En impasse el funcionamiento de El Correo
Tanto la empresa de mensajería como el CIV se niegan a prestar el servicio postal.
Las diferentes oficinas de El Correo de Guatemala no abrirán sus puertas mañana debido a varios factores, entre ellos la finalización del plazo de 90 días establecidos para el revertimiento de Bienes. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó ayer que dicho proceso no puede ser finiquitado debido a irregularidades ubicadas durante el proceso.
El ministro del CIV, Aldo García, señaló que entre las irregularidades figura que solo 31 oficinas de 256, están en condiciones de ser operadas. Otras 61 podrían ser rescatadas, mientras que el resto “son inhabitables”.
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Lo que dijimos es que no podemos operar la totalidad de oficinas, pues ellos (empresa El Correo) tienen que arreglarlas. Me da la impresión que algunas oficinas no les eran rentables y fueron cerrándolas sin decir nada, por lo que tienen sanciones económicas por no haber dado el respectivo aviso. Ahora que tocó entregarlas nos damos cuenta que no se puede hacer una recepción y menos entregar un finiquito”, subrayó el funcionario.
Otra irregularidad que García señala, es que El Correo de Guatemala S.A. se deshizo de algunos activos que ahora, luego de realizar los inventarios correspondientes hacen falta y que deberán reponer o cancelar.
“El 5 de agosto les enviamos una nota requiriendo los faltantes y no tuvimos respuesta. Entonces acudimos a la PGN, la que presentó un amparo ante un juzgado para que la empresa continuara prestando el servicio hasta que haya una entrega de manera correcta”, subrayó.
El gerente general de El Correo de Guatemala S.A., Roberto Soto, indicó que desde el 19 de mayo inició el proceso de revertimiento de bienes y servicios por 90 días improrrogables, por lo que “
no podemos seguir operando. Eso le corresponde al Estado por medio de la Dirección General de Correos y Telégrafos”, apuntó.
Dijo que su empresa participó activamente en los procesos de acompañamiento para que el Estado tomara el servicio operativo y el proceso que deberá continuar es el de liquidación.
Recordó que, en mayo de 2014, el Ejecutivo envió al Congreso de la República una iniciativa de ley para aprobar la prórroga de la concesión. Sin embargo, dos años después, en abril de 2016, el Legislativo improbó dicha iniciativa en tercera lectura.
“Por lo tanto no hay contrato y dejamos de ser el concesionario del servicio. El responsable ahora es el Estado”, concluyó Soto.
ÓSCAR F. HERRERA
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