Acebedo, que no tuvo empacho en movilizar a los agremiados para respaldar a Otto Pérez Molina cuando se le señalaba de corrupción, o -por poner otro ejemplo- la arrastrada de la dirigencia de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina CONIC que hasta fue a visitar a Roxana Baldetti al hospital después del "harinazo" y apoyaron al binomio presidencial ante las acusaciones de corrupción.

En esto no hay que confundirse, no por ser sindicatos o coordinadoras campesinas hay defenderlos, no forman parte de ningún proyecto progresista, no defienden a la clase trabajadora y su dirigencia ya hace tiempo que vendió el alma -y todo lo demás- al diablo, importándole poco la sangría de valiosos recursos del Estado mientras puedan engrosar sus cuentas.

[chronos]

Iniciado por republica.gt

Vea los beneficios de tener una plaza en el Organismo Judicial

El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso genera malestar y múltiples reacciones de repudio, sin embargo, este no es el único convenio de este tipo que establece excelentes beneficios para los trabajadores.

Un pacto que no tiene nada que envidiarle al del Congreso de la República es el del Organismo Judicial, el cual, entre otras cosas, brinda condiciones para favorecer la compra de vivienda y un cuantioso seguro de vida para los familiares de los empleados.

(...)

[setsuna]

Esos del oj si son descarados

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Salud es condenado a pagar Q76 millones; autoridades esgrimen ilegalidades en fallo

POR KIMBERLY LÓPEZ
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En firme y sin opción legal para ser invalidada quedó la resolución del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual el Estado es obligado a cumplir una serie de peticiones planteadas por los trabajadores del Hospital General San Juan de Dios, pero que según el Ministerio de Salud transgreden varias leyes y comprometen Q76 millones de los recursos de la cartera.

(...)

AUMENTO PARA EMPLEADOS

La primera petición fue que para todo empleado de dicho centro hospitalario se aprobara un aumento salarial de Q1 mil 500, que luego fueron reducidos a Q1 mil.

De acuerdo con la Ley de Servicio Civil, no es posible que en instituciones públicas los trabajadores que desempeñan una misma función reciban salarios distintos. Lo anterior sucedería si se autoriza el aumento para los empleados de este hospital y no para el resto de trabajadores en la red hospitalaria.

Sin hacer caso de la ley referida anteriormente, el argumento del juzgado fue que los trabajadores “son seres humanos que tienen necesidad de sobrevivencia” y según informes de la Dirección Técnica de Presupuesto se estableció que los trabajadores del hospital devengan un salario que no está acorde con la canasta básica.

La cartera, sin embargo, señala que no se tomaron en cuenta las capacidades financieras de la cartera para facilitar este aumento.

ESTADO PAGARÍA DEUDAS DE EMPLEADOS

“El empleador se compromete a la creación de un fideicomiso de Q10 millones, con el objetivo de consolidar las deudas de los trabajadores que así lo soliciten, en el banco del sistema que ofrezca y proporcione las mejores condiciones”, detalla el laudo en referencia.

Es decir que como segundo punto se ordena al Estado a pagar las deudas particulares de todo empleado que así lo desee, con recursos públicos y a través de la entidad bancaria que los trabajadores decidan. Lo anterior transgrede más de una ley.

Está establecido en la Ley de Presupuesto que el Estado no puede pagar deudas personales ni servicios no prestados a entidades públicas.

Esa misma ley prohíbe la creación de fideicomisos. En el artículo 100 se ordena al Ministerio de Finanzas la reglamentación para la liquidación de fideicomisos.

En cuanto a la selección “a dedo” de una entidad bancaria para los trabajadores, se violaría la Ley de Contrataciones, que establece ya los procedimientos para este tipo de servicios.

(...)

SIN ADMITIR RESPONSABILIDAD

En el Código Penal, el acto de dictar resoluciones que no son acordes a la ley, ya sea de forma consciente o inconsciente, está tipificado como un delito y, por tanto, es penado por la ley.

En el artículo 462 se señala como “prevaricato” al acto en el que un juez, “a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”. Como castigo por ese delito sería sancionado con prisión de dos a seis años. Incluso, si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a diez años.

También se tipifica como prevaricato culposo el hecho de que un juez “por negligencia o ignorancia inexcusables”, dicte resoluciones desacordes con la ley y en castigo a esto debería pagar una multa de cien a mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años.

La entonces jueza del juzgado responsable de avalar las peticiones del comité, Diana Carolina Ruiz, fue consultada respecto a esta resolución debido a las dudas que tiene el Ministerio sobre su legalidad.

Ruiz Moreno, cuestionada por La Hora, evadió el tema y argumentó que discutir al respecto podría traerle problemas ahora que ya no labora como jueza. No obstante, su nombre respalda el laudo.

“En su momento estuve, pero ya no estoy ahí. Ya no soy juez y cualquier duda tiene que ir al juzgado a hablar con la nueva juez”, indicó.

(...)

Iniciado por La Hora

Derechos adquiridos mediante mafia

Oscar Clemente Marroquín
[email protected]

He criticado la postura del sector privado que pretende dar certeza jurídica a derechos adquiridos mediante el pago de sobornos o mordidas, pero lo mismo pienso del sector sindical que exige el cumplimiento de otros derechos también adquiridos como resultado de negociaciones espurias con funcionarios corruptos e irresponsables. Tal es el caso del laudo laboral abordado hoy en el reportaje central de Kimberly López en esta edición, mismo que obliga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a pagar 76 millones de quetzales a los trabajadores del hospital San Juan de Dios, quienes se recetaron así porque sí, un aumento de mil quetzales mensuales aun sin que exista sustento financiero, porque a juicio del tribunal que emitió el fallo los sueldos no les alcanzan. Pero además se ordena establecer un fideicomiso de diez millones de quetzales que servirá para que los trabajadores que tengan deudas puedan consolidarlas y pagarlas con el dinero de ese fideicomiso constituido con fondos públicos.

Todos sabemos que los Pactos Colectivos en el sector público han sido desvirtuados por varias razones. La primera es que nunca se hace un análisis de la capacidad financiera de las instituciones para cubrir los compromisos y la segunda es que los funcionarios venales que los negociaron bajo presiones políticas y chantaje comprometieron las finanzas públicas de manera irresponsable. Creo en los derechos laborales, pero no creo en los que se derivan de maniobras y Pactos espurios entre dirigentes y autoridades en los que se generan millonarios honorarios que se reparten unos y otros mañosamente.

De la misma manera en que sostengo que un derecho como el de TCQ, o el de las licencias mineras otorgadas mañosamente, no puede pretender certeza jurídica porque el delito no puede ser fuente de un derecho, creo que los Pactos laborales negociados en esas condiciones tampoco tienen la característica esencial para generar derechos.

Lo que pasa es que en el país todo se enturbió y prostituyó en la gestión pública, puesto que unos y otros se embadurnaban las manos con sobornos y beneficios ilícitos pactado todo en perjuicio de la población y en abierto comportamiento inmoral y reñido con la ley y la ética. Una inmensa cantidad de los “derechos” otorgados por las autoridades a lo largo de los últimos años son resultado de la coima y no podemos pretender que los mismos sean consagrados como parte de lo que han dado en llamar certeza jurídica, puesto que esa certeza tiene que ver con la forma en que se originan los derechos.

No es un prurito contra los empresarios que incurrieron en corrupción, sino es un principio absoluto el de que no podemos consagrar como derecho lo originado en vicios de legalidad y en actos de corrupción. Sostengo que los Pactos Colectivos que se suscribieron durante esos gobiernos corruptos fueron hechos para aplacar a sindicatos para que dejaran en paz a los ladrones y saqueadores del erario y hubo complicidad entre la dirigencia sindical y los funcionarios para hacer piñata con los escuálidos fondos públicos y que eso tampoco genera derechos por lo que es absurdo alegar certeza jurídica para ellos.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Salud pagará bono de Q3 mil por "trabajo decente"

Trabajadores del Ministerio de Salud se recetarán un bono de Q3 mil desde este año, contemplado en el pacto colectivo y con el aval del jefe de la cartera, Carlos Soto.

(...)

[setsuna]

Otro bono, a la madre, más pisto sin hacer ni Purísima

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[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Noviembre, mes en el que los sindicatos desvalijan al Estado

El estrés que pueden causar las suegras.

— Gonzalo Asturias Montenegro

Una vez pasado el asueto de ayer, los dirigentes sindicales, después de comer unas buenas platadas de fiambre, están ya maquinando cómo sacarle al Estado un bono extraordinario en noviembre, no obstante que contarán con el aguinaldo en diciembre: ¡dos meses seguidos de bonos!

El año pasado, sobre todo en el mes de noviembre, el Organismo Ejecutivo pagó bonos extraordinarios por un monto de 659 millones de quetzales; a lo que habría que sumar los que, entre otros, dieron también el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad.

Todos los años, los dirigentes sindicales llaman a estos bonos con diferentes nombres, unos más creativos que otros, y algunas veces inclusive contra natura (conceptual) como aquel que llamaron “bono revolucionario”. Pero este año, circula el nombre surrealista de un bono por “carga laboral”, mejor conocido como antiestrés, que daría el Segundo Registro de la Propiedad en Xela. Creo que nombrar al bono con el apelativo de antiestrés es de una imaginación y creatividad muy grande, aunque también es una gran sinvergüenzada, que ofende al pueblo pobre de Guatemala.

En realidad, todos los bonos que los dirigentes sindicales pedirán este mes de noviembre al Estado son una afrenta al pueblo pobre de Guatemala, porque el asalariado es una persona que pertenece a un grupo privilegiado, a quien los días 30 de cada mes le hacen efectivo un sueldo, y quien cuando lo necesita goza de los beneficios del IGSS, del Irtra y de otros semejantes, en tanto que hay un 75 por ciento de trabajadores chapines, que están en el inframundo de la informalidad, que tienen ingresos menores que los del asalariado, y que carecen de seguridad social, de Aguinaldo y Bono 14 y de todo. ¡No tienen tampoco acceso al crédito! Además, en cierto sentido, estos bonos de noviembre se dan a costa de reducir la dotación de medicina a los hospitales, de achicar el monto del dinero que se dirige a los programas del hambre cero, o para las refacciones escolares, y un larguísimo etcétera. Por ello, digo que estos bonos son una afrenta al pueblo pobre.

En Guatemala, urge una nueva Ley de Servicio Civil (la que tenemos es vieja y obsoleta), que por meritocracia premie a los trabajadores con ascensos y aumentos salariales, y no porque haya líderes sindicales que, pistola en mano, le digan al Estado:

–arriba las manos y deme la billetera, como ocurre cada mes de noviembre; o como lo hace Joviel (el sindicalista más mañoso), quien, como juega política del lado del gobierno de turno (al que apoya en las crisis que a este no le faltan), siempre se sale con la suya, porque los gobernantes le dan, a cambio del apoyo político, cheques en blanco: millonarios aumentos salariales sin la contrapartida de la meritocracia. ¡Llora sangre!

Aclaro que yo estoy contra todos los privilegios, independientemente de quién los solicite, ya sean los empresarios, los sindicalistas o los diputados, a quienes, por cierto, hay que pagar un servicio de salud privado, porque rechazan el del IGSS. Son pueblo en las campañas electorales, pero no son pueblo para ir al IGSS. El seguro social, afamada “conquista de la Revolución”, lo es para los demás, pero no para el diputado, el Magistrado, el trabajador del Banco de Guatemala o del Ministerio Público, quienes consideran una mejor “conquista” propia la de contar con un seguro de salud privado, todo ello a costillas del contribuyente. (¡Un contribuyente que, a veces, no tiene acceso al IGSS!). Al final de cuentas, todo terminará en el grito de “burro es quien no se zafe del IGSS”.

El bono antiestrés, arriba mencionado, me da pie para comentar un poco sobre el tema. En realidad, quién no vive estresado en una sociedad como la guatemalteca en la que si vas en el carro tienes que ir vigilando que no haya nadie que, con pistola en mano, te toque el vidrio polarizado del auto para intentar robarte el celular; o si en medio de apretones, vas en el bus, que no asalten a la unidad del transporte público.

Fácilmente el empleado puede sufrir el estrés que le causa tener un patrono de mal carácter, prepotente y machista; la esposa, por un marido bolo y mujeriego; el hombre, porque la mujer llegue al final de la tarde a la casa cansada y de muy mal humor, solo con ganas de ir a dormir. Marido y mujer sufren de estrés por el hijo que no deja las malas juntas, y que, como ya se tatuó el cuerpo, sospechan que fuma mariguana. ¡Es del carajo!

Vivir con la suegra, si es metiche e insidiosa, de lengua muy larga en el vecindario, puede causarte un estrés de pronóstico reservado. A una suegra así, yo sí la hubiera matado, aunque ello me hubiera llevado al Mariscal Zavala a oír las historias de los corruptos. ¡Habría recibido un doble castigo!

Todo esto y más no justifica un bono antiestrés. Yo voy a confesar algo muy personal: todos los días después de ver las noticias por la TV y de leer los diarios matutinos, me estreso viendo el mal camino por el que va Guatemala. Y si no tomo el revólver para acabar con mi vida es porque amo a Dios y amo a la vida, que me da tantas alegrías y satisfacciones, entre estas últimas ver una buena película de Netflix, jugar una partida de ajedrez o ver en la sonrisa de mi familia un te quiero. Solo por todo esto, quisiera vivir cien años, aunque sea en esta Guatemala explosiva y violenta, chantajista, intolerante, injusta e irredenta. [email protected]

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Pactos protegen derroche de fondos públicos para regalos y convivios

Contraloría cuestiona que entidades utilicen dinero público para compras navideñas, pero no puede impugnarlo debido a convenios legalizados.

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Burocrátas de México temen hundirse en la austeridad de López Obrador

Por: AFP

El modo de vida de millares de servidores públicos en México se tambalea desde el arribo a la presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cuya promesa de eliminar privilegios de burócratas podría hundir en la precariedad a algunos funcionarios y sus familias.

Su abrumador triunfo electoral, impulsado por una discurso contra la corrupción y la opulencia de ciertos funcionarios, se ha traducido en propuestas de austeridad. En particular en una ley que establece que nadie deberá ganar más de los 5.327 dólares mensuales que percibirá como presidente.

Ahora, unos 6.500 funcionarios han decidido defenderse en tribunales.

“Es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos el que le bajes el salario a los servidores públicos y que les recortes en suma sus remuneraciones”, dice a la AFP Rodolfo Martínez, abogado del despacho Trusan & Roma, que patrocina a los demandantes.

Su estrategia legal será ampararse contra el presupuesto 2019, la ley que ejecuta los recortes del gobierno y que el Congreso debe aprobar antes de fin de año.

La realidad de muchos burócratas es distinta a la opulencia de los funcionarios que según López Obrador ganan 600.000 pesos mensuales (unos 29.500 dólares).

Con 43 años y década y media como servidor público, un trabajador que pidió identificarse como “X” por lo sensible de su situación, lleva la vida de clase media que su salario de 2.120 dólares mensuales le permite en Ciudad de México.

Dicha suma no paga lujos. Debe solventar vivienda, transporte y comida en la saturada metrópoli, además de la educación y cuidados de sus hijos.

La carga se alivia gracias a los seguros de vida y gastos médicos que le provee la Secretaría de la Función Pública (SFP) donde trabaja, además del seguro de despido que paga a medias con su empleador y que espera le sirva para su retiro.

En un país con 53 millones de pobres y enorme desigualdad, puede parecer privilegiado, pero está lejos de serlo.

“Creen que ahora todos somos ‘fifís’, que somos ricos o que ganamos 600.000 pesos”, dice, usando el término con que López Obrador tacha a sus opositores de supuestos privilegios.

“Ese es un mito, un discurso político”, agrega, disgustado.

Los 600.000 pesos que cita López Obrador son una cifra redondeada del sueldo bruto (sin contar impuestos) del presidente de la Suprema Corte.

El juez en realidad percibe 17.511 dólares mensuales netos, cifra igualmente pasmosa comparada con los 133 dólares del salario mínimo actual en México.

– Lujos que ofenden –

Dos leyes, la de remuneraciones de servidores públicos y la propuesta de “austeridad republicana” eliminan las prestaciones que permiten a muchos trabajadores vivir con decoro.

Esas normas proponen también que ningún funcionario de los tres poderes del Estado gane más que López Obrador.

La medida es popular e incluso los afectados la consideran justa. Por ejemplo, X desaprueba el suntuoso estilo de vida de algunos colegas.

En 2016, medios de información revelaron que una funcionaria de la SFP decidió mimarse tras una jornada laboral cenando al estilo del jet-set: caviar, champaña y salmón ahumado en el londinense Harrods, la tienda a la que acude la realeza británica.

Todo cubierto con 450 dólares diarios de viáticos pagados por el gobierno.

“Estamos de acuerdo, eso ofende, pero ¿por qué generalizan acusando como si todos ganáramos millonadas?”, cuestiona este hombre.

Las medidas han generado un acalorado debate, que inunda los medios locales, y han enfrentado al Ejecutivo con el poder Judicial, cuyos representantes advierten un intento de mermar su autonomía.

Senadores opositores demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones ante la Suprema Corte alegando que amenaza el derecho a un salario digno y la calidad del servicio público.

J, un experimentado funcionario del sector energético y veterano de varias transiciones gubernamentales, alerta sobre “agresividad y falta de respeto absoluto” a sus derechos en este cambio de mando.

“Es un desmantelamiento del gobierno federal muy peligroso que puede generar un impacto irreversible”, dice el funcionario de 65 años, temiendo una eventual desbandada de tecnócratas de carrera como él.

– “Tabla rasa” –

Noticias sobre la exigencia de renuncia de numerosos trabajadores, sin indemnización, se multiplican en la prensa, mientras que la búsqueda de nuevo empleo es la angustiosa tarea de muchos.

Que esto ocurra a pocos días de Navidad empeora el trance.

El Senado mexicano, cuyos nuevos miembros asumieron en septiembre, ha sido un laboratorio de la austeridad en tiempos de López Obrador.

“Cortaron tabla rasa (las prestaciones), sin mecanismos de negociación ni diálogo. Los equipos que han entrado con los senadores están en absoluta indefensión”, dice Emilio Álvarez Icaza, del partido independiente Ahora.

El legislador opositor, uno de los firmantes de la acción de inconstitucionalidad, advierte que los afectados no son “burocracia dorada” sino “gente que vive de su trabajo”.

[chronos]

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Persecución selectiva contra pactos colectivos

La marcha sindical del pasado jueves, más que una de las típicas manifestaciones para reclamar supuestos derechos, parecía una velada manifestación a favor de la corrupción en Guatemala. Sabe bien la eterna dirigencia sindical que los casos que ahora les preocupan guardan mucha similitud con negociaciones similares en el pasado. Del Banguat al Mineco; del Congreso al M.P.; de Puerto Santo Tomás de Castilla a Puerto Quetzal; el sector público está lleno de pactos colectivos que casi nadie sabe cómo fueron negociados y que muchas veces han contado con la complicidad de las autoridades respectivas, la pasividad del Minfin, la indolencia del MTPS y la negligencia de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia.

Harta obligación tiene el Ministerio Público de seguir investigando este tipo de negociaciones y a quienes participaron en ellas. Los poquísimos casos que han llegado a ventilarse en las cortes de justicia no pueden ni siquiera ser considerados como la punta del iceberg de este problema. Si el M.P. decidiera investigar a fondo cómo han sido negociados este tipo de convenios laborales dentro del sector público desde la época del tristemente recordado gobierno democratacristiano, seguramente se verían en la necesidad de crear una unidad especial con ese propósito al verse desbordados de trabajo.

Por la razones equivocadas, esta vez tiene mucha razón la cúpula sindical pública, la persecución legal selectiva contra la suscripción de pactos colectivos debe cesar. Dicha persecución debe ampliarse a todos los pactos colectivos que hayan sido negociados en condiciones dudosas. Basta con recordar la administración de Pérez-Baldetti, período durante el cual los principales sindicatos públicos mantuvieron un silencio cómplice a pesar de los flagrantes actos de corrupción. ¿Casualidad o conveniencia? Habría que investigar; seguramente nos llevaríamos interesantes sorpresas. ¿Cuál será la verdadera razón detrás del enojo de la jurásica cúpula del sindicalismo público? Quien nada debe, nada teme.