Tramitan iniciativa que reduce penas a quienes acepten responsabilidad

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Iniciado por La Hora

Tramitan iniciativa que reduce penas a quienes acepten responsabilidad

POR SAIRA RAMOS
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Los diputados tramitaron en primer debate la iniciativa de ley que busca reducir las penas a quienes acepten su responsabilidad en la comisión de un delito.

En la sesión plenaria celebrada ayer en el Congreso de la República, los diputados dispensaron de dictamen el proyecto de reformas al Código Procesal Penal que permitiría a los acusados de cualquier delito a que acepten los cargos atribuidos por el Ministerio Público (MP), a cambio de obtener rebajas en las penas.

Este beneficio solo aplicaría, según la propuesta, por una única ocasión en el proceso desde que el MP haya formulado la imputación, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate.

La propuesta elaborada por el diputado Oliverio García Rodas del Movimiento Reformador (MR), pretende que una vez los procesados acepten los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrán derecho a que se les rebajen las penas en la mitad, pero si lo hace después de dicha audiencia y hasta que se admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.

En cambio, sí lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, el señalado tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.

En la propuesta de reforma, García Rodas, condiciona la reducción de penas ya que esta lleva implícito el compromiso de que en el momento de ser requerido por el MP, el procesado declarará como testigo en anticipo de prueba en los casos seguidos contra quienes hayan participado en la comisión de los delitos aceptados. Esa declaración la deberá prestar en los cinco días siguientes en que quede en firme la sentencia. El incumplimiento de ésta conllevará la pérdida de la rebaja de penas.

PAGO DE DAÑOS

Para que los señalados por cualquier delitos puedan aceptar la reducción de penas deberán indemnizar como mínimo el 50 por ciento del daño causado a sus víctimas o agraviados, asegurando el pago que establecerá el MP en la imputación, o bien, por un acuerdo entre el afectado y el agresor bajo la dirección de un juez o tribunal de sentencia. En efecto de éste consenso, el juez fijará la indemnización tomando en cuenta el delito y daño ocasionado.

Entre tanto, la propuesta se plantea, según García Rodas, con el fin de contribuir a obtener la aplicación de la justicia “pronta y cumplida”, la cual permita alcanzar soluciones en conflictos generados por el delito, y propiciar la reparación integral de los daños ocasionados por los hechos.

El proyecto de ley recibirá su segundo debate cuando los diputados agoten todos los puntos incluidos en la agenda legislativa.

[chronos]

Iniciado por La Hora

MP y CICIG apoyan iniciativa para la reducción de penas

(...)

El comisionado Iván Velásquez afirmó que la iniciativa de reducción de penas es un beneficio al sistema de justicia. Una vez aprobadao el proyecto de ley entrará en vigencia dos meses después y si en ese tiempo los señalados por el caso Cooptación del Estado se acogen a la última fase, estos deberán revelar las circunstancias, tiempo, modo y lugar. Los sindicados deberán pagar los daños ocasionados por los hechos, indicó.

Velásquez señaló que la iniciativa no patrocina la impunidad pero depende del tiempo que se tomen los diputados para aprobarla para que entre en vigencia y sea aplicada a cualquier señalado.

La iniciativa de reforma al Código Procesal Penal se presentó a la Dirección Legislativa el martes 9 de agosto, día en que los diputados la dispensaron de dictamen y la tramitaron en primer debate previo a su aprobación y redacción final.

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[Efrain12]

si dijeran que el que confiese su delito se le baja en un 50 por ciento la sentencia o condena pues pienso que serian mas los confesores

[chronos]

Iniciado por Efrain12

si dijeran que el que confiese su delito se le baja en un 50 por ciento la sentencia o condena pues pienso que serian mas los confesores

Ya existe una figura que se llama "juicio abreviado", generalmente al declararse culpable, se llega a un arreglo con la fiscalia por medio del cual la pena imputada es la minima.

En el procedimiento que trataban de aprobar no necesariamente seria de beneficio que hubieran mas "confesos" (independientemente de los beneficios obvios para aquellos que son realmente culpables)

La escena podria ser muy clara, a un grupo de acusados, el juez les instruye que el proceso consiste en elegir a un abogado de un grupo de 3 o 4 (podrian pagarseles una cantidad simbolica de digamos Q100, a cuenta de cada acusado) que los auxiliaria en el tramite de aceptar la culpabilidad y la audiencia se reduciria a un simple tramite donde se les impone una multa y quedan en libertad inmediata, pero si deciden no aceptar su culpa (por considerarse inocentes) tienen que esperar y seguir con lo que mande el "debido proceso" en estos casos ...

Retirarán proyecto de ley de aceptación de cargos

Congreso, MP y CSJ trabajan en una nueva iniciativa que buscará mejorar la figura del procedimiento abreviado.

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[velmax007]

¿Entonces la Baldetti confiesa que se robó el billete de Guatemala y en lugar de 10 años en el tambo le dan 5 y sale a disfrutar su billete después? ¿eso pasaría?

[rodl74]

Iniciado por velmax007

¿Entonces la Baldetti confiesa que se robó el billete de Guatemala y en lugar de 10 años en el tambo le dan 5 y sale a disfrutar su billete después? ¿eso pasaría?

lo mismo que hizo portillo al declararse culpable en usa, le redujeron la condena al pizado

[KREATYVYTTY]

pasaria lo del Hijoelagranputa de Portillo hueviarian miles de millones, y al aceptar su delito se les reduce la condena, y luego salen a gastarse sus millones y ojo ya nadie le puede decir nada porque ya pago su condena,....


es ley es de esas que esta pensada para usarla ellos mismos mas adelante...

[NG-STAR]

Esa mierda ya se ve para quienes va...

Puuuuuuras casualidades,,,, fijo el joto y su trinque andas detrás de ésto ...

[chronos]

Iniciado por La Hora

Diputados buscan beneficiar, sin condiciones, a sindicados confesos

El Congreso de la República podría dar un primer paso para conocer una iniciativa de ley que favorecería cualquier persona que tenga problemas con la ley, a cambio de una confesión. Se trata del proyecto de ley 5311 que busca modificar el Código Procesal Penal. El debate en primera lectura de esta reforma estaba programado en el sexto punto de la agenda del día de la sesión plenaria del Legislativo.

El pasado 11 de septiembre la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dio dictamen favorable a la iniciativa, que mantiene como base la reducción en las penas de aquellas personas que admitan ante juez ser responsables de los cargos.

Extraoficialmente se conoció que algunos diputados presentarán enmiendas para reducir a la mitad de la pena la aceptación de los cargos sin tener la obligación de continuar colaborando con la investigación, como actualmente cita la iniciativa legal.

El diputado Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un antejuicio en su contra por financiamiento electoral ilícito, dijo que ve favorable el proyecto de ley, únicamente con “algunos cambios” a la propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante la reunión de jefes de bloque realizada a inicios de semana, la UNE solicitó que se programara para la sesión de hoy la primera lectura de la iniciativa que reforma el Código Procesal Penal, conocida también como de “aceptación de cargos y reducción de penas”.

Blanco asegura que los cambios que propondrán a la propuesta en la tercera lectura y redacción final serían la excepción de los delitos para definir qué delitos no se deben exonerar y también la estandarización de los tiempos.

Por su parte, el diputado Cornelio García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sala de trabajo que dictaminó la propuesta, indica que no se le realizó ningún cambio a la propuesta debido a que la misma beneficiaría y sería aplicada por el órgano que la propuso.

García indicó que sería criterio de los jueces si se beneficia o no a los sindicados de corrupción y que antes debería tener el apoyo de los bloques en el pleno.

Diputados también rumoraban que mientras se realiza la plenaria ordinaria se presentarán amnistías a delitos electorales y financieros.

En caso sea aprobada la iniciativa de ley aquellas personas que enfrenten problemas legales podrían aceptar los hechos desde el momento que queden ligados a proceso penal y hasta antes que la parte acusadora exponga a detalle las pruebas en la etapa de juicio, según los documentos. También existe un apartado que faculta al confeso retractarse de su declaración, lo que suspendería los beneficios en la reducción de la condena.

Al cierre de esta nota, los diputados aún no conocían el punto sexto de la agenda.

Iniciado por La Hora

Crisis en el Sistema Penitenciario, la excusa para abogar por ex funcionarios detenidos

Los motivos que impulsaron las reformas aprobadas este miércoles por el Congreso se fundamentaron en una aparente crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario y la cantidad de recursos que destina el Estado Guatemalteco para mantener a los privados de libertad.

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[setsuna]

Ya pensando en el,futuro.

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Iniciado por La Hora

Diputados sacan de agenda Ley de Aceptación de Cargos

A través de una moción privilegiada presentada por el jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Orlando Blanco, el Congreso modificó hoy el orden del día para la sesión plenaria y con 94 votos a favor se acordó retirar de la discusión en la iniciativa de ley del procedimiento especial de aceptación de cargos.

Esta propuesta fue remitida a inicios de año por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cuenta con el apoyo del Ministerio Público (MP). Hoy iba a ser conocida en su primer debate la reforma al Código Penal pero los diputados acordaron citar al pleno de magistrados de la CSJ para que expliquen el tema.

Blanco aseguró que es necesario que los magistrados ponentes de la propuesta aclaren si la misma podría beneficiar a personas que están sindicadas por corrupción debido a que los análisis de la propuesta indican que este podría ser un escenario.

Por su parte el diputado Fernando Linares Beltranena, miembro de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), indicó que a pesar de que la iniciativa fue propuesta por la CSJ no siempre significa que sea buena o que deberían aprobarla en el pleno.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Congreso trabajará en reformar el delito de financiamiento electoral ilícito

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, informó que ya fueron notificados de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que insta a los diputados a modificar el inciso “N” del artículo 407 del Código Penal, un apartado del delito de financiamiento electoral ilícito.

De acuerdo con Arzú, durante la sesión plenaria de mañana se leerá la resolución de la Corte para luego fijar una serie de reuniones con los jefes de bloque y abordar de la manera correcta las eventuales modificaciones que les insta el máximo tribunal.

“Más que urgente, lo que ha sucedido es que la Corte de Constitucionalidad nos exhorta a que se reforme un artículo que ellos reconocen no está bien redactado, por eso más que urgencia, la responsabilidad del Congreso es hacer las cosas bien, con responsabilidad de un forma seria y que ese artículo quede de la mejor forma posible”, refirió Arzú.

El año pasado el Congreso había aprobado cambios en el delito de financiamiento electoral ilícito en donde prácticamente salvaban a cualquier político involucrado, reformas a las que tuvieron que dar marcha atrás; entre algunos de los funcionarios denunciados resalta el propio Presidente Morales, los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate y el alcalde capitalino y padre del Presidente del Congreso, Álvaro Arzú.

Cuando el presidente del Congreso fue consultado si esto podría beneficiar a algunos de los personajes citados anteriormente dijo “eso no lo sé, honestamente eso no lo estamos viendo en este momento, lo que vemos en este momento es que la CC exhorta al Congreso a corregir algo que está mal”.

El año pasado esa serie de cambios dieron vida al denominado Pacto de Corruptos, extremo que Arzú confía no vuelva a pasar.

“Yo considero que el error, quizá, del año pasado fue la forma de cómo se hicieron las cosas porque al final esta resolución demuestra que el Congreso tenía razón al decir que ese delito no está bien tipificado en el código penal y hay que reformarlo, y por eso es importante que en esta ocasión lo hagamos bien, con una discusión abierta y de manera responsable”, puntualizó Arzú

Iniciado por Prensa Libre

CC pide "proporcionalidad" en penas de delito de financiamiento electoral ilícito

La Corte de Constitucionalidad (CC), mediante una sentencia, exhortó al Organismo Legislativo para que reforme el segundo párrafo del artículo 407 N, del Código Penal, que habla del financiamiento electoral ilícito, para que se tomen en cuenta “los principios de proporcionalidad, racionalidad y justicia” que debe revestir toda norma penal.

Dicho artículo dice textualmente: “Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito toda contribución recibida en forma anónima y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política”.

Según el análisis de la CC, “la norma, al haber agregado en un segundo párrafo otras conductas que constituyen el mismo delito, dejó para todas la misma pena, no obstante que podría tratarse de conductas con distinto grado de valor subjetivo y objetivo de la acción, lo cual puede dar lugar a que se aplique el mismo marco penal, y en definitiva, la misma pena al actor de conductas típicas distintas”.

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[Tomoligu]

Iniciado por chronos

Ya existe una figura que se llama "juicio abreviado", generalmente al declararse culpable, se llega a un arreglo con la fiscalia por medio del cual la pena imputada es la minima.

En el procedimiento que trataban de aprobar no necesariamente seria de beneficio que hubieran mas "confesos" (independientemente de los beneficios obvios para aquellos que son realmente culpables)

La escena podria ser muy clara, a un grupo de acusados, el juez les instruye que el proceso consiste en elegir a un abogado de un grupo de 3 o 4 (podrian pagarseles una cantidad simbolica de digamos Q100, a cuenta de cada acusado) que los auxiliaria en el tramite de aceptar la culpabilidad y la audiencia se reduciria a un simple tramite donde se les impone una multa y quedan en libertad inmediata, pero si deciden no aceptar su culpa (por considerarse inocentes) tienen que esperar y seguir con lo que mande el "debido proceso" en estos casos ...

con la diferencia de que esta ley no conlleva los requisitos del procedimientos abreviado, por ejemplo que la pena tiene que ser menor a 5 años... y segun entiendo todos los principes de la corrupción que estan presos estan por delitos con penas mayores.

Por otra parte habria que evaluar si las penas accesorias compensarian el desgaste económico que significa un procedimiento de esos, y la extinción de dominio pues esa es independiente y vale verga si nson culpables o no.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

La propuesta de la ley de aceptación de cargos y los beneficios para los culpables

Reconocer la culpa a través de una ley de aceptación de cargos podría significar hasta una rebaja del 30 por ciento de las penas y procesos más rápidos, lo que sería un alivio a la mora judicial que aqueja al sistema de Justicia.

Por Stefani Ramos

El proyecto fue presentado hace casi un año por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero los beneficios por declararse culpable no aplicarían únicamente al reo que se acoja a este procedimiento. Va más allá.

La propuesta contiene 15 artículos que modificarían el Código Penal. En esta iniciativa se contempla la rebaja de penas a cambio de una reparación digna a la víctima o al Estado, es decir, el que viole la ley podría pagar de otra forma y no con cárcel.

La iniciativa también daría la oportunidad a quien acepte sus cargos de convertirse en colaborador para coadyuvar al Ministerio Público (MP) en las investigaciones.

El procedimiento

Mientras la ley actual contempla un procedimiento abreviado únicamente sobre delitos con penas menores a 5 años, la reforma propuesta por la CSJ permite al acusado declararse culpable ante un juez por cualquier crimen, toda vez no sea de lesa humanidad o una reincidencia. Además, el sindicado podría hacerlo en cualquiera de las etapas del proceso penal.

Esto implica que la persona acepte los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, al igual que su responsabilidad sobre los actos ilegales cometidos.

La condición es que quienes acepten los cargos durante la audiencia de primera declaración, una vez ligado al proceso, tiene derecho a una rebaja de pena en una tercera parte. En cambio, quienes lo acepten antes del juicio o durante el mismo, pueden optar a una rebaja de una cuarta o quinta parte de la pena, respectivamente.

La reparación

Los beneficios en cuanto a las penas las obtendrán los acusados una vez hayan hecho una reparación digna o integral a las víctimas o agraviados. La propuesta especifica que lo harán a través de una indemnización, restitución o rehabilitación. Además de que deben entregar el incremento patrimonial obtenido como producto de su delito.

Si la persona no tiene las condiciones socioeconómicas o familiares para cumplir con la obligación económica, deberá pagar una cuota y hacer un convenio de pago que se incluirá en su sentencia.

Ser testigo

A diferencia de lo estipulado en la legislación vigente, el proyecto de ley de aceptación de cargos obligaría a los acusados que opten por este sistema, a comprometerse a colaborar con el MP en las investigaciones del caso que esté implicado. A solicitud del ente investigador, la persona deberá atestiguar sobre los delitos aceptados en otros procesos penales relacionados con sus actuaciones.

Por ahora, el Congreso decidió que será una comisión específica que analizará la iniciativa y deberá programar las audiencias públicas para lograr los consensos sobre las dudas que genera el declararse culpable.

Iniciado por Prensa Libre

Comisión del Congreso discute propuesta de ley de aceptación de cargos

Mientras la propuesta de ley de aceptación de cargos divide criterios políticos y judiciales, el Congreso de la República no terminó ayer de integrar la comisión extraordinaria para analizarla.

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[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Preocupa supresión del compromiso para testificar

Hoy se realizará la última audiencia pública sobre la iniciativa para la llamada Ley de Aceptación de Cargos.

Ni renacuajos ni mucho menos sapos quieren los diputados, es el murmullo atribuido a los diputados con relación a la iniciativa 5311 que pretende modificaciones al Código Penal, llamada Ley de Aceptación de Cargos.

La reforma propone una rebaja de penas para que los sindicados acepten los cargos que les impute el Ministerio Público, a cambio del deber de declarar como testigos en los casos en los que se les involucre u otros relacionados. La delación desagrada a los diputados, según fuentes consultadas, lo cual fue desmentido por el presidente de la comisión específica a cargo de la iniciativa, Manuel Conde.

“Es muy pronto para hablar de supresión o enmiendas”, indicó Conde, porque aún no se agota el foro público para la discusión de la iniciativa. Hoy se efectuará la última consulta pública de la iniciativa, con jueces y magistrados. Esta semana, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Corte Suprema de Justicia presentaron su opinión conjunta.

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[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Análisis señala que aceptación de cargos debería aplicar a todos

La discusión para darle viabilidad a la iniciativa de ley que busca crear un mecanismo de aceptación de cargos continúa en el Congreso a través de una comisión específica, esta vez se abrió el debate de que esta iniciativa no debería excluir ningún delito lo que contradice las peticiones de algunos sectores.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Ley de aceptación de cargos no aplicaría en casos de corrupción

La propuesta de ley de aceptación de cargos necesita enmiendas, según la comisión legislativa que la analiza. Sin embargo los diputados estiman que no debería beneficiar con rebaja de penas a quienes estén implicados en casos de corrupción.

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Iniciado por publinews

Iniciativa de aceptación de cargos avanza en tercer debate

Los diputados intentan agilizar la aprobación de varios proyectos de ley a dos semanas de que finalice el segundo periodo ordinario.

Por Joel Maldonado

A pesar de que se llegó a tener la presencia de 113 diputados para aprobar todos los temas de la agenda legislativa solo se avanzó en el tercer debate de la ley de aceptación de cargos, que otorga beneficios a implicados en casos del Ministerio Público, como a la prórroga del fideicomiso para productores del café.

La presión de algunos legisladores era aprobar en redacción final las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, pero otros diputados no están de acuerdo porque se le permitirá al gobierno de turno por medio del Ministerio de Gobernación.

ADEMÁS, EN LA SESIÓN PASÓ EN PRIMER DEBATE LA LEY QUE BUSCA DECLARAR EL DÍA NACIONAL DE LA ORACIÓN, QUE SERÁ EL PRIMER SÁBADO DE NOVIEMBRE.

SE RETIRAN

Aunque en los alrededores del Congreso, se plantaron sindicalistas de Salud y del Magisterio para pedir más presupuesto, los diputados decidieron abandonar la sesión cuando se discutía en redacción final las reformas a la Ley de Tránsito para prohibir las luces LED en los vehículos.

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, tuvo que levantar la sesión por no contar con el cuórum para continuar con la aprobación.

El 30 de noviembre finalizará el segundo periodo ordinario del Congreso y el jueves se tiene previsto que apruebe en redacción final el presupuesto de 2019 con varios cambios.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Cicig: ley de aceptación de cargos podría generar impunidad

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó la iniciativa en 2017 y en el Congreso le realizaron enmiendas. Esta semana fue aprobada en tercera lectura.

(...)

A la Cicig le preocupa la aprobación, en tercer debate, que hicieron los legisladores el martes recién pasado. La propuesta de la CSJ era que, si alguien aceptaba su culpabilidad en un delito durante la indagatoria ante un juez, la reducción de la pena era de la tercera parte.

En cambio, los diputados aprobaron la disminución del 50% de la pena. “La disminución del 50% de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, dando como resultado que todos los delitos con penas de diez años de prisión y menos quedarían en la práctica liberados de cumplimiento de pena de prisión, incluyendo delitos tan graves como la trata de personas, la violación y el cohecho, entre otros casos”, informó la Cicig.

A criterio de la Cicig, la enmienda “tendría los mismos efectos que el Decreto 15-2017, dejado sin efecto por el Congreso ante el clamor ciudadano del 15 de septiembre de 2017”, evento por el cual se acuñó el nombre de Pacto de Corruptos, para referirse a los diputados que votaron en esa ocasión.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Congreso premia a lavadores de dinero: reducirán penas en 50%

POR HEDY QUINO
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Sin ninguna discusión ni objeción, los diputados del Congreso aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, la cual modifica el Código Procesal Penal y establece los mecanismos para otorgarle beneficios a los acusados que acepten los cargos que se les imputan. El mismo sufrió varias modificaciones a través de enmiendas que presentaron los aliados del oficialismo, por lo que se modificó la propuesta original que presentó en 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las enmiendas presentadas por los diputados aliados al oficialismo: Delia Bac, Oscar Quintanilla, Marco Antonio Lemus, Armando Escribá y Carlos López Maldonado, este último de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), otorga rebajas a las penas hasta un 50 por ciento a los imputados que acepten haber cometido las faltas que se les acusa, incluyendo los delitos de lavado de dinero y otros activos, así como los que establece la Ley del Crimen Organizado, Ley Contra la Corrupción y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero.

La enmienda al artículo 4, sobre las restricciones a la rebaja de penas por aceptación de cargos, establece que la rebaja no se aplicará a los delitos siguientes: genocidio, desaparición forzada; ejecución extrajudicial; tortura; delitos contra los deberes de la humanidad; homicidio; parricidio; asesinato; violación; agresión sexual; ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada; actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad; producción de pornografía de personas menores de edad; plagio o secuestro; trata de personas; robo agravado; extorsión; terrorismo; femicidio; y delitos contemplados en la Ley Contra la Narcoactividad.

Además, se contempla que no podrán ser beneficiados aquellos que cometieron aborto, así como los que infringieron en los delitos contra el orden institucional del Código Penal, así como lo delitos que afecten la indemnidad, integridad de la niñez y adolescencia.

“La rebaja de penas por aceptación de cargos solo aplica para las penas principales de personas naturales o individuales”, dice la ley.

“Si se trata de reincidentes habituales por el mismo delito, no se tendrá derecho a rebaja de penas por aceptación de cargos”, añade la normativa.

LOS BENEFICIOS

Otra de las enmiendas establece los beneficios que otorga la aceptación de cargos, en el artículo 6. “Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad”, dicta la ley. Antes, se establecía un menor beneficio pero hoy los diputados acordaron aumentar el beneficio.

“Si el procesado acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciar la audiencia de debate, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una tercera parte”, añade la normativa.

Asimismo, la ley establece: “Si el procesado acepta los cargos después de iniciada la audiencia de debate hasta antes de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que las penas se le rebajen en una quinta parte”.

“Los beneficios obtenidos por la aceptación de cargos, se otorgan sin perjuicio de los beneficiados establecidos en la Ley del Régimen Penitenciario, Código Penal y Código Procesal Penal; cuando las penas finales impuestas en el procedimiento de aceptación de cargos sean de hasta 5 años serán conmutables”, concluye el artículo.

Además, la normativa estipuló el procedimiento que se debe seguir en el proceso de aceptación, momentos para hacerlo, posibilidad de retractarse, obligación de ser testigo y otros.

ACEPTAR, LA CLAVE

La presente ley, que entrará en vigencia a un mes de su publicación, implica que los sindicados deben aceptar los hechos que se les imputan o los que determine el juez dentro del proceso de aceptación.

Varios de los sindicados en procesos de corrupción no han querido aceptar los hechos a pesar que con las modificaciones al financiamiento electoral ilícito pueden acogerse al procedimiento abreviado, aceptando los hechos imputados.

[chronos]

Iniciado por Soy502

Mareros acortarán condenas con nueva Ley que aprobó el Congreso

Por José Miguel Castañeda

Los diputados beneficiaron a mareros y, a parte de las estructuras del narcotráfico, con la Ley de Aceptación de Cargos que aprobaron este martes en el Congreso.

Las reformas al Código Procesal Penal establecen que los responsables de varios delitos no podrán ser beneficiados con el descuento en sus condenas. Sin embargo, los legisladores "olvidaron" varios delitos que suelen ser cometidos por estos grupos delincuenciales.

Con esto bastará que los señalados acepten haber cometido alguno de los delitos para recibir un descuento de hasta el 50% de la condena.

Los diputados no incluyeron el artículo que obligaba a los delincuentes confesos a cooperar con el Ministerio Público (MP), por lo que para recibir el beneficio, no será necesario delatar al resto de la estructura criminal.

Crímenes con beneficios

Quienes sean responsables de extorsionar a los pilotos de buses o propietarios de negocios, portar armas de fuego sin autorización, asaltar o integrar una mara recibirán el beneficio establecido en el Decreto 10-2019.

Si bien los diputados incluyeron el delito de "Extorsión" en la lista de los cargos que no podrán obtener un descuento en la pena, los legisladores olvidaron los delitos de "Obstrucción Extorsiva de Tránsito" y "Exacciones Intimidatorias", que también están vinculados a las extorsiones.

La "Obstrucción Extorsiva de Tránsito" se refiere a los grupos o personas que le exigen un monto a los conductores de cualquier medio de transporte para poder circular por determinada área.

Mientras que las "Exacciones Intimidatorias" la cometen quien "en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte".

En ambos casos, la Ley Contra la Delincuencia Organizada contempla penas de entre seis y ocho años; no obstante, con la nueva ley, si los delicuentes confiesan, la condena puede ser reducida a la mitad.

La ley aprobada este miércoles permite que los delitos menores a cinco años gocen de medidas sustitutivas a la prisión, tales como arresto domiciliario o una fianza.

"La Ley de Aceptación de Cargos permite que los pandilleros se declaren culpables de pertenecer a una pandilla (asociación ilícita) y de cobrar extorsiones (exacciones intimidatorios), y pagando una multa van a salir de la cárcel", asegura el abogado penalista y exjefe de análisis criminal del MP, Juan Francisco Solórzano Foppa.

Otros delitos como portación ilegal de arma de fuego, robo (con o sin sus agravaciones) y asociación ilícita, también gozarán de la reducción de pena.

¿Y el narcotráfico?

Los diputados excluyeron del beneficio de la aceptación de cargos, el delito de "Narcotráfico"; sin embargo, no tomaron en cuenta el lavado de dinero.

El lavado de dinero está íntimamente ligado al narcotráfico porque es utilizado por las estructuras criminales para intentar aparentar que el dinero proviene de actividades legales, y a quienes son señalado por este delito, no siempre se les atribuye el de narcotráfico.

Un ejemplo de esto, es el excandidato presidencial del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider), quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, debido a que se demostró que recibió fondos del narcotráfico para actividades políticas; sin embargo, él no ha sido señalado directamente de narcotráfico.

Además, los delitos incluidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y los de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos tampoco fueron excluidos del beneficio.

Jimmy y los diputados pueden detenerlo

Los diputados tienen la facultad de derogar el polémico Decreto 10-2019, tal y como ocurrió con los decretos 14 y 15, de 2017.

De no ser así, el presidente Jimmy Morales también puede vetar esta ley para evitar que entre en vigencia.

En caso de que el mandatario no rechace la Ley de Aceptación de Cargos, esta entrará en vigencia un mes después de que se publique en el diario oficial.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Presentan amparos contra ley conocida como de aceptación de cargos aprobada por diputados

Por violación al debido proceso, atentar contra el acceso a la justicia, el derecho de defensa y la tutela judicial de las víctimas, varias organizaciones presentaron amparos contra este decreto aprobado.

Por Mariajosé España

La Ley de Aceptación de Cargos aprobada por los diputados este martes en una votación sin oposición, recibió sus primeros amparos para evitar que tome vigencia.

La Corte de Constitucionalidad recibió este día a representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y la organización Acción Ciudadana (AC) quienes presentaron amparos en contra de esta ley.

Los representantes estudiantiles indicaron que consideran lesiva esta ley para la ciudadanía porque “deforman el proceso penal en el país”.

Luis Álvarez, comisionado de Asuntos Jurídicos de la AEU, también indicó que la ley fue aprobada ilegítimamente.

“Se dieron varios vicios en el consentimiento porque las enmiendas no se las dieron a los diputados opositores en clara violación del articulo 120 del Organismo Legislativo”, dijo.

Eddie Cux, de AC también señala los vicios en el procedimiento de aprobación de dicho decreto.

“La discusión no fue transparente, no se do a conocer a todos los legisladores y en la votación , el artículo 11 no fue aprobado por la mayoría de diputados, pero en el documento final sí aparece éste artículo y eso podría caer en falsedad”, indicó

El artículo 11 que quedó improbado por los diputados señala que quienes obtengan la reducción de la condena no deberán declarar como testigos protegidos.

“El congreso acaba de cometer una aberración jurídica alterando el propósito del sistema penal, incluso incentiva el hecho a delinquir porque afecta el efecto disuasivo del sistema penal”, dijo Cux.

Iniciado por Prensa Libre

Luces y sombras de la aceptación de cargos

Exfuncionarios del sector justicia analizan los pro y contras de las reformas al Código Procesal Penal aprobadas este 12 de noviembre por el Congreso de la República.

Por Manuel Hernández Mayén

Prensa Libre consultó a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) y a un exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público, quienes consideran que las reformas al Código Procesal Penal con beneficios para los sindicados de varios delitos que acepten su participación en los hechos señalados buscan disminuir la mora judicial y descongestionar las cárceles, pero hay riesgos de que se desvirtúe el sentido original del proceso penal y se genere impunidad.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina manifestó que las reformas que incluyen el apartado de aceptación de cargos tienen aspectos positivos, en la medida que la maquinaria procesal es ineficiente y que de alguna forma ahora descongestiona y de otra forma facilita algunas condenas.

“No debemos criticar oficiosamente y se debería realmente tratar de ver algunos elementos positivos que conlleva. Tomando en cuenta lo frágil y lo poco efectiva que es la maquinaria penal, algunos dirán que les apliquen el peso de la ley, pero si se lo aplican qué bueno, pero ¿qué pasa con otra injusticia cuando hay muchas personas en prisión preventiva? Sí alguien cometió un delito, que lo condenen, pero que lo tengan en ascuas es incorrecto”, refirió.

El exmagistrado manifestó que está en contra de que se le hagan parches al Código y que ya es hora de que se hagan nuevos códigos.

“La sentencia se ha creado para castigar y disuadir, las teorías de vanguardia que decían que eran para rehabilitar es muy fantasioso. El disuasivo no se cae si la persona confiesa, la pena es de ocho años y le van a dar cuatro, a nadie le gustaría estar ese tiempo en la cárcel, por lo que se mantiene ese elemento disuasión”, señaló Fernández Molina.

Añadió: “La ley contiene un error muy importante que dice que rebaja 50 por ciento, tercera parte y quinta parte, pero las penas en general son de un mínimo y máximo, aquí debería de decir que es una rebaja de mitad, tercera o quinta parte de la mínima o de la máxima”.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto afirmó que es bueno que poco a poco el sistema de justicia penal guatemalteco sea modernizado y que las reformas referidas serían una buena herramienta para agilizar y desentrampar muchos de los casos en el Organismo Judicial.

No obstante, Molina Barreto manifestó que debe haber mucho cuidado de parte de los jueces para que no se convierta en un instrumento de impunidad.

“Que todo aquel que de alguna manera tenga un castigo no se vaya acostumbrando a que solo acepta los cargos para arreglar su situación, espero que los diputados no hayan dejado una posibilidad o una facultad discrecional de los jueces, porque si es para lograr impunidad, eso sí sería lamentable”, dijo el exmagistrado.

El abogado manifestó que debería haber un criterio lógico sobre en qué casos se puede aceptar una situación de estas, pero que si en la práctica va a ser para lograr impunidad en determinado momento y si “va a ser maleficio a la sociedad guatemalteca”, habrá que hacer las correcciones del caso.

“Creo que esto va a depender de la aplicación de la ley de prisión preventiva y provisional que ha sido tan mal utilizada en el sistema judicial. Aparte, tiene que haber cuidado en que se dé la devolución de los beneficios que hayan tenido los delincuentes por el delito cometido y que esto no se vuelva una mala costumbre”, concluyó.

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Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de la Corte de Apelaciones, señaló que el motivo por la que se hace esta reforma es para descongestionar las cárceles y la mora judicial. Expresó: “La razón real, y que la inmensa mayoría de guatemaltecos compartimos es que es para buscar impunidad, tanto para los que ya están guardados como los que pudieran estar señalados en un futuro próximo”.

La también exjueza indicó: “Es una reforma en primer término ilegítima y en segundo término no es real, en virtud que no se dan los criterios técnicos que deben presidir este tipo de reformas, ni el sistema penitenciario se va a desfogar, ni el sistema judicial va a dejar de tener mora judicial, que según escuchaba es una mora judicial para tenerlos ocupados unos cincuenta años”.

La profesional considera que es necesario cambiar al sistema penitenciario y pensar en una refundación del sistema judicial que “está absolutamente colapsado y fuera de la realidad”.

“No es cuestión de que se debió o no aprobar -las reformas-, la dedicatoria es evidente, que pretende liberar de responsabilidad de cumplir las penas a determinadas personas, entre las cuales pueden estar algunos de los diputados que levantaron la mano”, indicó la exfuncionaria.

Pérez Ruiz considera que la aceptación de cargos podría beneficiar a pandilleros y “lo que es peor”, podría incrementar la delincuencia común, por delitos que no alcanzan los 10 años de cárcel.

“El robo no está dentro de las excepciones que esa ley dice y lo que está exceptuado es el robo agravado, ya se imagina que los robos van a aumentar”, comentó.

Agregó: “Creo que debe estudiarse las circunstancias y el momento en el que las leyes deben emitirse, no son como pedido de supermercado que se dan cuando se me da la gana, sino que es cuando la sociedad o las circunstancias lo ameritan”.

El exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público Alejandro Rodríguez manifestó que los beneficios premiales buscan establecer una política criminal que invita a la autoconfesión de delitos. Sin embargo, en esta perspectiva el objetivo de reducir al mora judicial y hacinamiento en las cárceles no va a ser alcanzado, ya que el sistema de justicia está muy debilitado.

Rodríguez señaló que no se ha trabajado en la estructura del sistema de justicia. “Por ejemplo, tiene muy pocos jueces y la estadística así lo refleja, Guatemala tiene una de las cuotas de jueces más bajas en América Latina y además tiene una de las inversiones en recursos más baja, se habla de US$29 por cada habitante”, refirió.

“La ley es de carácter inquisitiva, otorga beneficios indebidos a los que son culpables y a algunas personas que son inocentes los puede inducir a aceptar indebidamente los cargos. En Estados Unidos el 95 por ciento de estos casos se resuelven en negociación y son a través de las leyes premiales”, dijo Rodríguez.

Añadió: “Vemos que puede ser contraproducente, vemos que muchas personas se pueden beneficiar indebidamente como los que están señalados por delitos por corrupción y en ese sentido no se puede negar que esta ley es una ley que fue concebida para los que están en Mariscal Zavala, básicamente”.

Aclaración

Prensa Libre recibió el 13 de noviembre una misiva firmada por el presidente Jimmy Morales, en la que solicita se aclare la afirmación que se hace en la edición digital del 13 de noviembre, en el artículo Reformas a Ley del Instituto de la Víctima podrían beneficiar a diputada Alejandra Carrillo en la que se señala que diputados aseguraron que Carrillo será nombrada por el mandatario como directora del Instituto de la Víctima, lo cual fue parte de las negociaciones para aprobar el procedimiento especial de aceptación de cargos.

Morales asegura que “es una mentira, pues en ningún momento he hecho ninguna negociación con diputados al Congreso de la República, ya que soy respetuoso de la independencia de poderes”.

Agrega: “si bien me otorga la facultad de nombrar al director, también indica que este será elegido de una terna que presentará la sociedad civil, lo que contradice totalmente la afirmación hecha en la nota, pues desconozco quiénes integrarían ese grupo de tres personas”.

Nota del editor:

En la publicación se consignó que para aprobar el procedimiento especial de aceptación de cargos, diputados acordaron que para aprobar esas modificaciones debían también cambiar el procedimiento para nombrar al director del Instituto de la Víctima. Estos diputados pertenecen a varias bancadas. La reserva de fuentes está garantizada en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reza: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, por lo que el periodista tiene derecho a mantener bajo resguardo los nombres de los diputados que confiaron la información y no revelarlos como lo ruega el gobernante.

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Aceptación de cargos beneficiaría a 650 sindicados por la FECI

Los diputados también eliminaron el artículo que obligaba a los solicitantes de la reducción de penas a dar detalles sobre sus colaboradores.

(...)

Delitos señalados por FECI

Los delitos que principalmente imputó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y que serían susceptibles de una reducción de la pena por medio de la aceptación de cargos.

Delito procesados

Asociación ilícita 284

Lavado de dinero u otros activos 151

Peculado por sustracción 129

Cohecho pasivo 105

Cohecho activo 101

Fraude 75

Casos especiales de defraudación aduanera 62

Peculado 44

Financiamiento electoral ilícito 35

Abuso de autoridad 31

[chronos]

Pro Justicia: Diputados desnaturalizaron iniciativa original de Ley de Aceptación de Cargos

POR HEDY QUINO
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La organización civil Pro Justicia indicó que los diputados cambiaron los objetivos principales de la iniciativa original de la Ley de Aceptación de Cargos, que presentó en 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al aprobar enmiendas que desnaturalizaron la normativa, esto a su vez ocasionó una impunidad solapada a favor de los acusados que acepten los cargos a cambio de una reducción de la pena del 50%.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que los diputados actuaron de manera espuria al aprobar las enmiendas que cambiaron algunos aspectos del proyecto de ley original.

La iniciativa de reformar el Código Procesal Penal fue consensuada entre la CSJ, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Defensa Pública Penal, durante el 2016 y 2017, con el fin de reducir la mora judicial, así como de agilizar los procesos, reducir los tiempos y hacer una economía procesal, todo ello para mejorar la administración de justicia, detalló Ibarra.

La consultora explicó que, al reducir la mora judicial, significaría que se descongestionarían los casos que están pendientes de resolución, y esto a su vez ayudaría a descongestionar las cárceles, ya que los casos judiciales de las personas que guardan prisión preventiva se resolverían en un menor tiempo.

“Todo iba bien, hasta que se aprobaron las enmiendas con el fin de otorgar beneficios a cambio de nada, ya que la propuesta original establecía que el derecho premial se otorgaría si el acusado declarara como testigo para ayudar al esclarecimiento integral de los casos, sin embargo, esta disposición fue eliminada por los diputados”, declaró Ibarra.

OTORGA IMPUNIDAD SOLAPADA

La entrevistada indicó que de no impugnar la ley, esta cobrará vigencia, una vez en vigor, va a favorecer a muchas personas que están en procesos penales pendientes de llegar a juicio, esto enviará un mensaje de fraude, ya que, si bien habrá sanciones, estas serán mínimas.

“Hay una administración de justicia –contemplada en la ley–, pero que en el fondo no es una verdadera administración de justicia, sino es una impunidad solapada que agiliza los procesos judiciales”, dijo Ibarra.

La consultora de Pro Justicia añadió que la ley al beneficiar a los implicados en casos judiciales provocará una falsa idea de justicia que esconde impunidad.

“Esta ley desnaturalizada favorece a delincuentes de toda índole y no solo a los que están implicados en investigaciones de la FECI, esto es de alcance muy amplio y general que afectará a la sociedad”, agregó Ibarra.

BENEFICIA A DIPUTADOS NO REELECTOS

La entrevistada también dijo que esta ley podría beneficiar a los diputados no reelectos que han sido señalados en investigaciones judiciales, ya que, el próximo año pierden su inmunidad, y podrían enfrentar una investigación judicial.

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Ante las abundantes críticas, Arzú sale a defender Ley de Aceptación

POR HEDY QUINO
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El Presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, dijo estar sorprendido por la críticas a la recién aprobada Ley de Aceptación de Cargos, la cual reforma el Código Procesal Penal, el cual establece beneficiar a los acusados que acepten los cargos que se les imputa, con rebajarles la pena hasta en un 50%, dependiendo de la etapa del proceso en el que se haga.

“Se han hecho acusaciones que esta ley va liberar delincuentes, extorsionistas, narcotraficantes, etc., pero todo eso es una falsedad”, indicó Arzú Escobar.

“La Ley de Aceptación de Cargos tiene su inicio en una propuesta que hizo la CICIG y el Ministerio Público de Thelma Aldana en ese momento”, añadió el presidente del Congreso.

“La iniciativa original de la CICIG y de Thelma Aldana no contemplaba ninguna restricción a ningún delito, aplicaba para todos los delitos, para narcotráfico, asesinato, violación, secuestro, extorsión, aborto, aplicaba para cualquier delito tipificado en el Código Penal, se podía utilizar la figura de aceptación de cargos, según la propuesta de CICIG y Thelma Aldana”, declaró Arzú.

“Nos sorprende que ahora digan que el Congreso haya hecho una ley para liberar criminales, cuando en la ley que se aprobó se incluyeron más de 70 delitos que no aplica a la aceptación de cargos, a diferencia de la iniciativa original”, añadió.

Arzú indicó que el aspecto de la reincidencia no estaba en la iniciativa original y que en la ley aprobada sí la colocaron. Además, afirmó que el porcentaje de la rebaja de la pena es igual a la propuesta original.

“Yo no entiendo cuál es el escándalo, yo no entiendo por qué muchas personas que en su momento apoyaban a CICIG y Thelma Aldana, ahora se pegan latigazos y salen indignados de lo que hizo el Congreso, cuando la iniciativa de ellos sí estaba hecha para que todos los criminales y todos los delitos que se cometen en el país, pudieran optar a una aceptación de cargos”, dijo.

“Lo que nosotros hicimos es absolutamente correcto”, concluyó el presidente del Legislativo.

[chronos]

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¿El primer narcopaís legalizado?

Los expertos constitucionalistas señalan que esa Ley de Aceptación de Cargos, como se le llama, supone un excesivo uso de poder de parte del Legislativo.

Por: Silvia Tejeda

Ni pensar que va a ser tan fácil que de un plumazo se den los mejores beneficios a quienes han sido señalados de enriquecimiento ilícito, lavado de dólares y extorsiones. El no cuestionar el Decreto 10-2019, aprobado a toda prisa por el Congreso, sería aceptar la condena a la sociedad guatemalteca a un oscuro maleficio legal. Profundizar en qué está siendo favorecido oficialmente: los pasos para allanar la impunidad de las estructuras del narcotráfico, el crimen organizado y el saqueo del país.

Ese festín de impunidad esperemos que sea rechazado inmediatamente por la Fiscal General, Consuelo Porras, quien es la indicada autoridad a pronunciarse por la aprobación de esa reforma. Este decreto afecta directamente a los casos por corrupción que ha judicializado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Como por ejemplo, sería tirar por la borda el arduo trabajo de investigación que esa fiscalía ha realizado sobre la asociación ilícita para cometer actos de corrupción, el lavado de dinero, el peculado por sustracción y ocho graves faltas más.

Los expertos constitucionalistas señalan que esa Ley de Aceptación de Cargos, como se le llama, supone un excesivo uso de poder de parte del Legislativo. Los diputados que con tanta vehemencia la impulsaron son señalados de no distribuir las enmiendas a todos los legisladores; de no haber sumado los votos suficientes para que el decreto fuera aprobado. Tampoco, le hicieron caso a la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema e ignoraron los resultados de las mesas de diálogo de la sociedad civil, que por años se llevaron a cabo, para que ese decreto fuera consensuado con una visión moderna de la aceptación de cargos y sin dejar amplios resquicios para que se meta el fuerte brazo de la impunidad a través de la discrecionalidad de algunos los jueces expertos en propiciar túneles “legales” para que a los prisioneros se les faciliten los caminos para seguir burlándose de los guatemaltecos y carcajearse mientras encuentran su nuevo nicho para el saqueo.

Desde otra perspectiva, salta la pregunta: ¿a quiénes realmente ha servido el trabajo realizado por el pacto de corruptos, para haberse lanzado a socavar y hacerle tanto daño al sistema de justicia guatemalteco? Si su trabajo debió haber sido promulgar leyes de beneficio para la población. Leyes que hubieran generado un cambio, en vez de dedicarse estos cuatro años a continuar retrasando, por omisión, los anhelos de prosperidad y justicia.

Ojalá que todos los recursos interpuestos por agrupaciones y particulares, que no se quedan pasivos tomándose esa podrida sopa, además de una acción decidida de la Fiscal General, logren ante la Corte de Constitucionalidad que ese decreto sea revisado a detalle, y no que quede tan precipitadamente aprobado como un regalo navideño para los habitantes temporales en el Mariscal Zavala. Si ese decreto no cambia, nos convertiríamos en el primer narcopaís, “oficialmente legalizado”.