Giammattei da detalles de la Comisión Anticorrupción

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Giammattei da detalles de la Comisión Anticorrupción

Por Eder Juárez
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El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que mañana será publicado el acuerdo de creación de la Comisión Presidencial Anticorrupción, “hoy es la primera reunión de Gabinete y espero que firmemos el Acuerdo Gubernativo para enviarlo al Diario Oficial y esperando que sea publicada mañana”, aseguró.

Giammattei explicó en conferencia de prensa luego de una actividad pública cómo estaría conformada esta Comisión, “primero está conformada por un Consejo, segundo tiene un Directorio Ejecutivo, tiene un departamento de análisis donde se reciben las denuncias se analizan y se investigan, de ahí salen dos opciones, una es el camino que se le deba dar, el Ministerio Público, si se encuentra que es un asunto penal y el otro que sea un problema administrativo y se deriva a la Contraloría General de la Nación”.

Además, dijo que un tercer aspecto será la persecución penal que le corresponde al MP y donde la participación del Ejecutivo es ordenar a la Procuraduría General de la Nación, que intervenga en la recuperación de los bienes o los montos que se hayan perdido.

La cuarta tiene que ver con algo fundamental, “que es venir y decir se encontró un caso de corrupción cómo lo vamos a componer, qué falló, que falla en el sistema, ¿es un reglamento?, ¿es un procedimiento?, porque no solo basta con detectar un acto de corrupción y meter al corrupto a la cárcel, sino asegurándonos que no se vuelva a repetir, cosa que se ha fracasado en el pasado” dijo Giammattei.

Agregó que un quinto punto es el de la rendición de cuentas y a la información pública, en términos generales ese es el organigrama refirió.

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MP, Contraloría y PGN conformarán Comisión contra la Corrupción

Frente Ciudadano Contra la Corrupción pide al mandatario participación en el diseño de la estructura y objetivo de la nueva entidad.

Por: Cindy Espina

El gobierno de Alejandro Giammattei, publicará el Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. Esta nueva entidad tendrá representantes del Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) en su estructura orgánica, según lo anunció el gobernante, después de presentar su Política General de Gobierno.

Esta comisión tendrá como autoridad a un consejo y será coordinada por un director ejecutivo. En la entidad se conformará un departamento de análisis de denuncias, el cual decidirá si los casos señalados como actos de corrupción deben ser trasladados al MP o a la Contraloría.

Así funcionará

“Será una sección de investigación, que va a definir si (el acto denunciado) fue por dolo y después de eso presentará la denuncia”, explicó el mandatario. En caso esta sea de carácter administrativo, será enviada a la CGCN y si se concluye que debe tener una persecución penal se trasladará al Ministerio Público, añadió el Presidente.

Giammattei indicó que esta comisión también trabajará en resolver las causas que generan la corrupción dentro del gobierno, por lo que también tendrá la atribución de proponer reformas a reglamentos, leyes o corregir procesos administrativos.

El Presidente indicó que se instalará una oficina que controle el avance de los ministerios y secretarías del gobierno. Según el mandatario, se trabajará en hacer las carteras más transparentes al hacer pública la información sobre sus acciones.

Piden ser incluidos

El Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC), organización que surgió en febrero de 2018 para apoyar el trabajo del Ministerio Público y la CICIG se pronunció a favor de la iniciativa del gobernante y la calificó como “positiva”.

El FCCC hizo la recomendación de que esta comisión debe ser independiente, neutral, objetiva y con pleno sustento jurídico y para evitar que el Organismo Ejecutivo se convierta en juez y parte, se debe incluir la participación de la ciudadanía. Por medio de un comunicado, esta organización le solicitó una reunión al Presidente para hacerle una propuesta, la cual consiste en hacer de esta comisión una instancia exclusiva para analizar y promover la transparencia.

Los cinco pilares del gobierno de Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei presentó su Plan General de Gobierno ayer en el Palacio Nacional, para lo cual invitó a diputados y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país. El programa del gobierno está conformado por cinco pilares:

> Crecimiento económico y aumento de las fuentes de trabajo

> Desarrollo social

> Transparencia

> Mejorar las relaciones diplomáticas para incrementar el intercambio comercial, la inversión y el turismo.

> Seguridad

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Alejandro Giammattei crea comisión presidencial contra la corrupción

La comisión contra la corrupción es parte de las promesas de campaña del presidente y que pretende ser un sustituto de la extinta Cicig.

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Reformas a comisiones presidenciales recién creadas les restarían autonomía

Según el Ejecutivo, los cambios publicados este viernes en el Diario de Centro América son para evitar sospechas de opacidad.

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Estas son las abogadas de las que habló ayer Alejandro Giammattei

Por Eder Juárez
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El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que por haber creado la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, tres abogados le presentaron un recurso de inconstitucionalidad, las cuales laboraban para el Ministerio de Economía y el Fondo de Solidaridad, “ve que de al pelo, díganme sino son los propios los que están metidos en actos cochinos los que no quieren que nosotros trabajemos, pues acabo de dar la orden de que los sustituyan y los saquen ahorita de sus oficinas”, señaló ayer el mandatario.

El mandatario no indicó quiénes eran los abogados que presentaron la inconstitucionalidad, sin embargo, La Hora pudo verificar que son: Beatriz del Val Herrera con el auxilio de las abogadas Karen Esther Gallo Miranda, Beatriz del Val Herrera y María Ana Paula Paz de León.

EL ARGUMENTO GENERAL

Dentro de la acción, las abogadas indican que artículos y frases del Acuerdo Gubernativo 28-2020 son inconstitucionales, porque confieren atribuciones y funciones propias del Ministerio Público (MP) a una comisión temporal, es decir, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, que al igual que las secretarías presidenciales son instancias de apoyo para el Presidente y no pueden ejercer funciones ministeriales, señalaron las abogadas.

ABOGADAS HAN PRESTADO SERVICIOS PARA EL EJECUTIVO

Al realizar una búsqueda en el Portal Guatecompras, se verificó que la abogada Beatriz del Val Herrera, está contratada para la prestación de servicios profesionales en la Unidad de Convoyes del Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, desde el 2017 le fueron adjudicados seis contratos por un monto total de Q737 mil 195.84.

En tanto la abogada Karen Esther Gallo Miranda está contratada para prestar servicios profesionales en la Coordinación Jurídica del Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, desde el 2018 le fueron adjudicados cinco contratos con un monto total de Q272 mil 610.75.

Mientras que María Ana Paula de Paz de León, tuvo un contrato en el Ministerio de Economía, adjudicado en abril del 2019, por un monto de Q171 mil, para prestar servicios profesionales en el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía. El contrato ya no se encuentra vigente.

Sin embargo, el mandatario mencionó ayer que los abogados aún laboraban en las mencionadas instituciones y que pediría su destitución inmediata.

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Estas son las abogadas de las que habló ayer Alejandro Giammattei

Por Eder Juárez
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El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que por haber creado la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, tres abogados le presentaron un recurso de inconstitucionalidad, las cuales laboraban para el Ministerio de Economía y el Fondo de Solidaridad, “ve que de al pelo, díganme sino son los propios los que están metidos en actos cochinos los que no quieren que nosotros trabajemos, pues acabo de dar la orden de que los sustituyan y los saquen ahorita de sus oficinas”, señaló ayer el mandatario.

El mandatario no indicó quiénes eran los abogados que presentaron la inconstitucionalidad, sin embargo, La Hora pudo verificar que son: Beatriz del Val Herrera con el auxilio de las abogadas Karen Esther Gallo Miranda, Beatriz del Val Herrera y María Ana Paula Paz de León.

EL ARGUMENTO GENERAL

Dentro de la acción, las abogadas indican que artículos y frases del Acuerdo Gubernativo 28-2020 son inconstitucionales, porque confieren atribuciones y funciones propias del Ministerio Público (MP) a una comisión temporal, es decir, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, que al igual que las secretarías presidenciales son instancias de apoyo para el Presidente y no pueden ejercer funciones ministeriales, señalaron las abogadas.

ABOGADAS HAN PRESTADO SERVICIOS PARA EL EJECUTIVO

Al realizar una búsqueda en el Portal Guatecompras, se verificó que la abogada Beatriz del Val Herrera, está contratada para la prestación de servicios profesionales en la Unidad de Convoyes del Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, desde el 2017 le fueron adjudicados seis contratos por un monto total de Q737 mil 195.84.

En tanto la abogada Karen Esther Gallo Miranda está contratada para prestar servicios profesionales en la Coordinación Jurídica del Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones, desde el 2018 le fueron adjudicados cinco contratos con un monto total de Q272 mil 610.75.

Mientras que María Ana Paula de Paz de León, tuvo un contrato en el Ministerio de Economía, adjudicado en abril del 2019, por un monto de Q171 mil, para prestar servicios profesionales en el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía. El contrato ya no se encuentra vigente.

Sin embargo, el mandatario mencionó ayer que los abogados aún laboraban en las mencionadas instituciones y que pediría su destitución inmediata.

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Solo nos queda la Fiscalía Especial Contra la Impunidad

Una comisión, sin dientes, en contra de la corrupción será una fachada más en un sistema que se sale de control.

Por: Estuardo Porras Zadik

Un excandidato presidencial se reúne con un cártel de la droga para planificar el asesinato de fiscales, y competidores suyos durante la contienda electoral. No es un episodio de la afamada serie de Netflix, Narcos, sino de la política guatemalteca en pleno siglo 21. Debo confesar que soy fanático de este tipo de series. Las he visto todas, desde los tiempos en los que la droga se trasegaba por el Caribe –recreados por el maestro de la pantalla grande Al Pacino en Scarface–, hasta los recientes, en los que la droga utiliza las rutas centroamericanas para llegar a la frontera estadounidense. Indiscutiblemente, estas series son entretenidas; sin embargo, no debemos sustraernos de su veracidad y de la forma tan explícita de definir la manera en la que este “negocio” opera y, más alarmante aún, cómo se sostiene en el tiempo, independientemente de los esfuerzos por detenerlo.

Estados Unidos es el consumidor por excelencia, responsable de la demanda de estas sustancias. Sin demanda no hay oferta. Mientras las drogas sigan siendo ilícitas y prohibidas, el crimen seguirá reinando en la cadena de suministro. Mientras siga existiendo esta enorme demanda, la oferta seguirá encontrando las rutas que la satisfagan. Sin control, el flujo de efectivo que generan estas operaciones rivaliza con los grandes consorcios empresariales, y hasta con el producto interno bruto de algunas modestas naciones. El poder adquisitivo que genera es apoteósico, capaz de corromper lo que sea necesario para mantener a flote el negocio. Porque solo corrompiendo el sistema, es que este negocio puede operar.

A diferencia de lo que muchos piensan, el narcotráfico no necesariamente fue el responsable de corromper a los gobiernos de los países en los que opera. Muy por el contrario, el narcotráfico encuentra en ellos tierra fértil: una clase política acostumbrada a ser lubricada por poderes fácticos históricos, en los que pocos sectores poderosos se salvan. Sobornar a congresistas para impulsar una ley en beneficio de un sector específico, abre la puerta de la corrupción a cualquier otro sector capaz de utilizar los mismos mecanismos. Recordemos que a los narcotraficantes les sobra el dinero y, en la mayoría de los casos, en cantidades superiores a las de otros sectores de la sociedad.

Basta con exponerse a la historia, una historia que las series de Netflix relatan muy bien, para ver la relación simbiótica entre el narcotráfico y los gobiernos. Pablo Escobar Gaviria, el famoso capo del cártel de Medellín, incluso intentó armonizarlos al incursionar en política él mismo. Los demás lo hacen a través de operadores incrustados en todos los poderes del Estado, que les permiten operar en total impunidad. Estas mañas han existido en el sistema político-económico a perpetuidad. Lo que hoy experimentamos es la pérdida de hegemonía de los poderes fácticos tradicionales, ante el de mayor poder adquisitivo que resulta ser el narcotráfico. Sin embargo, no podemos ignorar que la forma de corromper y manipular el sistema es mucho más añeja que este.

Con la dinámica que surge a partir del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la que se politizó e ideologizó la lucha contra la corrupción y la impunidad, Guatemala le dejó el camino pavimentado al crimen organizado. Independientemente de la postura que uno tenga con relación al trabajo de la Comisión, es indiscutible que esta intentó abordar la manera en la que los políticos y los poderes del Estado se dejan corromper y operan en favor del corruptor. Una Comisión, sin dientes, en contra de la corrupción será una fachada más en un sistema que se sale de control, al menos del control de una mayoría que realmente requiere de un verdadero Estado de derecho.

Menospreciar los actos de un excandidato presidencial –hoy convicto en una cárcel estadounidense–, de comulgar con el narcotráfico e intentar asesinar a fiscales y a sus contendientes electorales no es aceptable. Mi sincero apoyo al fiscal Juan Francisco Sandoval y sus colegas, jueces y demás quienes valientemente se mantienen firmes en la lucha.