Reformas a Ley del Instituto de la Víctima podrían beneficiar a diputada Alejandra Carrillo
El Congreso, con 81 votos, aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, y con esto el Legislativo se desliga del nombramiento del director general de esa institución que ahora será nombrado por el presidente de la República.
Por Manuel Hernández Mayén
El Congreso aprobó este 12 de noviembre las reformas a la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito y con los cambios se elimina el procedimiento para la elección del director general de esta institución ya que
ahora será el Presidente de la República quien lo nombre y ya no el Congreso por medio de una terna que sociedad civil enviaría a ese organismo.
Diputados confirmaron que esta ley estaba dentro de la negociación para aprobar la de aceptación de cargos ya que se habla de que el acuerdo que había es que sería la diputada Alejandra Carrillo la que sería designada por el presidente Jimmy Morales para ser la directora general del instituto.
Al aprobarse la ley por el decreto 9-2019 se le asignan Q50 millones de presupuesto a la institución. Este decreto reformó el 21-2016.
El director del instituto deberá ser guatemalteco de origen, mayor de edad, encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, poseer título universitario, estar colegiado y estar activo y con trabajo en victimología o atención a víctimas.
El funcionario durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser destituida por causa justificada y esta se entenderá por la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria se producirá la suspensión una vez decretado el auto de prisión preventiva y será restituido en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete falta de mérito.
No podrán optar al cargo de director los familiares en los grados de ley por consanguinidad y afinidad del presidente, y vicepresidente de la República, ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios de gobierno y de los representantes titulares y suplentes del consejo directivo.
El director también deberá integrarse a la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia.
El Instituto es el ente rector de las políticas victimológicas a escala nacional, como persona jurídica autónoma, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica.
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