Jimmy Morales pediría a ONU salida de Iván Velásquez de la Cicig

[KREATYVYTTY]

y como a que hora nos pasaran el informe de lo que logro la fallida caminata? aparte de pizar a verdaderos Guatemaltecos Honestos y Honrados dificultandoles la llegada a su empleo/negociocentro /de estudios

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Cancillería retira privilegios diplomáticos a personal de la Cicig

Pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC), ordenó que no se finalice el convenio de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el gobierno de Guatemala insiste en desconocer a la Comisión y este miércoles retiró privilegios e inmunidades a parte de su personal.

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[rio63]

Iniciado por KREATYVYTTY

y como a que hora nos pasaran el informe de lo que logro la fallida caminata? aparte de pizar a verdaderos Guatemaltecos Honestos y Honrados dificultandoles la llegada a su empleo/negociocentro /de estudios

Tan fallida que fu necesario tener a 7 mill policías. Así de imbéciles son las personas que nos gobiernan , pero ya solo un año mas de aguantar a estos inútiles, Ojala y sean cambiados por algo mejor, igual y no seria demasiado difícil dado lo idiotas que son .

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

A propósito de la defensa de la soberanía

— Francisco Villagrán de León

El presidente Jimmy Morales se refiere con frecuencia a la defensa de la soberanía para justificar las acciones que ha tomado contra la CICIG. Dada la crisis institucional que eso ha generado, los asesores del presidente deberían conocer mejor lo que significa la soberanía hoy en día y cómo ese concepto ha ido cambiando en el derecho internacional y en las relaciones internacionales contemporáneas. Para los asesores del gobierno y los grupos minoritarios que lo apoyan la defensa de la soberanía se ha vuelto un argumento para deshacerse de la CICIG. Ese argumento tiene, sin embargo, una validez cuestionable, ha sido rechazado por la Corte Constitucional y lo sería también en cualquier corte internacional. Por eso los asesores del Presidente deberían conocer bien qué es la soberanía, cuál es su alcance y cómo se interpreta en la actualidad. Lo que está claro es que la CICIG no la está transgrediendo.

La idea de la soberanía se originó en Francia en el siglo XVI y se atribuye al jurista francés Jean Bodin. En esa época se refería a la concentración de poderes en un gobernante. El concepto de soberanía de Bodin transformó la concepción del orden político en aquella época, aunque su contenido ha cambiado y se ha interpretado de manera diferente con el paso del tiempo. El concepto de la soberanía tuvo su primera manifestación formal en el Tratado de Westfalia que puso fin a una guerra de 80 años en Europa a mediados del siglo XXVII. Los firmantes de ese tratado se comprometieron a no interferir con la decisión de los gobernantes sobre la religión que se estableciera en sus territorios. La soberanía significó “el reconocimiento por otros estados del derecho a la autoridad exclusiva dentro de un territorio.” (Croxton, The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty, 1999). La idea de que la soberanía emana del pueblo surgió de la Revolución Francesa y quedó plasmada en el Artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El principio de no intervención surgió poco después, y se introdujo en la Constitución de Francia de 1793; Francia no intervendría en los asuntos públicos de otros estados ni permitiría que se interviniera en los suyos. Eso no impidió que hubiera guerras y actos de intervención en Europa y en el continente americano.



Sin embargo, el criterio de que la acción internacional era improcedente e inadmisible en los asuntos internos relativos a cuestiones institucionales o políticas prevaleció hasta finales de los años setenta del siglo pasado. Fue a partir de entonces que comenzó a ser cuestionado a medida que la protección de los derechos humanos fue surgiendo como un ámbito legítimo de preocupación internacional y de la acción multilateral. La entrada en vigor en 1976 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas le dio impulso y dirección a ese proceso de construir un sistema de protección de los derechos humanos.

Hasta 1980 la mayoría de países aún se resistían al escrutinio de las violaciones a los derechos humanos, y lo denunciaban como una violación de su soberanía (algunos pocos lo siguen haciendo: Corea del Norte, Irán, China, Arabia Saudita y otros). No obstante, desde entonces se fueron dando una serie de acontecimientos en las relaciones internacionales que han llevado a aceptar el criterio que los derechos humanos no pertenecen solo a la jurisdicción interna, y que los Estados tienen que responder ante la comunidad internacional por el trato que dan a las personas adentro de su territorio. Si bien la soberanía no va a desaparecer de las relaciones internacionales, la misma está siendo restringida y revisada a través de un proceso continuo y complejo. Las normas de derechos humanos están en el centro de esta evolución histórica. El reconocimiento de los derechos de las minorías, de las mujeres, y de los pueblos indígenas forman parte de este proceso, y son ahora un componente legítimo de la evaluación y la cooperación internacional.

Se ha llegado a reconocer en el derecho internacional contemporáneo que los asuntos relativos a los derechos humanos no forman parte del dominio exclusivo de los Estados. En los últimos 50 años el concepto del dominio reservado se ha ido reduciendo en la medida en la que la protección de los derechos humanos surgió como una esfera legítima de la acción multilateral, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, como en Europa, América Latina y después en África. De hecho, con el desarrollo de un sistema internacional en el que la protección de los derechos humanos se considera fundamental se ha visto un proceso de erosión gradual de la soberanía. Las tendencias que han surgido alrededor de los derechos humanos en diferentes partes del mundo han sido determinantes en la reformulación del significado de la soberanía del Estado. Esto fue señalado desde finales de 1980 en muchas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, así como en los informes del secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, y después del secretario general Boutros Boutros Ghali, quien en un informe de 1992 observó que “los tiempos de la soberanía absoluta y exclusiva han pasado.” El secretario general Kofi Annan sostuvo la misma opinión.



A partir del reconocimiento que la protección de los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional, se inició un proceso de ampliar el involucramiento internacional al ámbito de la defensa y la promoción de la democracia representativa. En el marco del apoyo a la democracia fueron abriéndose nuevos espacios de cooperación internacional con diversas instituciones dentro de los Estados. Comenzando por las instituciones electorales, el apoyo externo se fue ampliando a las instituciones responsables de la administración de justicia, lo que se consideraba importante para darle sustento a la gobernabilidad como condición fundamental de la democracia representativa. Además se aceptó como válida la premisa que las instituciones del Estado debían ser eficientes y efectivas para lograr la consolidación de la democracia, para lo cual debían ser transparentes, capaces de rendir cuentas, así como de proteger el Estado de derecho y de garantizar los derechos y las libertades individuales. Todo eso está plasmado en resoluciones de la Asamblea General de la ONU, de la OEA, y en muchos instrumentos internacionales. El Acuerdo de creación de la CICIG forma parte de ellos, y por eso tiene el reconocimiento y el apoyo de la comunidad internacional. Eso al parecer no lo tienen claro ni el presidente Morales ni sus asesores.

Además de las modalidades anteriores de cooperación internacional en cuestiones institucionales, se han dado otras en diferentes ámbitos, tales como la relativa al combate a la corrupción, la protección de derechos laborales, las regulaciones sobre el comercio internacional, las cuales también están sujetas a la evaluación o escrutinio externo y generan obligaciones para el Estado que pueden dar lugar a la imposición de sanciones en caso de su incumplimiento. Si bien esto podría considerarse como una cesión de soberanía, el hecho es que al suscribir convenios o “adherirse a organismos internacionales los Estados consienten o aceptan los aspectos institucionales. Las obligaciones de los Estados solo pueden provenir del consentimiento de los mismos.” (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 2008).



Todo este desarrollo del derecho internacional en lo relativo a la soberanía debe entenderse bien; en este momento es, precisamente, el motivo del abismo creciente entre el gobierno de Jimmy Morales y el resto del mundo. Las consecuencias del aislamiento internacional ya las vivió nuestro país por más de treinta años a finales del siglo pasado. Si las conocemos y tuvimos que pagar un costo tan alto ¿por qué seguir enfrentándonos a la comunidad internacional? ¿Por qué no puede el gobierno y quienes lo apoyan reflexionar y corregir el rumbo? Debería ser posible y esa es su responsabilidad histórica.

[Torito]

Iniciado por KREATYVYTTY

y como a que hora nos pasaran el informe de lo que logro la fallida caminata? aparte de pizar a verdaderos Guatemaltecos Honestos y Honrados dificultandoles la llegada a su empleo/negociocentro /de estudios

Jaimito cerro calles para presentar un informe que no decia ni mierda... por lo menos coherente.

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[¡Countach!]

aparte de pizar a verdaderos Guatemaltecos Honestos y Honrados dificultandoles la llegada a su empleo/negociocentro /de estudios

lo mismo se podria decir de los 7 mil polis, cantidad completamente innecesaria
pero como ya sabemos que Jimmy ni siquiera una manifestacion de niños aguanta
(no, no me voy a cansar de repetirlo)

[rodl74]

Iniciado por ¡Countach!

lo mismo se podria decir de los 7 mil polis, cantidad completamente innecesaria
pero como ya sabemos que Jimmy ni siquiera una manifestacion de niños aguanta
(no, no me voy a cansar de repetirlo)

Que vergazo en el mero hocico del netcentero chupafundiosvity

Asdfghjkññljhg

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[kmejia]

Este netcentivity con cada comentario desquita el kukito que le dieron de aumento para la refa

[KREATYVYTTY]

Iniciado por kmejia

Este netcentivity con cada comentario desquita el kukito que le dieron de aumento para la refa

eso fue lo mas ofensivo que se te pudo ocurrir

dale campeón, hablamos cuando tengas la capacidad de comprender varias posturas sin tomar nada a lo personal

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Migrantes guatemaltecos solicitan que continúe el trabajo de la CICIG en el país

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[chronos]

Iván Velásquez, comisionado de la Cicig: en Guatemala "hay una ruptura del Estado de derecho"

Gerardo Lissardy
BBC News Mundo, Nueva York

Para Iván Velásquez en Guatemala hay "indudablemente" una ruptura del Estado de derecho.

Velásquez, quien hace un tiempo se ganó la imagen de magistrado implacable en su Colombia natal al combatir al paramilitarismo, habló con BBC Mundo sobre su lucha actual como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
"Hay una ruptura del Estado de derecho porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad", afirma Velásquez durante una entrevista en Nueva York.

Sostiene que, aunque el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, haya exigido el cierre prematuro de la Cicig este mes, la Comisión mantiene su vigencia por una orden de la Corte de Constitucionalidad.

Morales acusa a la Cicig de violar leyes internas y convenios internacionales.

Pero Velásquez rechaza las acusaciones y sostiene que la Comisión, instalada en 2007 por un acuerdo inédito en las Naciones Unidas, tuvo éxito al identificar 60 estructuras criminales y obtener más de 300 sentencias condenatorias. Entre quienes ha enviado a la cárcel figuran el expresidente Otto Pérez Molina, siete ministros y varios diputados.

Aunque se define como optimista por naturaleza, Velásquez también se muestra inquieto por las elecciones generales que Guatemala tiene previsto realizar en junio y señala que la comunidad internacional debe exigir transparencia.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo que BBC Mundo mantuvo con Velásquez, quien desde septiembre tiene impedida la entrada a Guatemala y fue declarado "persona non grata" por Morales.

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Secure Youtube

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Iniciado por Prensa Libre

La ONU no es quién para rechazar nuestra decisión, dice la canciller Sandra Jovel

La ministra de Relaciones Exteriores insistió durante una entrevista exclusiva para Prensa Libre y Guatevisión respecto de la Cicig que las Naciones Unidas es una secretaría general que se debe a los estados, por lo que incumplió y violó la Constitución Política de la República.

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Iniciado por elPeriodico

Parlamentarios europeos lamentan decisión de Gobierno en contra de la CICIG

Señalan varias preocupaciones: la Comisión, acusaciones en contra de los magistrados de la CC, el MP y la PDH.

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[chronos]

Iniciado por La Hora

Declaraciones de Jovel generan reacciones

Por Eder Juárez
[email protected]

La Canciller Sandra Jovel insistió ayer que la Secretaría General de la ONU se debe a los Estados Miembros y que por ende no debe opinar sobre las actuaciones soberanas que ha tomado el Gobierno respecto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ante esas declaraciones el excanciller Edgar Gutiérrez dijo que lo que está haciendo la Canciller es descalificar a Guatemala y contribuyendo al debilitamiento del organismo multilateral más importante del mundo como lo es la ONU.

La propia Constitución de la República de Guatemala establece que es un principio apoyar a organismos multilaterales, porque es donde mejor puede valer sus intereses un país pequeño como Guatemala, señaló.

“Uno puede entender que el señor Trump, el señor Putin, no estén fortaleciendo a la ONU porque como potencias tratan de otra forma su relaciones multilaterales, pero países pequeños como Guatemala donde hacerse representar y hacer valer sus intereses es en la ONU. Es contraproducente lo que ella afirma, además está reiterando la desobediencia a la Corte de Constitucionalidad que declaró ilegal el acuerdo 2-2019” dijo Gutiérrez.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, indicó que está poniendo en contexto a nivel internacional a Guatemala como un Estado paria, que no sabe que hay convenios internacionales y que pertenecemos a una comunidad internacional que nos da derechos pero que también da obligaciones.

“Es una mezcla de ignorancia del Derecho Internacional público y una insistencia de auto defenderse, defender a sus aliados políticos y económicos en contra del bien común que es lo que debería de buscar” manifestó Rodas.

Iniciado por La Hora

A pesar de lo resuelto por la CC, Mingob retira agentes y patrullas a CICIG

La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó por unanimidad a los tres magistrados titulares de ese alto Tribunal denunciados por la Asociación de Dignatarios de la Nación y que debido a su acción habían ocasionado que los togados enfrenten un proceso de antejuicio.

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Iniciado por La Hora

Según Jovel, Guterres es su empleado

Oscar Clemente Marroquín
[email protected]

En una entrevista que ofreció a Prensa Libre y Guatevisión, la flamante canciller Sandra Jovel sostuvo que la ONU no puede rechazar lo dispuesto por Guatemala porque el Secretario General se debe a los Estados. En otras palabras, según su lógica el señor Guterres está allí para obedecer lo que diga cada uno de los Estados que conforman la organización porque está a su servicio y por lo tanto tenía que haber hecho caso cuando le exigieron que removiera a Iván Velásquez sin argumentos y pasando sobre la letra y el espíritu del acuerdo suscrito con Guatemala para crear la CICIG.

Es exactamente lo que nos está ocurriendo en una asociación de condueños de un edificio en Estados Unidos en donde una propietaria, también prepotente, la emprendió contra el gerente y los empleados bajo el peregrino criterio de que todos ellos trabajaban para ella porque ella les paga su sueldo con sus aportes para el mantenimiento. “Levántese de esa silla –le gritó al gerente– porque la silla, el escritorio y todos los muebles son míos y ustedes, todos, tienen que hacer lo que yo les diga y obedecerme”.

El asunto nos llegó a los directivos de la asociación y de inmediato y con acuerdo a los estatutos se le llamó la atención a la propietaria de una unidad, haciéndole ver que como dueña no podía andar dando órdenes por su cuenta. Es un edificio con 120 unidades y a dónde iríamos a parar si cada uno de los dueños se siente con el derecho de impartir órdenes a los empleados. Obviamente ello generaría un caos absoluto y por ello es que se establecen canales y jerarquías. Un gerente responde a la Junta Directiva y ésta responde a la Asamblea General de los propietarios.

La señora Jovel no entiende que el Secretario General de la ONU no es un peón de cualquier cancillercito que quiera imponer su autoridad. Ni siquiera está al servicio de alguno de los Presidentes y no tiene por qué ponerse de alfombra de nadie, ni siquiera de Trump que es el mandatario del país que más dinero aporta para el funcionamiento de las Naciones Unidas.

Pero la expresión de la señora Jovel es propia de la gente que no entiende de funciones ni jerarquías y a la que se le sube el poder a la cabeza, tanto así que cree que basta una orden suya para que el Secretario General de Naciones Unidas se tenga que poner de culumbrón y acatar, sin derecho a chistar, sus feroces órdenes. No sabe que hay una Asamblea General a la que realmente se debe el Secretario General, quien no puede estar bailando al capricho de cada uno de los Estados miembros.

La cuestión de la CICIG se rige por un acuerdo serio, firmado por la ONU y el Estado de Guatemala y toda controversia se tiene que dirimir de conformidad a los términos del acuerdo. Con estos criterios tan pobres, como para que el Presidente no ande metiendo la pata a diestra y siniestra si, ignorante del derecho internacional, está en manos de otra perfecta ignorante.

[rio63]

Iniciado por chronos

Que los que no gobiernan sean tan idiotas e ignorantes .

[chronos]

Iniciado por Soy502

Sandra Jovel acusa a Iván Velásquez de provocar fracaso de CICIG

La canciller Sandra Jovel acusó al comisionado Iván Velásquez y a Antonio Gutérres, secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ser responsables del fracaso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

"El ahora excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, aparece en medios de comunicación queriendo lavar su imagen después de crear una polarización en Guatemala y victimizándose, siendo él y el secretario de la ONU los responsables directos del fracaso de la CICIG", manifestó.

Iván Velásquez aseguró en una entrevista publicada este martes en el medio británico BBC que mantiene su decisión de regresar al país. "Sí, yo mantengo la decisión. Hay que ver las condiciones específicas. No se puede generar un caos en el país", respondió luego de que le preguntaran si volvería a Guatemala.

Jovel también se pronunció por el comunicado de parlamentarios europeos que manifestaban su preocupación por el retiro de la Comisión. Según la canciller, la CICIG ha violentado los derechos humanos y no se ha violado ningún mandato al solicitar su retiro del país.

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[evo_1]

sociedad podrida, osea lo normal

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

El Ministerio Público retira al personal que trabajaba con la Cicig

La fiscal general María Consuelo Porras informó este jueves que los analistas que trabajaban con la Cicig fueron retirados, además de otros trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

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Iniciado por Prensa Libre

Fiscalía Especial contra la Impunidad se queda sin investigadores de la Policía

Los detectives de la Policía Nacional Civil (PNC) habían llegado a la Feci hace dos semanas para apoyar en las investigaciones de los casos de corrupción, sin embargo, el Ministerio de Gobernación decidió reasignarlos a otras tareas.

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Iniciado por La Hora

Fiscal General avala ataques contra la CICIG

La Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, avaló los recientes ataques contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalando que no hubo infracción alguna en el retiro de los agentes de la Policía Nacional Civil que estaban asignados a dicha entidad.

Al consultarle sobre el retiro de agentes y patrullas que prestaban servicio en la Comisión, Porras declaró: “Estamos al tanto de los acontecimientos, en el momento en que decide CICIG retirarse por las situaciones que se estaban dando, automáticamente, todo el recurso humano de cada una las instituciones que estábamos prestando colaboración para la CICIG fueron reintegrados a sus dependencias, el ejemplo vivo lo tengo en el MP”, explicó.

Porras señaló que analistas criminales del MP, que estaban apoyando la gestión de CICIG como querellantes adhesivos, se pusieron nuevamente a disposición del ente investigador. Lo mismo sucedió con personal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Gobernación que colaboraban con CICIG.

La Fiscal General enfatizó que no hubo infracción en el retiro de los agentes de la PNC, ya que lo mismo hubiese pasado al momento de que personal del MP, IVE, y SAT se reintegraran a dichas instituciones.

“Son personal que estaban apoyando a la CICIG y consecuentemente en el momento que ellos por las circunstancias deciden suspender labores, cada institución retomamos nuevamente a nuestro personal porque cuya titularidad la tienen en cada una de las instituciones”, recalcó.

Porras dijo que tienen contemplado comunicarse con todas las instituciones que colaboraron con personal para la CICIG para que se continúe con el trabajo debido a la experiencia que han adquirido.

Iniciado por La Hora

CICIG responde a Fiscal General: Nunca la Comisión se ha retirado de Guatemala

Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ
[email protected]

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) indicó por medio de su portavoz, Matías Ponce, que la Comisión en ningún momento ha suspendido sus labores en Guatemala por lo que continúa trabajando en función de lo establecido en el Acuerdo.

“El Comisionado de la CICIG Iván Velásquez se ha comunicado por escrito con la doctora María Consuelo Porras para señalarle que la Comisión seguirá trabajando en Guatemala en función de su acuerdo”, indicó hoy Ponce. Según dijo, la CICIG mantiene constante comunicación con el Ministerio Público (MP).

Estas declaraciones se dan luego que la Fiscal General, María Consuelo Porras indicara a medios de comunicación que ella no ve ninguna infracción luego de que ayer el Ministerio de Gobernación notificó a la CICIG que el personal y patrullas asignadas a la Comisión debían ser retirados. Porras indicó que en el momento que la CICIG “decide retirarse” del país, todo el recurso humano del MP que prestaba colaboración a la CICIG, se reintegró a sus dependencias.

Ponce indicó que la CICIG en ningún momento ha suspendido sus operaciones en Guatemala, señalando que por el contrario, según lo señalado por la Corte de Constitucionalidad (CC) y lo expresado por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, la Comisión continúa con sus labores en Guatemala hasta cumplir con el Acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019.

“La CICIG reitera un llamado al respeto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad del día 9 de enero de 2019 que deja en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de la CICIG”, indicó el portavoz Matías Ponce.

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Fiscal General pide a la Policía que restituya a investigadores que colaboran con la FECI

Advirtió que si se comete alguna ilegalidad procederá en contra de esas personas de forma inmediata.

La fiscal general Consuelo Porras pide mediante un comunicado a la Policía Nacional Civil (PNC) que restituyan a los investigadores que apoyaban con labores y pesquisas a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

La decisión de la Policía de retirar a los investigadores “afecta al MP por los casos que están en investigación en dicha fiscalía, ya que el personal policial conoce información sobre las pesquisas en desarrollo y tienen diligencias específicas asignadas”, según expresa la jefa del Ministerio Público.

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Iniciado por La Hora

Tras declaraciones y críticas, Porras emite comunicado

La Fiscal General y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, emitió un comunicado, luego de las críticas que surgieron después de sus declaraciones sobre el regreso a sus dependencias de los analistas investigadores del MP que estaban asignados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“El 8 de enero de 2019, los analistas de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público asignados a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se pusieron a disposición del MP” indica el comunicado.

Asimismo, explicó que los investigadores refirieron que “Por instrucciones del Comisionado Iván Velásquez…se nos instruye a regresar a nuestra dependencia durante el periodo que dure la reubicación y traslado de la información” menciona la Fiscal.

“Asimismo, en dicha fecha los analistas comunicaron al Despacho de la Fiscal General que en las oficinas de la comisión, nos solicitaron… el retiro del personal y equipo… por tal razón, dichos analistas continúan realizando, en la sede del MP, las labores que venían desarrollando en materia de investigación” se indica en el comunicado.

Por otro lado, Porras señaló que la decisión de la Policía Nacional Civil de retirar a los investigadores policiales asignados a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), afecta al MP por los casos que están en investigación en dicha fiscalía, “ya que el personal policial conoce información sobre las pesquisas en desarrollo” asegura en el pronunciamiento.

La Fiscal General pidió a la PNC la reasignación de los agentes retirados. “El Ministerio Público, con fundamento en el Código Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público y Ley de la Policía Nacional Civil, exige a la Policía Nacional Civil, la reasignación a la FECI de los elementos para continuar con la coordinación interinstitucional que ha logrado resultados positivos en la lucha contra la corrupción e impunidad”.

Por último, señala que “respalda el trabajo que realiza todo el equipo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público”.

Iniciado por La Hora

Declaraciones de Fiscal General encienden alarmas

Por Eder Juárez
[email protected]

La Fiscal General Consuelo Porras dijo ayer que el personal asignado a CICIG había regresado a sus dependencias porque la Comisión se había retirado del país, sin mencionar la resolución de la CC que dejó en suspenso la decisión del Gobierno de dar por terminado el convenio con CICIG. Ante eso, analistas consideran que se convierte en un actor en contra del Estado de Derecho y que sus declaraciones desconciertan.

Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CES), indicó que cuando la Fiscal General no toma acciones por lo que están haciendo en contra de CICIG, la Fiscal no está actuando en el respeto del Estado de Derecho, entonces ella ahí se convierte en un actor, no en contra de CICIG sino en contra del Estado de Derecho.

“La Fiscal no puede excusarse o utilizar como paredón el tema de decir que no hay una denuncia o que no le han certificado lo conducente las Cortes. La desobediencia a una resolución de una Corte es un delito de oficio, no necesita de una denuncia”, manifestó el jurista.

Por su lado, el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, dijo que la Fiscal muchas veces es indescifrable, parece ser una persona muy influenciable, porque ella sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo y las declaraciones de ayer lo único que hacen es desconcertar.

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Hagamos un referéndum: CICIG sí o CICIG no

Que el pueblo decida y zanje la disensión para que vuelva la paz social.

— Gonzalo Asturias Montenegro

En los 33 años que llevamos de democracia, ningún tema ha dividido a los guatemaltecos de una forma tan ruidosa, airada, visceral, intolerante e irreductible como el tema de la CICIG. Con fanatismo, cada quien considera que quien no coincide con él es una rata asquerosa. ¡Es el peor maniqueísmo que nos ha caído encima!

Como la armonía social es superior al actual clima de ingobernabilidad, que se agudizará a lo largo de un año electoral, sería preferible que fuera el ciudadano en las urnas el que en un plebiscito o referéndum diga CICIG sí, o CICIG no, especialmente en lo que concierne a la prórroga después del 3 de septiembre de este año. Así, le daríamos una solución democrática a la disputa. Veamos un poco lo que está en juego.

En las redes sociales, se dijo que la agenda oculta de la CICIG era convertirnos en otra Venezuela o Nicaragua, ante lo cual, yo, que tengo un pensamiento crítico, me pregunté si podría enumerar diez actos concretos de la CICIG que nos conduzcan a ser como esos países democráticamente parias. No pude enumerar uno solo.

A contrario sensu, el presidente Morales ya cooptó (a través del “pacto de corruptos”) al Congreso de la República; y más recientemente, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ahora Jimmy pretende hacer otro tanto con la Corte de Constitucionalidad (CC). Esta cooptación de los organismos del Estado, que por naturaleza democrática son independientes, sí nos acerca a Venezuela y Nicaragua, en donde los Presidentes, al tener el dominio de todo el ente estatal, se han vuelto dictadores engolosinados con el poder, que utilizan para robar, reprimir y matar.

Puntualicemos la cooptación guatemalteca que está en proceso. Del Congreso no hablo mucho porque es público que el “pacto de corruptos”, que es mayoría, protege y se alinea con los intereses de Jimmy. En el caso de la CSJ, vemos cómo se negaron a retirarle la inmunidad al diputado Felipe Alejos (fiel aliado de Jimmy), aduciendo que el número telefónico que figura en las pesquisas del Ministerio Público (MP) pertenece a otra persona, no obstante que la operadora telefónica confirmó que ese número ha correspondido a Alejos como único usuario. (¡Un verdadero prevaricato!). Recientemente, la CSJ le dio luz verde a la denuncia contra tres Magistrados de la CC, para que el Congreso les dé el estoque de la destitución, sin atender los sólidos argumentos en contra. Afortunadamente, el “pacto de corruptos” tiene cuesta arriba asegurar los 105 votos para consumar la defenestración de los magistrados de la CC, cuyas opiniones y votos en resoluciones colegiadas no han sido del agrado del Jimmy.

Si el presidente Morales controlara a distancia todas las cortes, los condenados por corrupción saldrían libres porque, en última instancia, la CC les abriría las puertas del calabozo a todos los malhechores y corruptos que paguen por ello. Ya lo habríamos empezado a ver con el exalcalde Vivar de La Antigua Guatemala, quien a todas luces es un delincuente (de lo contrario no le hubieran aplicado a sus bienes la extinción de dominio), quien salió libre sin fianza, solo con arraigo, mientras se termina de ventilar el juicio en su contra. ¡Estas son las vísperas!

La cooptación de los Organismos del Estado (por naturaleza independientes) por parte del presidente Morales, nos ubicaría, en adelanto democrático y de lucha contra la corrupción, en un tiempo anterior al 2015, lo que haría más necesaria una CICIG reformada, porque habría que empezar de nuevo la lucha contra la corrupción e impunidad, la cual por ser compulsiva, invasiva y masiva, desborda al Ministerio Público. (Consideras tú que solo el MP hubiera podido destapar toda la corrupción realizada a partir del 2015, y que ya llevó a los tribunales a dos Presidentes de la República, y a sentencias condenatorias de corruptos, y a millonarias extinciones de bienes ¡Claro que no!)

Por todo ello, yo considero que debería negociarse, para después del 3 de septiembre, un mejor acuerdo que el actual, el de una CICIG reformada, que rinda cuenta en todos los órdenes, acuerdo que permita evitar los errores que se cometieron. Pero como mi opinión es solo una dentro de la de millones de guatemaltecos, y como el asunto de la CICIG se ha vuelto una piedra de tropiezo a la sana convivencia, y al consiguiente desarrollo, es preferible que el Soberano, que es el pueblo, decida si CICIG sí, o, por el contrario, CICIG no. Ningún demócrata de los partidarios y detractores de la CICIG debería de oponerse a ello, pues es el sano ejercicio del manejo de la pluralidad.

La excusa de que la CICIG vulnera la soberanía fue algo que nadie esgrimió en el 2015, cuando todos salimos con nuestras familias a manifestar al Parque Central en favor del MP/CICIG, y en contra la corrupción e impunidad. Tampoco Jimmy habló de soberanía cuando, muy ufano, declaró a CNN en español que había prorrogado por dos años más el periodo de la CICIG, alabando su trabajo, así como también el del Comisionado Iván Velásquez. Dejémonos de tanta parola, y pongamos la realidad en su verdadera perspectiva. No olvidemos que la soberanía (cada vez más escasa en un mundo globalizado) los políticos la manejan hábilmente a su favor como una prenda pret-a-porter.

En conclusión: ¡vamos a un plebiscito o referéndum sobre CICIG sí o CICIG no!

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[chronos]

Iniciado por La Hora

¿Se deben a Maduro?

Según el peregrino criterio de la flamante Canciller de Guatemala, tanto la Organización de Estados Americanos como la Organización de Naciones Unidas deben callar ante los abusos de Nicolás Maduro, en Venezuela, porque esas entidades internacionales están al servicio de los Estados miembros y quien tiene la representación legal de Venezuela es quien sucedió a Chávez al frente de ese país. Maduro tiene tanta autoridad como la que tiene Morales en Guatemala aunque los dos hayan socavado el Estado de Derecho y la institucionalidad.

Con el agravante, en el caso de Morales, que él está desconociendo un acuerdo suscrito con todas las formalidades y requisitos por el Estado de Guatemala con Naciones Unidas. La reunión que hoy tendrá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el caso de Venezuela se regirá por las normas que establecen las facultades de ese Consejo en la búsqueda del mantenimiento de la paz, pero en el caso de Guatemala, nuestro país decidió de forma soberana suscribir un acuerdo para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que, una vez aprobado y ratificado como corresponde hasta por el mismo Congreso, pasó a ser ley en nuestro país y por lo tanto compromete a los sucesivos gobiernos a respetarlo.

Pero resulta que según la Canciller, los organismos internacionales están al servicio de los caprichos de los gobernantes y tienen que atenderlos sin chistar ni, mucho menos, invocar alguna norma que a ella y a su Presidente no le gusta, como es el acuerdo de creación de la CICIG.

El caso de Venezuela es uno de los tantos que demuestra que no existen soberanías absolutas como la que esgrimen en Guatemala los beneficiarios de la Dictadura de la Corrupción. Olvidan que la verdadera Soberanía radica en el pueblo, pero que se pierde cuando su delegación está viciada por la forma en que ha sido cooptado el Estado por lo que en Guatemala ha devenido en un concepto vacío, carente de contenido por los acuerdos que bajo la mesa hacen políticos y financistas no sólo para ganar las elecciones, sino para repartirse el pastel.

La soberanía que urge recuperar es la que radica en el pueblo que ha sido mangoneado por los cooptadores del Estado y esa sí que es tarea y asignatura pendiente porque mientras persistan las regulaciones actuales, que han despenalizado el financiamiento ilícito, seguiremos viendo que el soberano no es el pueblo sino los que actúan como dueños del país gracias a la forma en que logran el control de la corrupta clase política.

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Comentario de George Soros sobre Cicig genera debate en Twitter

El multimillonario George Soros, fundador de la Open Society Foundation (Fundación Sociedad Abierta) se refirió a Guatemala en su cuenta de Twitter lo cual causó que decenas de usuarios de esa red social le respondieran, como es de esperarse, tanto a favor como en contra.

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[chronos]

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A un mes de la expulsión de CICIG, persiste desobediencia aunque ya se van reincorporando

POR EDER JUÁREZ Y JOSÉ DEL ÁGUILA
[email protected]

Mañana se cumple un mes de que el presidente Jimmy Morales anunciara la decisión unilateral de dar por finalizado el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenara la expulsión de sus miembros del país. Pese a eso los miembros de la Comisión se han ido reincorporando a sus funciones progresivamente para dar cumplimiento al mandato que finaliza en septiembre de 2019.

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional para suspender la finalización de la CICIG, el Ejecutivo no la ha acatado, al contrario, ha emprendido una serie de acciones para debilitar a la Comisión, por ejemplo, el retiro de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros recursos vitales para su funcionamiento. Analistas consultados ven con preocupación la desobediencia a la CC y el peligro que representa a favor de la impunidad.

Mientras que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), unidad que trabaja de la mano con la Comisión ha enfrentado dificultades para continuar con sus labores.
Matías Ponce, vocero de la CICIG explicó recientemente que la Comisión se encuentra en un proceso progresivo de reintegración del personal nacional e internacional a sus labores cotidianas “esperando cumplimentar el mandato de la Comisión vigente hasta el 3 de septiembre de 2019″.

Por su parte Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), comentó que para realizar las investigaciones de casos de alto impacto y llevar a cabo las diligencias se han visto en la necesidad de hacer uso de tecnologías de la información. “Hemos tenido que potencializar el uso de la tecnología para poder coordinar las tareas, el trabajo y darle seguimiento”, dijo Sandoval.

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ASIES: GOBIERNO DEBE APOYAR A FECI

Gustavo García, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que la disposición del Ministerio de Gobernación de retirar a los agentes policiales de la CICIG y la FECI es una “contravención al acuerdo suscrito entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas”.

“El Gobierno se comprometió a facilitar el trabajo de la Comisión y de apoyarlo, entonces una manifestación de apoyo es contribuir con investigadores en la PNC para el trabajo de la Comisión”, comentó García sobre las dificultades que ha enfrentado la FECI.

García recordó algunas acciones que se han presentado para revertir en especial el actuar del Ministerio de Gobernación, como debidas ejecuciones de amparo, pero también, hizo referencia que al mismo tiempo el gobierno está actuando de forma contraria a como se lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en diversos fallos.

RAMÓN CADENA: SE ESTÁN ABRIENDO NUEVAS SITUACIONES DE IMPUNIDAD

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló que con los sucesos del último mes en contra de la CICIG, se están abriendo nuevas situaciones de impunidad, ya que hay un amparo provisional pero no se hace efectivo, “la situación que se está presentando es de nuevas formas de impunidad y en este caso en violación al derecho constitucional y no acatamiento de una orden de un tribunal constitucional”.

Según Cadena, la actitud de la Corte de Constitucionalidad ha sido tibia en el sentido de que no ha certificado lo conducente o ha hecho una resolución más contundente para abrir la vía al derecho penal.

“En ese mismo sentido ha respondido el Ministerio Público, porque ya la Fiscal General hubiese podido abrir un expediente criminal por el hecho de que el Presidente no ha cumplido con lo dispuesto por un alto Tribunal guatemalteco. Lo que está sucediendo es que hay violaciones por omisión y no se cumplen las resolución y con ello se permite que vuelva un sistema de impunidad institucional”, manifestó Cadena.

Agregó que es lamentable que las instituciones no reaccionen con una posición más contundente y clara en la lucha contra la impunidad, “la sociedad tiene todo el derecho de que el Estado no sea impune, sin embargo; en este caso está sucediendo todo lo contrario, la política institucional es a favor de la impunidad”.

“Esta situación viene a provocar mayor desconfianza en la población hacia el Sistema de Justicia y a las instituciones del Estado, esto es sumamente grave, porque en una sociedad en donde las personas dudan del Sistema de Justicia, hay frustración, incertidumbre y desconcierto que no nos permite avanzar en un plan nacional”, refirió el jurista.

MONTERROSO: UN PRECEDENTE NEFASTO

Mientras que Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que esta situación es justamente lo que pretendía Jimmy Morales al decidir unilateralmente dejar sin efecto a la CICIG, “y lo que pasa es que ya no está funcionando la Comisión en Guatemala”.

“Es un incumplimiento tanto de los convenios internacionales como de la resolución de la CC. Es grave el incumplimiento porque es una falta de certeza jurídica y en cuanto al cumplimiento de los convenios internacionales por parte de Guatemala, los casos están pendientes de las resoluciones finales no se sabe qué va a pasar con varios de los casos en donde la CICIG era querellante adhesiva”, señaló Monterroso.

Agregó que es un precedente nefasto: “Lo que no se está pensando es que en el futuro será otro Presidente con otro convenio y no va a querer acatar las resoluciones de la Corte y como con Morales no pasa nada, estamos abriendo que los Presidentes hagan lo que quieran sin que se tenga un control del poder”

Según el abogado hay una debilidad de la CC y en ese sentido considera que se debe tener cuidado porque un tribunal cuya resoluciones no se respetan “no vale nada”.

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A un mes de la expulsión de CICIG, persiste desobediencia aunque ya se van reincorporando

POR EDER JUÁREZ Y JOSÉ DEL ÁGUILA
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Mañana se cumple un mes de que el presidente Jimmy Morales anunciara la decisión unilateral de dar por finalizado el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenara la expulsión de sus miembros del país. Pese a eso los miembros de la Comisión se han ido reincorporando a sus funciones progresivamente para dar cumplimiento al mandato que finaliza en septiembre de 2019.

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional para suspender la finalización de la CICIG, el Ejecutivo no la ha acatado, al contrario, ha emprendido una serie de acciones para debilitar a la Comisión, por ejemplo, el retiro de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros recursos vitales para su funcionamiento. Analistas consultados ven con preocupación la desobediencia a la CC y el peligro que representa a favor de la impunidad.

Mientras que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), unidad que trabaja de la mano con la Comisión ha enfrentado dificultades para continuar con sus labores.
Matías Ponce, vocero de la CICIG explicó recientemente que la Comisión se encuentra en un proceso progresivo de reintegración del personal nacional e internacional a sus labores cotidianas “esperando cumplimentar el mandato de la Comisión vigente hasta el 3 de septiembre de 2019″.

Por su parte Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), comentó que para realizar las investigaciones de casos de alto impacto y llevar a cabo las diligencias se han visto en la necesidad de hacer uso de tecnologías de la información. “Hemos tenido que potencializar el uso de la tecnología para poder coordinar las tareas, el trabajo y darle seguimiento”, dijo Sandoval.

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ASIES: GOBIERNO DEBE APOYAR A FECI

Gustavo García, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que la disposición del Ministerio de Gobernación de retirar a los agentes policiales de la CICIG y la FECI es una “contravención al acuerdo suscrito entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas”.

“El Gobierno se comprometió a facilitar el trabajo de la Comisión y de apoyarlo, entonces una manifestación de apoyo es contribuir con investigadores en la PNC para el trabajo de la Comisión”, comentó García sobre las dificultades que ha enfrentado la FECI.

García recordó algunas acciones que se han presentado para revertir en especial el actuar del Ministerio de Gobernación, como debidas ejecuciones de amparo, pero también, hizo referencia que al mismo tiempo el gobierno está actuando de forma contraria a como se lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en diversos fallos.

RAMÓN CADENA: SE ESTÁN ABRIENDO NUEVAS SITUACIONES DE IMPUNIDAD

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló que con los sucesos del último mes en contra de la CICIG, se están abriendo nuevas situaciones de impunidad, ya que hay un amparo provisional pero no se hace efectivo, “la situación que se está presentando es de nuevas formas de impunidad y en este caso en violación al derecho constitucional y no acatamiento de una orden de un tribunal constitucional”.

Según Cadena, la actitud de la Corte de Constitucionalidad ha sido tibia en el sentido de que no ha certificado lo conducente o ha hecho una resolución más contundente para abrir la vía al derecho penal.

“En ese mismo sentido ha respondido el Ministerio Público, porque ya la Fiscal General hubiese podido abrir un expediente criminal por el hecho de que el Presidente no ha cumplido con lo dispuesto por un alto Tribunal guatemalteco. Lo que está sucediendo es que hay violaciones por omisión y no se cumplen las resolución y con ello se permite que vuelva un sistema de impunidad institucional”, manifestó Cadena.

Agregó que es lamentable que las instituciones no reaccionen con una posición más contundente y clara en la lucha contra la impunidad, “la sociedad tiene todo el derecho de que el Estado no sea impune, sin embargo; en este caso está sucediendo todo lo contrario, la política institucional es a favor de la impunidad”.

“Esta situación viene a provocar mayor desconfianza en la población hacia el Sistema de Justicia y a las instituciones del Estado, esto es sumamente grave, porque en una sociedad en donde las personas dudan del Sistema de Justicia, hay frustración, incertidumbre y desconcierto que no nos permite avanzar en un plan nacional”, refirió el jurista.

MONTERROSO: UN PRECEDENTE NEFASTO

Mientras que Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que esta situación es justamente lo que pretendía Jimmy Morales al decidir unilateralmente dejar sin efecto a la CICIG, “y lo que pasa es que ya no está funcionando la Comisión en Guatemala”.

“Es un incumplimiento tanto de los convenios internacionales como de la resolución de la CC. Es grave el incumplimiento porque es una falta de certeza jurídica y en cuanto al cumplimiento de los convenios internacionales por parte de Guatemala, los casos están pendientes de las resoluciones finales no se sabe qué va a pasar con varios de los casos en donde la CICIG era querellante adhesiva”, señaló Monterroso.

Agregó que es un precedente nefasto: “Lo que no se está pensando es que en el futuro será otro Presidente con otro convenio y no va a querer acatar las resoluciones de la Corte y como con Morales no pasa nada, estamos abriendo que los Presidentes hagan lo que quieran sin que se tenga un control del poder”

Según el abogado hay una debilidad de la CC y en ese sentido considera que se debe tener cuidado porque un tribunal cuya resoluciones no se respetan “no vale nada”.

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Norma Torres: genial ver a la CICIG renovar investigaciones

La congresista Norma Torres expresó su satisfacción de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) renueve sus importantes investigaciones de corrupción en el país, luego de que esta semana un trabajo conjunto de CICIG y el MP develó otro caso por financiamiento ilícito en las elecciones de 20115 que involucra a la Unidad Nacional de la Esperanza y a su presidenciable, Sandra Torres.

“Es genial ver que la CICIG ha renovado importantes investigaciones de corrupción en Guatemala. Debe permitirse al equipo de la CICIG continuar su trabajo sin interferencia”, escribió la congresista demócrata en su cuenta de Twitter.

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Breier habla con Porras de Estado de Derecho y lucha anticorrupción

La Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se reunió con la Fiscal General, María Consuelo Porras. En el encuentro, conversaron acerca del Estado de Derecho y el combate a la corrupción, según una publicación en Twitter de la funcionaria del Departamento de Estado.

“Nos complace dar la bienvenida a la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, @MPGuatemala, al @StateDept –Departamento de Estado-. Discutimos los esfuerzos del Ministerio Público de Guatemala para llevar a cabo el imperio de la ley y combatir la corrupción – KB.”, indicó Breier en su publicación.

El mensaje fue publicado con una imagen de ambas funcionarias reunidas en el Departamento de Estado.

El 9 de enero, la funcionaria del Departamento de Estado había hecho otra publicación en relación a Guatemala, tras la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en esa oportunidad, compartió un comunicado de la Embajada de Estados Unidos y dijo que el gobierno de Estados Unidos se encontraba preocupado por los esfuerzos anticorrupción en el país.

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Morales, Arzú y Vásquez habrían hablado sobre decreto para respaldar cese de Cicig, según diputado

El diputado Fernando Linares-Beltranena dijo este lunes que poner fin al mandato de la Cicig habría sido uno de los temas que han hablado los presidentes de los tres organismos de Estado en las reuniones que han tenido en las últimas dos semanas, pero los tres organismos lo niegan.

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