¿Serán posibles los cambios al sector justicia sin el involucramiento social?

[chronos]

Iniciado por La Hora

¿Serán posibles los cambios al sector justicia sin el involucramiento social?

POR REDACIÓN LA HORA
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A un año del fallido intento de iniciar un diálogo nacional para reformas al sector justicia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acompañará un nuevo esfuerzo para generar cambios legales que permitan el fortalecimiento de las instituciones de justicia.

Los problemas del sector justicia no se reducen a un presupuesto insuficiente; la configuración del propio sistema de justicia impide el fortalecimiento de las instituciones que lo conforman, por lo que para generar cambios en dicho sentido es necesario cambiar las leyes que regulan su funcionamiento.

Dicha situación fue planteada por el comisionado Iván Velásquez hace un año, cuando la CICIG convocó a un diálogo nacional denominado “Hacia la reforma de la justicia en Guatemala”; sin embargo, la convocatoria no pasó de ser eso: una invitación, ya que el expresidente Otto Pérez Molina, a través de la Cancillería, advirtió que una convocatoria de ese tipo estaba fuera del mandato de la CICIG.

Tras el llamado de atención, la CICIG anunció que las mesas de diálogo serían lideradas por el Ejecutivo, pero Pérez Molina jamás dio seguimiento al tema.

Un año después, el expresidente enfrenta proceso penal y permanece en prisión preventiva por un caso de defraudación aduanera, otro Gobierno inicia su gestión y el Congreso se compromete con las reformas al sistema que demanda la ciudadanía. Es el tiempo de retomar el diálogo.

NUEVA CONVOCATORIA

El nuevo diálogo será liderado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque; la fiscal general, Thelma Aldana, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo Rojas, quienes tendrán apoyo de la CICIG, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Guatemala.

Las reformas retomarán algunas propuestas ya presentadas y plantearán otras nuevas sobre cambios en las leyes del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, el Instituto de la Defensoría Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además, se plantearán reformas a la Ley de Amparo y Ley de Antejuicio y algunas reformas constitucionales para fortalecer a dichas instituciones.

Según indicó De León Duque, en las próximas semanas se convocará a organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales e instituciones académicas para integrar mesas de trabajo.

Los equipos a formarse serán tres, uno trabajará en los cambios a las leyes ordinarias, otro en las leyes de orden constitucional y reformas a la Constitución, y un tercero discutirá reformas específicas referentes a temas como el pluralismo jurídico y el acceso a la justicia.

La propuesta se planteó ante los jefes de bloque del Congreso, la instancia que deberá aprobar los cambios legales solicitados. “Este es el momento preciso en la historia para promover cambios al sector justicia”, dijo Iván Velásquez durante la presentación del plan y agregó que en las manos de los diputados “está el destino del país”.

REFORMAS SON IMPRORROGABLES

Jorge Santos, de la Convergencia por los Derechos Humanos, señaló que las reformas al sector justicia son una discusión que no puede prorrogarse por más tiempo, ya que, a su criterio, el sector justicia pasa por una de sus peores crisis desde los Acuerdos de Paz.

Tan solo el año pasado, tres juezas y un magistrado fueron señalados de actos de corrupción por el MP y la CICIG. Asimismo, se reveló una estructura de corrupción en la Policía.

Las deficiencias de las instituciones de justicia tienen un resultado directo sobre los índices de impunidad y corrupción, explicó Santos.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, considera que la columna vertebral de las reformas debe ser la independencia judicial, ya que de ella depende que la justicia se administre de forma imparcial a todos los ciudadanos.

La entrevistada indicó que será importante hacer un buen trabajo de sistematización de las propuestas de reformas presentadas en los últimos 20 años y que hasta hoy permanecen engavetadas en el Congreso por la falta de voluntad de los diputados para conocerlas.

En este sentido, los entrevistados resaltaron la importancia del papel que jugará el Congreso para impulsar el debate de las reformas propuestas y su aprobación.

El analista Luis Chávez, de la Red Nacional por la Integración, considera que este año es “ideal” para la aprobación de las reformas al sector justicia por parte del Congreso, ya que el contexto de las demandas ciudadanas por reformas al sistema genera una presión importante sobre los diputados.

Chávez espera que en los próximos meses los congresistas puedan dar luz verde a la agenda de justicia, apartando los intereses gremiales y políticos. Esto, antes de que los parlamentarios inicien con su reacomodamiento y con su prematura campaña electoral con miras a su reelección que podría iniciar a partir de 2017.

¿PERO ES POSIBLE SIN EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL?

El jefe de la CICIG hizo ver en una entrevista con La Hora que para que Guatemala cambie es necesario el involucramiento social y la participación activa de los ciudadanos. En editorial de este medio hacía ver que si el enojo, la frustración no se canalizan en acciones concretas que permitan materializar los cambios, cualquier reforma al sistema no solo es muy difícil sino casi imposible.

PROPUESTAS DE LA CICIG

El año pasado, la CICIG impulsó cuatro reformas para el sector justicia, de las cuales solo la propuesta para reformas Ley Orgánica del MP ha avanzado en el proceso de aprobación. A continuación, un resumen de los elementos más importantes de cada iniciativa.

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Iniciado por La Hora

Eliminación del Consejo del MP, punto polémico en el Congreso

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La congresista Sandra Morán, del grupo Convergencia, cree que mañana, cuando se reanude la redacción final de la iniciativa que reforma la Ley del MP, la bancada oficial –que en las últimas semanas logró ser la segunda fuerza política más grande del Congreso– se opondrá a la eliminación del Consejo del ente investigador, que ha sido fuertemente cuestionado.

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Iniciado por La Hora

Consejo del MP ¿Un órgano para la impunidad?

El Consejo del Ministerio Público (MP) ha sido utilizado en muchas ocasiones como una herramienta para procurar impunidad y para maniatar a un fiscal independiente. Más que un órgano asesor, el Consejo ha sido una piedra en el zapato para los fiscales generales y ahora está en manos del Congreso eliminar dicho obstáculo a la autonomía del titular del ente investigador. Sin embargo, estas reformas no tienen el visto bueno de todos los diputados, aunque analistas las consideran una necesidad urgente.



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Iniciado por Prensa Libre

Cicig apoya las reformas a la Ley orgánica del MP

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Luego del fallido intento de ayer, Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, publicó al mediodía de este miércoles en su cuenta de Twitter — @Ivan_Velasquez_— el siguiente mensaje:

“Guatemala necesita un Ministerio Público independiente, fuerte, con capacidad para enfrentar la impunidad y respetuoso del debido proceso”.

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La Cicig informó a sus seguidores que se busca eliminar duplicidad de funciones del Consejo del MP, que la carrera profesional en esa institución debe ser regulada por la idoneidad, objetividad, probidad, transparencia y no discriminación.

También que se proponen juntas de disciplina permanentes integradas por profesionales nombrados por procedimiento público y garantizar la estabilidad del cargo del fiscal general.

Estancada

En la sesión plenaria celebrada ayer la diputada Cristina Quinto, de FCN-Nación, presentó una moción que restaba fuerza a la propuesta.

Las dos iniciativas se sometieron a votación y ninguna logró los 105 votos que se requerían, por lo que sigue vigente la destitución a discreción del mandatario.

De inmediato se desataron los señalamientos. Los diputados indicaron que el objeto del artículo es evitar que el jefe del MP sea colocado o quitado a dedo, porque se ve obligado a defender intereses políticos del partido de gobierno de turno.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que la intención de FCN-Nación es tener el control sobre las decisiones de la Fiscalía General.

Se argumentó que el partido de gobierno, apoyado por diputados de Libertad Democrática Renovada (Líder) y del Movimiento Progresista que se formó con disidentes de esa misma agrupación, tienen el interés de frenar el fortalecimiento del MP por los procesos legales que hay contra varios congresistas y militares.

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[peluso]

que bajo estan cayendo los del fcn con esto ya no hay mas duda de lo que pretenden hacer en los proximos años de gobierno

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Patricia Sandoval de FCN da a conocer que apoyaran las reformas a la ley orgánica del MP. F:F.Ajacabón

Iniciado por La Hora

FCN dividido por reformas del MP

POR SAIRA RAMOS
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La aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que podrían concluir esta tarde, han llevado a que el Frente de Convergencia Nacional (FCN), se divida, según lo admitió el jefe de bancada, Javier Hernández.

El diputado afirmó que al bloque oficial le ha “costado tomar una decisión”, sobre las enmiendas que buscan fortalecer al MP impulsadas desde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

En FCN “de hecho hay una posición muy dividida de la bancada porque no se quiere dar poder absoluto –al ente investigador–, pero se sabe que se deben dar las herramientas”, apuntó Hernández previo a incorporarse a una reunión del partido.

El parlamentario que minutos después negó el divisionismo del oficialismo ante la interrogante de quiénes son los congresistas que se oponen a fortalecer el MP, adelantó que ese partido, probablemente presentará cambios a dichas reformas.

Esta mañana, alrededor de las 10:00 horas, los diputados de FCN se reunieron en uno de los salones asignados a esa agrupación política en el Congreso, donde discutieron la iniciativa que busca reformar la ley interna del Ministerio Público.

MP FUERTE E INDEPENDIENTE

Para el Comisionado Iván Velásquez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), “Guatemala necesita un MP independiente, fuerte, con capacidad para enfrentar la impunidad y respetuoso del debido proceso”, según lo publicó en un tuit en la red social Twitter.

Horas después, Velásquez posteó: “nadie que esté sinceramente comprometido en lucha contra la impunidad, puede oponerse a que el Ministerio Público sea fuerte e independiente”. Esta y la otra publicación del comisionado fue apoyada por más de trescientos de sus seguidores.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Al menos 6 diputados quieren complicar trabajo del MP

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Al menos seis diputados pretenden que el Ministerio Público (MP) cuente con autorización de juez competente para requerir información a la Contraloría General de Cuentas, a la Superintendencia de Bancos (SIB) y otras entidades estatales. El juez determinará la procedencia o no del requerimiento en un proceso de investigación, señala el nuevo artículo agregado en la ley orgánica del MP.

La enmienda se presentó esta tarde en la sesión plenaria del Congreso en la que se discutieron las reformas a la iniciativa. La misma estaba firmada por los diputados Adin Maldonado, de FCN Nación, Álvaro Arzú, del Partido Unionista, Juan José Porras de Viva, Carlos Fion, de Creo, Estuardo Galdámez de FCN y Julio Lainfiesta de FCN. Las demás firmas están ilegibles.

El nuevo artículo 6 bis establece: Siempre que el Ministerio Público solicite la colaboración a que hace referencia en el artículo 6 de esta ley el Fiscal General y jefe del Ministerio Público previamente deberá contar con la autorización de juez competente quien determinará la procedencia o no del requerimiento en un proceso de investigación.

Mientras que el artículo 6 de la actual ley orgánica del MP señala que la Fiscalía podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autonómas o semiautónomas, para el cumplimiento de sus funciones, estando estos obligados a prestarla sin demora y proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos.

Este punto fue el último que se discutió en la sesión plenaria, donde hubo desacuerdos para continuar con el debate.

El diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció que las reformas no se quieren aprobar porque se piensa que el MP perseguirá a los congresistas.

Hoy también se aprobó un artículo nuevo, relativo a la Remoción el cual señala que el presidente podrá remover al Fiscal General por causa justificada debidamente establecida, entendiéndose por ello la comisión de un delito. Asimismo el artículo señala que el Fiscal será restituido inmediatamente en sus funciones, cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito.

Con los artículos aprobados ya se removió el Consejo del MP, un órgano que limitaba la labor del Fiscal, sin embargo aún falta la redacción de los siguientes artículos y la aprobación del Decreto para que queden en firme.

La sesión plenaria fue reprogramada para el próximo martes 23 de febrero.

[GIO07]

Por qué el fcn anda queriendo trocear todo esto?

A webos que tienen cola machucada los milicos dueños de ese partido... Aqui hay que admitir que Jimmy sale sobrando...

[chronos]

Acaso no seria antagonico a la ley de acceso a la informacion publica, cual prevaleceria (que pasaria si le agregan uno de aquellos articulos donde dice que se deroga cualquier ley que entre en conflicto con la que esta siendo aprobada )

Iniciado por Soy502

Fiscal se opone a propuesta de FCN de limitar las investigaciones

La titular del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, mostró su inconformidad con una de las propuestas que se plantearon durante la discusión de la Ley Orgánica del MP en el Congreso.

En concreto la fiscal se refirió al planteamiento de la bancada de FCN que sugiere que las fiscalías deben contar con la autorización judicial previa a la solicitud de informes de las distintas entidades por parte del ente investigador.

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[marioc30]

Iniciado por chronos

Acaso no seria antagonico a la ley de acceso a la informacion publica, cual prevaleceria (que pasaria si le agregan uno de aquellos articulos donde dice que se deroga cualquier ley que entre en conflicto con la que esta siendo aprobada )

Ese precisamente es el problema de la pésima técnica legislativa del país (y no digamos de los asesores marca patito de los partidos) cuando un artículo se deroga debe decirse por que? el problema es que el mismo colegio de abogados ha callado ante tan aberrante estupidez.

Y eso solo confirma que quien llega al poder en Guatemala no lo hace por capacidad, sino por compadrazgo

Puta si de por sí ya jueces y magistrados sienten que cuando los nombran les dan finca con parcela de indios, ahora que ellos sean los soberanos en las investigaciones previo a requerir los informes es que andamos patinando en mierda

[chronos]

Codigo Procesal Penal (no aplicaria el "nuevo" articulo 6 bis ...)

Artículo 319. (Facultades del Ministerio Público). El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias.

Los funcionarios y agentes policiales y los auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión. Para solicitar informaciones de personas jurídicas o individuales, el Ministerio Público deberá solicitar autorización de juez competente.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Fiscal: Enmienda haría colapsar la justicia

POR VIRGINIA CONTRERAS
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La Fiscal General Thelma Aldana dijo esta mañana que, de aprobarse la reforma del artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que limita la capacidad investigativa de esa entidad, el sistema de justicia penal podría colapsar.

“No estoy de acuerdo con esa enmienda porque limita la capacidad de investigación del MP y de aprobarse la misma, mañana, podría colapsar la institución, pero también los órganos jurisdiccionales contralores de la investigación y, derivado de ello, el sistema de justicia penal”, manifestó la jefa del MP.

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Detalló que el colapso podría devenir dado que el ente investigador solicita en todos los casos informes del Estado, a la Contraloría, Superintendencia de Bancos, entre otras; por lo que esa labor sería parte de los fiscales, quienes pedirían a los jueces las solicitudes y por ende, estos tendrían las agendas cargadas, de tal manera que podrían estar dando las audiencias en algunos casos, dos meses después de presentada la solicitud por el fiscal.

En otro tema, la Fiscal General informó que no ha recibido solicitud del Presidente Jimmy Morales para investigar a los candidatos a gobernadores que están por ser juramentados.

Iniciado por La Hora

ViVa y Creo se retractan de apoyar polémica enmienda al MP

POR SAIRA RAMOS
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Los diputados Juan José Porras, de la bancada Visión con Valores (ViVa) y Carlos Fión, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), se retractaron de apoyar una reforma en la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que pretendía que ese ente tuviera la autorización de un juez competente que debería de determinar la procedencia o no de un proceso de investigación.

La decisión de Porras y Fión, que tiene el respaldo de sus respectivos bloques legislativos, se tomó luego de hacer un análisis de la propuesta de reforma al artículo 6 Bis y después de escuchar la preocupación de la fiscal general, Thelma Aldana, al decir que de ser aprobado ese numeral se limitaría la labor del MP.

Los diputados afirmaron a La Hora que el verdadero espíritu de la enmienda que propuso el Frente de Convergencia Nacional (FCN), pretendía que el ente a cargo de Aldana, no violentará derechos constitucionales de cualquier guatemalteco.

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FCN ANALIZARÁ

Esta tarde, la bancada oficial se reunirá para analizar la viabilidad de que la enmienda apoyada por el diputado Álvaro Arzú Escobar, Porras, Fión y Julio Lainfiesta de la Unión del Cambio Nacional (UCN), sea retirada de las enmiendas a la Ley Orgánica del MP, según informó el jefe de bancada, Javier Hernández.

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Iniciado por Diariodigital

Fiscal General envía mensaje a jefe de FCN

Por Mariajosé España

La Fiscal General, Thelma Aldana, envió una carta al jefe de FCN explicando las repercusiones que tendría la enmienda que él propuso en el pleno que buscar obligar al Ministerio Público (MP) a pedir autorización judicial para investigar.

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“Una reforma de esta naturaleza impediría que elementos fundamentales para la investigación, se perdieran a la espera de una autorización judicial e incluso se coloca en situación de vulnerabilidad la información que debe permanecer confidencial durante esta etapa”, dice el documento trabajado por el MP durante el fin de semana y enviado a Javier Hernández, jefe de la bancada oficial.

Uno de los argumentos de FCN para presentar dicha enmienda es por el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros de los guatemalteco que establece la constitución. Por lo que proponían al MP pedir el permiso de un juez para cada acto investigativo.

Ante esto, Aldana le explicó en la misiva que debido a ese derecho constitucional, el MP siempre solicita autorización judicial para requerir interceptaciones telefónicas, allanamientos, órdenes de aprehensión, etc. “no siendo necesario, requerir autorización judicial para otras diligencias de investigación complementarias”, agrega.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Ley del MP tendría más enmiendas Política

Diputados confirmaron que oficialistas sostuvieron una reunión con autoridades del MP para alcanzar un consenso en las modificaciones a la Ley Orgánica de la entidad, que podrían aprobarse hoy.

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La fiscal general, Thelma Aldana, rechazó que las modificaciones a la ley le den poderes extremos.

La Junta Disciplinaria, que será nombrada a través de convocatorias públicas, impondrá las sanciones necesarias. A la Fiscal General le corresponde velar por la capacitación, pero el nombramiento del jefe de esa unidad será por concurso público. La facultad de crear más fiscalías se hará según la política criminalística del MP, agregó.

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Aunque se desconoce si será presentada, varios jefes de bloques informaron ayer que se planeaba una nueva enmienda que busca prohibir que quien haya ocupado el cargo de fiscal general se postule a puestos de elección popular.

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Oposición no apoyará reforma que limita al MP

Al ser consultados los diputados de las bancadas de la oposición, afirmaron que la misma busca limitar el quehacer del ente investigador, por lo que no apoyarán su aprobación.

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Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), explicó: “Nosotros queremos apoyar la ley como fue propuesta y apoyada por la mesa técnica, que estuvo integrada por miembros de grupos de pensamiento. A excepción de que alguna enmienda merezca una mejora para esa ley, analizaríamos si la apoyamos o no, pero en el caso de esta, no, porque hay otras normativas que ya instruyen una investigación particular del MP por medio de un juzgador”.

LA RETIRARÍAN

Javier Hernández Franco, jefe de la bancada oficial, comentó: “Estamos a la espera de un informe por parte del Ministerio Público en el que pedimos una explicación de qué tan complicado sería para la fiscalía tener una orden de juez para las investigaciones competentes, estoy esperando números, cuánto tiempo se tardan, qué tanta certeza tienen de que no se fugue la información, entre otras cosas”, explicó.

El congresista aseguró que de quedar conforme con la solicitud requerida, estarían retirando la enmienda presentada por su bancada.

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Iniciado por elPeriodico

Diputados deciden retirar cambio que condiciona trabajo del MP

FCN-Nación, Creo y Viva anunciaron no apoyar la incorporación del artículo que requería orden de juez para que MP solicitara información.

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“Vamos a retirar la enmienda”, puntualizó brevemente el jefe de FCN-Nación, Javier Hernández, al mismo tiempo que el presidente del Congreso, Mario Taracena, aseguraba que las reformas a la Ley Orgánica del MP tendrían que ser aprobadas en la sesión de hoy en el Congreso, como única agenda.

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“Estamos analizando que se mantengan los derechos individuales de los guatemaltecos”, justificó el jefe de la bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Julio Lainfiesta. El legislador indicó que existe preocupación de “quién cuida al cuidador”, ello en relación al Artículo 24 de la Constitución referente a la “inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros”.

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[chronos]

[chronos]

Iniciado por La Hora

Tras presión social, diputados aprueban Ley Orgánica del MP

Ante la presencia de la fiscal general, Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, los diputados aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) con 140 votos a favor y 2 en contra, mientras que ciudadanos protestaban afuera del hemiciclo.

Por Redacción La Hora
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Los diputados retomaron la discusión a partir del artículo 36 de la referida iniciativa, que contiene 63 artículos. La polémica enmienda presentada por diputados de FCN-Nación, ViVa, Creo y Unionista, que pretendía modificar el artículo 6 de la ley, fue retirada.

El articulado referente al Consejo del MP, también fue suprimido. Luego de la votación final, Taracena felicitó al Congreso por la aprobación del proyecto de ley. En su cuenta de Twitter, el presidente del Legislativo indicó “Ha quedado aprobada la ley del MP. Nos sentimos contentos”.

Casi al término de la aprobación de la iniciativa arribaron al Congreso Aldana y Velásquez, luego de finalizar la conferencia de prensa referente al caso de corrupción por la limpieza al lago de Amatitlán. Ambos funcionarios fueron recibidos por Taracena a su ingreso al palco diplomático.

La fiscal indicó que anteriormente había hablado con Javier Hernández, jefe de bancada de FCN Nación para explicarle el retroceso que tendría el MP con la aprobación de la enmienda al artículo 6, que obligaba a la Fiscalía a pedir una autorización de juez para solicitar información a distintas entidades estatales.

Mientras, afuera del Congreso decenas de personas se congregaron pendientes de la aprobación de las reformas y para pedir el fin de la corrupción en ese organismo.

El jefe de la Cicig indicó que el hecho de que la ciudadanía se manifieste es positivo.

[chronos]

Iniciado por La Hora

La presión funciona

Ante los despropósitos de ciertas bancadas que quisieron limitar las funciones del Ministerio Público para evitar que pudiera emprender investigaciones exitosas, hubo una consistente reacción de los grupos sociales y varios ciudadanos acudieron a la cita frente al Congreso de la República para ejercer presión mientras en el hemiciclo se conocía el proyecto de Ley que regula el funcionamiento de la Fiscalía General. La presión fue eficiente para impedir que se pudiera aprobar esa drástica reducción de las facultades investigativas del MP y los diputados que estaban buscándola tuvieron que retroceder.

Los ciudadanos hemos tenido una muestra de que la presión funciona muy eficientemente para evitar los abusos de legisladores que se han acostumbrado a actuar a espaldas del pueblo, y debe tomarse nota de ello porque en el país tiene que darse un proceso de reforma profunda del Estado en donde no puede tener cabida la pretensión de apuntalar los viejos vicios de la política nacional para que se siga garantizando la subsistencia de un modelo perverso que alienta la corrupción y se basa en la impunidad.

Necesitamos una reforma del sector justicia y nada más importante, para empezar, que la integración de la Corte de Constitucionalidad a donde no pueden llegar los defensores de ese viciado sistema porque ya hemos visto, en este período, de lo que son capaces y cómo es que pueden maniobrar para apuntalarlo. Baste señalar la forma en que se ha eliminado la posibilidad de que los diputados puedan reelegirse indefinidamente para comprender de qué lado están los magistrados, toda vez que la Constitución les garantiza a los diputados el derecho a la reelección, pero no prohíbe que la misma pueda ser regulada por la Ley Electoral, ya sea estableciendo cuántas veces se pueden reelegir o si lo deben hacer en períodos alternos, por ejemplo.

Y por ello es que ahora la atención de la ciudadanía se tiene que concentrar en las cinco instancias que designan magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo ellas la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo, es decir el presidente Morales quien tiene la última palabra, y el Colegio de Abogados. La clave de la posibilidad de una reforma del Estado en el marco de la institucionalidad está en que tengamos una Corte de Constitucionalidad que no tenga compromisos con el sistema corrupto y viciado, y en el papel de la ciudadanía para no disminuir la presión sino, por el contrario, aumentarla y dirigirla con precisión a los entes que deben y merecen ser presionados.

[Stein]

Morales y sus descalabros...
http://elperiodico.com.gt/2016/03/04...idato-a-la-cc/

[Stein]

Y para acompañar al que considera Jymmi(uno que se opuso a la cicig)....otra perla operador politico del PP....
https://nomada.gt/freddy-cabrera-el-...allo-de-la-cc/

[chronos]

[chronos]

Iniciado por La Hora

CACIF pide ahora reformas al Sistema de Justicia

Por Denis Aguilar
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Luego de rechazar la inclusión del pluralismo jurídico y oponerse en su momento al Consejo Nacional de Justicia en las reformas constitucionales del Sector Justicia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió que se haga una reforma integral al Sistema de Justicia en Guatemala.

En conferencia de prensa, la cúpula empresarial se refirió sobre la necesidad de que las reformas se discutan mediante un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos, en el cual se cuente con la participación de todos los guatemaltecos.

“Venimos de una serie de intentos de reformas judiciales, entonces deben haber reformas de carácter constitucional de la forma cómo se nombra, de la forma cómo se logran escalar los puestos que deberían ser a través méritos y no de razones de tipo político, también tenemos que determinar quiénes son las personas que deberían designar a los jueces o calificar los méritos de los jueces y también la forma en que ellos deben rendir cuentas”, dijo Marco Augusto García, presidente del CACIF.

El derecho indígena fue uno de los temas más polémicos en las reformas constitucionales al Sector Justicia presentado en 2016 y aunque fue retirado del mismo, las reformas nunca se aprobaron en el Congreso.

(...)

SOBRE FALLO DE CC: SE DEBE RESPETAR

En torno a la decisión de la CC sobre rechazar los recursos del Ejecutivo para impedir la entrada del comisionado Iván Velásquez al país, el CACIF indicó que ese tipo de fallos se deben respetar, gusten o no.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Ven incongruencia en solicitud de reformas judiciales por sector privado

Por Eder Juárez
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Ayer el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), pidió reformar el Sistema de Justicia en Guatemala, pese a que fueron ellos los que se opusieron para que avanzaran las Reformas Constitucionales al Sector Justicia en 2016.

Según Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, las reformas constitucionales buscaban despolitizar el Sector Justicia, quitarle a las Comisiones de Postulación “que no son más que entes porosos de intereses sectarios y además al Congreso de República esa facultad que tiene de estar eligiendo magistrados cada cinco años”.

Sin embargo, esto no se logró, ya que las reformas no avanzaron. ”Si no se reforma el Sector Justicia no se puede hablar de seguridad jurídica y menos de certeza judicial, no hay otra fórmula, somos un país que no tiene carrera judicial, la única forma de contener la politización de la justicia es teniendo una carrera judicial que genere estabilidad al juez y al magistrado, pero también un sistema de disciplina para que se sepa que un juez o un magistrado tiene las facultades inherentes al cargo de poder decidir conforme a su criterio y conforme a la ley”, indicó Balsells.

Agregó que fue eso lo que no quiso el CACIF, y que ahora vengan a decir que hay que reformar el Sector Justicia, “es algo que no se entiende, es incomprensible, porque fueron ellos los que boicotearon y los que se aliaron en el Congreso, por eso es incomprensible”, señaló el jurista.

Por su parte, Ricardo Barreno del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), indicó que en el 2016 el interés del sector empresarial era evitar que el modelo democrático y económico empezara a cambiar porque eso los iba a perjudicar en retener la concentración económica, “pero lo que vemos a partir de 2017 y 2018 cuando se empieza a intensificar el combate contra la corrupción y se destapan casos, se entendió que el modelo democrático ya no era funcional mucho menos para el sector empresarial”.

“Vimos en los casos como el de financiamiento ilícito por ejemplo, hubo un acuerpamiento, un mea culpa, de distintos actores incluyendo al sector empresarial. Entonces el modelo dejó de ser funcional y empezó a afectar a ellos, principalmente en la certeza jurídica. Ahora como vieron el fracaso de ese modelo quieren darle la certeza de una reforma al Sistema de Justicia” dijo Barreno.

PIDE MÁS DETALLES

Entre tanto, el abogado constitucionalista, Mario Fuentes Destarac, indicó que habría que ver específicamente lo que propone reformar el sector privado “no tengo idea” es una propuesta muy genérica, mencionó, y consideró que tendría que ver los planteamientos específicos del sector privado organizado.

Agregó que desconoce las propuestas que ellos (CACIF) estén pensando, “no tengo idea de cuál podría ser”, dijo Destarac.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

De lo legal a lo legítimo

Alejandro Balsells Conde

Para quienes creemos amar el derecho es difícil desentrañar, en algunos momentos y casos, las diferencias entre lo legal y lo legítimo. Lo ideal es que todo lo legal sea legítimo, pero en algunas circunstancias no sucede de tal forma.

Por ejemplo, estado de legalidad no es sinónimo de estado de Derecho. Un estado de legalidad es aquel donde una persona se juzga conforme las normas y procedimientos dispuestos por la ley, mientras que en un estado de Derecho se juzga a esa misma persona pero esas normas y esos procedimientos concretan garantías mínimas universales que permiten un juicio justo. Para que veamos casos históricos, en tiempos de la dictadura de Efraín Rios Montt se juzgó a muchas personas por aquellos tenebrosos Tribunales de Fuero Especial, incluso algunos procesados fueron sentenciados a ser fusilados. El proceso se agotó conforme la ley; sin embargo, no existía ninguna posibilidad de defensa efectiva o revisión.

El 23 de marzo de 1982 se efectuó nuestro penúltimo golpe de Estado y una junta militar tomó las riendas del país, esa junta emitió el “Estatuto Fundamental de Gobierno” que en la práctica “reemplazaría” a la Constitución. En ese estatuto aparecía el texto de un artículo, el cual en un principio no llamó la atención: “La Junta Militar de Gobierno podrá emitir las leyes relativas al fuero especial a que deba ser sometido el juzgamiento de determinados delitos, así como para declarar en determinadas zonas del país, las limitaciones que sean necesarias para mantener el orden, la paz y la seguridad pública”.

El primero de julio de 1982 se emitió el Decreto Ley 46-82 que consistía en la ley regulatoria de los Tribunales de Fuero Especial y allí se decía que los tribunales estarían formados por un presidente y dos vocales, “quienes deberán ser abogados colegiados activos u oficiales del Ejército de Guatemala, nombrados por el Presidente de la República”. Estos Tribunales funcionaban de forma secreta y si bien la ley señalaba debates públicos, existía la salvedad de audiencia privada, tal como ocurrió en todos los casos.

A la fecha no se conoce quiénes integraron estos tribunales y el Ejército “perdió los expedientes”. Un sumario de tres días bastaba para que se encausara el proceso y en ese plazo el Tribunal debía establecer las diligencias y actuaciones indispensables para la preparación del “juicio”, los defensores podían ser personas no abogadas. En este contexto 14 sentencias de pena de muerte fueron dictadas y ejecutadas. Las sentencias eran inimpugnables.

Ante las sentencias de pena de muerte los defensores acudieron en amparo y la Corte Suprema denegó la protección culminando así lo que el propio Colegio de Abogados de aquella época señaló como tribunales antitécnicos, antijurídicos y atentatorios a cualquier principio de derecho —el Colegio se pronunció de aquella forma a pesar de que su presidente Juan José Rodil Peralta era aliado de estos tenebrosos tribunales—.

¿Por qué debemos hablar de esto en estos momentos? Porque en Guatemala la amnesia colectiva es peste y ahora que tenemos procesos orales, públicos y con garantías, nosotros como sociedad pretendemos al conocer las incidencias de audiencias judiciales que los procesos sean valorados como realitys shows, lo cual es un verdadero abuso a las partes y al juez.

Nuestro sistema de justicia tiene grandes falencias y debe realizarse crítica sensata y seria si queremos salir del atolladero en que estamos, pero el debate debe ser, nos guste o no, con base en el respeto a la labor judicial como expresión de autoridad y medio para lograr la convivencia pacífica, si seguimos con la dinámica de deslegitimación de todo lo que no nos guste —de cualquier lado en que estemos— lo único germinado será violencia y la pérdida de la legitimidad conduciéndonos a un solo sitio: la violencia.

@Alex_balsells

[chronos]

Iniciado por La Hora

Miremos el ejemplo peruano

Oscar Clemente Marroquín
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Perú ha sido ejemplo en algunos casos para los políticos guatemaltecos, como cuando tras ver lo que hizo Fujimori disolviendo el Congreso Jorge Serrano quiso hacer lo mismo pero, como generalmente nos pasa, lo hizo mal al punto de que quien terminó saliendo del poder fue él, mientras que los políticos contra los que estaba dirigido el manotazo constitucional no sólo quedaron tan tranquilos sino que tras un remedo de depuración aumentaron aún más su poder y le dieron rienda suelta a esa forma criminal de hacer política en la que venden el alma al diablo, simplemente para gozar de la oportunidad de ser comparsa en el saqueo.

Ahora los peruanos, los ciudadanos y no los políticos peruanos, nos han dado una importante lección porque mediante una consulta popular se manifestaron sobre cambios profundos que deben ser consagrados como reforma constitucional y son justamente muchas de las cosas que en Guatemala nos están haciendo falta con urgencia. Entre ellas la no reelección de los diputados al Congreso de la República para terminar con esos cacicazgos tan lesivos, la modificación de la forma en que se integra el Poder Judicial y un cambio a fondo de la forma en que se financian las campañas políticas para terminar con la influencia que tienen los grupos de poder económico que compiten con el crimen organizado en la cooptación de las autoridades, los primeros a nivel nacional y los segundos más concentrados en el nivel local.

Hubo en Perú una cuarta propuesta que no recibió el abrumador respaldo que obtuvieron las tres ya referidas. Y era la creación de una Cámara Alta en el Poder Legislativo, una especie de Senado, que por supuesto la población entendió como una nueva panacea para esa clase política cuyo poder es el que se trata de mermar para evitar los abusos en que incurren constantemente.

Los tres aspectos, la no reelección de los diputados, la reforma al Sector Justicia para erradicar los vicios que permiten que grupos paralelos controlen al Poder Judicial, y el financiamiento de las actividades políticas, son asuntos esenciales que en Guatemala no podemos pasar por alto, y que si algún día queremos que el país cambie, se deberá empezar por lo menos por ese mínimo de reformas que abrirán las puertas al establecimiento de un verdadero Estado de Derecho y una auténtica democracia.

Yo sostengo que mientras no tengamos ese nivel de reforma vamos a seguir llevando quebrones de cara como el que se dieron los que votaron por Jimmy Morales porque, aunque de verdad hubiera sido ni corrupto ni ladrón, de todos modos el modelo está hecho y servido para prostituir a cualquiera. Muchos de los que han llegado al poder lo han hecho con la intención de pasar a la historia como grandes gobernantes y terminan siendo los peleles de siempre de los poderes fácticos que viven de la maraña de la corrupción. Sin cambios profundos y reales, todo será puro espejismo porque no serán solo los dinosaurios los que aún estarán allí cuando abramos los ojos, sino serán los mismos diablos que han sabido cómo sacar provecho de nuestra estupidez política.

[chronos]

Iniciado por La Hora

No es la judicialización sino la perversión

Oscar Clemente Marroquín
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Aplicar la ley mediante la intervención de los tribunales debiera ser la aspiración general en cualquier sociedad civilizada y por lo tanto la judicialización de cualquier ámbito de la actividad humana no tendría nada despreciable si realmente se buscara ese objetivo de garantizar la correcta administración de justicia. Lo que en Guatemala se ha dado en calificar como la judicialización de la política es realmente una perversión que pretende utilizar un sistema diseñado para garantizar impunidad para lograr otros fines que nada tienen que ver con el imperio de la ley.

Es tan grave el problema de nuestro sector justicia que hace dos años hasta el mismo presidente Morales convocó a los presidentes de los otros organismos del Estado para impulsar la reforma constitucional que permitiera combatir conocidos vicios que tienen mucho que ver con la forma en que se integran las Cortes en el país. Fue socializado el proyecto de reforma y se llegó al punto en el que las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, en un acto de suprema madurez, pidieron retirar la equiparación que se pretendía hacer del derecho indígena con el sistema nacional a efecto de que ese pretexto no frenara la reforma constitucional. De nada valió ese gesto porque ya los grupos de poder habían entendido que una reforma así significaba acabar con el control que permite el funcionamiento del sistema de impunidad.

Hoy vemos que la misma campaña electoral está siendo afectada por esa forma de perversión que se traduce en el manoseo de los procesos no sólo a la hora de dictar algunas resoluciones, sino en la forma maliciosa como se retardan las decisiones aunque sólo sea retrasando la notificación por la falta de uno o más votos razonados de quienes quieren entrampar los procedimientos.

Si nuestros juzgadores fueran realmente éticos y coherentes empezarían por aplicar la ley siempre con el mismo rasero y no con esas diferencias que evidencian que la balanza de la justicia no es pareja y que se mueve de acuerdo al gusto de juzgadores que se prestan a la maniobra y manipulación.

El problema se agrava cuando existe una componenda tan grande como la que, por ejemplo, permitió retrasar una acusación como la que se formuló en el caso de Sandra Torres justo hasta el momento preciso en el que ya tenía inmunidad y había certeza de que la Corte Suprema de Justicia rechazaría el antejuicio. O cuando se pone a trabajar a la carrera durante un fin de semana a un Fiscal para que sobre la marcha presente un caso contra Aldana en el que de entrada se pide su captura para impedir que llegue a gozar de inmunidad.

Eso no es judicializar la política sino es la perversión de la acción judicial con fines estrictamente politiqueros. Nada de malo tendría que se exija la rendición de cuentas y el establecimiento de responsabilidades penales si las acciones no estuvieran tan burdamente manipuladas y con la evidente intención de causar beneficio o perjuicio a cualquiera de los políticos sindicados.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Previsibilidad para atraer inversiones

Por Juan Carlos Zapata

La atracción de inversiones hacia cualquier economía para generar más oportunidades y empleos requiere, en una palabra, lo que muchos expertos llaman previsibilidad. Certeza jurídica sobre los procedimientos necesarios para garantizar que, mediante el cumplimiento de lo que establece la ley, se pueda garantizar que el Estado no actuará de manera arbitraria en contra de determinados sectores o industrias, sino apegado a derecho.


En los últimos años hemos visto cómo algunos jueces y magistrados han sobrepasado el límite de sus funciones, cayendo en un espiral perverso de activismo político, que ha producido incertidumbre y serias preocupaciones sobre el futuro de muchas inversiones en Guatemala. Hay suficientes casos documentados, desde aplicaciones dudosas sobre el Convenio 169 de la OIT relacionado a Pueblos Indígenas y Tribales, hasta inacción por parte de las cortes para aplicar el debido proceso en casos de usurpación u ocupación de bienes inmuebles. En ocasiones han ocurrido casos flagrantes de bloqueos, invasiones o retenciones ilegales, ante una completa pasividad por parte de las autoridades de justicia.

Guatemala se encuentra evaluada en la posición 96 de 126 países analizados por el Proyecto para la Justicia Global (WJP, en inglés) en el índice de estado de Derecho, con una calificación de 0.46 sobre 1.00. La poca eficiencia del sistema de justicia penal —33%, según la última evaluación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana—, aunado a la burocracia en los procesos de la justicia civil, corrupción existente en el sistema de justicia y la falta de certeza en el debido proceso, limitan la capacidad del Estado para generar la confianza necesaria, que ayude a atraer más inversión.

Es por ello que necesitamos una reforma profunda al sistema de justicia, que requerirá no solo del compromiso de las distintas élites de buscar consensos para su implementación, sino la participación de representantes de las cortes que ayuden a plantear iniciativas más efectivas, para garantizar una justicia pronta y cumplida para todos los guatemaltecos.

La claridad con la que se planteen las reformas necesarias ayudará a que su implementación sea mucho más acelerada, intentando que cualquier persona pueda comprender las fases en las que deben transitar los casos para que exista justicia. Las reformas, deben ayudar a que el Sistema de Justicia se fortalezca y que exista más certeza sobre las funciones administrativas y aquellas propias a la impartición de justicia, por ejemplo. Un sistema que priorice mayor meritocracia y una carrera judicial apegada a procesos y evaluaciones con base en indicadores y criterios técnicos.

Esta forma de medir la justicia con base en procesos, que son conocidos por los ciudadanos y que ayudan a garantizar mayor objetividad, sin necesariamente depender del caso en el que nos encontremos o quién es la persona individual o jurídica en cuestión, ayudará a que se cumpla el debido proceso en aras de un mayor estado de Derecho.

Ahora bien, la discusión del sistema de justicia que anhelamos, la eficiencia de los procesos y la certeza de resoluciones prontas y cumplidas, apegadas a la ley, no puede separarse de propuestas sobre cómo garantizar más fondos hacia el sistema de justicia. Está claro que solo con ver la tasa ínfima de seis jueces por cada 100 mil habitantes en Guatemala, en comparación con la tasa promedio mundial de 17, claramente se necesita más eficiencia y mayores recursos hacia el sistema de justicia.